Ataques, políticas, resistencia, relatos

Una audiencia simbólica del Tribunal Permanente de los Pueblos en Ciudad Juárez, México

Entre el 24 de mayo y el 4 de junio, la sociedad mexicana organizada en por lo menos 300 grupos conformados por cientos de organizaciones, comunidades y movimientos, se movilizó en caravana hacia Ciudad Juárez, Chihuahua, México para celebrar ahí la primera audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en su proceso de tres años de sesión en ese país.

Esa primera sesión —Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos— fue una audiencia introductoria planteada por el propio tribunal para sistematizar así el enorme cúmulo de agravios configurando un primer diagnóstico de las tremendas condiciones de violación a los derechos colectivos e individuales en el país.

Según el TPP aumentó la importancia de los tradicionales mecanismos económicos como “causas estructurales de la exclusión programada de los seres humanos del área de competencia del derecho, en favor de todo lo que puede ser considerado y/o transformado en bien económico”. Esto se volvió una lógica generalizada de sacrificio de los derechos en aras de causas económicas y de “los mecanismos institucionales de garantías de impunidad” para los intereses que las corporaciones fundamentan, justifican y promueven. Así, “los ‘tratados económicos’ son una de las expresiones claves de este proceso de deterioro de la libertad y autodeterminación de los pueblos hasta su desaparición activa, por parte de un mercado que pretende coincidir con la única libertad posible”.

El jurado estuvo integrado por Antoni Pigrau Solé, de España; Alejandro Teitelbaum, Graciela Daleo y Nora Cortiñas, de Argentina; Gill Boehringer, de Australia, y Mireille Fanon Mendes France, de Francia, junto con Gianni Tognoni, secretario de la Fundación Lelio Basso y Simona Fraudatario (secretaria técnica de la Fundación).

Hay un espectro de situaciones que documentan la gran variabilidad de las estrategias económicas, sociales, represivas activadas (con una agravación especial en contra de los pueblos indígenas originarios) lo que habla “de una planificación bien detallada, que ha tenido como objetivo general la imposición violenta de una lógica de gobierno y de organización social, en la que los derechos de las personas (como individuos y como grupos) son ‘variables’ dependientes (y por esto absolutamente marginales y desechables) de las prioridades inviolables de los intereses económicos, nacionales e internacionales. [...] Las informaciones proporcionadas de manera muy articulada (análisis, imágenes, testigos, datos) aun más directa sobre maíz, devastación ambiental, soberanía alimentaria, han puesto en evidencia un ataque sistemático y estructural a la cultura y a la identidad misma y al futuro de los pueblos de México”. Para el TPP, en el cuadro de impunidad presente hay “una política disociada del Estado mexicano, que subscribe todos los tratados y las obligaciones para después incumplirlas”.

Además de la promoción irreversible de una asimetría radical con el asentimiento de sus gobiernos, los tratados de libre comercio promueven la desigualdad y la renuncia a la autodeterminación. México tiene un rol central en el mercado de la ilegalidad de todo tipo, desde el narcotráfico hasta las armas, pasando por el comercio de seres humanos.

Abundando sobre el nocivo papel que juegan los tratados de libre comercio el TPP remacha: “Las relaciones económicas internacionales siguen articuladas en torno a un modelo dominante caracterizado por el intercambio económico desigual, la explotación laboral de los sectores más débiles de la población mundial y la explotación masiva de los recursos naturales que, sabemos ahora, supera de largo la capacidad de carga del planeta y genera la contaminación masiva de agua, suelo y aire, hasta el punto que pone en cuestión la propia supervivencia del planeta. [...] El Derecho internacional de nuestra época refleja a la vez distintos intereses. Por una parte los intereses de los Estados dominantes, concretados en una red de normas destinadas a blindar este modelo de relaciones económicas internacionales, a favor de las empresas transnacionales: garantizando la protección de las inversiones en el extranjero a través de tratados bilaterales, que aseguran una supervisión estricta por tribunales internacionales; abriendo los mercados a la entrada de productos extranjeros, a través de los acuerdos de libre comercio, con la supervisión de la OMC; forzando, desde las instituciones financieras internacionales, el debilitamiento de las economías públicas y favoreciendo la privatización y la desregulación, creando el escenario adecuado para la penetración de las empresas transnacionales y evitando cualquier regulación internacional de sus actividades y de sus responsabilidades a consecuencia de ellas”.

Y abunda: “En la práctica, las normas internacionales que desarrollan el respeto a la dignidad humana y los mecanismos que deben garantizarlas se demuestran más débiles y acaban cediendo, para la mayor parte de la población mundial, frente al enorme desarrollo normativo y sus mecanismos de garantías que hace que los principios del libre mercado se apliquen, inexorablemente, en todos los rincones del planeta. [...] Por eso es fundamental afirmar que los mecanismos del libre mercado no son compatibles con la dignidad humana y con los derechos de los pueblos del mundo, ni con la sostenibilidad del medio ambiente”.

¿Cuál es el papel de los tratados de libre comercio en socavar o afirmar la soberanía de los Estados?

“Uno de los aspectos más importantes de la mundialización liberal es el ataque frontal al papel social del Estado y a las competencias de los poderes públicos en materia de control y regulación del capital, del comercio, de las inversiones, de los servicios públicos y de los recursos naturales. Esta mundialización no es un proceso puramente económico sino que engloba aspectos políticos, ideológicos, sociales, ambientales y jurídicos que tienen una incidencia negativa directa sobre el pleno ejercicio de todos los derechos humanos, de los derechos de los pueblos e incluso de los derechos de los Estados. [...] La organización de la sociedad internacional contemporánea descansa sobre la dominación, la discriminación, el pillaje de los recursos naturales y la imposición de un orden internacional antidemocrático. Está basada esencialmente sobre un derecho internacional que se confunde con los intereses de los países ricos y del capital privado. El papel de los poderes públicos se ha reducido, prácticamente en todas partes, a regular jurídicamente las privatizaciones y la venta de los bienes públicos comunes a las empresas transnacionales, a gestionar las reestructuraciones industriales o agrícolas, que comportan el despido o la expulsión de empleados, obreros y campesinos. Estos poderes públicos han perdido el control de las políticas económicas, sociales y financieras. En tanto que actor político y social de regulación, el Estado ha perdido su papel de redistribuidor de riqueza a través de la política fiscal o las políticas de ocupación y ha quedado reducido al papel de guardián de los intereses privados y ha abandonado cualquier función social. Se ha convertido, por el ejercicio institucional y estructural de desviación de poder, en un agente más del proceso, dedicado en exclusiva a facilitar la mundialización capitalista, utilizando para ello (en su función adicional de gendarme), toda su capacidad coercitiva contra toda discrepancia u oposición al modelo”.

En cuanto a los efectos concretos de las reformas estructurales, selladas por los tratados de libre comercio y la cascada de reformas legales que este instrumento de desviación de poder impulsa, anotamos algunos de los más relevantes:

*La privatización de la industria nacional y los servicios públicos, más de mil 300 industrias afectadas en todos los sectores de la economía.

*La desregulación del mercado laboral, de los salarios y las condiciones de despido.

*El desmantelamiento de las organizaciones sindicales independientes y la falsificación de la negociación colectiva, con la promoción de un sindicalismo no independiente.

*La instauración del modelo maquilador como el extremo de unas condiciones de trabajo indignas: salarios de 4 dólares al día por 9 horas de trabajo, contratos de muy corto plazo, flexibilidad en las condiciones de trabajo, ausencia de defensa sindical y un acoso permanente en el lugar de trabajo.

*La privatización de servicios públicos como los de salud.

*La tendencia a privatizar los servicios de educación pública.

*La falta de respeto a criterios de sostenibilidad en la política de usos del suelo y de urbanización, favoreciendo la concentración de la población en ciudades sin previsión de los servicios necesarios.

*La insuficiente regulación en materia ambiental y la escasa aplicación de las normas existentes, que afecta a los estudios de impacto ambiental, las actividades de explotación de los recursos naturales, la gestión de los residuos industriales y urbanos, la protección de las aguas, del suelo y del aire.

*La ausencia de una información adecuada sobre los proyectos industriales o agrícolas y la ausencia de mecanismos de participación reales antes de su ejecución.

*La concentración de los medios de comunicación y el obstáculo a los intentos de creación de medios de comunicación independientes.

*La penetración masiva de las empresas transnacionales en todos los sectores de la economía.

*La expulsión del mercado de trabajo de empleados, trabajadores de la industria y campesinos: el desempleo alcanza a 5 millones de personas.

*México tiene ahora más de 50 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza y de cada cuatro familias campesinas, tres son pobres,

*La destrucción del empleo, junto con la violencia, son los motivos principales de que México sea el principal exportador de migrantes: 20 millones de personas, sólo a los Estados Unidos.

*La apertura a privatizar las tierras ejidales y comunales.

*La apertura comercial a la libre invasión de todo tipo de productos primarios y manufacturados, industriales y agrícolas.

*La eliminación de los subsidios agrícolas.

*La apertura a la penetración de los transgénicos genera la contaminación de otros cultivos. Las nuevas exigencias de certificación y las nuevas regulaciones de semillas son un ataque a los sistemas tradicionales de gestión e intercambio de las semillas, que solamente beneficia a las empresas transnacionales.

*México ha perdido su soberanía alimentaria: ahora debe importar gran parte de arroz, maíz, trigo, soya, sorgo, carne o frijol que necesita.

*En particular, el maíz, como elemento alimentario clave, intrínsecamente vinculado a la cultura de México, está muy amenazado por el impacto conjunto de las políticas agrícolas y comerciales.

*En particular, los pueblos indígenas se han visto afectados por este proceso, en los impactos sobre la agricultura, sobre la gestión de sus tierras y sobre el ambiente.

*México vive una grave crisis ambiental: 70% de los ríos del país están gravemente contaminado; en 30 años se ha triplicado el número de acuíferos sobreexplotados; el país ocupa uno de los primeros lugares en perdida de diversidad biológica y bosques; más de 80% de los residuos industriales peligrosos no reciben tratamiento adecuado y un 15% de los confinamientos de residuos urbanos cumplen parcialmente con la norma ambiental.

*Más de 50 mil personas muertas durante el último sexenio, en una progresión que no cesa, y que en la gran mayoría son ejecuciones extrajudiciales.

*Más de 18 mil personas desaparecidas.

*De particular gravedad resulta la violencia contra las mujeres que se extiende a todo el país y que, solamente en Ciudad Juárez, genera cerca de un asesinato diario, en los últimos años.

*La comisión de frecuentes masacres por parte de fuerzas estatales y por otros actores armados. En la Audiencia se han recordado los casos de la matanza de Acteal (1997), Atenco (2006) y las que sufrieron grupos de migrantes como en San Fernando, Tamaulipas, en 2010.

*La destrucción de viviendas para forzar el desplazamiento de familias y comunidades y liberar las tierras para diversos proyectos industriales, mineros, turísticos o de infraestructuras varias.

*La represión contra el sindicalismo independiente. El caso más llamativo fue el despido de 44 mil trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro y la posterior estigmatización de quienes no quisieron pactar el despido.

*Los ataques indiscriminados contra sectores de la población ajenos a cualquier protesta concreta, con el único objetivo de mostrar la capacidad de mantener un estado de terror, como son los casos de ataques a familias o a grupos de jóvenes.

*La persecución, que llega a menudo al asesinato, de trabajadores de los medios de comunicación que tratan de dar información veraz a la población sobre el problema de la violencia en México.

*El exterminio de familias enteras como represalia porque miembros de las mismas se han destacado en la defensa de los derechos humanos o la oposición a distintos proyectos empresariales.

*La persecución, especialmente grave y dolorosa, de los defensores de los derechos humanos y del ambiente, con el objetivo de eliminar los principales focos de resistencia a las violaciones de los derechos humanos y a la destrucción ambiental, fomentando el miedo como base de la aceptación forzada de la imposición de todo el modelo. Sin el poder del Estado, ejercido a través del Derecho, el proyecto neoliberal no podría haber sido impuesto a un pueblo que nunca estuvo de acuerdo con cambios tan dramáticos.

Entre las conclusiones del TPP, anotamos los siguientes fragmentos:

1.En un contexto mundial caracterizado por un sistema de dominación violatorio de los derechos de los pueblos a su autodeterminación y a disfrutar de una vida digna, observamos con marcada preocupación el caso de México donde son vulnerados de manera permanente y sistemática los derechos humanos.

2.Aunque obviamente el Estado de México no es el único responsable de todo lo expuesto ello no le exime de su responsabilidad principal, por acción o por omisión en la definición y la aplicación de las políticas económicas, comerciales y sociales indicadas que han llevado a la vulneración masiva y sistemática de un conjunto de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de una gran parte de la población de México.

3.El Tribunal considera que las organizaciones sociales mexicanas deben estudiar detenidamente los mecanismos posibles para plantear la retirada de México del TLCAN.

4.El Tribunal denuncia la situación de no reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas en México. Los pueblos indígenas en el país carecen de los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular los derechos a su autonomía política, a la propiedad de sus tierras y a ser consultados en relación con los proyectos que pueden afectarlos directamente.

5.El Tribunal considera que muchos de los episodios, probados ante él, constituyen actos de terrorismo de Estado, entendiendo por tal una política de Estado planificada y ejecutada con la finalidad de combatir por medios ilegales las luchas sociales, paralizar o destruir a la oposición política o ideológica [...] con la finalidad de justificar la suspensión de las garantías constitucionales, el establecimiento de estados de excepción y la violación de los derechos humanos.

6.Muchos de los crímenes constatados pueden ser calificados como crímenes contra la humanidad, en los términos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por México, puesto que puede entenderse que han sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil: es el caso de los asesinatos, las masacres, las encarcelaciones arbitrarias, la tortura, las violaciones o la desaparición forzada de personas. Todo ello abriría las puertas a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte.

7.Se le ha formulado al Tribunal una especial petición: que se una a la exigencia de aparición con vida de las víctimas de desaparición forzada, que ya se cuentan por miles, especialmente mujeres. La práctica generalizada y sistemática de la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional. Este crimen alcanza a quien ha sido desaparecido, a sus familias y sus seres queridos y a toda la comunidad.

8.Según el derecho internacional, al Estado le corresponde proteger los derechos humanos e investigar y castigar las violaciones a los mismos. México no ha querido o no ha sido capaz ni de proteger los derechos humanos de sus habitantes ni de investigar y castigar a los responsables de las violaciones, por lo que es responsable también del escenario de impunidad existente.

9.El Estado mexicano es el principal responsable de la vulneración de los derechos de las víctimas y de sus familiares que se deriva de esa impunidad, por la escandalosa falta de respeto que les muestra en la mayoría de los casos y por la revictimización que con frecuencia reciben en el momento de denunciar dichas violaciones, en contravención de los principios reconocidos internacionalmente de derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

10.Que existe una necesidad urgente en México de establecer una auténtica democracia que consiste en la participación activa y con conocimiento de causa de los individuos y de las colectividades en la adopción de decisiones en todas las etapas y en todos los niveles.

Apuntando a un diagnóstico general el TPP concluye: “El derecho ha sido utilizado con fuerza para imponer un programa, que culminó en el TLCAN, que ha beneficiado a los ricos y poderosos. En los últimos treinta años, las políticas estatales respaldadas por el Derecho, han traído más pobreza, más desempleo, más precariedad, menores salarios y peores condiciones de trabajo, la pérdida de tierras comunitarias, la destrucción del ambiente, la consolidación del crimen organizado, más asesinatos extrajudiciales y desapariciones, más violencia contra las mujeres, más migración forzada y más control de la información.

“El derecho es complejo, dinámico y contradictorio. Por un lado, es una parte del poder del Estado que puede ser utilizado a favor del pueblo, en cuyo caso puede hablarse de un Estado de derecho. Pero en México no existe tal Estado de derecho. Hay, en cambio, una desviación de poder: la ley se usa deliberadamente para favorecer a los ricos y poderosos, incluyendo las megacorporaciones, ya sean extranjeras o nacionales. Al mismo tiempo, y necesariamente, porque el sistema del capitalismo neoliberal lo requiere, el derecho es un instrumento importante para el control, la represión y la explotación de la gran mayoría de la población.”

Represión y muerte en Cajamarca, Perú: ¿Ollanta Humala gobierna para las mineras?

Marcela Salas Cassani, Desinformémonos/Ojarasca, 14 de julio. Cuatro muertos —entre ellos un menor de edad–— 45 heridos, 25 detenidos y una ciudad militarizada debido al decreto de estado de excepción, es el saldo de las protestas del 3 de julio en Cajamarca, Perú, donde indígenas, campesinos y militantes ambientalistas protestaban contra la minera Yanacocha que —con el proyecto Conga— pretende apropiarse del agua de la región para extraer oro y cobre.

Desde hace más de un mes, pobladores de Celendín, provincia de Cajamarca, mantienen un paro indefinido contra la iniciativa Conga, millonario proyecto de la Yanacocha, empresa que pertenece a un conglomerado minero en el que figuran la megaempresa peruana Buenaventura, la multinacional estadounidense Newmont Mining y el Banco Mundial.

Para llevar a cabo la explotación de yacimientos auríferos y cupríferos sería necesario vaciar al menos cuatro lagunas naturales que abastecen el nacimiento de los ríos de donde la población de Cajamarca se provee de agua.

Tras una evaluación de impacto ambiental realizada por un equipo de expertos internacionales, los peritos recomendaron que la operación no destruya las lagunas. La minera indicó que aceptaría algunas recomendaciones, sin asegurar que preservaría las lagunas. A cambio, ofreció la construcción de “depósitos artificiales” para “garantizar” el agua a la comunidad.

La minera, denuncian grupos indígenas y campesinos, no garantizó que se ajustará a los lineamientos de viabilidad ambiental, por lo que no debería tener licencia social para operar. No obstante, obtuvo un permiso oficial del gobierno peruano para llevar adelante su iniciativa ecocida.

En días pasados Newmont y Yanacocha anunciaron el inicio de la construcción de depósitos con los que “reemplazarán” el almacenamiento del agua que hoy se encuentra en las lagunas destinadas al proyecto Conga, por lo que solicitaron al gobierno peruano garantías de seguridad para comenzar las obras. La respuesta del presidente peruano, Ollanta Humala, fue terminante: “Tendrán que atenerse a las consecuencias quienes no respeten la propiedad privada”. Y cumplió su palabra.

El 3 de julio, el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca (FDAC) cumplía el trigésimo cuarto día del paro regional indefinido en esta ciudad. Las delegaciones de manifestantes estaban concentradas tanto en la plazuela Bolognesi como frente al atrio de la iglesia San Francisco.

Esa mañana, 300 integrantes del Sindicato de Trabajadores no Docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca, se movilizaron de la universidad a la plazuela Bolognesi, y luego avanzaron hacia la Plaza de Armas, hasta donde habían llegado también una delegación de campesino del valle de Llanguay y un centenar de choferes de moto taxis a bordo de sus vehículos, para manifestar su apoyo a los paristas.

El ex sacerdote Marco Arana, líder de la organización Tierra y Libertad, señaló que los enfrentamientos con la policía comenzaron cuando “un grupo de obreros de construcción exigía, afuera del Ayuntamiento, el pago atrasado por trabajos realizados en una escuela y protestaba en solidaridad con la población de Celendín contra la iniciativa Conga”.

Entonces, apunta el FDAC en un comunicado, “se realizó un ataque irracional de la policía nacional en contra de la población manifestante que se encontraba en la Plaza de Armas”. Hubo cuatro muertos, entre ellos un menor de edad, 45 heridos y 25 detenidos, y la respuesta del gobierno fue la inmediata instauración del estado de emergencia, durante el cual “quedan suspendidas las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito”.

Un día después del violento enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden, y a pesar del estado de emergencia, los opositores salieron de nuevo a las calles para protestar por los muertos y heridos de Celendín y para reclamar la libertad de quienes habían sido detenidos el día anterior.

Los inconformes se reunieron en la Plaza de Armas de Cajamarca, y allí, luego de pronunciar un discurso, el ex sacerdote Marco Arana, dirigente del movimiento político-ecologista Tierra y Libertad, y uno de los más férreos opositores del proyecto minero, fue aprehendido por la policía. Casi 24 horas más tarde, Arana fue liberado por considerar la fiscalía que “no había motivo para que fuera detenido”. Sin embargo, en un mensaje publicado en Twitter, el dirigente denunció haber sido torturado: “Me detuvieron, me golpearon mucho, dentro de la comisaría me volvieron a golpear, puñetes en la cara, riñones, insultos”.

Ésta es quizá la peor crisis del gobierno encabezado por el ex militar izquierdista, Ollanta Humala, quien en junio de 2011 ganó en segunda vuelta la presidencia de Perú, tras vencer por estrecho margen a Keiko Fujimori.

Residentes de Celedín dijeron durante el entierro de los manifestantes asesinados: “Ollanta Humala ya no es nuestro presidente, él gobierna para las mineras extranjeras. Nos ha traicionado. En la campaña electoral prometió defender el agua de la minería”.

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales señaló también el empecinamiento del gobierno de Humala: “Su tozudez está desoyendo sistemáticamente la voluntad de los pueblos en virtud de presiones corporativas, y ahora está desplegando una estrategia represiva que asesina campesinos, arresta curas e indígenas y amenaza las libertades de un pueblo que defiende su legítimo derecho a la vida, la salud y a un medio ambiente libre de contaminación.

La Central Trabajadora Peruana (CGTP) y el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca demandaron al gobierno el cese de la represión. “Estas muertes, con las que llega a 15 el número de asesinados durante el régimen de Humala, demuestran que la estrategia de gobierno sigue apostando por la criminalización de la protesta y la declaración de estados de emergencia como instrumentos políticos para privilegiar los intereses de los grupos económicos que se beneficiaron con regímenes anteriores”.

Mientras el millonario plan aurífero avanza y la calma no parece volver a la región de Cajamaca, la cgtp ha instado al gobierno a “dialogar para solucionar un conflicto que se agudiza conforme avanzan los días”.

Desafiando el estado de emergencia, miles de opositores del proyecto Conga marcharon el pasado 12 julio —día en que la CGTP convocó a la Jornada Nacional de Lucha— para insistir en el rechazo absoluto al ecocida proyecto minero. Por su parte, el Comité de Solidaridad con Cajamarca en Francia, anunció que el 20 de julio se realizarán manifestaciones ante las embajadas o consulados del Perú en París, Berlín, Bruselas, Madrid, Londres, Estocolmo y Milán.

Sobre los falsos dilemas (en relación al artículo ambientalismo versus extractivismo de Eduardo Paz Rada)

Carlos A. Vicente (GRAIN y Acción por la Biodiversidad), Alai-amlatina, 12 de julio, 2012 Uno de los debates más actuales en América Latina es la problemática de la extracción de los bienes naturales de nuestro continente y su utilización por el capitalismo para continuar su expansión y dominación.

Sin embargo Paz Rada equivoca el rumbo al plantear que “en el fondo de la confrontación entre la defensa medioambiental y la economía de explotación primaria de recursos naturales se encuentra la misma pista: es decir ambos polos son parte de la estrategia imperialista de controlar los medios de vida más importantes del planeta”.

El autor desconoce en el artículo la existencia de una corriente de pensamiento en América Latina que lejos de un ambientalismo ligado a una estrategia imperialista se planta junto a los movimientos sociales para cuestionar el modelo extractivista de la mano de una profunda crítica al capitalismo y sus mecanismos depredadores al mismo tiempo que cuestiona las tradicionales propuestas desarrollistas de las izquierdas.

El movimiento ecologista ha hecho profundos aportes a estos debates en los últimos 30 años y su cuestionamiento central pasa por poner en debate el “desarrollo” en los términos en que se impuso desde mediados del siglo pasado e igualar los mecanismo de dominación y explotación de las personas dentro del capitalismo con los de dominación y explotación de la naturaleza que toda la sociedad occidental, hoy globalizada, propone para nuestra sociedad.

Las expresiones políticas de estas articulaciones durante la última década han sido múltiples y enriquecedoras y vale la pena detenerse en algunas de ellas para comprobar la amplitud de actores que involucra y los procesos en marcha.

La Conferencia de Cochabamba sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra convocada por el Presidente Evo Morales realizada en abril del año 2010 fue un hito en el que claramente los pueblos expresaron que “La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida. Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos”.

Por otro lado en la reciente Cumbre de los Pueblos de Río de Janeiro, paralela a la Cumbre Oficial Río + 20, que pretendió imponer la lógica de la “economía verde” como alternativa, expresó “La defensa de los bienes comunes pasa por la garantía de una serie de derechos humanos y la naturaleza, la solidaridad y el respeto a las cosmovisiones y las creencias de los diferentes pueblos, como por ejemplo, la defensa del Buen Vivir como forma de existir en armonía con la naturaleza, lo que presupone una transición justa a construirse con los trabajadores/as y el pueblo”.

Desde ambos espacios vienen construyéndose articulaciones y alianzas que, en muchos casos muy cerca de los gobiernos, están proponiendo y construyendo caminos alternativos al desarrollismo dominante propuesto por derechas e izquierdas.

Lo cierto es que la depredación de nuestro continente no se detendrá si el extractivismo, el modelo sojero, la minería a cielo abierto, las grandes obras de infraestructura, los monocultivos forestales, la industrialización feroz, la contaminación de tierra, agua y aire producidos por el “desarrollo” pasan a ser controlados por nuestros Estados Nacionales en lugar de serlo por grandes corporaciones.

Estamos seguros que la construcción de la Patria Grande Latinoamericana no será posible si no lo hacemos integrando las históricas luchas contra la dominación imperialista con las nuevas, que integrándose a las reivindicaciones históricas de pueblos indígenas y campesinos, proponen la soberanía alimentaria y los derechos de la madre tierra para una nueva sociedad que deje atrás el capitalismo y el patriarcado como ejes articuladores de los vínculos.

El gran desafío de nuestros gobiernos “progresistas” pasa por dejar de ser arrastrados por modelos impuestos desde el norte para encontrar en nuestra historia, en nuestras capacidades y en la defensa de nuestros bienes naturales y nuestros pueblos el camino para un buen vivir que sirva de modelo a la humanidad frente a los desafíos que el siglo veintiuno nos plantea de manera acuciante.

Ver el artículo de Eduardo paz Rada en ALAI

Sobornos y Wal-Mart en México

En su columna México SA, del 23 de abril de 2012, Carlos Fernández-Vega aborda el asunto de la investigación emprendida por el New York Times en torno a los sobornos que Wal-Mart pagó en México para expandirse.

Según la nota publicada por la agencia oficial mexicana Notimex, que fue la primera en difundir la investigación del New York Times “el rotativo publicó que Wal-Mart, por medio de su subsidiaria en México, pagó sobornos hasta por 24 millones de dólares para ganar el dominio en el mercado mexicano. La investigación identificó a Eduardo Castro-Wright, entonces director de la empresa en México, como fuerza motora detrás de los años de soborno, aunque apuntó que hubo cohechos ocasionales antes de su llegada a la compañía en 2002. La denuncia fue presentada por Sergio Cicero Zapata, ex abogado de bienes raíces de Wal-Mart, quien indicó que la firma usó los sobornos para facilitar cambios de zonas en los mapas y desvanecer objeciones ambientalistas, permisos que típicamente toman meses para su proceso mágicamente se materializaron en días. Cicero denunció que las prácticas de cohecho estimuladas por Castro-Wright eran parte de una estrategia expansiva de negocios, para construir cientos de nuevas tiendas tan rápido que sus competidores no tuvieran tiempo de reaccionar. El ex ejecutivo dio nombres, fechas y montos de los sobornos: él sabía mucho, explicó que por años fue el abogado a cargo de obtener los permisos de construcción para Wal-Mart de México. Sin embargo, The New York Times se abstuvo de divulgar los nombres de los funcionarios mexicanos sobornados, y sólo se refirió a alcaldes, concejales, oscuros planificadores urbanos o burócratas de bajo nivel que expedían permisos de construcción, pero identificó a ejecutivos de la gigante del ramo de supermercados”.

Para Fernández Vega esto indica que en realidad los funcionarios mexicanos malbaratan sus servicios cuando venden el país, puesto que para ellos “la ganancia es el volumen”. Según Fernández-Vega “Pocos son los gobernantes que fijan porcentaje para que a cambio otorguen permisos, vendan empresas de la nación, permitan la destrucción ecológica, avalen el saqueo, asuman deudas privadas con cargo al erario, privatizar la generación de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Así, un bono equivalente a 10 por ciento de la transacción y/o una participación accionaria a cambio de desincorporar (léase desmantelar) la infraestructura productiva del Estado representa un mundo de dinero”.

Si Wal-Mart pagó sobornos por 24 millones de dólares (alrededor de 320 millones de pesos al tipo de cambio actual), en realidad ése es un porcentaje ridículo para las ganancias que le generaron.

Según Fernández-Vega: los sobornos se los propuso la empresa como parte “de una estrategia expansiva de negocios, para construir cientos de nuevas tiendas tan rápido, que sus competidores no tuvieran tiempo de reaccionar, y lo logró a plenitud. Pues bien, sólo es cuestión de echar números y ver las proporciones: con Calderón en la presidencia, Wal-Mart obtuvo ventas netas por casi un billón 470 mil millones de pesos (más de 110 mil millones de dólares, al tipo de cambio actual, en el periodo 2007-2011, o si se prefiere el equivalente a 10 por ciento del PIB mexicano), de acuerdo con su propia información financiera, de tal suerte que para lograr ese monto sólo invirtió el ¡¡¡0.00000002!!! por ciento (24 millones de dólares) de las ventas netas que reportaría en cinco años (110 mil millones de dólares).

El columnista de La Jornada insiste: “¿Qué obtuvo Wal-Mart a cambio de sus 24 millones de dólares en sobornos? Pues bien, un incremento de 72.5 por ciento en sus ventas netas 2007-2011; 104.6 por ciento de aumento en el número de establecimientos comerciales (de mil 28 a 2 mil 87 entre 2007 y 2011) y 60 por ciento de crecimiento en sus utilidades netas, que en igual lapso se aproximaron a 90 mil millones de pesos, entre otras gracias. Todo ello sin considerar que consolida sus resultados financieros, lo que le permite pagar menos impuestos, si es que los paga, porque al cuarto trimestre de 2011 la trasnacional no había pagado (porque la ley fiscal se lo permite) 7 mil 866 millones de pesos en impuestos diferidos”.

Consumo quiere decir desperdicio

De acuerdo con un informe del Parlamento Europeo, de febrero de 2012, la sociedad europea despilfarra 179 kilos de alimentos al año por habitante, 89 millones de toneladas de comida al año, la mayor parte en perfecto estado de consumo. “Casi la mitad de esos alimentos (42%) corresponde a lo que tiran los consumidores particulares por falta de concienciación, por deficiencias en el envasado o por confundir las fechas de caducidad y de consumo preferente”, afirmó la organización de la sociedad civil Ecologistas en Acción, que publicó un boletín donde divulga que “La Comisión Europea está estudiando medidas que reduzcan este derroche en el sector de la fabricación, en el de la alimentación al por menor y al por mayor y en el sector de la restauración y del catering. Algunas empresas acceden a donar sus excedentes a organizaciones de ayuda social o al Banco de Alimentos de España. Pero las medidas más importantes tendrán que solucionar el problema del consumo excesivo de los particulares, incitados sin cesar a consumir compulsivamente”.

Según el boletín mencionado: “Poca gente aprovecha los restos de comida cocinando purés, salsas, albóndigas, croquetas, compotas y mermeladas. En una Europa con 70 millones de personas viviendo en la pobreza, Ecologistas en Acción considera inmoral esta situación de consumo descerebrado, y absurdo que las leyes prohíban a los comercios regalar alimentos supuestamente ‘caducados’ e incluso que las personas puedan recuperar materiales y comida de los contenedores de basura”.

Ecologistas en Acción propone desde hace tiempo que la ley permita aprovechar además esa comida de la forma tradicional, es decir alimentando a cerdos y gallinas. Y en cualquier caso, estima indispensable que se recoja la materia orgánica de la basura limpia y separada en origen, para en última instancia poder tratarla y hacer un fertilizante natural, tanto por compostaje (con oxígeno) como por metanización (sin oxígeno).

Algunos meses después, en mayo, según nota de Europa Press, Alrededor de mil 300 millones de toneladas de alimentos válidos para el consumo humano, una cantidad equivalente a casi un tercio de la producción mundial de alimentos, se desperdician o se pierden cada año en el mundo, según declaró en Madrid el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), José Graziano da Silva.

“Durante una intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva Economía Fórum”, sigue la nota, “Graziano da Silva advirtió de que los consumidores y comercios de los países ricos son responsables del desperdicio de 222 millones de toneladas de comida al año, una cantidad que ‘equivale a la producción neta del áfrica subsahariana’. A juicio del director de la FAO, los principales retos a que se enfrenta en estos momentos la lucha contra el hambre son el acaparamiento de tierras por parte de grandes empresas, la especulación con el precio de las materias primas, la falta de transparencia en los mercados y los problemas de financiación”, expresa la nota de Europa Press.

Fuente: GRAIN