Ataques, políticas, resistencia, relatos

Perú

Tras la vasta movilización amazónica derogan los decretos de ley 1090 y 1064

A principios de junio, después de que una vasta movilización pacífica de comunidades de pueblos y nacionalidades de la Amazonía peruana iluminara las intenciones gubernamentales de parcelar la selva e instaurar decretos para impulsar el tratado de libre comercio con Estados Unidos, el gobierno de Alan García declaró un Estado de Emergencia que significó en los hechos una sangrienta represión que recorrió los medios de todo el planeta.

Las fuerzas especiales del gobierno peruano arremetieron contra la manifestación pacífica y la represión arrojó un altísimo saldo de asesinatos, heridos y desaparecidos.

Múltiples cartas de adhesión y manifestaciones en otros muchos países, exigieron del gobierno peruano que (en apego a las legislaciones internacionales) respetara el derecho a la libertad de expresión y asociación, y que cesara la persecución y criminalización de quienes se manifestaron. Esas adhesiones rechazaron de modo tajante los decretos legislativos impulsados por el gobierno de García en su intención de firmar acuerdos de libre comercio que abrirán la Amazonía a todo tipo de intereses empresariales. Con tales acuerdos las empresas podrían apoderarse “legalmente” del agua, los hidrocarburos, la biodiversidad, los minerales, las maderas, los saberes y en conjunto, los territorios ancestrales de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía.

Por eso, el 18 de junio, el Tejido de Comunicación (acin), de Colombia, escribía: “De un lado, están quienes promueven el ‘libre comercio’, en guerra abierta contra los pueblos. Han tomado la decisión de parcelar el último pulmón del mundo: la Amazonía, para que avance el ‘progreso’, es decir, para que se exploten bosques, biodiversidad, agua, hidrocarburos y minerales. O sea ¡todo!… Del otro lado, con la guerra en su contra, están los pueblos en resistencia. Por impedir que parcelen la selva, los denominan salvajes y terroristas y los masacran. Pero al final, la farsa queda en evidencia. El 15 de junio a las 2 de la tarde, en la selva del Perú, los líderes indígenas y el gobierno indigno firmaron un acta. Yacen muertos como mártires indígenas en dos bandos. Los de la Amazonía y los que obedecieron, con uniformes del gobierno, la orden de masacrar a sus hermanos. El gobierno derogó algunos de los decretos que parcelan la selva. Los indígenas levantarán el bloqueo cuando esto se cumpla. Tambalea el gobierno ilegítimo de Alan García. Caen ministros. Tenían razón los indígenas. No se puede parcelar la Amazonía ni se pueden tolerar los decretos que ordenan su destrucción y la de sus pueblos. Hay que decirlo con claridad, ahora que está a la vista del mundo: los salvajes, los asesinos, los terroristas, los atrasados son el presidente del Perú, su gobierno y su contraparte de eua, Canadá, la ue, al servicio de las transnacionales que han ordenado el tlc para acabar con la vida”.

Después de una lucha de 71 días, el 18 de junio el movimiento indígena amazónico se anotó un contundente triunfo al lograr que el Congreso de la República derogara los decretos legislativos 1090 y 1064, como informó puntualmente la agencia noticiosa Servindi.

Daysi Zapata Fasabi, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aide-sep), y lideresa del pueblo yine, afirmó: “La lucha y la vida de nuestros hermanos indígenas no ha sido en vano. Hoy se ha demostrado que nuestra lucha es justa y que no ha sido manipulada por nadie” .

“Daysi encabeza actualmente la Aidesep, luego que su presidente Alberto Pizango obtuviera asilo político en Nicaragua debido a la persecución desatada por el gobierno en su contra”, dice el informe de Servindi. No deja de ser revelador que “el parlamentario aprista Mauricio Mulder afirmara que su bancada oficialista votó por la derogatoria ‘no porque los decretos eran inconstitucionales ni porque afecten los derechos de propiedad de las comunidades amazónicas’ sino ‘por estrictas razones de Estado’. Para Servindi, “diversos observadores calificaron de serio revés político el sufrido por el gobierno quién hasta hace unos días acusó de complot al movimiento indígena y lo culpó de promover la desestabilización del país y estar manipulado por intereses extranjeros. El presidente Alan García reconoció una ‘sucesión de errores’ en el manejo de la protesta amazónica y la falta de consulta a los pueblos indígenas, y respaldó el pedido del premier Yehude Simon para derogar ambos decretos. ‘Es mejor una rectificación valerosa que una torpe obstinación’, sostuvo en un mensaje televisado a la nación”.

Según diversas fuentes locales e internacionales el número de muertos es mucho más elevado de lo que han informado y “un elevado número no determinado de muertos indígenas habrían sido ocultados por las fuerzas de seguridad, que acordonaron el lugar de los enfrentamientos e impidieron el registro de las víctimas”.

Prosigue el informe de Servindi: “Pueblos ashaninkas, yaneshas, nomatsiguengas, caquintes y asheninka de la selva central agrupados en la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (arpisc), base regional de Aidesep, iniciaron el bloqueo de vías y amenazaban con tomar las carreteras que suministran de alimentos a la capital”.

Los recuentos afirman que el premier peruano Yehude Simon viajó a entrevistarse con la marcha y “sostuvo un diálogo con los voceros de la selva central con los que suscribió un acuerdo de once puntos. Entre los acuerdos estuvo el pedido de derogar los dos decretos en cuestión y la revisión de los demás decretos en un espacio de diálogo de alto nivel”.

La nota de Servindi afirma que Lidia Rengifo Lázaro, lideresa del pueblo yanesha y coordinadora de arpisc, “saludó el afán de rectificación del gobierno pero expresó su deseo de ver primero la derogatoria para levantar el bloqueo. Rengifo, quien vino acompañada de una comitiva de líderes comunales de la selva central, reiteró que los pueblos indígenas quieren participar en la construcción del desarrollo del país y no somos ningún obstáculo para ello. Y afirmó: ‘No debe haber más derramamiento de sangre y debemos mirar hacia delante’”.

Al tiempo de celebrar la victoria, que los obliga a prestar atención en los meses venideros, Aidesep agradeció la solidaridad nacional e internacional y rememoró la movilización completa.

Fue desde abril que Aidesep emprendió una jornada nacional de lucha contra un paquete de decretos legislativos considerados lesivos a los intereses colectivos de los pueblos indígenas y la Amazonía. Ya el año pasado se había logrado con otra movilización que se derogara el decreto legislativo 1015 —que vulnera los derechos constitucionales de participación y consulta de las comunidades al permitir que una mayoría simple en asamblea privatice las tierras comunales protegidas por legislaciones nacionales e internacionales planteando, ni más ni menos que “para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre las tierras comunales, se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con más de un año”. La lucha se suspendió cuando el Congreso “se comprometió a revisar otros decretos legislativos cuestionados mediante una comision multipartidaria”.

Servindi continúa: “A pesar que el informe de dicha comisión —que recomienda derogar otros cinco decretos legislativos— fue aprobado por el Congreso, no se les dió trámite porque la comisión no tenía facultades ‘dictaminadoras’. Luego de reiterados pedidos al Congreso, Aidesep decidió reiniciar su movilización nacional el 9 de abril de 2009 poniendo en vilo al país al paralizar numerosas ciudades de la Amazonía peruana. Muchos de los decretos legislativos fueron calificados de inconstitucionales por connotados juristas o instituciones imparciales como la Defensoría del Pueblo. Los citados decretos no fueron promulgados por el Congreso sino por el Poder Ejecutivo aprovechando facultades concedidas por el parlamento para adecuar la legislación peruana a la implementación del tratado de libre comercio (tlc) con Estados Unidos”.

Ver Servindi

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Ecuador

El “socialismo del siglo XXI” y la ley de soberanía alimentaria

Fernanda Vallejo. Para superar sus crisis, el capitalismo tiene fórmulas recurrentes, que con cada repetición se tornan más eficaces. Cada vez que el libre mercado exprime al límite las capacidades de producción de seres humanos y naturaleza —cuando es imposible continuar sin rebeliones sociales o naturales y cuando se detiene provisionalmente la capacidad de acumulación y las ganancias—, los grupos hegemónicos recurren al Estado para que se encargue de arreglar el desastre.

De algún modo, hoy estamos viviendo algo así en algunos países de América Latina, bajo la imagen de una oleada de gobiernos “más democráticos”. Estados que ponen “en orden la casa” estableciendo nuevas reglas de juego, nuevos pactos sociales (nuevas Constituciones) y nuevas institucionalidades, que le devuelvan su capacidad de mediación, de una distribución un poco menos injusta de la riqueza.

Estos gobiernos progresistas, en algunos países autodefinidos como “socialistas del siglo xxi”, construyen un discurso en torno al ciudadano (individual) como sujeto de derechos, reivindican la soberanía y restituyen la autoridad estatal; recogen reivindicaciones surgidas desde las organizaciones sociales, como el derecho a participación plena, democracia participativa y soberanía alimentaria, y se apropian de conceptos como revolución, buen vivir y equidad de género. Vaciado todo lo anterior de mucho de su contenido transformador, se alcanza aún cierta adhesión de sectores populares y campesinos a un proyecto de reforma, sin comprometer cambios de fondo.

Varios movimientos campesinos a indígenas que tuvieron un rol fundamental en la lucha contra el neoliberalismo, hallan en estos Estados remozados la posibilidad de conquistar espacios y canalizar demandas largamente reprimidas.

Por su parte los Estados definen acciones tendientes a atenuar niveles extremos de exclusión, recuperan la inversión en educación y salud, y mantienen e incrementan subsidios focalizados o directos a energía, combustibles, inversión en insumos agrarios, etcétera.

Así el Ecuador, donde se acaba de aprobar una ley denominada de Soberanía Alimentaria, aunque su contenido legitima formas de explotación propias del neoliberalismo que en su momento toparon resistencia en las lucha contra el alca y el tlc. Para incorporar estas formas se ha recurrido al uso de un lenguaje lleno de términos que evocan viejas demandas de movimientos y organizaciones sociales: “sustentabilidad, equilibrio ecológico, participación, inclusión, equidad de género”, entre otros. Como por arte de magia y juegos de palabras, los contenidos se vacían y la producción de agrocombustibles se trasforma en una alternativa de futuro para el país frente a la dependencia petrolera y su devastación ecológica. El sistema que encadena la producción agropecuaria a los circuitos agroindustriales se transforma en el “mecanismo de inclusión”, los campesinos libres son sujetados al mercado y esto es mirado como “opción de vida” para el campo.

Mediante la ley se pretende ejercer un férreo control de la semilla, ilegalizando las semillas nativas o “criollas”. Se promueven las medidas sanitarias y fitosanitarias impulsadas por la Organización Mundial de Comercio (omc), el Banco Mundial (bm) y el Fondo Monetario Internacional (fmi) (que vía leyes encuentran menos resistencias), al igual que los conceptos de inocuidad, las mejores prácticas agrícolas, el manejo postcosecha, el procesamiento, en fin, todo el control tecnológico en el producto intermedio y final.

Ante la dificultad de los campesinos para cumplir las nuevas normas, los nuevos empresarios del sector agroalimentario se aprestan a darles ayuda. Les dicen que se asocien (que se encadenen), que se les dará la tecnología, y se les comprará el producto: es la imagen de cadena donde todos se benefician, pero ellos controlan todo el circuito, de la producción al consumo.

Sobre la tierra, la ley recoge la reforma agraria de mercado propuesta hace muchos años por el bm y expresa todo lo que combatimos en el tratado de libre comercio con Estados Unidos que logramos parar. Incorpora como razón de expropiación el que un predio no cumpla su función ambiental. Permite crear de nuevo un mercado de tierras que excluye a los campesinos de su acceso salvo si se endeudan (fragilizando su tenencia) y equipara latifundios improductivos con tierras comunales y territorios indígenas.

Aunque los elementos desarrollados han sido ya adoptados en la legislación de otros países, lo particular del Ecuador es que conjuga todos los elementos promovidos por la omc y el bm: una fusión acabada del esquema completo y con lenguaje progresista. Con esto el Estado cumple las condiciones que requiere para cualquier tratado de libre comercio o convenio comercial.

Esta ley marco, en que se trazan las líneas generales, deja varios temas fundamentales para ser discutidos más adelante al elaborar leyes específicas, lejos de las miradas públicas, que de seguro contendrán elementos presentados en otros borradores.

La Ley de Soberanía Alimentaria y la Ley de Minería son las mejores evidencias del verdadero carácter de proyecto autodenominado “socialismo del siglo xxi”; eso, y las declaraciones públicas del presidente Correa señalando a los indígenas, ecologistas e izquierdistas “infantiles” como los peores enemigos de dicho proyecto político. Pero (más allá del entramado jurídico, con o sin éste) es en estos sectores donde se multiplican y comparten las semillas, las tecnologías, los saberes, los alimentos. Es evidente que el movimiento indígena experimenta un desgaste tras décadas de lucha.

También es cierto que las crisis provocadas por el capital suponen también procesos de construcción al interior de los sectores populares. Por sofisticadas que se tornen las formas de explotación, la soberanía más básica, la del alimento, provoca nuevas respuestas en lo cotidiano. Tejidos comunitarios rurales y urbanos, experimentan activas dinámicas de encuentro y alianza, cada vez son más y más visibles los circuitos de economía solidaria que se tejen entre el campo y la ciudad. Es más que una utopía deseada: es la única vía posible de existencia. Día tras día, los campesinos encuentran en sus propios saberes, la vía para recuperar autonomías, territorios, medios propios de producción.

Las tecnologías del capital no son un dogal inevitable. Producir alimentos sanos y soberanos es una tarea que no se detiene. Se configuran nuevos colectivos urbanos, cada vez son más frecuentes las ferias donde se comparten productos, pero también relaciones, confianza, dignidad y autonomía.

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“Ningún proyecto de muerte”

Ojarasca, con información de Conaie, Ecuador. A principios de mayo el Ministerio de Minas y Petróleos y Petroecuador, del gobierno ecuatoriano, dispuso reanudar “las operaciones determinadas en los contratos de participación para la exploración y explotación de hidrocarburos en los bloques 23 y 24 de la Región Amazónica”.

Para los pueblos indígenas que habitan sus ancestrales territorios en la Amazonía esto es un llamado a declararse en “máxima alerta” en defensa de su vida, su territorio y la biodiversidad como lo declararon el Consejo de gobierno de Sarayaku (legendaria comunidad que ha resistido varios años a la petrolera cgc) y los gobiernos de la nacionalidad achuar y shuar (fipse-fisch), que resisten hace muchos años a Burlington, condenada por el Tribunal Constitucional en 1998 por violar derechos colectivos de los pueblos del Bloque 24. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó también Medidas Provisionales a favor de los pueblos afectados por el Bloque 23.

Así, los kichwa, shuar y achuar rechazan rotundamente la resolución del Ministerio de Minas, exigen el cumplimiento de las medidas provisionales dictadas por las instancias internacionales y por el Tribunal Constitucional ecuatoriano, y denuncian la “actitud arbitraria del gobierno”. Ésta es contradictoria con los avances en el diálogo con los diferentes ministerios y con el cumplimiento de las medidas provisionales, particularmente el retiro de la pentolita del territorio de Sarayaku, propiedad la empresa CGC (y que mantiene en grave riesgo a la comunidad por ser un poderoso explosivo que la empresa “abandonó” hace años en la comunidad al verse obligada a retirarse por la resistencia de Sarayaku.

Por eso, declaran: “No aceptaremos ningún proyecto de muerte en nuestro territorio que pretenda romper la continuidad de vida del presente, y de las futuras generaciones a las que hemos protegido y defendido con grandes esfuerzos, sacrificio sobrehumano y con el costo de muchas vidas”.

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El mito de la Jatropha

Elizabeth Bravo, Acción Ecológica, Ecuador. En años recientes todos los países de América Latina han adoptado políticas para promover de manera acelerada cultivos para producir agrocombustibles con justificaciones ligadas a garantizar la soberanía energética y/o enfrentar el cambio climático, y como respuesta a la crisis del agro que viven muchos países del Tercer Mundo.

La crisis alimentaria mundial, que se evidenció con más fuerza en 2007, ha obligado a revisar estos planteamientos, pues es imposible no asociar las variaciones en el precio de los alimentos con el uso de granos en la producción de etanol y agrodiesel.

En varios círculos se ha empezado a promover las llamadas “tierras marginales”, donde aparentemente no hay agricultura, para producir agrocombustibles. El argumento es que se estaría “reactivando la economía local sin afectar la producción de alimentos, porque esas zonas son improductivas”.

Entre las especies propuestas se destaca la jatropha o piñón. Muchos mitos se han levantado alrededor de esta planta: que no requiere suelos fértiles para crecer, ni de grandes cantidades de agua, que no existen plagas conocidas que la ataquen. Se ha llegado a decir que es un árbol con vocación tercermundista, porque abrirá fuentes de trabajo para los campesinos y mercado para sus productos. El planeta se beneficiará porque se frenará el calentamiento global; las plantaciones de jatropha mejorarán las calidad del suelo, dicen. Antes cabe preguntarnos si esas llamadas “tierras marginales” son en realidad improductivas, o son zonas que no se han insertado a la agricultura industrial. Veamos lo que ocurre en dos provincias ecuatorianas, víctimas de este modelo: Manabí y Loja.

Éstas son zonas donde se conserva una biodiversidad agrícola muy bien adaptada a las condiciones áridas, en donde prevalecen variedades endémicas, y donde las poblaciones han desarrollado sistemas productivos armónicos con los bosques secos, como la extracción de productos del bosque como la lana de ceibo, plantas medicinales y frutas silvestres, y la cría de chivos. Las comunas del sur de Manabí son descendientes de los pueblos donde se han registrado los más antiguos indicios de agricultura en América del Sur, y hasta nuestros días mantienen sistemas ancestrales de manejo de agua como son las “albarradas”.

Se dice que la jatropha es ideal para zonas semiáridas, pero en las plantaciones que varias empresas han promovido en estas provincias, se observa que cuando las lluvias faltan, el fruto produce una sola semilla, en lugar de tres que es el promedio. Por eso se necesita usar agua proveniente de carros cisterna cuando la lluvia es escasa, lo que pone a las plantaciones de jatropha en competencia con las humanas en esta zona donde el acceso al agua potable es crítico.

Si bien las empresas no ocupan directamente la tierra de las comunas, han firmado contratos por 20 y 25 años con los comuneros para que planten jatropha y les vendan la producción. Además, las empresas reciben bonos de carbono por la captación de co2, a partir de las tierras y el trabajo de unas comunidades que no tienen responsabilidad en el calentamiento global ni relación con el negocio de los bonos de carbono. Estos contratos de largo plazo bajo criterios completamente ajenos a las comunidades significan en la práctica la pérdida de control sobre su territorio.

Dado que el piñón no es un cultivo como tal, sino una planta que está en proceso de domesticación, la producción de aceite es muy variable y depende mucho de las condiciones climáticas, que son muy variantes en la zona. Sin embargo, los contratos establecen que la producción errática y las pérdidas serán responsabilidad de los comuneros, lo que puede llevarles a endeudarse con la empresa e incluso perder su territorio. Se desconocen los efectos de estas plantaciones a gran escala en los suelos, que por definición son pobres. Los comuneros necesitarán añadir fertilizantes y plaguicidas, porque las plagas y enfermedades emergerán, como ocurre con cualquier monocultivo.

El modelo jatropha que se generaliza apunta a un cambio radical en la forma de vida imperante en la zona. Aunque al principio se generen más ingresos monetarios, si estos proyectos prosperan se estaría poniendo en peligro la supervivencia de las comunidades que han tenido la más larga presencia continua en el Ecuador.

La nueva Constitución del Ecuador incorpora como un eje del modelo económico el “buen vivir” que es un concepto que viene de la cosmovisión andina (en kichwa, sumak kawsay) que establece un nuevo modelo de “relacionalidad” de las comunidades entre sí, y de éstas con la naturaleza, con base en los ejes de la racionalidad andina: la “relacionalidad”, la correspondencia, la complementación, la reciprocidad. ¿Empata el modelo jatropha con el sumak kawsay o el buen vivir? Creemos que la respuesta es no.

La Jornada

 

 

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Comienza el arrebato por tierras africanas

Según muchos indicios procedentes de muchas partes del mundo, una de las tendencias agrarias actuales es que gobiernos e inversionistas privados, con frecuencia asociados, están atropellándose literalmente por comprar, rentar o hacerse de tierra en el extranjero para sembrar y producir alimentos que se regresan como importaciones a los países promotores, o simplemente para hacer dinero de estos negocios. Desde que comenzó esta tendencia con la crisis alimentaria mundial de 2008, la tendencia no amaina sino que empeora. Lo extraño es que los países que ofrecen tierras o aceptan los tratos propuestos de venta o renta ponen a disposición de los nuevos invasores toda clase de privilegios y artilugios legales para que esto ocurra.

Esto lo ha documentado grain desde 2008* y mantiene un sitio [ http://farmlandgrab.org ] para sistematizar un archivo de investigación con ya más de 800 artículos, informes y entrevistas en torno a apropiaciones de tierra por todo el mundo.

Entre las informaciones más recientes, se sabe que inversionistas sauditas le han pedido a Tanzania que les rente 500 mil hectáreas de tierras de cultivo para sembrar arroz y trigo como parte de un plan que garantice abasto alimentario para el reino. La respuesta de los funcionarios de Tanzania es directa: hay 40.5 millones de hectáreas de tierra de labor y Tanzania está lista para hacer negocios y para rentar parcelas de hasta diez mil hectáreas por periodos de 99 años. Trascendió también que varias firmas sauditas comenzaron a invertir en proyectos agrícolas de Indonesia a Etiopía. Indonesia dijo en agosto que el Grupo Saudita Bin Ladin invertiría 4 300 millones de dólares en 500 mil hectáreas para cultivar arroz.

Por otra parte, trascendió que la República del Congo le ha ofrecido a agricultores sudafricanos 10 millones de hectáreas de tierras de cultivo para sembrar maíz y soya, pero también granjas lecheras y de pollos. Según la agencia Reuters, que ha seguido de cerca los casos de apropiación de tierras, éste sería uno de los mayores acuerdos agrarios en el continente africano. Theo de Jager, presidente adjunto de Agriculture SouthAfrica (AgriSA) dijo que el acuerdo se finiquitará próximamente en Sudáfrica y será un contrato por 99 años sin costo alguno, además de otorgarles algunos beneficios fiscales adicionales: “son vacaciones fiscales los primeros 5 años y luego exención de impuestos de importación de todo el equipo y los insumos agrícolas”. Según De Jager unos 1300 agricultores sudafricanos están deseosos de sembrar en la República del Congo. “Hay dos grupos de agricultores interesados”, dijo De Jager a Reuters, “uno que quiere abandonar Sudáfrica y reacomodarse por completo en el Congo para cultivar, y otro que sólo quiere diversificar sus operaciones de cultivo al Congo”.

Mientras tanto, tales operaciones no pasan desapercibidas para los activistas, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales que ya denuncian estos acaparamientos en Egipto, Sudán, Camerún, Senegal, Mozambique y otros países africanos. Uwe Hoering, por ejemplo, un investigador alemán en políticas de desarrollo para varias ong europeas, llama a estas inversiones “una nueva forma de colonialismo agrario”. Hoering dice que estos acaparamientos se hicieron evidentes en África en 2008 como consecuencia de la escalada en pos de agrocombustibles, de la inflación de precios y la supuesta escasez de comida. Aunque las inversiones buscan tierra fértil en otras partes del mundo, el África subsahariana es el destino principal. Las razones son múltiples: “África posee enormes reservas de tierra. Según la fao, sólo el 14% de la tierra apropiada está cultivada. Los gobiernos africanos están deseosos de permitir que estos acaparamientos ocurran en sus territorios”. Entre los candidatos a quedarse con tierra para dislocar sus producciones en África y luego exportarlas de regreso a sus países están varios países industrializados, como Japón, Suecia, China, India y los Estados del Golfo, ricos en petróleo, se interesan en adquirir grandes propiedades en África.

Con información de http://www.commondreams.org/headline/2009/04/20-3 , “Huge Congo land deal for South Africa’s farmers” y “Saudi Investors Eye Leasing Tanzanian Farmland”, Reuters, 15 y 16 de abril, respectivamente

* (ver “¡Se adueñan de la tierra! El proceso de acaparamiento agrario por seguridad alimentaria y de negocios en 2008, GRAIN)

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Declaración del Monte Kenya

La crisis global y la responsabilidad de África

Entre el 23 y el 31 de mayo de 2009, la Red Africana por la Biodiversidad [African Biodiversity Network-abn] reunió, cerca del Monte Kenya, a 25 organizaciones de diez países que trabajan con campesinos y comunidades locales en biodiversidad, soberanía alimentaria, modos de vida, cambio climático, saberes tradicionales, cultura y derechos comunitarios en África.

Estamos profundamente conscientes de que el planeta enfrenta múltiples crisis interconectadas que tendrán un impacto todavía mayor en África, aunque África no sea responsable de estas crisis.

El agudo y devastador impacto de las crisis financiera y alimentaria se conjuntará con el impacto del cambio climático, y nos preocupan los efectos que esta conjunción está teniendo sobre los pueblos de África y su entorno. La gente pierde sus modos de vida, sus casas y sus empleos a ritmo alarmante, mientras los campesinos, los pastores y las comunidades locales tienen que enfrentar cambios impredecibles en su ambiente. Concordamos con los pueblos indígenas que en la declaración de Anchorage, de abril de 2009, afirman que la Tierra ya no está en un periodo de cambio climático, sino de crisis climática.

Estamos furiosos con la crisis financiera que fue provocada por las instituciones financieras globales por su inimaginable acumulación de riqueza al especular con los ahorros duramente reunidos por la gente común. Este desplome económico deja ahora a muchos países en condiciones deplorables y añade otros 104 millones de personas a los mil millones de hambrientos permanentes en el mundo.

Estamos también conscientes de que la crisis de alimentos y las hambrunas recurrentes en África no son algo nuevo. Son algo ocasionado por injusticias estructurales básicas, incrustadas por décadas, y que ahora provocan nuevos niveles de privación por el especulativo comercio con los alimentos en los mercados internacionales.

Para nosotros es intolerable la escala actual del “capitalismo de crisis”. Rechazamos tajantemente el cinismo de las corporaciones que ponen su mira en explotar África aún más —aprovechando las oportunidades económicas que las crisis climática y alimentaria provocan— en vez de intentar resolver estas crisis.

Es claro que la causa subyacente de las crisis es la globalización del sistema industrial, que inevitablemente resulta en la concentración de capital y de poder en manos de unos cuantos, lo que genera una pobreza creciente y una devastación ecológica que tiene como efecto el cambio climático global. Ahora, este mismo pensamiento que produjo estas numerosas deudas tóxicas promueve muchas “falsas soluciones” que sólo exacerban las crisis. Hay una intensa rebatinga por la tierra y la riqueza ecológica de África, y la facilitan los gobiernos —que continúan dominados por los intereses corporativos. Rechazamos entonces estas falsas soluciones entre las que se hallan:

• Los organismos genéticamente modificados (ogm), que nos venden diciendo que van a remediar el hambre y el cambio climático. Los ogm han provocado una contaminación de los cultivos agrícolas y de nuestros alimentos que está sumamente extendida, e incrementan el uso de plaguicidas destructores de la biodiversidad y la salud. El fin último de las compañías productoras de ogm es controlar nuestras semillas y como tal el sistema alimentario, a través del patentamiento de todas las formas de vida. Estos cultivos requieren condiciones de cultivo muy industrializadas, lo que libera enormes cantidades de carbono a la atmósfera y son uno de los factores importantes que contribuyen al cambio climático. Pese a esto, quienes proponen los ogm alegan que pueden hallar remedios genéticamente modificados para el cambio climático y para la crisis de alimentos.

• agra (Como se le conoce a la nueva Revolución Verde en África) es un proyecto que nos está siendo impuesto en África por el esfuerzo de colaboración de la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Rockefeller, el Banco Mundial y las agroindustrias, entre otros actores, que intentan reemplazar las semillas, los cultivos y los saberes de África, por híbridos, ogm, fertilizantes y plaguicidas. Como el sistema industrial requiere grandes extensiones de tierra, agra financia también la puja por cambiar los sistemas de tenencia de la tierra: busca privatizar la tierra alterando lo que fue una tierra bajo la custodia comunal para convertirla en tierra que es mercancía para llenar los bolsillos de los inversionistas. Las contundentes cantidades de dinero e influencia política que están detrás de la Revolución Verde y le dan vuelo, dominan ahora el debate relativo a la agricultura e impulsan derechos más estrictos de propiedad intelectual sobre las semillas, y una débil legislación en bioseguridad. Esto estrecha las opciones con que cuenta África para lograr una soberanía alimentaria a nivel local y a nivel de sus naciones.

• Los agrocombustibles (o biocombustibles) son promovidos por los países del norte como la solución al cambio climático, cual si fueran una alternativa a los combustibles fósiles. Pero eso está disparando un acaparamiento sin precedentes por toda África, lo que conduce a expulsiones forzadas, deforestación y aumento en los precios de los alimentos. Impugnamos el mito, difundido por las corporaciones y los gobiernos corruptos, de que hay mucha tierra libre, disponible, en África. Nosotros en nuestro continente sabemos de los retos y los conflictos que debemos enfrentar al tener que competir por la tierra y el agua. Otras tantas supuestas soluciones al cambio climático sólo crean más oportunidades para hacer negocios, incluidos el biochar, el comercio del carbono y la geoingeniería.

Es claro que estas soluciones propuestas por las corporaciones se basan en adquirir enormes extensiones de tierra y mano de obra barata para su producción de escala industrial, lo que sirve tan sólo para mantener los excesivos modos de vida de las sociedades de consumo y exacerba las crisis tanto en el Norte como en el Sur. Todos estos proyectos alegan ser portadores de progreso para África. Pero no sólo no podrán responder con soluciones al hambre y el cambio climático, los harán peores. Estas falsas soluciones reflejan el cínico intento de las corporaciones por llegar a nuevos mercados y por hacer de las crisis un negocio.

La postura de abn. abn considera que las soluciones al cambio climático y al hambre son la misma: comunidades saludables y flexibles que dependan de una biodiversidad en ecosistemas flexibles.

Estamos seguros que es crucial que los ecosistemas sean saludables y biodiversos, que mantengan un clima estable, algo que con frecuencia se pasa por alto en la mayoría de las predicciones y discusiones acerca del cambio climático. Cuando lidiamos con el cambio climático, debemos reducir nuestras emisiones de carbono, pero es igualmente importante que también impulsemos la biodiversidad. Sólo se obtienen suelos saludables con una agricultura ecológica y con sistemas de vida que capten carbono y tengan al mismo tiempo mayor capacidad de retener agua en tiempos de sequía o inundación.

La soberanía alimentaria a nivel local y nacional requiere cultivos localmente adaptados, una diversidad de animales y sistemas de tenencia de la tierra que permitan que las comunidades produzcan y comercien los alimentos en modos que realmente alimenten a la gente, que promuevan equidad y al mismo tiempo remedien la inestabilidad climática.

Consideramos también que debemos reavivar y fortalecer urgentemente todos los sistemas de gobernanza y saberes ecológicos locales e indígenas, si pretendemos maximizar la capacidad de África para leer, anticipar y adaptarse al cambio climático.

Ha llegado el momento de que los gobiernos nacionales prioricen la regeneración de los ecosistemas, la autogestión de las comunidades y la diversificación de las economías locales, en lugar de promover políticas orientadas a la exportación, acuerdos de libre comercio y la actual ola de expansión del sistema alimentario.

África debe tener el valor de liberarse a sí misma de su legado colonial y construir a partir de su rica herencia, reviviendo la sabiduría de su gente. Ésta es su responsabilidad con las generaciones pasadas y futuras. Si basa su acción en esta riqueza, tendrá la capacidad de buscar soluciones reales y se podrá zafar del modo de pensar que fue el que provocó las crisis.

Aquí, en el lugar de nacimiento de la especie humana, las comunidades africanas se adaptaron y evolucionaron por más de mil años, sin destruir el sistema que impulsó su vida. África necesita reivindicar su responsabilidad y su herencia, e impulsar desde éstas un futuro viable para todos.

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Biochar: ponerle gasolina al fuego

El 6 de abril de 2009 se lanzó una declaración internacional que firmaron 147 organizaciones de 44 países, todas organizaciones que se oponen a la “creciente tendencia y apoyo político que se está dando al carbón vegetal hoy llamado “biochar” (acrónimo de “biological charcoal”, carbón biológico). “Los grupos firmantes de la declaración”, dice un boletín de prensa de Econexus, el Grupo de Reflexión Rural y Biofuelwatch, “se oponen decididamente a la inclusión de los suelos en el comercio de carbono y en mecanismos de compensación, incluyendo el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Los grupos afirman además que ‘la propuesta del biochar no toma en cuenta las verdaderas causas en las que radica el cambio climático’”. Los firmantes van de comunidades de campesinos a organizaciones “que trabajan por la protección de los bosques, redes ambientales internacionales y defensores de derechos humanos” y la declaración contínua abierta para que más organizaciones se unan con su firma.

La declaración lleva por título Biochar, una nueva amenaza para los pueblos, la tierra y los ecosistemas y fue lanzada para que coincidiera con una reunión en Bonn entre delegados de la onu y gobiernos, para discutir un acuerdo post-2012 sobre el cambio climático. “Una de las propuestas que se discutió, es la posibilidad de que se concedan créditos de carbono para el uso de carbón vegetal como aditivo de suelos, con el argumento de que esto creará un sumidero de carbono permanente que contribuiría a reducir el calentamiento global, y a la recuperación de suelos degradados. También se analizó la posibilidad general de incluir los suelos agrícolas en el mercado del carbono. (Los gobiernos de Belice, Gambia, Ghana, Lesotho, Micronesia, Mozambique, Níger, Senegal, Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe, han solicitado la inclusión del biochar en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, es decir, en el comercio de carbono. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación también apoya esta petición.)”

En realidad muchos grupos de la sociedad civil hacen un llamado a la prudencia en torno al biochar por la gran incertidumbre científica que entraña, y que sus promotores maquillan de varios modos. Hay mucha gente preocupada porque “esta tecnología podría tener como consecuencia la conversión de amplios territorios en nuevas plantaciones, repitiendo la serie de desastres provocados por los agrocombustibles. Destacan que los incentivos financieros a gran escala para el biochar podrían resultar en la reconversión de los usos de la tierra a gran escala y en el desplazamiento de personas”.

Helena Paul de EcoNexus afirma que: “La inclusión del biochar y de los suelos agrícolas en los mercados haría de los suelos una mercancía que podría ser vendida para compensar la contaminación en otros lugares. Se pondría en peligro a los pequeños agricultores y a los pueblos indígenas que no pueden competir con gobiernos ni con grandes empresas y correrían el riesgo de ser desplazados de sus territorios si estos son literalmente vendidos bajo sus pies”.

Stella Semino del Grupo de Reflexión Rural de Argentina agrega: “La idea de que el carbón vegetal rescatará al planeta en llamas es absurda. Algunos defensores de biochar hablan de cantidades de carbón vegetal que requerirían más de 500 millones de hectáreas de cultivos industriales de árboles y plantaciones. Ya sabemos que la agricultura industrial y las plantaciones de árboles son una importante causa del cambio climático y del desplazamiento de poblaciones y biodiversidad. Lo que tenemos que hacer es proteger los ecosistemas, y ¡no plantar nuevos enormes monocultivos y luego quemarlos! Es una farsa”.

A fin de cuentas, el famoso biochar que supone desarrollar extensas plantaciones de árboles para después quemar su biomasa hasta convertirla en carbón, y luego enterrarla —lo que supuestamente “secuestra carbón hacia el suelo y le incrementa la fertilidad”, es una extrapolación bastante aventurada de las prácticas ancestrales de ciertos pueblos amazónicos que durante milenios han promovido mayor fertilidad de sus suelos con carbón (la llamada “terra preta” o “tierra oscura”). Pero les llevó milenios el proceso. En cambio, lo que ahora se propone, con gran ignorancia e irresponsabilidad, es extremar la intensidad del proceso (y su escala) para hacerlo “viable” en pocos meses, o semanas, o de manera instantánea. Es decir, el biochar termina siendo uno más de los experimentos industriales, en este caso muy violento y sumamente nocivo, que promueve el monocultivo, los fertilizantes, la homogenización de la biodiversidad y la expulsión de campesinos de sus tierras para supuestamente mitigar el cambio climático con más calor. Como ponerle gasolina al fuego.

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Publicado en Revista Biodiversidad, sustento y culturas #61