Ataques, políticas, resistencia, relatos

Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)

Un fresco referente de lucha en Argentina

Para Diego Montón, integrante de la Unión de Trabajadores sin Tierra de Mendoza y miembro de la secretaría operativa del MNCI, que celebró su primer congreso nacional entre el 10 y el 14 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la soberanía alimentaria y la reforma agraria son, “hoy más que nunca”, pilares del movimiento. Entrevistado por Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik (para la Agencia de Noticias Biodiversidadla), afirma: “Debido a la crisis internacional, las transnacionales han volcado sus capitales a inversiones que tienen que ver con el territorio, los bienes naturales y la producción de alimentos. Ponen en mayor riesgo la vida campesina e indígena (y la humanidad entera), ya que no miden las consecuencias. La problemática del calentamiento global nos muestra que su ambición de lucro los hace perder de vista que está en peligro la vida del planeta. La soberanía alimentaria y la reforma agraria son dos pilares, dos ejes de lucha, que no deberían ser sólo de los movimientos campesinos, sino de toda la sociedad”.

Lo que afirma Montón es clave para entender la fuerza que se acuerpa en el MNCI y que le apuesta a la defensa territorial, al cultivo y cría de sus propios alimentos sin agroquímicos, en chacras que trabajan desde tiempos ancestrales las familias campesinas, y que reivindica la autogestión integral como punto de arranque de sus esfuerzos.

Darío Miranda recoge en Página 12 lo planteado por voceros del MNCI: “Las entidades patronales del campo y las compañías internacionales del agro sostienen un modelo de monocultivo para alimentar con transgénicos a los animales de Europa y China. Las familias campesinas practicamos otro modelo, de alimentos sanos para el país, un modelo que es necesario comenzar a implementar a gran escala para cambiar el modelo de soja dependencia”. Miranda comenta: “Monocultivo de soja en 19 millones de hectáreas, uso masivo de agroquímicos y expulsión de familias campesinas e indígenas son hechos conocidos para las organizaciones de familias rurales. Se agrega el avance de los agrocombustibles, la ganadería intensiva, la minería a gran escala, el petróleo y las plantas de celulosa. Las comunidades se vieron obligadas a adoptar prácticas de resistencia para permanecer en sus territorios y comenzaron a implementar acciones: escuelas campesinas, comercio a precios justos, producción agroecológica de alimentos, emprendimientos productivos, retomas de campos”.

Pregunta Biodiversidadla: ¿Cuál es el mecanismo de participación de las 20 mil familias que componen el MNCI? ¿En cada organización hay una forma particular de hacerlo o existe una política común? y Diego Montón responde: “El movimiento tiene algunos principios: la democracia de base, la dirección colectiva, la división de tareas. Apuntamos a que no exista concentración de poder ni personas que tengan la posibilidad de caer en desvíos o actos de corrupción. Apuntamos a que en todas las instancias haya equidad de género, una paridad entre hombres y mujeres, y una fuerte participación de la juventud. Son familias o comunidades de base que están en un mismo territorio, que comparten la misma problemática e historia. Pueden ir de 10 a 100 familias dependiendo de la zona y densidad. Luego están las centrales: grupos de base que se encuentran en una región más grande, que articulan la relación con las municipalidades y dinamizan los intercambios productivos. Depende de la provincia, 5 o 6 centrales, en otras 12, se organizan en una coordinación provincial; el movimiento está en 10 provincias del país, empezándose a desarrollar en otros lugares. A nivel nacional tenemos un plenario trimestral. Ese plenario está organizado por áreas de trabajo: formación, producción y comercialización, salud, territorio y derechos humanos, y la secretaría operativa, que coordina la relación y las alianzas con otras organizaciones, con el Estado”.

Pero también están vigentes reclamos antiguos: Darío Miranda anota: “La reforma agraria es un reclamo tan antiguo como vigente. Aunque anclado en las luchas de la década del ’50 y ’60, la Vía Campesina Internacional —organización de campesinos e indígenas presente en 69 países de cuatro continentes— retomó la histórica demanda y la reformuló como una acción imprescindible para asegurar la producción de alimentos, eliminar el hambre y frenar la avanzada transnacional sobre tierras ancestrales”, y finaliza, “El Movimiento Campesino Indígena es la referencia argentina de Vía Campesina Internacional. El Primer Congreso Nacional apunta a instalar el debate sobre la reforma agraria y la soberanía alimentaria en la agenda política del país, y así demostrar que el campo argentino es mucho más que soja y que la Mesa de Enlace”.

Ecuador

Frente al anteproyecto de ley de tierras

Fenocin considera que la redistribución de la tierra es urgente y necesaria, pues no es únicamente una cuestión de derechos ni equidad sino de eficiencia económica. En este marco, consideramos que esta discusión pasa por definir qué modelo de desarrollo agrario necesita el país, por precisar los límites a la extensión de la propiedad de la tierra, priorizar los derechos de las y los campesinos e indígenas, por afirmar el rol del Estado controlando el mercado de tierras y por respetar la constitución en temáticas relacionadas a la soberanía alimentaria.

En este contexto, la dirigencia nacional considera que el Anteproyecto de Ley de Tierras presentado por el SIPAE es perfectible y representa un aporte al debate de la redistribución de la tierra que se había dejado de lado por muchos años en el país.
Para la Fenocin existen dos modelos de desarrollo agrario en disputa, por un lado el modelo agroexportador que concentra grandes extensiones de tierra, que fomenta una mano de obra barata, que ha generado una elevación en los índices de inequidad en el campo. Lo mismo que ha conllevado a que millones de campesinas y campesinos migren fuera del país, creemos que existe una lógica de pobreza, migración y poca tierra. Por otro lado, las organizaciones como la Fenocin optamos por el modelo de la Vía Campesina que favorece la soberanía alimentaria, es decir, la agricultura campesina y que garantiza la alimentación.

En el Ecuador hay una inequidad histórica que ha pretendido ser invisibilizada por los grandes latifundistas, quienes hoy se niegan a cualquier posible debate sobre una ley de tierras, mientras la mayoría de las y los campesinos en el país tiene un acceso restringido a la tierra. Según el Tercer Censo Nacional Agropecuario existe 600 mil familias campesinas que se desenvuelven económicamente en 1.5 hectáreas o menos, mientras aquéllos que tienen más de 500 hectáreas apenas suman 1 300 propietarios que tienen a su acceso 1 millón 800 mil hectáreas. El proceso de redistribución de tierras no es nada nuevo, en realidad fue aprobada en el actual marco constitucional donde en el artículo 282 plantea lo siguiente: “El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. Se prohibe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental”.

Sobre la discusión respecto a la productividad, la Fenocin considera que se trata de colocar una perspectiva que reconozca la generación de trabajo desde las agriculturas campesinas y familiares, la redistribución de la riqueza, que además de garantizar la reproducción de la vida también preserva ecosistemas mediante una relación armónica con la naturaleza y aporta al desarrollo.

Finalmente, en cuanto a la participación, Fenocin hace un llamado a todos los sectores a que se sumen a esta discusión que enriquecerá las diferentes propuestas de ley en torno al tema tierra. En este sentido, expresa su preocupación al identificar que ciertos sectores que defienden intereses del latifundio han cerrado toda posibilidad del debate en torno a la ley, creemos que es una señal de que carecen de argumentos suficientes, y de que quieren seguir manteniendo las estructuras de inequidad y de injusticia en el país.

“Hemos sido pacientes durante 500 años y hoy tenemos la esperanza de tener la tierra como herencia”. Fenocin, 25 de agosto de 2010

Comunicado contra los transgénicos

Asunción, 26 de agosto de 2010. La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), miembro de la CLOC y la Vía Campesina Paraguay, respecto de las últimas gestiones llevadas adelante por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y ante la inminente ofensiva contra su titular, el señor Miguel Lovera, expresamos todo cuanto abajo sigue: Celebramos que el Senave, por primera vez en su historia, esté cumpliendo cabalmente los mandatos que la normativa ambiental vigente le designan, al proceder a la destrucción de los cultivos de maíz transgénico en el departamento de Alto Paraná y al anunciar que hay todo un calendario que se hará cumplir en las zonas donde existan estos cultivos. El accionar de esta institución del Estado demuestra a las claras el compromiso asumido con el pueblo paraguayo, el cual se traduce en la lucha por la recuperación de la soberanía territorial, cultural y alimentaria.

Las organizaciones campesinas e indígenas y los miembros de la sociedad civil organizada tenemos conciencia plena del impacto negativo que la introducción de los organismos genéticamente modificados llegará a tener en las comunidades. Una mesa familiar invadida por transgénicos y agrotóxicos significa más exclusión, más miseria, más muerte de inocentes, más dependencia de las multinacionales y más humillación para el Estado paraguayo.

Repudiamos enérgicamente la posibilidad de una movilización por parte de los únicos beneficiarios del modelo agrícola neoliberal implantado en el país, es decir, los empresarios del agronegocio, en contra de lo que ellos denominan “medidas exageradas” del Senave. Han estado operando a espaldas de la legislación sanitaria y ambiental introduciendo por contrabando las semillas modificadas y hoy se sienten intimidados ante una ocasional intervención en sus cultivos; el hecho de que se esté buscando obedecer los preceptos legales les causa inquietud porque no están acostumbrados a tratar con la Justicia, salvo cuando es para sobornar o fomentar la corrupción de los funcionarios públicos, siempre en defensa de sus propios intereses por encima de los de la mayoría.

Denunciamos las manipulaciones vertidas desde la prensa comercial acerca de que estas acciones del Senave están frenando la investigación sobre el maíz transgénico. No existe un verdadero interés de las partes por invertir en una investigación sobre los organismos genéticamente modificados. Quienes se ven afectados por el cumplimiento de las leyes nacionales deben arrimar pruebas contundentes que demuestren a las autoridades que están equivocadas respecto del perjuicio que suponen los transgénicos.

Hacemos un llamamiento a todos los sectores de la clase trabajadora para defender la soberanía alimentaria que está siendo avasallada por los agronegocios. Unámonos todos en solidaridad para acompañar esta iniciativa patriótica del Senave, ya que si perdemos la soberanía alimentaria, perderemos la identidad como nación y como personas, sin hablar de que esto implica la pérdida de nuestros bosques, nuestro suelo, nuestra agua y todos los bienes que la Madre Tierra nos ha prestado para una vida digna. l

¡Globalicemos la lucha!
¡Globalicemos la esperanza!

El Ministerio de Agricultura y Ganadería paraguayo autoriza ensayos con maíz transgénico

En un clima de polémica en el que amplios sectores del país rechazan los transgénicos y gremios de terratenientes vociferan contra la prohibición de los mismos y por la intervención de los fiscalizadores del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), que procedieron a destruir sembradíos de maíz transgénico, el MAG resolvió abrir la experimentación con maíz transgénico por considerarlo “de interés estratégico”.

Según esta fórmula, utilizada también para abrir la siembra en otros países del continente, notablemente México donde también hay una fiera resistencia a los transgénicos, los experimentos sobre las simientes de maíz transgénico se deberán realizar bajo la modalidad de “ensayos regulados de organismos genéticamente modificados”.

Organizaciones a nivel continental como la RALLT y la Alianza por la Biodiversidad se pronuncian contra la resolución diciendo: “…una vez en el campo, es imposible detener la contaminación genética del maíz transgénico hacia variedades convencionales, criollas y tradicionales, pues el maíz es una especie de polinización abierta. Estos ensayos pondrían en riesgo las variedades nativas de maíz que han sido seleccionadas y mejoradas por comunidades campesinas e indígenas usando criterios culturales y ambientales, lo que atentaría directamente contra la soberanía alimentaria y cultural de las comunidades paraguayas”.

Vendiendo aire

Silvia Ribeiro, La Jornada, México, 11 de septiembre. Avanza uno de los más increíbles ataques a los bienes comunes del planeta y la humanidad: la privatización del aire. La principal herramienta para ello es un mecanismo llamado cínicamente REDD (reducción de emisiones por deforestación y/o degradación evitada de bosques), que está entre los puntos clave que promueve el gobierno mexicano en las negociaciones internacionales sobre el clima.

La propuesta de REDD es que como la deforestación es un factor importante de la crisis climática, hay que compensar con dinero a quienes ya no lo hagan. Por ello se llama deforestación evitada: primero hay que deforestar para luego vender el dejar de hacerlo. Un típico escenario “ganar-ganar”, como dicen los empresarios y sus ONG amigas. Ganan los talamontes al deforestar y ganan por dejar de hacerlo. Quienes más se benefician son los que más bosque y selva hayan destruido. Y que podrán seguir haciéndolo, ya que REDD acepta que dejando apenas 10% del área original se cuente como deforestación evitada.

La actualización del programa original, REDD++, incluye pagos por acrecentar los inventarios de carbono y pagos por conservación y manejo sustentable del bosque. Además de deforestar, se establecen en su lugar monocultivos de árboles, otra fuente de lucro adicional, con fuertes impactos ambientales y sobre las comunidades.

Lo más perverso de este mecanismo es lo que llaman conservación y manejo sustentable, porque apunta directamente a despojar a las comunidades indígenas y campesinas de sus derechos y territorios.

REDD propone que, como se paga, lo que se haga con el bosque y su capacidad de absorción de dióxido de carbono debe ser verificable, es decir, definido por agentes externos a las comunidades. Significa pagar caro a expertos para que les digan qué pueden o no hacer en sus propios bosques y territorios, y firmar voluntariamente (o engañados por instituciones gubernamentales y ONG que gestionan estos programas) la alienación de su manejo autónomo del territorio, para poder cobrar unos pesos por la supuesta capacidad de absorción de sus bosques. Esa capacidad la compran empresas altamente contaminantes y grandes emisores de gases con efecto de invernadero, para seguir contaminando con la justificación (no probada científicamente, pero muy lucrativa) de que en otra parte del mundo habrá un bosque que absorberá sus emisiones. Esto entra en un mercado secundario de créditos de carbono donde la misma empresa puede revender a otros por un precio mayor, recuperar toda su inversión y además ganar dinero extra. El mayor volumen monetario de los mercados de carbono es la especulación secundaria, es decir, la venta y reventa de, literalmente, puro aire.

Este tipo de mercantilización y especulación ya existía antes de REDD, con el pago y comercio de servicios ambientales. Con REDD, se trata de consolidar globalmente una nueva forma de derechos de propiedad. No la propiedad directa del bosque, sino la de derechos de emisión de éstos, para comerciarlos en un mercado muy especulativo.

Así, las empresas más criminales del planeta, además de devastar enormes zonas con sus actividades, calentar el planeta y maquillarse de verde comprando créditos de carbono, reclamarán la propiedad de facto de los bosques, porque aunque las comunidades sigan teniendo sus títulos de propiedad, no podrán tocarlos ni decidir nada sobre ellos.

Un ejemplo reciente: el 7 de septiembre, la Red Indígena Ambiental y Amigos de la Tierra Internacional denunciaron que el proyecto REDD más grande hasta el momento, 100 mil hectáreas en Rimba Raya, Borneo, es financiado por la Shell, Gazprom y la Fundación Clinton. En realidad no es financiación, sino inversión, ya que Shell y Gazprom seguirán lucrando con sus actividades contaminantes (que producen más calentamiento global) y ganarán millones de dólares vendiendo esos créditos de carbono en el mercado secundario. Reuters estimó que en ese proyecto se podrían captar más de 750 millones de dólares en 30 años.

Tom Goldtooth, de la Red Indígena Ambiental, declaró: Shell ya cometió genocidio del pueblo ogoni, en Nigeria, y ecocidio de la cuenca del Níger. REDD hace posible que ésta y otras empresas sigan con la extracción de combustibles fósiles mientras continúan destruyendo el clima y a los pueblos indígenas. La mayoría de los bosques del mundo están en territorios nativos. Los proyectos tipo REDD han resultado en despojos de tierras, violaciones de derechos humanos, amenazas a la sobrevivencia de nuestras culturas, militarización, engaños y servidumbre.

En México, los que promueven este lucrativo negocio de las trasnacionales junto al gobierno, antes gestionaban contratos de biopiratería, luego metieron a comunidades a la venta de servicios ambientales y ahora, consecuentes, promueven REDD++.

Por todo esto, la Vía Campesina, en su convocatoria a movilizarse frente a las negociaciones sobre el clima, de diciembre en Cancún, llama a denunciar y oponerse a REDD y a los mercados de carbono, una demanda que también expresó claramente la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático, en Cochabamba. l

Rumbo a Cancún

La Vía Campesina presente en la 6ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

Magdalena Ocotlán, Oaxaca. México, 11-12 de septiembre. Una delegación de la Vía Campesina, compuesta por delegadas y delegados de Estados Unidos, el País Vasco y diferentes partes de México llegó a la comunidad de Magdalena Ocotlán, en la región de Valles Centrales de Oaxaca, para solidarizarse con el movimiento de los Afectados Ambientales en su 6ª Asamblea Nacional. Este movimiento es un esfuerzo a nivel nacional para vincular las distintas luchas ambientales y para fortalecer la unidad del campo y la ciudad para enfrentar la terrible y devastación ambiental provocada por este sistema capitalista de destrucción y despojo.

Representantes de organizaciones, movimientos sociales y comunidades de México presentaron casos de devastación ambiental y humana creada por las mineras, las plantaciones transgénicas, los basureros, los despojos, la contaminación de aguas y tierras, entre otras causas. Además dieron a conocer sus luchas, explicaron cuales acciones organizativas están tomando en sus comunidades para frenar estas catástrofes. La Asamblea se expresó en contra del sistema neoliberal y las empresas trasnacionales que son responsables de la crisis climática.

En sus intervenciones ante la Asamblea, los delegados de La Vía Campesina ofrecieron sus experiencias para plantear que la lucha campesina y la lucha de los afectados ambientales van por el mismo camino, rechazando las prácticas que están destruyendo al planeta y proponiendo la soberanía alimentaria y la protección comunitaria de recursos naturales.

Carlos Marentes de la Unión de Trabajadores Agrícolas Fronterizos, basada en El Paso, Texas, en su intervención ante la Asamblea, dijo que “los migrantes son también víctimas de la crisis climática y por tanto los movimientos de los migrantes deben hacerse escuchar en Cancún”. Señaló que en el mundo hay 210 millones de migrantes, y que muchos se trata de desplazados de sus tierras por la sequía, las inundaciones, la contaminación del agua y la degradación del suelo, que ya no pueden sobrevivir en sus comunidades y “tienen que emigrar a las sociedades del Norte donde son rechazados y reprimidos”.

Celerino Tlacotempa, coordinador estatal de Guerrero de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), habló de las acciones que está tomando la gente de su región para combatir el cambio climático. Luchan por la recuperación de suelos mediante la integración de materia orgánica al suelo, la recuperación y mejoramiento de sus semillas y maíces nativos y educación y formación sobre la amenaza de los transgénicos. “El rescate de nuestras semillas y comida tradicional, y la resistencia en contra de las semillas transgénicas, son fundamentales para enfrentar a las empresas trasnacionales”.

El coordinador de la Vía Campesina Región Norteamérica, Alberto Gómez, hizo un fuerte llamado a sumar las luchas de los campesinos, indígenas y todos los afectados ambientales para realizar miles de protestas y miles de acciones en contra de los gobiernos y las grandes empresas culpables de la devastación ambiental y como consecuencia, del calentamiento global. En cuanto a la movilización hacia la COP-16 en Cancún, dijo “Nosotros rechazamos las propuestas de los gobiernos en las negociaciones de la COP-16, como el programa REDD, los agrocombustibles, los transgénicos y la geoingeniería. En lugar de enfrentar a la crisis climática, estas iniciativas son nuevas fuentes de negocios y son falsas soluciones”.

En la mesa de trabajo sobre el camino hacia la COP-16, los asambleístas discutieron apasionadamente un plan de acción rumbo a Cancún y se decidió una comisión de la asamblea misma, para organizar las caravanas internacionales y lograr, juntos con La Vía Campesina, visibilizar las luchas contra la devastación ambiental en México ante la comunidad internacional. Así se inicia el proceso rumbo a Cancún, con la celebración de asambleas regionales, del trabajo de planeación y definición, del inicio de las caravanas en San Luis Potosí, Guadalajara y Acapulco rumbo a la ciudad de México para llevar a cabo una mega marcha por la vida y la justicia ambiental y social el 30 de noviembre. Esta mega marcha ciudadana, con la participación de sindicatos como el SME, los maestros de la CNTE, los mineros de Cananea y muchísimos movimientos sociales y políticos de México, es para llamar la atención del mundo que el pueblo se moviliza hacia Cancún para desenmascarar las falsas soluciones y plantear la alternativa de los pueblos para enfriar el planeta.

Una vez celebrada la mega marcha en la ciudad de México, las caravanas avanzarán hacia el sur, atravesando pueblos donde se llevan luchas de enorme importancia en contra de la destrucción ambiental capitalista, para llegar a Cancún el 3 de diciembre.

Además, se informó de la conformación de otras caravanas, una de las cuales partirá de Chiapas. Una vez que las caravanas han llegado a Cancún, se instalará el Foro Global Alternativo por la Vida y la Justicia Ambiental y se realizarán una serie de movilizaciones que tendrán su expresión máxima el 7 de diciembre con la Marcha de La Vía Campesina. Ese día, simultáneamente, se celebrarán a cabos acciones, movilizaciones y actos culturales en Estados Unidos, Canadá y muchos otros lugares, haciéndose eco al llamado de La Vía Campesina de realizar miles de Cancún por la vida y la justicia ambiental.

Finalmente, ante una asamblea abarrotada de mujeres, campesinos, indígenas, niñas y niños y activistas de los movimientos sociales, la representante de la Mesa 2 declaró: “La ruta a Cancún sólo es un momento en la lucha… la asamblea aprueba avanzar más allá de Cancún con La Vía Campesina para lograr cambios en contra de la destrucción ambiental y para mejorar las condiciones de nuestro planeta”. l

7 de diciembre
¡miles a Cancún por la vida
y la justicia social y ambiental!
¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

Motines en Mozambique por comida

El rostro verdadero del calentamiento global

Raj Patel, The Observer, 5 de septiembre. Éste fue un verano de temperaturas récord. Japón tuvo su verano más caliente registrado, pero también el sur de Florida o Nueva York. Entretanto Paquistán y Níger están inundados y el este de los Estados Unidos seca con trapos tras el huracán Earl. Ninguno de estos sucesos en lo individual puede, en definitiva, ser atribuido al calentamiento global. Pero para saber cómo actuará el cambio climático en el siglo XXI no se consultar al meteorólogo. Con tan sólo mirar las muertes y las quemas de llantas de los motines en Mozambique nos podemos percatar de lo que ocurre cuando fenómenos naturales extremados interactúan con sistemas económicamente injustos. Las causas inmediatas de las protestas en Maputo, capital de Mozambique, y en Chimoio, a unos 800 kilómetros al norte, fueron un incremento del 30% en el pan, que se conjuntó con incremento de dos dígitos en agua y electricidad, incremento que muy pocos mozambiqueños pueden pagar cuando se gastan tres cuartas partes del presupuesto familiar en comida.

Otras razones para el aumento súbito en los precios deviene de que los precios del trigo en los mercados globales se dispararon durante el verano, en parte porque Rusia, el tercer exportador más grande del mundo, sufrió incendios catastróficos en sus principales áreas de producción. Estos incendios, a su vez, se originan en una pobre infraestructura de combate al fuego, y con la peor ola de calor en más de un siglo. En respuesta a las nuevas oleadas de calor, el primer ministro, Vladimir Putin, prolongó el freno a las exportaciones de su cinturón cerealero enviando señales adicionales a los mercados de que el trigo ruso no estará disponible fuera del país. Mozambique importa más de 60% del trigo que su pueblo necesita, por lo que el país es rehén de los mercados internacionales. l

¿Crisis alimentaria o negocios para variar?

GRAIN, septiembre de 2010. La narración de la “crisis alimentaria de 2010” ya se va forjando: la sequía en Rusia dispara una prohibición a las exportaciones, lo que dispara un repunte en el precio del trigo, lo que conduce a una inflación alimentaria mundial y, como efecto, motines en las calles de Mozambique. Suena muy parecido a las vacías historias de 2008, excepto que esta vez la distorsión es más grave.

Las noticias de Rusia no tienen que ver con la crisis alimentaria: son los agronegocios. Sí, hay un vínculo con las protestas en Maputo, pero no es suficiente la sequía o la prohibición de exportaciones decretada por Moscú, para explicarlo.

El precio del trigo en los mercados internacionales ya había trepado antes de que el Kremlin prohibiera las exportaciones de trigo el 5 de agosto. Entre principios de junio y finales de julio subió 40% en Chicago y 80% en París. Pero fue en Rusia donde los precios del trigo se treparon a la azotea —subiendo más de 100% conforme se instaló la sequía, según afirma un economista de la FAO.1

Mucho se ha dicho acerca del papel de los especuladores internacionales en elevar los precios del trigo, y esto pesa. Pero el mercado ruso no es accesible a tal especulación. Es otra la especulación que incide en esto. A lo largo de los últimos años, los inversionistas extranjeros y los magnates locales han estado comprando tierra de cultivo rusa, sobre todo para producir trigo. Han emprendido “consorcios agrícolas” integrados verticalmente, particularmente en el cinturón cerealero del sur donde ahora ellos controlan entre el 40 y el 50% de la producción de granos.

Conforme la sequía se expandió, las corporaciones agrícolas retuvieron sus cosechas y exigieron precios más elevados.2 El gobierno ruso no intervino, aun cuando podría haber suministrado algo de sus cuantiosas reservas de trigo al mercado. Moscú tiene un fondo de intervención de granos de más de 9 millones de toneladas y sus reservas rebasan los 21 millones de toneladas, lo que es mucho más de lo que se necesita para garantizar el amplio abastecimiento interno de trigo.

Sólo se movió el Kremlin cuando quienes se llevan las ganancias comenzaron a afectar a los comerciantes de granos que estaban amarrados por contratos de exportación firmados antes de que comenzara la sequía. Glencore, una compañía suiza que es el exportador más grande de Rusia estuvo a punto de perder millones. “Algunas compañías ya enfrentaban el hecho de que los contratos para abastecer de trigo en julio-agosto habían fijado un precio de 160-170 dólares por tonelada, y ahora el grano no podía conseguirse por menos de 220 dólares la tonelada, lo que fuerza a los exportadores a cumplir sus contratos con pérdidas”, dijo Nikolai Demyanov, ejecutivo adjunto en jefe de la subsidiaria rusa de Glencore, International Grain Co.

Según los informes procedentes de Rusia y de la prensa internacional, el 3 de agosto, Demyanov hizo presión en el Kremlin para que se decretara una prohibición de las exportaciones, lo que permitió que Glencore cancelara sus contratos de exportación por lo que se conocen como causas de fuerza mayor —circunstancias fuera de su control.

“El gobierno debería establecer una prohibición temporal sobre las exportaciones de grano, inmediatamente; debe ser una prohibición y no sólo mayores aranceles de exportación porque éstos últimos no son una causa de fuerza para los exportadores”, dijo Demyanov en un correo electrónico.3

Dos días después el Kremlin hizo exactamente lo que pidió Glencore. El presidente ruso, Dmitry Medvedev, hizo incluso un anuncio público para asegurarse que los clientes de Glencore habían captado el mensaje: “Esto es una causa de fuerza mayor, una circunstancia imprevisible”.4

Las corporaciones agrícolas rusas, algunas de las cuales son importantes comercializadoras de grano, no se sumaron al entusiasmo por la decisión. Pero esto les convenía más que liberar gran cantidad de trigo de las reservas, dado que pudieron seguir vendiendo a precios altos en el mercado local. Además, junto con la prohibición a las exportaciones, el Kremlin comprometió mil millones de dólares en subsidios y préstamos a bajo interés a los productores de granos. La mayor parte de este dinero irá a parar a las corporaciones agrícolas que ya hablan de sacar ventaja de la crisis para expandir sus posesiones de tierra.5 Una de las compañías que está comprando tierra de cultivo en Rusia es nada menos que Glencore.6

La prohibición significa poco para los consumidores rusos que ya tienen que enfrentar una inflación rampante en los precios de los alimentos, y no sólo para los granos. La compañía francesa de lácteos, Danone, que recientemente asumió el control de una cuarta parte del mercado nacional de lácteos, utilizó la sequía como excusa para elevar sus precios al mayoreo en 31%.

Los grandes perdedores de todo esto, como siempre, son los países pobres que esperaban embarques de trigo ruso. Desde 2000, las corporaciones del agronegocio, con mucho respaldo de Moscú, han hecho de Rusia el exportador de trigo barato más importante del mundo. El crecimiento de los mercados de Rusia se basa en los países pobres que son excesivamente dependientes de las importaciones de trigo, como el sureste asiático y el norte de África. Por estas “causas de fuerza mayor” no sólo perdieron sus contratos de trigo ruso, sino que tuvieron que arreglárselas para firmar nuevos contratos con los mismos comerciantes en granos a precios mucho más altos, dado que en el tiempo que medió, los especuladores en el mercado internacional elevaron desmedidamente el precio del trigo.

Los costos son enormes para países que apenas si pueden costearlo. Para cubrir un contrato en el que perdió 100 mil toneladas a 210 dólares la tonelada, Jordania tuvo que pactar un nuevo contrato a 324 dólares por tonelada. Bangladesh tuvo que negociar la cancelación de contratos de 345 mil toneladas de tigo ruso. Egipto, el principal importador de trigo ruso, compró 540 mil toneladas métricas a un precio de 239 dólares por tonelada que tuvo que pagar, a la entrega, a 310 dólares la tonelada. El gobierno de Egipto dice que el precio le añade 705 millones al presupuesto que necesita para subsidiar el pan este año.

La historia real entonces es: en vez de que Cargill, Bunge y Glencore tengan que asumir los costos de sus compras a futuro, lograron pasarle la subida de precios a países como Mozambique y luego cobraron la segunda ronda de la extorsión. “¿Causas de fuerza mayor?” No. Es más como crimen organizado.

Notas:

1 Ver aquí

2 “Grain speculation as prices rise prompts intervention comment”, RT, 4 de agosto de 2010: Ver aquí.

3 Ibid.

4 Dmitry Medvedev, “Kremlin —Opening remarks at meeting on domestic grain market stabilisation”, 13 de agosto de 2010: Ver aquí

5 Isabel Gorst, “Investors fear re-run of great grain robbery, “Financial Times, 6 de agosto de 2010: Ver aquí

6 “Russia. Valars group buys 100,000 hectares of land for grain exports”, Kommersant: Ver aquí.

Declaración de la Asamblea Movimientos Sociales IV Foro Social Américas

¡Nuestra América está en camino!
¡Ñane Amérika TeeOñemongu’ Ehína!

Los movimientos sociales presentes en el IV Foro Social Américas, en Asunción del Paraguay, reafirmamos nuestra solidaridad y compromiso con el pueblo paraguayo, ante la urgente necesidad de avanzar en su proceso de cambios profundos, hacia la recuperación de la soberanía sobre su territorio, bienes comunes, recursos energéticos, en la concreción de la reforma agraria y de la democratización de la riqueza.

Estamos en un continente donde, en las últimas décadas, se ha dado el reencuentro entre los movimientos sociales y los movimientos indígenas, que desde sus conocimientos ancestrales y memoria histórica cuestionan radicalmente el sistema capitalista. En los últimos años, luchas sociales renovadas condujeron a la salida de gobiernos neoliberales y al surgimiento de gobiernos que han llevado a cabo reformas positivas como la nacionalización de sectores vitales de la economía y redefiniciones constitucionales transformadoras.

Pero la derecha en el continente se está rearticulando aceleradamente para frenar cualquier proceso de cambios. Sigue actuando desde sus enclaves político, económico, mediático, judicial, a lo que se suma una nueva ofensiva del imperialismo —incluso militar— en su apoyo. Desde el anterior Foro Social Américas, realizado en Guatemala en 2008, presenciamos el golpe de estado en Honduras, el incremento de la presencia militar estadounidense a lo largo y ancho de nuestra América. Proliferan acuerdos de instalación de bases militares, operan la IV Flota en nuestros mares. Esto constituye un esfuerzo sistemático de desestabilización de la democracia en el continente, cada vez más se reprime y criminaliza a los movimientos sociales.

Denunciamos la ilegitimidad del presidente de facto de Honduras, Porfirio Lobo, al mismo tiempo que reconocemos la resistencia de su pueblo y apoyamos su lucha por una refundación constitucional que establezca una verdadera democracia.

Nos solidarizamos con la lucha del pueblo de Haití, que no necesita una intervención militar y una ocupación económica para su reconstrucción. Por el contrario, exigimos que la soberanía del país sea respectada y que los demás países realicen una cooperación solidaria, en los ámbitos de la salud, educación, agricul-tu-ra y aquellos que requiera. Exigimos la anulación incondicional de la deuda y rechazamos el nuevo proceso de endeudamiento ilegítimo.

Complementando esta ofensiva, continúa la ola de tratados de libre comercio en todas sus variantes. Es esta la característica central de la estrategia de la Unión Europea , la otra potencia neocolonial que opera en América Latina y Caribe. Los brazos ejecutores que son las Instituciones Financieras Internacionales —Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los bancos regionales de “desarrollo” y los grupos bancarios privados— están creando nuevos y enormes endeudamientos con im-pactos directos para los pueblos y la naturaleza.

Todas estas amenazas se vinculan con un mismo modelo de desarrollo primario exportador, excluyente y depredador que se profundiza sobre muchos territorios, expulsa poblaciones, provocando desarraigo y migraciones. La crisis sistémica actual muestra el agotamiento del modelo capitalista —y más específicamente de sus centros de poder: los bancos, las transnacionales y los gobiernos del G8. Hoy más que nunca están visibles sus intentos de arrastrar al mundo entero a un límite, llegando incluso a tener la amenaza de una guerra nuclear por parte de los Estados Unidos.

La defensa de los bienes naturales frente al capitalismo devorador se ha vuelto central y parte de la agenda de lucha de cada vez más organizaciones populares y movimientos sociales. Se refuerza un frente común contra la destrucción de la naturaleza y contra las falsas soluciones del “ambientalismo de mercado” y del “capitalismo verde”, como los mercados de carbono, los agrocombustibles, los transgénicos y la geoingenería, que se impulsan desde los centros del poder ante la amenaza del cambio climático.

Denunciamos que los gobiernos de los países del Norte geopolítico, antes que pensar en enfrentar los graves efectos del cambio climático, están buscando evadir su responsabilidad y desarrollar nuevos mecanismos de mercado de carbono para hacer más ganancias, como el de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), que promueve la mercantilización y privatización de los bosques y la perdida de soberanía sobre los territorios. Rechazamos tales mecanismos.

Exigimos que estos países reduzcan sus emisiones de gases con efecto de invernadero y que se constituya un Tribunal Internacional de Justicia Climática. Reafirmamos las propuestas del Acuerdo de Cochabamba, producto de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y por los Derechos de la Madre Tierra , las cuales reconocen que las soluciones reales frente al calentamiento global son la justicia climática, la soberanía alimentaria, la recuperación de territorios y la reforma agraria, la agricultura campesina y la integración y solidaridad entre los pueblos.

Los movimientos sociales estamos ante una ocasión histórica para desarrollar iniciativas de emancipación a escala internacional. Sólo las luchas de nuestros pueblos van a permitirnos avanzar hacia el ybymarane’y (tierra sin mal) y hacer realidad el tekoporâ (buen vivir). Nos comprometemos a reforzar la lucha por la soberanía de nuestros pueblos, la soberanía alimentaria, la soberanía energética y la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos y su vida y por el reconocimiento de la diversidad sexual.

Construimos alternativas que parten de los acumulados en las resistencias desde la interrelación de diversas perspectivas anticapitalistas, antipatriarcales, anticoloniales y anti-racistas, al mismo tiempo que avanzamos en la búsqueda de otro paradigma centrado en la igualdad, el buen vivir, la soberanía y la integración fundamentada en el principio de la solidaridad entre los pueblos.

Asunción, Paraguay,
15 de agosto de 2010

Fuente: Revista Biodiversidad, sustento y culturas