Ataques, políticas, resistencia, relatos - Revista Biodiversidad N° 92

Es la hora de los pueblos indígenas:

En la Ciudad de México integrantes de los pueblos rarámuri, nahua, purhépecha, totonaco, me’phaa, na savi, zapoteca, mixe, mixteco, chinanteco, chocholteco, ikjoot, ñañú, chontal, tzeltal, lacandón, chol, chuj y maya de 87 comunidades y organizaciones de 14 estados nos reunimos para analizar el nuevo contexto en el que se encuentra el país frente a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y ante el agotamiento del modelo neoliberal basado en el libre comercio.

Analizamos las distintas amenazas a nuestros territorios: minería, explotación petrolera, fracking, gasoductos, presas hidroeléctricas, minihídricas, parques eólicos, áreas naturales protegidas y programas de conservación oficial de la naturaleza, cultivos transgénicos, proyectos inmobiliarios y megaproyectos de infraestructura, carreteras, complejos turísticos, crimen organizado y compartimos las distintas estrategias de defensa que hemos utilizado desde nuestras comunidades, ejidos y pueblos.

También analizamos las amenazas a nuestra identidad como pueblos indígenas, a nuestra cultura, lengua, sistema de cargos, sistemas normativos, fiestas e instituciones.

Sostenemos que el modelo neoliberal impulsado durante los últimos treinta años ha provocado la devastación de la naturaleza, y la destrucción de la planta industrial y agrícola, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, la contaminación ambiental, ha aumentado la pobreza en el campo, ha forzado la migración a Estados Unidos, ha provocado enormes daños a la salud humana y ha generado un ambiente de crimen y violencia en las zonas rurales.

El Estado mexicano, en contubernio con las corporaciones nacionales y transnacionales ha reformado leyes para despojar a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios: las reformas al artículo 27 Constitucional, a la ley minera, a la ley de aguas y en los últimos años a las leyes energéticas y extractivas, la ley forestal, las propuestas de leyes de seguridad interior, entre otras…

Los intentos de despojo de nuestros territorios a favor de las corporaciones han ido acompañados por el aumento de la violencia y el crimen organizado, que actúa muchas veces vinculado tanto a los aparatos de gobierno, el ejército, la marina, como a las corporaciones empresariales.

Exigimos al Estado mexicano. El respeto a nuestros territorios y a las decisiones sobre el uso de nuestros bienes naturales.

Detener la represión y la violencia en contra de los pueblos y comunidades que defendemos nuestros territorios; cesar el hostigamiento en contra de nuestras y nuestros líderes; respetar nuestros instrumentos y formas de organización para la defensa de nuestras formas de vida y territorios.

Exigimos la libertad a todas las presas y presos políticos. Exigimos la justicia frente a la impunidad y los crímenes de Estado en nuestras comunidades y regiones. El cese a las desapariciones, los asesinatos, los encarcelamientos, los levantones y secuestros.

Rechazamos rotundamente la militarización del país y la suspensión de garantías individuales que pretende legalizarse con la Ley de Seguridad Interior actualmente en discusión en el Congreso.

Nos oponemos a las nuevas atribuciones de la gendarmería que pretende usurpar el control de nuestros territorios.

Concluimos que es la hora de los pueblos indígenas. Los pueblos estamos defendiendo la vida para todos.

Hoy menos que nunca permitiremos que nos despojen de nuestras tierras y bienes naturales. Las tierras no se venden.

Reconocemos la valiosa participación de las mujeres indígenas en la defensa de nuestros territorios y bienes comunes. Reconocemos la responsabilidad de las y los jóvenes para continuar con las luchas de los pueblos

El modelo neoliberal que impulsó el Estado mexicano los últimos treinta años está haciendo agua debido a los cambios en el contexto internacional. Este modelo sacrificó a los pueblos indígenas y a la mayoría de la población para beneficiar a las corporaciones y sus aliados. La destrucción que han provocado no puede continuar a riesgo de que arrasen con lo que aún queda de territorios, pueblos indígenas, naturaleza, ambiente, bienes naturales, vida campesina, vestigios arqueológicos, historia, cultura. Por eso los pueblos indígenas estamos determinados a no permitir que continúe la destrucción.

Nos comprometemos a:

- Defender nuestros territorios. No permitiremos la invasión ni la destrucción de nuestras tierras, bienes naturales, agua, bosques, ríos, biodiversidad e historia.

- Mantener el control de los territorios de nuestras comunidades, ejidos y pueblos, revisando la situación de nuestros documentos y recorriendo nuestras mojoneras, evitando la venta o renta de tierras a personas ajenas a la comunidad.

- Fortalecer nuestra organización de acuerdo a nuestras estructuras comunitarias y nuestras instituciones como pueblos indígenas. Garantizar nuestras asambleas como máxima autoridad, elaborar nuestros estatutos comunales y reglamentos ejidales para que fortalezcan nuestros acuerdos y normas. Utilizar todos los instrumentos organizativos que creamos útiles para defender nuestro territorio y garantizar su seguridad.

- Ejercer la autonomía y la libre determinación en nuestros territorios, impulsar la comunalidad, evitar que se pierdan nuestras lenguas utilizándolas, enseñándolas a nuestras hijas, e hijos y tratar de re-aprenderlas en las comunidades en las que se han perdido.

- Cuidar y respetar la naturaleza evitando la contaminación y destrucción de nuestros bienes naturales, utilizar nuestro territorio de acuerdo a las enseñanzas de nuestros ancestros buscando no hacer daño, ni destruir la naturaleza.

- Utilizar las distintas estrategias organizativas, políticas, jurídicas, de movilización social para mantener la integridad de nuestros territorios y evitar su usurpación y despojo.

- Solidarizarnos activamente con las luchas de nuestras hermanas y hermanos indígenas en las distintas regiones del país.

- Buscar las formas de relacionarnos y establecer alianzas y vínculos con otras comunidades y movimientos para apoyarnos y crear redes que permitan fortalecer cada una de nuestras luchas.

Campeche: Nueva Vida, Calakmul, Hopelchén. Chiapas: Chicoasén, Candelaria el Alto, San Francisco Teopisca, San Cristóbal de las Casas, Monterrey Villa de Corzo, Gabriel Espino San Fernando, Nueva Palestina, Tziscao, Lacanja Chansayab, Ocosingo, Bachajón, Chilón. Chihuahua: Tehuerichi, Huitosachi, Chihuahua. Colima: Zacualpan. Edomex: Atlapulco. Guerrero: Tlapa, Zitlaltepec, San Miguel del Progreso, La Parota. Michoacán: Cherán, Pátzcuaro, Santa María Ostula. Puebla: Zoatecpan, Xochitlán. Morelos: Tepoztlán. Oaxaca: Oaxaca de Juárez, Cuilapan de Guerrero, Santa María Zapotitlán, Guadalupe Victoria Yautepec, San Miguel Chongos, Santa Lucía Mecaltepec, Paso de la Reyna Yautepec, Nativitas Coatlán, San Cristóbal Suchixtlahuaca, Nochixtlán, Santa María Matamoros, Buenavista, Guanacastle, Chicava, Santiago Yosondúa, San Juan Jaltepec de Candayoc, María Lombardo de Caso, San Juan Petlapa, San Juan Bosco Chuxnaba, San Pedro Ocotepec, San Pedro Yaneri, Nativitas Coatlán, Santiago Lachiguiri, San Miguel Tiltepec, Asunción Lachixila, San Gaspar Yagalaxi, San Isidro Reforma, San Juan Yagila, Guelatao de Juárez, San Dionisio del Mar, Santiago Tlatepusco, Yalalag, Villa Hidalgo. Quintana Roo: Nuevo Jerusalén, La Buena Fe, Blanca Flor, Bacalar. Yucatán: Chablekal, Mérida. Veracruz: Huayacocotla.

Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, Consultoría Técnica Comunitaria, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, Educación Cultura y Ecología, CDH Fray Bartolomé de las Casas; GRAIN, Grupo ETC, Instituto de Formación y Capacitación Campesina, Indignación, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, La Vía Campesina, Radio Zapote, Servicios del Pueblo Mixe, Tequio Jurídico, Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Unidad Indígena Totonaca Nahuatl, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas-Chiapas, Unión Nacional de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca.

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Ley de biodiversidad legaliza el saqueo:

Por Silvia Ribeiro.

La propuesta de Ley General de Biodiversidad presentada en octubre de 2016 por una senadora del Partido Verde Ecologista de México plantea un mecanismo de privatización de los recursos genéticos del país y de los conocimientos indígenas asociados. Según la propuesta, el gobierno tendría la potestad de autorizar la privatización, incluso sin consentimiento real de los pueblos indígenas, o con opiniones contrarias de otras instituciones, ya que éstas quedan reducidas a meras opiniones. El consentimiento fundamentado previo que se cita en dicha propuesta de ley es mero discurso, ya que puede ser cumplido si una empresa encuentra una persona o una sola comunidad que esté dispuesta a firmar un contrato.

La propuesta que se discute en el Senado es criticada por muchas organizaciones, principalmente ambientalistas y conservacionistas, porque además de no haber sido consultada, deja muchos huecos en otros temas relacionados, como bosques, áreas naturales protegidas, conservación de especies amenazadas, incluso violando convenciones internacionales de las que México es firmante.

Pretende convertirse en una superley, que abroga y/o subsume varias otras: elimina la Ley General de Vida Silvestre y estipula que las leyes General de Desarrollo Forestal Sustentable, General de Pesca y Acuacultura Sustentables y la de Desarrollo Rural Sustentable, se deben atener a ésta, al tiempo que deroga una parte de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y todas las disposiciones jurídicas que se opongan a la presente ley.

Para Greenpeace México la propuesta es un monstruo creado con parches de otras leyes que sólo logra contradicciones, incongruencias, lagunas jurídicas y confusiones, que de ser aprobada será un retroceso en la conservación de la biodiversidad […] algo que sólo se puede entender si se considera que uno de los autores de dicha ley es un ex funcionario que fue denunciado por el propio Partido Verde por tráfico de especies.” (http://tinyurl.com/k6abqhl)

Lo único nuevo es que se propone legislar sobre el uso, acceso y reparto de beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos, para incorporar en una ley nacional el contenido del Protocolo de Nagoya, del Convenio de Diversidad Biológica (CDB).

El Protocolo de Nagoya es, entre otras cosas, un canal para legalizar la biopiratería. En éste, la privatización de un recurso o conocimiento colectivo sólo se considera biopiratería si no está legalizada. Biopiratería es lo que las transnacionales farmacéuticas, agrícolas, cosméticas y otras instituciones han hecho por décadas, con las semillas, plantas, hierbas medicinales, microbios, hongos. Pero exactamente el mismo acto se convertiría en legal si existe un contrato con supuestos dueños de esos recursos o conocimientos, con la mínima compensación. Las empresas pueden asegurar legalmente su monopolio e impedir el acceso a todos los demás. Esa privatización de bienes colectivos, no la objeta el Protocolo de Nagoya ni esta propuesta.

El capítulo III de la propuesta afirma: El acceso a los recursos genéticos para su uso sustentable estará sujeto al consentimiento fundamentado previo de la nación, otorgado a través de una autorización por la Secretaría [Semarnat] considerando las opiniones de otras autoridades competentes y de la Comisión [Conabio], así como del consentimiento fundamentado previo y participación de los propietarios o poseedores legítimos de los predios o instalaciones en los que se realice el acceso...

Esto significa que la Semarnat será la que autorice el acceso, mientras todo lo demás son opiniones, que pueden o no ser tomadas en cuenta. Legaliza que el propietario o poseedor de un solo predio (!) puede firmar un contrato que da el monopolio a una trasnacional sobre recursos genéticos que son colectivos y ancestrales de pueblos indígenas y comunidades campesinas, incluso que pueden estar en varios países.

En el capítulo IV, sobre acceso de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, afirma que el acceso estará sujeto al consentimiento fundamentado previo de pueblos indígenas y comunidades locales, pero admite que si varias comunidades tienen el mismo conocimiento (que es lo que suceden en casi todos los casos), la Semarnat solamente debe procurar la inclusión de éstas, pero si no lo consigue, podrá autorizar el acceso con la participación de una sola comunidad o a quien designe como propietario.

En la COP 13 del CBD, realizada en México en diciembre 2016, las y los delegados de pueblos indígenas allí presentes reclamaron la inclusión de consentimiento previo, libre [de coerciones] y fundamentado y la participación y aprobación de los pueblos indígenas —no de comunidades o individuos—, sobre los recursos genéticos y los conocimientos asociados. La propuesta del PVEM los limita seriamente y elimina el concepto de efectiva aprobación o negación al acceso de parte de los pueblos.

Costa Rica y Guatemala negaron la aplicación del Protocolo de Nagoya en leyes nacionales, debido a la denuncia de organizaciones indígenas y civiles sobre estos temas y a la falta de consulta (ver aquí). Este monstruo de propuesta de ley debería ser descartado en totalidad.

Fuente: La Jornada

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Los animales de los pastores son de razas que contienen conocimiento de muchas generaciones:

Por Ilse Köhler-Rollefson.

A través de los siglos los pastores han creado un gran número de razas de ganado que son de enorme valor para la seguridad alimentaria: convierten la vegetación de las tierras áridas y otras áreas no aptas para el cultivo en alimentos. Transforman los residuos en proteínas y lo hacen con gran eficiencia en contraste con las razas de altos insumos externos (desarrolladas en los países del Norte) que dependen del forraje que necesita ser cultivado con fertilizantes, pesticidas, etcétera. Cuando nos fijamos en el costo verdadero de producir piensos, el ganado de los pastores trashumantes, que va desde alpacas a yaks, es uno de los mayores activos de la humanidad. Representan una parte importante de la diversidad de los animales domésticos, comprendida en el Plan Mundial de Acción para los Recursos Zoogenéticos, así como en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB). Pero las razas de los animales que crían los pastores no pueden reducirse a ensamblajes de genes. Representan el saber acumulado a lo largo de las generaciones, no sólo el de sus guardianes, sino también el del comportamiento aprendido por los mismos animales, el cual se transmite de una generación de ganado a otra: cómo aprovechar los entornos naturales, individual y también socialmente, como población organizada.

La supervivencia y el rendimiento bajo condiciones extremas no es sólo una cuestión de rasgos fisiológicos e instinto, sino también de comportamiento aprendido. Por eso no tiene sentido intentar conservar estos recursos genéticos animales como semen congelado o embriones. Con el fin de mantener y desarrollar su potencial para producir proteínas en las regiones del planeta más volátiles climáticamente, necesitan ser mantenidos y conservados in situ bajo la tutela de sus guardianes: los pastores.

El Protocolo de Nagoya para el Acceso y la Distribución de Beneficios, un complemento de la CDB a partir de 2012, incluye la disposición para que los países apoyen los Protocolos Comunitarios en los que las comunidades detallan los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales de los cuales son custodios, así como las condiciones en las que darían consentimiento previamente informado y facilitarían el acceso. Los pastores de la India, Pakistán, Irán y Kenya ya han tomado la iniciativa de elaborar dichos Protocolos Comunitarios Bioculturales en los que explican su situación y describen las condiciones en que pueden seguir actuando como administradores de sus valiosos animales, asegurando el acceso a ellos en el futuro.

La comunidad mundial comienza a mirar el papel de la agricultura en el cambio climático, por lo que es hora de que más comunidades de pastores se unan a este esfuerzo y que las organizaciones internacionales lo apoyen.

Tomado de Leisa volumen 32, número 4

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Pastoreo y pastores:

Editorial de la revista Leisa, volumen 32, número 4

Actualmente, en el medio rural de América Latina la existencia o prevalencia de sociedades pastoriles no aparece tan evidente, como sí lo es la agricultura familiar campesina en cuyo contexto la relación entre las comunidades y sus recursos productivos animales es una condición sine qua non. Por ello, queremos mostrar no sólo experiencias de sociedades pastoriles, sino más bien de crianza animal o ganadería con un enfoque productivista. Por ejemplo, en el caso de los ovinos —introducidos desde la conquista por los españoles— el tipo de crianza que persiste a través del tiempo ilustra cómo estos animales fueron adoptados por las culturas de Mesoamérica y Sudamérica, donde el pastoreo de grandes hatos trashumantes —característico de los países europeos mediterráneos— no ha sido el patrón seguido en nuestro continente.

No obstante reconocemos que en los páramos de América del Sur, y más explícitamente en la altiplanicie de los Andes Centrales, ecorregión ubicada entre los 3 mil 800 y los 5 mil msnm, conocida también como puna y donde la agricultura es casi inviable, sí prevalecen sociedades pastoriles dedicadas al manejo de camélidos andinos donde los hatos, predominantemente de alpacas o llamas, se caracterizan por estar integrados, aunque en menor proporción, por vacunos o bovinos. En estas altiplanicies se encuentran otras especies importantes de camélidos andinos silvestres pero con alto valor económico por la calidad de su fibra, como son el guanaco (Lama guanicoe) y la vicuña (Vicugna vicugna), y es en la Patagonia de Argentina y Chile, donde se concentra el mayor número de guanacos y donde el manejo productivo de esta especie silvestre ha alcanzado un desarrollo importante. En el Perú se encuentra la mayor dotación de vicuñas y en Bolivia la de llamas.

Según información de campo corroborada por investigadores entrevistados por Leisa, en el caso del Perú persiste la trashumancia de pastores, principalmente de caprinos, que bajan de las alturas de la vertiente occidental de los Andes hacia las lomas costeras en los meses en los que en el desierto brota la pastura natural, como es el caso de los cabreros de las zonas rurales cercanas a los centros urbanos grandes e intermedios de la costa; un ejemplo de ello son los cabreros del valle del Chillón, al norte de Lima metropolitana. Este tipo de pastoreo tiende a desaparecer por la expansión urbana, pero también porque algunos cabreros han iniciado un manejo más técnico de su ganado, tanto para garantizar la sanidad de los animales —principalmente vacunación contra la brucelosis y semiestabulación cercana a campos de cultivo— como para la transformación de los derivados lácteos en productos de alta calidad, por lo que su propuesta es una integración mayor con la agricultura: una suerte de agropastoralismo.

Por mucho tiempo, en América Latina los pastores se encuentran entre las poblaciones rurales más pobres pues, generalmente, su actividad se desarrolla en tierras áridas, muy dependientes del clima para su uso como pasturas y además localizadas en zonas lejanas de difícil acceso. Según Manuel Glave: “los pastores enfrentan una situación en la que el gobierno central no existe, el gobierno regional no llega y los gobiernos locales, en algunos casos, funcionan más o menos como plataformas de cooperativización de la comercialización pero nadie llega a la finca”. Pero, como también dice Glave, “el día que se establezca el discurso de los servicios ecosistémicos habrá oportunidades de negocios para quienes tengan pasturas. Entonces serán los privados quienes vengan a financiar a los alpaqueros, no el Estado, pero todavía no llega ese momento”.

También es importante reconocer que a través de siglos los pastores cumplen una función muy importante en la conservación de la biodiversidad y han logrado transformar los escasos recursos de las tierras marginales en alimentos de alto valor proteico (leche, quesos, carne) y otros productos de mucha utilidad y alto consumo como el cuero y la fibra o lana. No obstante, el aporte de la actividad pastoril no se limita a productos para el consumo humano, porque “cuando nos fijamos en el costo verdadero de producir piensos, el ganado de los pastores trashumantes, que va desde alpacas a yaks, es uno de los mayores activos de la humanidad. Representan una parte importante de la diversidad de los animales domésticos, comprendida en el Plan Mundial de Acción para los Recursos Zoogenéticos, así como en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica”.

La lucha contra la soya [soja] transgénica en la Península de Yucatán.

Tras veinte años de expansión por el cono sur del continente, quienes producen semillas de soja o soya transgénica vienen también queriendo imponerla en México.

Desde 2012 el gobierno autorizó a Monsanto el permiso para la siembra comercial de soya transgénica en un polígono total de 253 mil 500 hectáreas, en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas. Este permiso es el más reciente de otras 44 autorizaciones aprobadas para la siembra de soya transgénica en las fases experimental y piloto otorgadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

En los estados de Campeche y Yucatán se desataron procesos jurídicos contra la siembra comercial de la soya y se lograron suspensiones temporales mientras se realiza una consulta que debió ocurrir previa al otorgamiento de los permisos. Pero el Estado mexicano fue omiso en recabar el consentimiento previo libre e informado que debería dar cumplimiento al debido proceso de proyectos con potenciales afectaciones y riesgos a la salud y al ambiente.

Los apicultores y sembradores de maíz en policultivos (o milpa como se le conoce en México) apelaron a las graves afectaciones a sus volúmenes de abejas y sus siembras y exigieron que se hiciera un proceso adecuado consultando a las comunidades. Este proceso de consulta está en curso, pero ha estado plagado de irregularidades, entre ellas que pese a las sentencias de suspensión se sigue sembrando y que el propio proceso de consulta ha sido amañado y los funcionarios sesgan las opciones [1].

También activaron una demanda de amparo diversas personas de ejidos de Quintana Roo, del municipio de Bacalar, con el apoyo de la cooperativa apícola Kabi Habin (de 22 comunidades del municipio de Bacalar), el Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’ínaj (de 10 comunidades del municipio de Bacalar), y Educación, Cultura y Ecología (Educe AC)—, acuerpados en el Consejo Regional Maya del Poniente de Bacalar, buscando la cancelación del permiso de siembra de soya transgénica otorgado a Monsanto, y elevando querella contra la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (conocida como Ley Monsanto) por no contemplar mecanismos claros para impulsar el principio precautorio. Un Juzgado de Chetumal y el Tercer Tribunal Colegiado, en Cancún, omitieron pronunciarse respecto de la cancelación definitiva del permiso para el cultivo de soya transgénica, y propusieron también que se hiciera una consulta entre las comunidades indígenas involucradas, y “dar tiempo para reponer el procedimiento administrativo y defender y negociar los derechos de las comunidades”.

Ante eso los demandantes interpusieron un recurso de revisión para resolver el fondo del asunto (el permiso de siembra de soya) rechazando también el mecanismo de consulta como único medio para hacer valer el derecho a la libre determinación pues, insisten, existe una negativa tan expresa al permiso que interpusieron una demanda. Además, para las comunidades en Quintana Roo no basta celebrar una consulta, pues para otorgar un permiso se requiere del consentimiento (o negativa) previo, libre e informado por parte de las comunidades afectadas.

Esto llevó el juicio a la Suprema Corte de Justicia, pues los tribunales mencionados se declararon incompetentes para determinar los vicios de la Ley de Bioseguridad.

En el tiempo transcurrido que la SCJ ha tenido en sus manos el asunto, se siguen sumando ejidos y asociaciones del territorio de Quintana Roo al rechazo a la soya, sea híbrida o transgénica, al glifosato que la acompaña, y a todo el modelo industrial mecanizado, de gran escala, basado en combustibles fósiles, que implica agroquímicos, deforestación y contaminación generalizada. Rechazan las enfermedades atípicas y las mutaciones que aparecen por doquier tras años de aplicación glifosato y semillas de marca.

Encima de que los tribunales ni siquiera les habían otorgado una suspensión de siembra mientras siguiera el litigio, como sí lo hicieron con Campeche y Yucatán, ahora hay la intención de los gobiernos de las tres entidades de la Península (Campeche, Yucatán, Quintana Roo) de activar un proceso de integración de programas de gobierno [El Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán o ASPY] que articulará políticas públicas que potencian el despojo, dividen a las comunidades y confunden a la gente llamándole “sustentabilidad” a los servicios ambientales, ofreciendo dinero por “cuidar el bosque” y capturar carbono hasta con la misma milpa, algo terrible por el trastocamiento del principio sagrado en que se basa la milpa.

Se habla de una “economía verde”, que en realidad implica especular con lo que las comunidades han hecho siempre, mientras se preparan para expulsarlos a las ciudades o esclavizarlos en los invernaderos planificados por la “intensificación de cultivos” y por las asociaciones público-privadas (tan preciadas por el secretario de Agricultura a partir de las indicaciones del Proyecto Vida del Fondo Económico Mundial o WEF por sus siglas en inglés), con su cauda de acaparamiento de tierras, agricultura industrial, envenenamiento generalizado y precarización de la mano de obra y de la vida en las comunidades.

A principios de abril, la Suprema Corte de Justicia en México, finalmente sentenció que se debía suspender temporalmente el permiso autorizado por el Estado mexicano a la empresa Monsanto para el cultivo en fase comercial de soya genéticamente modificada tolerante a glifosato, mientras ocurre un consulta para determinar qué opinan las comunidades. Es decir, todo quedó como si las comunidades no hubieran dicho nada antes.

Notas

[1]. Ver “Autoridades federales permiten siembra de soya transgénica pese a sentencia de la Suprema Corte de Justicia”, Desinformémonos, 28 de marzo de 2017

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La justicia en deuda con el pueblo maya:

"Los grupos y comunidades indígenas deberán tener acceso prioritario
a los recursos naturales con fines de consumo directo y subsistencia
por encima de los intereses económicos comerciales que puedan existir”.

Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.

Han sido más de 500 años de imposición sobre nuestros territorios.

Han sido más de 500 años

de sus intentos de exterminio contra los pueblos originarios.

Han sido más de 500 años de ecocidio contra nuestra madre tierra.

Hoy les decimos: ¡Ya basta!

Nosotras y nosotros, indígenas del pueblo Maya, organizados a través del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar y el Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj, queremos dar a conocer ante la opinión pública nuestra palabra y pensamiento sobre la sentencia emitida por los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a nuestra demanda de justicia y protección por el enorme riesgo que significa para quienes habitamos en la región el otorgamiento del permiso que el gobierno federal le ha concedido, por tiempo indefinido, a la empresa Monsanto para la siembra de su soya transgénica en nuestros territorios.

A partir del año 2012, instancias federales del gobierno mexicano entregaron a dicha empresa trasnacional un permiso que le autoriza a destruir la vida de nuestras comunidades mediante la siembra de sus semillas de laboratorio, mismas que forman parte de un modelo agrícola feroz y depredador, extensivo y dependiente del uso de venenos químico-biológicos.

Por la gravedad del asunto, promovimos una demanda de amparo en contra de la liberación para siembra comercial de soya transgénica tolerante al glifosato en la Península de Yucatán. Dos años más tarde, el Juzgado de Distrito que conoció del asunto nos negó nuestra petición principal, que era la cancelación del permiso, para ofrecernos a cambio la celebración de una consulta a destiempo, motivo por el cual interpusimos el recurso pertinente que nos llevó a que la Suprema Corte tomara el asunto en sus manos.

Nuestras comunidades han hecho un gran esfuerzo para que el más alto tribunal del país conozca y comprenda la manera concreta en que ese proyecto de muerte afecta nuestra vida y amenaza nuestra supervivencia como cultura. Los ministros tuvieron acceso a nuestras preocupaciones, alegatos y argumentos, pudieron hacerse de las pruebas necesarias para formarse un criterio objetivo y podrían haber escuchado el sentir de un pueblo amenazado, pero no fue así, parece que ni el hecho de que el otorgamiento del permiso esté plagado de groseras irregularidades, ni todos los riesgos que implica para la supervivencia de nuestro ecosistema y nuestra cultura, ni todas las normas internacionales que amparan el derecho de los pueblos indígenas, ni los dos amicus curiae presentados por expertos en la materia, han sido motivo suficiente para obtener la cancelación de ese permiso, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió lavarse las manos no prejuzgando la naturaleza dañina de los organismos genéticamente modificados y quitándose de encima la responsabilidad de ordenar medidas efectivas para evitar los riesgos que supone su siembra.

El modelo agroindustrial de siembra de semillas transgénicas y uso intensivo de tóxicos, que enferma a nuestras comunidades, que devasta nuestras selvas y, por ende, arrasa con actividades vitales para nosotros como son la apicultura y la milpa, fue aprobado por el Estado mexicano y ahora es ratificado por la Justicia de la Unión.

Quienes defendemos la vida en su más amplio sentido, sabemos que esto se traduce en miles de hectáreas de selvas deforestadas, en miles de litros de glifosato vertidos en nuestras tierras, sustancia tóxica que ya se encuentra hasta en la leche materna de nuestras hermanas mayas de Campeche; en la pérdida de especies de plantas y animales, la desaparición de las abejitas y con ellas de nuestra actividad milenaria, la apicultura; sabemos que con la entrada de Monsanto no sólo nos despojarán de nuestras tierras, destruirán nuestros ejidos que es nuestra manera de propiedad colectiva, sino que también acabarán con nuestra salud y con nuestros medios de subsistencia, orillándonos a ser su mano de obra barata, peones en nuestras propias tierras.

La decisión de la Suprema Corte es un paso más en la legalización del ecocidio y el exterminio de la población campesina e indígena de nuestro país, esta vez mediante el uso de agrotóxicos que contaminan el agua, esterilizan la tierra y matan todo a su paso.

Nosotros pensamos que las instituciones y órganos de justicia representan el camino para defender nuestro derecho a vivir en un medio ambiente sano y que con su intervención otras instancias de gobierno y particulares respetarían el derecho que tenemos como pueblo originario a la libre determinación.

Sin embargo, es muy triste entender que quienes nos debería proteger no sólo no lo hacen, sino que nos mandatan como único derecho reconocido una consulta tramposa que contraría el mismo espíritu del Convenio 169 de la OIT, el cual en su artículo 4 dice que “se deberán adoptar las medidas especiales que se precisen para salvaguardar los derechos y el medio ambiente de los pueblos indígenas, que no sean contrarias a los deseos expresados libremente por ellos”.

En clara contraposición con los estándares internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas, los jueces federales han preferido recurrir a la figura de la consulta, no como derecho (pues su carácter previo, libre, informado y culturalmente adecuado no puede darse posterior al otorgamiento del permiso) sino como mero trámite administrativo (pues al no haber sido previo, sólo queda la reparación o negociación de supuestos beneficios). Sabemos, por lo que ha significado este mecanismo para otros pueblos hermanos, que es un instrumento maniatado que sólo legitima el despojo de nuestros territorios.

El pasado 5 de abril los ministros timoratos de la Segunda Sala se pronunciaron cómodamente por una opción que no resuelve el problema objetivo del daño al medio ambiente y la salud sino que lo posterga y lo reduce a la generación de acuerdos que doten de legitimidad y den viabilidad al proyecto.

Una vez más comprobamos que en México el camino de las leyes no es, por ahora, el medio óptimo para defender los derechos de los pueblos originarios, sino para defender el poder del dinero.

Hoy, no hay nada que celebrar. Lamentamos que el interés general no sea el motivo que ilumina las instituciones del Estado.

No obstante, al mirarnos sabemos que algo ha cambiado. El proceso nos ha vuelto más fuertes y nos ha renovado el deseo de continuar con la defensa de nuestro territorio. Hoy sabemos con más claridad hacia dónde tenemos que caminar, hoy miramos un horizonte más amplio y lo hacemos con otros ojos.

Sabemos que el permiso otorgado a Monsanto no es, ni será, la única amenaza a nuestro pueblo, cultura y territorios. Nuestra lucha es por la vida y por el derecho a seguir existiendo como pueblo maya. Nuestra lucha es por la defensa integral del territorio, porque ya vemos otras amenazas que con sigilo y rostro amable se acercan a nuestras tierras. No son sólo los organismos genéticamente modificados, a las comunidades indígenas de la Península de Yucatán también nos acosan los acuerdos de “economía verde”, “energías limpias” y “turismo cultural”. La economía depredadora y los modos autoritarios impulsados por las empresas privadas mediante las instancias de gobierno son incompatibles con los valores, la cultura y la cosmovisión de nuestras comunidades, con nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y con nuestras normas de convivencia.

Las iniciativas del capital son contrarias a nuestra existencia, nosotros les estorbamos. Quieren acabar con nuestro modo de vivir, con nuestras costumbres y nuestra cultura… No nos quieren indios, muertos nos quieren.

Atentamente

Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar

Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj2

Nota:

[2]. Ver www.educe.org

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Dos Relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas condenan a los plaguicidas y transgénicos en la agricultura:

RALLT

Los Relatores Especiales de Derechos Humanos de Alimentación y Tóxicos presentaron en el 34 período de Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una fuerte crítica a la agricultura basada en plaguicidas y semillas transgénicas, y establecieron su relación con la violación a los derechos humanos.

En varias ocasiones la RALLT había enviado comunicados a estos Relatores donde tratamos varios de los temas que ellos han desarrollado en este informe, por lo que lo recibimos con beneplácito.

Los Relatores Especiales del Derecho a la Alimentación y de desechos Tóxicos desmitifican el hecho de que los pesticidas y transgénicos son necesarios para alimentar al mundo puesto que, aunque la producción de alimentos ha aumentado desde la década de 1950, posiblemente por el incremento en el uso de plaguicidas, no se ha logrado solucionar el problema mundial del hambre.

Los Relatores desnudan el mito generalizado de que la agricultura industrial intensiva, con un alto uso de insumos (pesticidas y semillas transgénicas) es necesaria para aumentar el rendimiento, y alimentar a una población mundial cada vez mayor, debido a los efectos negativos del cambio climático y la escasez mundial de tierras cultivables. Además mucha de la producción industrial está destinada a la exportación.

Impactos en la salud humana:

La mayoría de personas están expuestas a plaguicidas, puesto que éstos están destinados a la producción de alimentos, señalan los Relatores. El 60% de los plaguicidas vinculados con la dieta son sistémicos (es decir, que están incorporados en la planta) y muchos de los cultivos transgénicos han sido manipulados para incorporar sus propios insecticidas. Aunque los dos tipos de manejo de plagas reducen la exposición crónica de los trabajadores agrícolas, puede tener impactos negativos en términos de intoxicación crónica a través de la alimentación.

Les preocupan a los Relatores los cultivos resistentes a glifosato. Al respecto reconocen que hay una controversia a nivel científico sobre el nivel de toxicidad de este herbicida, e incluyen en su informe la Monografía de la Agencia de Estudios del Cáncer de la OMS, que lo reclasificó como un posible cancerígeno de humanos.

Muchos de los plaguicidas que se emplean son usados para producir alimentos. Cerca del 60% de los plaguicidas vinculados a la dieta, son sistémicos. Con frecuencia se emplean semillas tratadas con plaguicidas sistémicos para la producción de soja, maíz y maní. Los cultivos también pueden someterse a ingeniería genética (los denominados organismos modificados genéticamente) para que ellos mismos produzcan los plaguicidas.

Hay una sección especial sobre los efectos de estos químicos en mujeres embarazadas y niños. El informe dice que:

Los niños son el sector de población más vulnerable a la contaminación por plaguicidas, puesto que sus órganos no han terminado de desarrollarse y porque, por su menor tamaño, están expuestos a mayores dosis por unidad de peso corporal. Los niveles y la actividad de enzimas clave para destoxificar los plaguicidas son mucho menores en los niños que en los adultos.

En el caso de mujeres embarazadas, éstas pueden sufrir abortos no deseados o dar a luz hijos con malformaciones, siendo el periodo más crítico la exposición durante los primeros tres meses de gestación. Además los agrotóxicos pueden llegar a la leche materna.

Sobre los trabajadores agrícolas señalan que aunque se tomen las precauciones de seguridad recomendadas, están sujetos a los mayores niveles de exposición con plaguicidas. Hay estudios que muestran que uno de cada 5 mil trabajadores agrícolas se intoxica cada año, pero estos datos son incompletos porque no hay procedimientos normalizados de notificación de esta información. Les preocupan a los Relatores los niños que son trabajadores agrícolas. Ellos añaden que el 60% de niños que trabajan se dedican a tareas agrícolas.

Otro grupo vulnerable son los trabajadores temporeros, quienes al laborar en diversos emplazamientos agrícolas, aumentan el riesgo de exposición a los plaguicidas.

Sobre las poblaciones que viven junto a plantaciones, los Relatores hacen una revisión de casos reportados en Costa Rica, India, Las Filipinas sobre cómo la población se ha afectado por las pulverizaciones aéreas de plaguicidas.

Sobre los pueblos indígenas, se ponen ejemplos de comunidades desplazadas con el fin de establecer plantaciones agrícolas intensivas que usan una gran cantidad de pesticidas.

Los consumidores están expuestos a un coctel de residuos de plaguicidas en los alimentos de origen animal (especialmente criados en granjas) y vegetal (especialmente frutas, verduras de hojas anchas y leguminosas), cuyas interacciones sinérgicas pueden producir mayores niveles de toxicidad. A los Relatores les preocupa sobre todo los plaguicidas lipofílicos, que se adhieren a la grasa y se bioacumulan en el cuerpo; así como los compuestos organoestánicos, que se acumulan y magnifican mediante los sistemas de redes alimentarias marinas. Otro problema es la presencia de plaguicidas en el agua potable y en el agua subterránea usada por la población, cerca de zonas agrícolas.

Impactos en el ambiente. El informe de los Relatores considera que prácticamente todos los ecosistemas de los que depende la alimentación humana están contaminados por plaguicidas, así como las fuentes de agua y los suelos cercanos, lo cual provoca pérdida de diversidad biológica, destruye poblaciones de insectos beneficiosas que actúan como enemigos naturales de las plagas y reduce el valor nutricional de los alimentos.

Los Relatores señalan que en China hay unas 26 millones de hectáreas con contaminación moderada y grave por plaguicidas, de las cuales el 20% ya no pueden ser usadas para la agricultura. En Guatemala la contaminación del río La Pasión, “mató a miles de peces y afectó a 23 especies piscícolas”, lo que privó a 12 mil personas de 14 comunidades de su principal fuente de alimento y subsistencia.

Sobre los efectos en la biodiversidad, los Relatores identifican la gran pérdida de biodiversidad del suelo debido a los plaguicidas, lo que mata la salud del suelo e interfiere con los ciclos biológicos.

Abordan el tema del “trastorno del colapso de las colonias” de abejas en todo el mundo, asociado al uso intensivo de los neonicotinoides, lo que genera problemas graves al derecho a la alimentación, pues de unas 100 especies cultivadas (que aportan el 90% de los alimentos mundiales), el 71% son polinizadas por abejas. Estos plaguicidas son responsables también de la desaparición de diversos tipos de otros insectos benéficos

Sobre los alimentos transgénicos los Relatores cuestionan el principio de “equivalencia sustancial”. El reporte dice:

Teniendo en cuenta sus probables efectos graves sobre la salud y el medio ambiente, existe una necesidad urgente de adoptar una normativa holística basada en el principio de precaución para hacer frente al proceso de producción con modificación genética y otras nuevas tecnologías a nivel mundial.

Su relación con los derechos humanos. Con los antecedentes documentados, los Relatores hacen una revisión del derecho internacional en materia de derechos humanos, incluyendo los derechos económicos y sociales, los derechos a la salud y la alimentación y ambientales que se estarían vulnerando así como el código internacional de conducta y prácticas no vinculantes.

Los desafíos:

Finalmente los Relatores nos presentan cuáles son los desafíos que enfrentan los países, sobre todo en materia normativa, y les preocupa por ejemplo que, con la adopción de acuerdos suprarregionales como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, se corra el riesgo de alinear las normas comunes en el mínimo común denominador.

En muchos casos, los plaguicidas altamente peligrosos que no están permitidos, o que han dejado de estar permitidos, en países industrializados se exportan a países en desarrollo.

Y ponen como ejemplo lo que sucede con Syngenta, (empresa registrada en Suiza), que vende en el extranjero productos que son prohibidos en ese país, o lo que sucede en Estados Unidos, donde la EPA restringe ciertos productos en ese país, pero no prohíbe su exportación.

Cuestionan el poder oligopólico de las tres empresas que al momento controlan el 67% del mercado mundial de plaguicidas, así como el 61% de las semillas comerciales. Ellas abogan por funcionar con sus propios códigos de conducta, y con frecuencia ponen en tela de juicio las pruebas científicas de los peligros asociados a sus productos; algunas de ellas han sido incluso acusadas de fabricar pruebas deliberadamente para infundir incertidumbre científica y retrasar las restricciones.

Los Relatores añaden que realizan constantes donaciones a entidades educativas que llevan a cabo investigaciones relativas a los plaguicidas, las cuales están pasando a depender de esta industria por el descenso de la financiación pública. Otros desafíos propuestos por los Relatores se relacionan con el tema de la clasificación de los plaguicidas, pues muchos plaguicidas tienen una clasificación de peligrosidad menor a la que debería. O las medidas de protección a los trabajadores, las que son insuficientes o inadecuadas para las condiciones reales en el campo (como exceso de humedad o calor, que impide el uso de ropas especiales).

Los Relatores hacen un llamado a mirar todos los impactos de todo el ciclo de vida (o lo que podríamos llamar el “metabolismo socio-ambiental) de los plaguicidas.

El informe finaliza proponiendo a la agroecología como la alternativa al uso de plaguicidas.

Recomendaciones:

a) Establecer amplios planes de acción nacionales que incluyan incentivos para apoyar alternativas a los plaguicidas peligrosos, y poner en marcha metas mensurables y vinculantes de reducción, con plazos concretos.

b) Establecer sistemas para permitir a los diversos organismos nacionales responsables de la agricultura, la salud pública y el medio ambiente cooperar de manera efectiva para combatir los efectos adversos de los plaguicidas y mitigar los riesgos asociados a su uso excesivo e incorrecto.

c) Establecer procesos imparciales e independientes de evaluación del riesgo y registro de los plaguicidas, exigiendo a los productores una divulgación íntegra de información. Estos procesos deben basarse en el principio de precaución, teniendo en cuenta los efectos peligrosos de los productos plaguicidas en la salud humana y en el medio ambiente.

d) Considerar en primer lugar alternativas no químicas, y permitir únicamente el registro de productos químicos cuando pueda probarse su necesidad.

e) Promulgar medidas de seguridad para asegurar una protección adecuada a las mujeres embarazadas, los niños y otros grupos particularmente susceptibles a una exposición a los plaguicidas.

f) Financiar amplios estudios científicos sobre los posibles efectos para la salud de los plaguicidas, incluidas la exposición a una mezcla de productos químicos y la exposición múltiple a lo largo del tiempo.

g) Garantizar un análisis regular y riguroso de los alimentos y las bebidas para determinar los niveles de residuos peligrosos, entre otras cosas en las preparaciones para lactantes y los alimentos de continuación, y poner esa información a disposición de la opinión pública.

h) Supervisar de cerca la utilización y el almacenamiento de los plaguicidas en la agricultura para minimizar los riesgos y velar por que solo se permita a quienes dispongan de la capacitación necesaria para ello aplicar dichos productos, y que lo hagan siguiendo las instrucciones y empleando el debido equipo de protección.

i) Crear zonas de amortiguamiento en torno a las plantaciones y explotaciones agrícolas hasta que se eliminen por completo los plaguicidas, para reducir el riesgo de exposición a ellos.

j) Organizar programas de capacitación para agricultores con miras a crear conciencia sobre los efectos nocivos de los plaguicidas peligrosos y sobre métodos alternativos.

k) Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a la información de la opinión pública, entre otras cosas introduciendo la exigencia de que se indiquen los tipos de plaguicidas utilizados y el nivel de residuos en las etiquetas de los alimentos y las bebidas.

l) Regular las corporaciones de modo que respeten los derechos humanos y eviten daños ambientales durante todo el ciclo de vida de los plaguicidas.

m) Imponer sanciones a las empresas que inventen pruebas y difundan información errónea sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente de sus productos.

n) Vigilar a las corporaciones para velar por que cumplan las normas en materia de etiquetado, precauciones de seguridad y capacitación.

o) Alentar a los agricultores a que adopten prácticas agroecológicas para aumentar la diversidad biológica y contener las plagas de manera natural, además de medidas como la rotación de cultivos, la gestión de la fertilidad del suelo y la selección de cultivos adecuados para las condiciones locales.

p) Incentivar los alimentos producidos orgánicamente mediante subsidios y asistencia financiera y técnica, y sirviéndose de la contratación pública;

q) Alentar a la industria de los plaguicidas a elaborar enfoques alternativos para el control de las plagas.

r) Eliminar los subsidios a los plaguicidas y, en su lugar, introducir impuestos sobre los plaguicidas, aranceles a su importación y el pago de tasas por utilizarlos.

El informe fue presentado por la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación (Hilal Elver) en colaboración con el Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos (Baskut Tuncak).

Fuente: Revista Biodiversidad, Sustento y Culturas N° 92