Ataques, políticas, resistencia, relatos

México: Flores en el desierto | Colombia: Cauca, se agrava la situación de derechos humanos en el municipio de Suárez | Más de dos mil personas desaparecidas en zona de hidroeléctricas de Colombia | Argentina: ¿Por qué contra los mapuche? (extracto) | Ejército de EU, Gates y Monsanto detrás de transgénicos para extinguir especies | Se profundizan los eslabones de las cadenas mundiales de suministro | La FAO advierte que hay más personas con hambre en América Latina | Veinte años de cultivos transgénicos en Uruguay | México: Los peligros del maiz industrial y sus productos comestibles procesados.

Flores en el desierto:

Ellas son como cualquiera de nosotras. Y no. Han vivido el racismo en su escala más infame. Les han negado historia, lengua y vestimenta, al tiempo que les arrebatan sus territorios, sus centros sagrados, sus ceremonias y sus recursos naturales. Empresas y gobiernos quieren sus aguas, sus montañas y sus vientos. Y ellas, hijas y nietas de mujeres guerreras, se atreven a vaticinar otro mañana para su pueblo y para el país entero, pues no hay día en que no pongan alma y cuerpo para defender lo que es de todos.

No son víctimas. Ni de poderes ni de costumbres. Pero sí están agraviadas. Desafían los destinos impuestos, y han roto con tradiciones locales y globales para construir su propia historia. Son lo que son y lo que de ellas ha hecho la vida, dice Lupita, a quien los paramilitares le asesinaron a nueve familiares.

A Rocío, Magda, Sara y Bettina el gobierno las detuvo y encarceló por el delito de luchar y no dejarse; Gabriela enfrenta al crimen organizado mientras que Mirna y Osvelia a la maquinaria que devora sus territorios, y Lucero a quienes les arrebatan sus plantas medicinales. Marichuy, sanadora y defensora, es su vocera y junto a ellas y otras más pone la vida para construir un mundo más bueno, uno donde, como dicen los zapatistas, quepan muchos mundos, y donde el que mande, mande obedeciendo.

Su corazón es comcaac, yoreme, coca, binizaá, nahua, tsotsil, mazahua, maya y kumiai, aunque no todas guarden la lengua. Padres y abuelos aprendieron a no enseñar, como dice Mirna, para evitarles maltratos en escuelas y ciudades. A Magda, el levantamiento zapatista la hizo recuperar sus trenzas, su enagua y sus palabras. A Rocío la hizo saberse indígena, en un pueblo que el gobierno dice que no lo es.

Todas son integrantes del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), estructura creada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) para visibilizar sus luchas y llamar a la organización de los pueblos, en una iniciativa respaldada por el EZLN que se inscribe en el proceso electoral del 2018, pero que no compite en ese esquema. La toma del poder no es lo suyo. Van por más. Van por todo. Es su tiempo.

El CIG está conformado por más de 200 indígenas de todo México, mitad hombres y mitad mujeres. Son producto de la decisión colectiva del V Congreso Nacional Indígena anunciada en diciembre de 2016. Detener la destrucción y fortalecer resistencias y rebeldías es su horizonte, la autonomía su aportación.

Este trabajo presenta sólo diez historias. Son ellas, sus pueblos y sus luchas en representación de muchas más, incluidas las no indígenas. Flores del bien en tierra que se piensa infértil. Si su voz es nuestra voz, también nuestro es su destino.

Por Gloria Muñoz Ramírez

Flores en el desierto es un reportaje que recoge la historia y la voz de diez concejalas del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), parte del Congreso Nacional Indígena en su apuesta por visibilizar las condiciones de vida de las comunidades originarias y la esperanza de las luchas de resistencia contra los proyectos de muerte en México. Éste es un reportaje realizado por Gloria Muñoz Ramírez para Desinformémonos con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo con fondos de BMZ. Descárguenlo en https://floreseneldesierto.desinformemonos.org/

Colombia | Cauca: se agrava situación de derechos humanos en el municipio de Suárez

Grafitis amenazantes contra pobladores en viviendas, presencia de material de guerra, persecución e intimidación a equipo de Derechos Humanos de ACIN.

El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de Cxhab Wala Kiwe ACIN, manifiesta a los organismos de protección de derechos humanos presentes en el país, a la oficina en Colombia para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU-DDHH, a las entidades estatales, al pueblo colombiano y a la comunidad internacional, nuestra rechazo a las hechos recientes que mantienen y agravan la situación de Derechos Humanos en el cabildo de Cerro Tijeras, municipio de Suárez.

Hechos. El día 23 de enero de 2018, en la vereda Olivares del municipio de Suárez, aparecieron grafitis de las Autodefensa Gaitanistas de Colombia (AGC) intimidando y amenazando a población civil perteneciente al cabildo de Cerro Tijeras. El pasado 15 de enero se dio a conocer por organizaciones sociales del Valle del Cauca una amenaza mediante volante firmada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En esta amenaza se menciona a autoridades y líderes indígenas del norte del Cauca, como el cabildo de Cerro Tijeras —territorio en el que tan sólo hace un mes se dio una masacre de siete personas, desplazamiento y confinamiento parcial.

Los grafitis describen amenazas e intimidaciones a Eider Flor (actual gobernador de Cerro Tijeras), Meraldiño Caviche (defensor de derechos humanos e integrante del equipo de apoyo del Cabildo), Enrique Guetio (defensor de derechos humanos e integrante del equipo de apoyo del Cabildo); también hacen alusión a estos nombres (Daniel G, y Horacio C presidentes de la JAC de la vereda Olivares y Alta Mira respectivamente). Los nombres van acompañados de la siguiente amenaza: “los masacraremos, sapos cabildos”.

También denunciamos que los territorios indígenas siguen siendo utilizados por actores armados. Luego de todas las afectaciones dadas en el mes de diciembre de 2017 y lo que va de enero de 2018, las comunidades, la guardia kiwe thegnas y las autoridades tradicionales de Cerro Tijeras continúan en ejercicio de control y recorrido territorial, en los cuales se siguen encontrando material de guerra que desarmoniza el territorio y la comunidad.

Por determinación de las autoridades espirituales todo objeto de guerra que desarmonice el territorio debe ser remediado por el fuego (quemado). Éste será el destino de lo encontrado.

Debemos denunciar también que, posterior a la misión de verificación del día de ayer 24 de enero, en el camino de regreso la comisión de derechos humanos de la ACIN que se desplazaba en un vehículo de la organización fue objeto de seguimiento e intimidación por tres sujetos desconocidos que se movilizaban en tres motocicletas desde la vereda la Betulia hasta el casco urbano del municipio de Suárez; sujetos de actitud amenazante que siempre cubrieron sus rostros. Este hecho en detalle, puesto en conocimiento de las autoridades indígenas, es motivo de investigación por parte de las mismas.

Las situaciones descritas son evidencia de una problemática que la organización Cxhab Wala Kiwe y el cabildo indígena de Cerro Tijeras vienen denunciando con claridad y que ya es conocida por las autoridades del Estado colombiano. Es URGENTE adelantar las acciones civiles necesarias para brindar protección a la comunidad de Cerro Tijeras y sus autoridades, así como de fortalecer la presencia social del Estado colombiano.

Hacemos el llamado a todos los actores armados a respetar la libre determinación de las comunidades indígenas, su territorio y las autoridades.

Hacemos el llamado a las organizaciones de derechos humanos a permanecer vigilantes y aumentar su presencia de verificación en el territorio.

Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos

CXHAB WALA KIWE ACIN.

Fuente: CENSAT-Agua Viva

Más de dos mil personas desaparecidas en zona de hidroeléctricas en Colombia

Contagio Radio. La misión de observación y verificación sobre las condiciones de búsqueda de personas desaparecidas a lo largo del Cañón del Río Cauca en Antioquia, constató que hay más de 2 mil personas desaparecidas por lo que el proyecto violaría los derechos de las víctimas y de la sociedad en general por conocer la verdad y por ello sería necesario un proceso de búsqueda antes de adelantar la siguiente fase del proyecto de EPM.

La Misión presentó su informe tras la observación de la situación que atañe a la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango que prevé la inundación de 79 KM a lo largo del Cañón del Río Cauca.

De acuerdo con las cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, en los 12 municipios antioqueños que afecta el proyecto hidroeléctrico, se han registrado 2 mil 238 víctimas de desaparición forzada hasta 2017. Además, han sido exhumadas entre 2014 y 2018, 159 cuerpos de los cuales sólo se han identificado 84.

De acuerdo con Verónica Heredia, integrante del grupo que viajó al territorio y abogada argentina, “la desaparición forzada es el peor de los crímenes porque todos los días la persona está desaparecida y todos los días los familiares buscan a esa persona”. Indicó que en Colombia este fenómeno está presente desde hace varias décadas y se desconoce la magnitud real del fenómeno debido a las discrepancias de la información.

A través de diferentes investigaciones, Contagio Radio ha documentado el problema que afrontan miles de víctimas de los 12 municipios que se ven afectados por la hidroeléctrica en construcción. Los familiares de los desaparecidos argumentan que, durante el conflicto armado, “las personas eran asesinadas y lanzadas al río para que se perdieran”.

Por esto, han declarado el Río Cauca como un cementerio y los campesinos y barequeros aseguran que han recogido cuerpos en el río y los han enterrado en diferentes partes del bosque geolocalizándolos por la ubicación de los árboles. Sin embargo, como parte del proyecto de construcción, la empresa EMP realiza actividades de tala y se pierde la oportunidad de encontrar los cuerpos enterrados.

Esto se ha denunciado en repetidas ocasiones por el Movimiento Ríos Vivos compuesto en gran medida por víctimas del conflicto armado. Una de sus representantes, Isabel Cristina Zuleta, manifiesta que la empresa ha revictimizado a estas personas que han sufrido amenazas contra su vida por la labor que realizan.

En el marco de la visita que se realizó al territorio, los integrantes de la Misión evidenciaron que “hay un atropello e irrespeto hacia las víctimas debido a los procedimientos de búsqueda adelantados en la región”. Es una labor que debe realizar el Estado y no la empresa y se deben respetar e incluir a las comunidades y sus tradiciones culturales.

Además, rectificaron que entre 1990 y el 2000 “hubo un tránsito diario de cuerpos en diferentes sectores del río Cauca” y eran personas que fallecieron de manera violenta. Las personas “por motivos espirituales y éticos inhumaron los cuerpos y siempre lo hicieron en la ribera”. También observaron que hay un temor por denunciar estos casos teniendo en cuenta que persiste el conflicto armado en esta región.

Una preocupación grande está relacionada con el hecho de que hay un acuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y la empresa EPM para recolectar la información sobre la presencia de cuerpos sin identificar en la zona de la inundación del proyecto donde la Fiscalía ha realizado 159 exhumaciones.

Les preocupa que la empresa tenga la competencia de concertar la exhumación y trasladar los cuerpos presentes en cementerios de la zona a ser inundada pues se ha convocado a una licitación con diferentes entidades para realizar esta labor y no se ha tenido en cuenta a las comunidades y las familias desconocen lo que sucede con los cuerpos de sus familiares.

Como ya lo ha realizado el Movimiento Ríos Vivos, le solicitaron al Estado Colombiano que “despliegue las medidas de prevención y protección de los territorios que se requieran para garantizar el derecho a la verdad individual y colectiva”. Además, le pidieron que realice la documentación, investigación y dignificación de las víctimas por las graves violaciones a los derechos humanos.

A la sociedad colombiana le pidieron que se solidarice con la situación que padecen las víctimas de desaparición forzada en el departamento de Antioquia en la medida que es necesario, para la consecución de la paz, saber la verdad de los hechos sucedidos. Afirmaron que la movilización social es vital para garantizar los derechos de no repetición.

Finalmente le hicieron un llamado a la empresa EPM para que se abstenga de desarrollar actividades que“afecten la memoria, la verdad y la justicia a través de la recuperación, identificación y entrega de cuerpos inhumados en la ribera del río Cauca o que puedan afectar la investigación, juzgamiento y sanción de hechos violatorios de los derechos humanos”.

Fuente: Desinformémonos

Argentina | ¿Por qué contra los mapuche? (extracto)

Darío Aranda para lavaca.org “Es el blanco elegido por el gobierno nacional y los medios oficialistas”. Todos los pueblos indígenas de Argentina exigen lo mismo: territorio. Tienen distintas metodologías de lucha, pero ninguna provoca tanto recelo (político, judicial, mediático, social) como el accionar del pueblo mapuche. “Terroristas”, “chilenos”, “mataron a los tehuelches”, son algunas de las definiciones que la voz oficial instaló en distintos momentos de la historia y se repiten hasta la actualidad. A dos meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel y luego de la creación de un “comando unificado”, mérito de la ministra Patricia Bullrich, avanza en la criminalización. Racismo, derechos vulnerados y el fondo: el territorio en disputa.

Enero, agosto y noviembre de 2017. Tres momentos: feroz represión contra el Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut), desaparición de San-tiago Maldonado y asesinato de Rafael Nahuel (en Villa Mascardi, Río Negro). Como nunca antes, los medios de comunicación hicieron foco en “los mapuche”. La situación mapuche se instaló, de la peor forma, en la agenda nacional.

Diana Lenton, doctora en antropología y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, señala que la avanzada contra el pueblo mapuche tiene una base fundamental en el racismo. Explica que las comunidades mapuche tienen los mismos reclamos que el pueblo qom, pero expresan su mensaje de manera diferente, “de igual a igual” frente al no mapuche. “La mirada racista no tolera que un indígena se posicione de igual a igual”, afirma.

Lenton destaca que muchas personas suelen decir que no son racistas porque “ayudan” a un grupo determinado, pero cuando el destinatario sale de esa situación todo cambia. “Toleran al ‘otro’ cuando está debajo de uno, pero no toleran que ese otro lo trate de igual a igual”.

Integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Político Indígena, agrega que existe una generación de dirigentes mapuche muy preparada, con formación política y universitaria, y eso aumenta el recelo racista. Y esos líderes mapuche tienen buen manejo de oratoria y de los medios de comunicación, con lo cual su discurso es más efectivo que quizá otros pueblos.

Territorios y corporaciones. Existe una coincidencia en que un elemento central es la disputa por el territorio, con actores que avanzan sobre los derechos indígenas (petroleras, mineras, grandes estancias; siempre en articulación con sectores políticos y judiciales). “Hay que tener presente qué empresas y qué actividades económicas quieren desarrollarse en los territorios donde viven las comunidades mapuche”, alerta Lenton.

Lefxaru Nawel, integrante de la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén, confirma el rechazo al fracking (en particular en Vaca Muerta), a la minería y a las represas, que desalojan e inundan territorios ancestrales. Y destaca otro factor particular del pueblo mapuche, las “recuperaciones territoriales”, cuando las comunidades identifican un lugar ancestral hoy en manos de grandes empresas o terratenientes, y deciden volver. Si bien existen algunas experiencias de recuperaciones territoriales de otros pueblos (comunidades pilagá en Formosa), es mucho más propio del Pueblo Mapuche. “Hace más de 25 años que las comunidades decidimos hacer uso efectivo de nuestros derechos y volver a los territorios que nos pertenecen”, aclara Nawel.

Colonización tardía. Lefxaru Nawel no duda de que en los últimos meses hubo una campaña política y mediática para criminalizar y reprimir a las comunidades originarias de la Patagonia. “Recién han pasado 130 años de la finalización de la conquista, en manos del Estado argentino, mientras los pueblos indígenas del norte argentino lo sufrieron hace 300 o 400 años, en manos de los españoles”, recuerda. Y, por otro lado, puntualiza que el pueblo mapuche tiene la particularidad de plantear la necesidad de una nación, no en términos secesionistas, sino de soberanía en territorios, autonomías, con autoridades propias. “Es un planteo que lleva a un debate profundo sobre el Estado plurinacional. Quizá otros pueblos no lo proponen tan abiertamente y eso lleva a que sectores reaccionarios tomen posturas represivas”, afirma.

La versión completa puede consultarse en lavaca.org y en biodiversidadla.org

Ejército de EU, Gates y Monsanto detrás de transgénicos para extinguir especies

Por Silvia Ribeiro*

Mediante pedidos de acceso a información pública, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Red del Tercer Mundo y el Grupo ETC, obtuvo más de mil 200 correos electrónicos de investigadores de universidades públicas de Estados Unidos que revelan que el Ejército de ese país es hoy el principal financiador global de la controvertida tecnología de impulsores genéticos —gene drives en inglés ( https://tinyurl.com/ybusbtxq). Se trata de una forma de ingeniería genética para engañar las leyes de la herencia, de forma que un rasgo transgénico se trasmita por fuerza a toda la descendencia de plantas, insectos o animales. Se propone para extinguir especies enteras consideradas plagas, como mosquitos, ratones y malezas. Entre los consultores del ejército sobre esta tecnología aparece un alto ejecutivo de Monsanto ( http://genedrivefiles.synbiowatch.org/).

Tal tecnología entraña enormes riesgos para la naturaleza y las personas, ya que eliminar totalmente una especie tendría impactos sobre muchos otros elementos del ecosistema. Es la primera vez que se desarrollan organismos manipulados con ingeniería genética (en este caso con CRISPR-Cas9) para manipular la vida silvestre. A diferencia de los transgénicos cultivados —que aunque contaminan otras plantas, hay que sembrarlos y encuentran algunas barreras evolutivas naturales— los organismos con impulsores genéticos están diseñados con el propósito de reproducirse y diseminarse agresivamente en la naturaleza, trasmitiendo a toda su progenie el rasgo transgénico (no en 50% como sería normal). Con pocos individuos manipulados se podría afectar toda una población o hasta una especie entera. Si eso fuera posible ¿quién puede definir qué especies son dañinas y deben ser eliminadas? Para Monsanto, todo lo que no sean sus propias semillas en el campo, son plagas. Para los campesinos y la agroecología nada sobra y todo es parte de una totalidad funcional que debe estar equilibrada para que no se convierta en plaga.

Pensar que esta tecnología tan riesgosa está en manos de una transnacional que sólo piensa en el lucro es muy preocupante. Saber que esta tecnología se desarrolla a partir de intereses militares estadounidenses es aterrador y debería motivar su inmediata prohibición. Por estas preocupaciones, 160 organizaciones de todo el mundo plantearon en el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) en 2016, durante su reunión en Cancún, México, que se debía establecer con urgencia una moratoria ( https://tinyurl.com/yakgwsbz).

Los correos obtenidos muestran también que la Fundación Bill y Melinda Gates, el más importante financiador privado de esta nociva tecnología, pagó 1 millón 600 mil dólares a una organización de cabildeo (Emerging Ag) para descarrilar la aprobación de la moratoria sobre impulsores genéticos en el CDB en su 13ª. reunión en Cancún, y para promover que 65 científicos y funcionarios favorables a la tecnología, actuaran como asesores independientes en los foros y otros trabajos actuales del CDB en este tema. ( https://tinyurl.com/ycnadxqj) Algunos de estos investigadores fueron aceptados en el Grupo de expertos del CDB sobre biología sintética (AHTEG), sin declarar que están pagados para desarrollar la tecnología, incluso por agencias militares estadounidenses. La Fundación Gates y los institutos de Salud de Estados Unidos han invertido 75 millones de dólares en el proyecto Target Malaria, que propone extinguir con esta tecnología el mosquito que trasmite la malaria.

El ejército de Estados Unidos, por medio de su Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés) creó el programa Safe Genes, enfocado a la edición genómica, principalmente en impulsores genéticos, tanto para usos benéficos, como para atender potenciales preocupaciones de salud y seguridad por su mal uso intencional o accidental. Según revelan los correos obtenidos, la agencia estaría financiando proyectos y varios investigadores por hasta 100 millones de dólares. Se sabía que financiaba siete proyectos por 65 millones de dólares. ( https://tinyurl.com/yc5s7oed). El dato nuevo no es solamente la mayor cantidad de dinero, sino que DARPA está financiando proyectos y/o investigadores en todas las instituciones que trabajan con impulsores genéticos, no sólo en Estados Unidos, también en Australia y Reino Unido, algunas de las cuales planean hacer ensayos de campo en países africanos. Estos ensayos serían a su vez parte del programa Target Malaria financiado por la Fundación Gates. El involucramiento militar coloca el experimento —ya señalado de alto riesgo— bajo una óptica geopolítica nueva y muy preocupante. DARPA financia también a los dos laboratorios que tienen las patentes mundiales sobre CRISPR-Cas9 (en UC Berkeley y Harvard/MIT), además de ser el financiador del proyecto GBIRD (Biocontrol genético de roedores), coordinado por una ONG conservacionista, que trabaja en crear ratones que no puedan procrear hembras, para extinguir la especie.

Hasta ahora, el argumento de sus proponentes es que la tecnología se desarrolla para fines de conservación o salud, pero ha eludido la discusión de que la misma tiene además usos hostiles y militares. Aunque DARPA asegura que su proyectos son para defensa, la línea entre uso hostil o defensivo es virtualmente inexistente: es la misma tecnología. Lo cual la convierte en una amenaza inaceptable y reaviva la necesidad de medidas urgentes y enérgicas de parte de Naciones Unidas para prohibir su uso, lo cual quizá no pueda controlar su desarrollo militar que podría seguir en secreto, pero sí impedirá que se siga desarrollando por agentes públicos y privados.

*Investigadora del Grupo ETC - http://www.jornada.unam.mx/2017/12/09/opinion/023a1eco

Se profundizan los eslabones de las cadenas industriales de suministro

A fines de noviembre de 2017, El Grupo Bimbo formalizó un acuerdo con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) “con el objetivo de estimular las prácticas ‘sustentables’ de agricultura para garantizar la seguridad alimentaria de la creciente poblacion de México y América Latina”, en palabras del Sitio Electrónico de Cargill, una de las procesadoras y distribuidoras de materia prima para la agricultura y la alimentación más grandes del mundo. Cargill es también uno de los beneficiarios de este acuerdo, pues “se firmaron también dos compromisos para emprender dos proyectos pilotos de suministro responsable en México; uno de ellos con Cargill para obtener maíz, y otro con Bunge para obtener trigo (dos enormes y renombrados agronegocios que son socios del Grupo Bimbo, para que juntos sumen más de 350 años de experiencia” ( https://www.cargill.com.mx/en/2017/grupo-bimbo-and-cimmyt-collaborate-to-boost-sustainable-ag).

Bram Govaerts, representante del CIMMYT para las Américas dijo que “el objetivo común que perseguimos al firmar este acuerdo es ofrecer oportunidades a los productores de maiz del estado de México, Hidalgo y la zona del Bajío, y a los productores de trigo de Sonora y Sinaloa, para que produzcan más grano local con alta calidad nutricional y de procesado ‘mediante tecnologías y prácticas agrícolas sustentables” para que Bimbo los convierta en productos mexicanos para el mercado mexicano”, y añadió que estos proyectos piloto tenían “el respaldo de los pilares del desarrollo identificados por el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) emprendidas en México mediante la iniciativa conocida como VIDA y el Latin America Conservation Council (LACC)”.

Daniel Servitje, director y presidente del Grupo Bimbo añadió que: “En el Grupo Bimbo tenemos un compromiso claro con la sutentabilidad y el desarrollo de la cadena de valor. México y el mundo enfrentan un gran desafío respecto de la seguridad alimentaria y un modo de contribuir desde el sector privado es mediante el fomento de la agricultura”.

Al evento asistió el secretario de Agricultura mexicano, José Eduardo Calzada, y representantes de Bunge, Cargill, el CIMMYT, The Forest Trust “uno de los aliados importantes del Grupo Bimbo en la creación de su política Global de Agricultura y en la implementación de la Política Global de Aceite de Palma y The Nature Conservancy, involucrado en la proteccion del ambiente, seguridad alimentaria y proyectos de suministro responsables”.

Baste decir que José Eduardo Calzada, en su papel de testigo de honor, enfatizó que “esta iniciativa entre compañías, ciencia y ONG es una garantia para conseguir nuestro objetivo”, y añadió que los tres objetivos centrales del acuerdo son mejorar la producción, garantizar la procuración, y la sustentabilidad de las actividades agrícolas”.

Estamos en una era donde las instancias de gestión gubernamental, nacional e internacional, recurren a las grandes compañías para instrumentar las enormes producciones que esperan obtener, marginando bastante aprisa a un campesinado que se habría beneficiado con otro tipo de políticas. Ahora son acompañadas en sus empresas por el CIMMYT, en una nueva versión de la Revolución Verde, donde son los grandes consorcios y los grandes centros de investigación quienes impulsan soluciones al campo para obtener ganancias: un campo sin campesinos.

El nuevo lenguaje incluye una palabra que se devalúa con velocidad: sustentabilidad.

Biodiversidad

La FAO advierte que hay más personas con hambre en América Latina

Darío Aranda, 20 de noviembre, de 2017. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirmó que cada vez más personas pasan hambre en América Latina: 42 millones de personas (dos millones más que en 2015). Reconoció que el mal no se debe a la falta de alimentos y llamó a fortalecer otro modelo agropecuario. Desde la Vía Campesina —movimiento internacional de trabajadores rurales, organizaciones campesinas, pesqueras e indígenas—, afirman que el modelo de agronegocio es una de las causas del hambre, exigen políticas de Estado de distribución de tierras y promueven un modelo de alimentos sanos, sin transgénicos ni agrotóxicos.

Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe, fue publicado por la FAO y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en octubre pasado. El informe destaca que 42 millones 500 mil personas no tuvieron alimentos suficientes para cubrir sus necesidades calóricas diarias en 2016: un aumento de 6% respecto a 2015 (2 millones 400 mil personas más). “Si esta tendencia no se modifica, América Latina y el Caribe no cumplirán con la meta de erradicar el hambre y la malnutrición en 2030”.

En Sudamérica el hambre afecta al 5.6% de la población en 2016 (11millones 600 mil personas). En el Caribe a 17.7%. Brasil, Cuba y Uruguay presentan una “prevalencia de subalimentación” inferior al 2.5%, mientras Argentina, Barbados, Chile, México y Trinidad y Tobago están bajo el 5%. En cuanto a menores de 5 años, el 11% de los niños sufre desnutrición crónica.

A nivel global, según datos de FAO, 815 millones sufren hambre hoy: un aumento de 38 millones respecto a 2016.

Según el informe el sobrepeso y la obesidad afectan a todos los grupos de edad en hombres y mujeres, y constituye un problema de salud pública en toda la región. El 7.4% (2 millones 500 mil) de los niños menores de 5 años en Sudamérica sufre sobrepeso y obesidad. “El consumo de productos ultra-procesados está directamente relacionado con el incremento del sobrepeso y obesidad”.

“No podemos tolerar los niveles actuales de hambre y obesidad, ya que paralizará a toda una generación de latinoamericanos y caribeños”, advirtió Julio Berdegué, representante regional de FAO.

FAO no se caracteriza por cuestionar el modelo de agronegocio (de hecho ha fomentado el avance transgénico y de corporaciones del agro), pero ya en 2015 cuestionó en público el modelo reinante. “Es necesario cambiar la forma en que se producen los alimentos”, afirmó el director general de la FAO, José Graziano da Silva, resaltando la necesidad de “crear conexiones positivas entre los alimentos, la agricultura y el ambiente”.

E insistió en que el hambre no se debe a falta de alimentos (como argumentan las agroempresas). “La principal causa del hambre tiene que ver con el acceso. Hay suficientes alimentos, pero las familias pobres carecen de recursos para comprar o producir los alimentos que necesitan”, afirmó el director de la FAO.

En Bruselas, Da Silva afirmó que la agricultura industrial “contribuye a acelerar la deforestación, agravar la escasez de agua, el agotamiento del suelo y el volumen de emisiones de gases con efecto de invernadero”. Llamó a transformar los actuales sistemas alimentarios y agrícolas, reducir el uso de agrotóxicos, y dar mayor apoyo a los pequeños agricultores.

Desde su creación, hace 24 años, la Vía Campesina denuncia las consecuencias de la agricultura industrial (empresas, transgénicos y agrotóxicos). Siempre ha remarcado que el hambre no se debe a falta de comida o producción, sino a la injusta distribución de los alimentos, agravada por el modelo en manos de pocas empresas.

“Hoy más personas padecen hambre en el mundo que nunca antes en la historia. Mientras, el Banco Mundial recomienda cada vez más programas asistencialistas, compensatorios, focalizados, productivistas, privatizadores y de liberalización de mercado. Y cada vez más los gobiernos, muchas veces hermanados con el sector privado nacional y transnacional, buscan implementar estos programas. El resultado es más hambre y más pobreza en el campo y la ciudad”, explicó la Vía Campesina en su VI Conferencia, realizada en Yakarta, Indonesia.

Ahí llamó a combatir las causas estructurales del hambre y la pobreza. Los gobiernos y organismos internacionales deben garantizar la alimentación de todos los seres humanos, que los alimentos no sean una mercancía; asegurar el acceso campesino e indígena a la tierra, el agua y las semillas nativas; implementar una reforma agraria integral; impedir el control privado y extranjero de los recursos naturales; garantizar la producción campesina e indígena de alimentos (proveyendo recursos económicos y técnicos que aseguren la producción desde el sector), implementar programas de adquisición pública de alimentos en todos los niveles de gobierno. Y recordaron que “La alimentación no puede ser condicionada por las fuerzas del mercado”.

Veinte años de Cultivos Transgénicos en Uruguay

En 1996, Uruguay al igual que Argentina se ubicó entre los primeros países en aprobar la siembra de un cultivo transgénico: la soja RR (Roundup Ready) de la empresa Monsanto, tolerante al herbicida glifosato. A dos décadas de aquella autorización REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, con el apoyo de la Oficina Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll de Alemania, propone un análisis y balance crítico de los impactos y marcos institucionales vinculados a dicha tecnología, como aporte al debate nacional y regional sobre el tema. Lo hace mediante un documentado trabajo interdisciplinario que resume el debate generado desde la academia y los movimientos sociales.

El libro Veinte años de cultivos transgénicos en Uruguay cuenta con información actualizada sobre el avance de los cultivos transgénicos en Uruguay y la región, los diversos impactos ambientales y sociales asociados al mismo, y las alternativas desde la Producción Familiar y la Agroecología. El libro es una producción colaborativa que tiene como autores a Pablo Galeano, Natalia Carrau y Karin Nansen de REDES-AT, y a la socióloga rural Mariela Bianco.

Los contenidos se estructuran en cinco capítulos. En el primero se describen los cultivos transgénicos con datos sobre la tecnología en sí y sobre su situación actual a nivel mundial, y en particular en Uruguay. Se describe para ese país el marco normativo vinculado a la evaluación de riesgos y lo referente al etiquetado de los alimentos derivados de esos cultivos. Se aborda críticamente el proceso de evaluación de riesgos que ha derivado en la aprobación de quince eventos transgénicos de soja y maíz que hoy se cultivan a nivel comercial en Uruguay. El segundo capítulo aborda los impactos al medio ambiente y a la salud de la población derivados del desarrollo de los cultivos transgénicos. La elaboración de ese capítulo, que cuenta con más de 120 citas bibliográficas, se apoya en un trabajo desarrollado por un equipo interdisciplinario de la Universidad de la República, que en el marco de un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de esa Universidad elaboró un informe relacionado. El tercer capítulo aborda los impactos económicos y estructurales que ha tenido el desarrollo de la agricultura de gran escala, cuyo motor ha sido el cultivo de soja transgénica. En el cuarto capítulo se trabaja la temática vinculada al patentamiento de las semillas y los derechos de propiedad intelectual. En el capítulo de cierre hay propuestas vinculadas al desarrollo de la soberanía alimentaria y la agroecología en Uruguay.

Como organización, REDES-AT entiende que lo relativo a los cultivos transgénicos es un tema que ha adquirido cada vez más visibilidad en la sociedad en particular por los conflictos vinculados con la aplicación de agrotóxicos y la contaminación de cursos y fuentes de agua que ocurren en nuestros territorios. Sabemos que estos conflictos no se restringen a los cultivos transgénicos y están vinculados al desarrollo de una agricultura de gran escala que desplaza la producción familiar y expone a la población y al ambiente a una carga creciente de sustancias potencialmente tóxicas. De todas formas, los cultivos transgénicos, en particular la soja, tienen un rol protagónico en esta conflictiva y varios de los nuevos eventos transgénicos en vías de aprobación en Uruguay (soja y maíz tolerantes a los herbicidas dicamba y 2,4-D), lejos de aportar soluciones, agudizarán los problemas. Nuestra organización ha dado seguimiento al tema y ha participado en instancias públicas de construcción de propuestas normativas y consultas ciudadanas. También junto a la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay ha impulsado, con el apoyo de la Fundación Heinrich Boell y en convenio con algunas Facultades de la Universidad de la República, estudios que demuestran la presencia de transgenes en maíces criollos lo que cuestiona la viabilidad de la política de “coexistencia regulada” enunciada en la reglamentación vigente.

Las transnacionales biotecnológicas desarrolladoras de los cultivos transgénicos se han autoasignado el rol de proveer al mundo soluciones tecnológicas innovadoras que promuevan la “agricultura sustentable” y la “seguridad alimentaria”. Es así que presentan a los cultivos transgénicos como la solución para producir más y mejores alimentos preservando los recursos naturales, en un contexto de crecimiento poblacional. Sus promesas con respecto a las virtudes de esta tecnología tienen mucho de eslogan publicitario y poco de correlato con la realidad. De hecho, luego de veinte años, siguen siendo dos los tipos de rasgos aportados por los cultivos transgénicos: tolerancia a herbicidas y toxicidad a larvas de lepidópteros (lagartas). El aumento en la productividad de los cultivos no está vinculado a la tecnología transgénica y en cuanto a la sustentabilidad ambiental de la agricultura, la experiencia uruguaya y la del Cono Sur como región, muestran que el desarrollo de los cultivos transgénicos trajo múltiples problemas en lugar de soluciones. Sin embargo, el “optimismo tecnológico” respecto a los transgénicos no es exclusivo de las corporaciones que los desarrollan. Este optimismo ha permeado también a algunos agentes de gobierno e instituciones multilaterales. En particular a aquellos vinculados a las áreas de agricultura, ciencia y tecnología. En Uruguay cunden los ejemplos.

Tanto a nivel mundial como regional, la mayor parte del área sembrada con cultivos transgénicos corresponde a cultivos tolerantes a herbicidas (88% a nivel mundial y un 100% en Uruguay), con el consecuente aumento en el uso de estos plaguicidas, en particular del glifosato. Los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas aportan a la simplificación en el manejo de cultivos de gran escala pues posibilitan un uso más intensivo de herbicidas y facilitan la siembra directa. Son una respuesta adaptada al problema de una agricultura basada en monocultivos, dependiente de insumos externos y gestionada con el propósito central de reproducir el capital. Analizando datos de Uruguay se evidencia que el desarrollo de los cultivos transgénicos ha provocado un manejo más simplificado y degradante de los ecosistemas agrícolas y han colaborado en el desarrollo de una agricultura concentrada en pocos actores, homogénea desde el punto de vista del manejo y privatizada en cuanto al acceso a las tecnologías. Si bien los desarrolladores de esta tecnología declaran su compromiso con la agricultura sustentable, dado los datos de sus impactos luego de veinte años, se hace evidente que el concepto se usa meramente como eslogan publicitario.

La idea fuerza de que la biotecnología moderna, en particular los transgénicos, son imprescindibles para salvar del hambre al mundo, está en la base del aparato propagandístico de las empresas que desarrollan esta tecnología. De ella se hacen eco actores políticos y funcionarios vinculados a la producción agropecuaria de los gobiernos en los países donde son aprobados estos cultivos, como es el caso de Uruguay. Según el informe de la FAO sobre El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2015, las estrategias más exitosas para combatir el hambre se vinculan al crecimiento económico incluyente (crecimiento acompañado de políticas redistributivas y de protección social); a mejoras en la disponibilidad y aumento en la productividad de los recursos en manos de agricultores familiares, comunidades forestales y pescadores artesanales; a la disponibilidad de mercados para este tipo de productores; y a evitar situaciones de crisis prolongadas derivadas de conflictos y catástrofes ambientales (las naturales y las provocadas por el hombre). El desarrollo de los cultivos transgénicos en la región Cono Sur ha tenido un impacto negativo en cuanto al desarrollo de algunas de estas estrategias y no ha favorecido ninguna de ellas. El espectacular desarrollo de la agricultura de gran escala está asociado particularmente al cultivo de soja transgénica, si bien esto se tradujo en un aumento del PBI de los países de la región, esto impactó favorablemente sólo en los casos en que se aplicaron políticas redistributivas y de protección social. Sin embargo, el desarrollo de los monocultivos de soja implicó el despojo de tierras de comunidades campesinas y forestales, sobre todo en el norte de Argentina, Brasil y Paraguay. En la región pampeana el desarrollo de la agricultura de gran escala, facilitada por la tecnología de la soja transgénica resistente a glifosato, se impuso sobre la agricultura familiar reduciendo el número de productores familiares y dificultando el acceso a los recursos por parte de éstos. La generalización de la siembra directa y el aumento en la intensidad del uso de plaguicidas y fertilizantes asociados a este tipo de producción ha traído problemas ambientales, vinculados a la erosión de suelos y calidad del agua, y sanitarios en una población expuesta a una dosis creciente de estos agrotóxicos. Además, los cultivos transgénicos han sido parte de un proceso de privatización del conocimiento y los recursos y de oligopolización de la cadena agroalimentaria, que daña seriamente la posibilidad de desarrollar las estrategias recomendadas por la FAO.

Todas estas afirmaciones se ven refrendadas con datos en los distintos capítulos de la publicación que aquí presentamos. Esperamos con ésta aportar datos y argumentos que estimulen el debate y la actitud proactiva de la ciudadanía en relación a estos temas.

Por REDES-AT, Pablo Galeano

Esto es una breve reseña de esta publicación de REDES-AT, presentada el 8 de diciembre de 2017 en Montevideo. Ver: https://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2017/12/Publicacion_20_anios_de_cultivos_transg%C3%A9nicos_en_Uruguay.pdf

México | Los peligros del maíz industrial y sus productos comestibles procesados

GRAIN

Un equipo de investigación mexicano UNAM-UAM publicó en agosto de 2017 un estudio que muestra la presencia de transgenes y del herbicida glifosato en alimentos procesados y tortillas a partir de maíz industrial, por todo México [1]

Este equipo aclara: “Los datos son preocupantes pues el maíz es nuestro alimento básico y hemos perdido la soberanía alimentaria. El consumo de maíz transgénico con glifosato puede tener consecuencias graves en la salud”. Y continúan: “de 367 muestras analizadas, 82%, es decir 301 muestras, contenían por lo menos un transgen. De las tortillas analizadas, 90.4% contenían secuencias transgénicas”.

También “se detectó glifosato en casi la tercera parte de las muestras de los alimentos que dieron positivo para la presencia del transgen que confiere tolerancia a este herbicida”.

Lo que fuera preocupación de muchísimas personas y organizaciones de científicos, consumidores y gente comprometida con la alimentación y la agricultura tras descubrirse contaminación transgénica en el maíz de la Sierra Juárez de Oaxaca en 2001, se pone en el centro de la discusión desde nuevas fuentes de evidencia, con dos aspectos clave relacionados con el devenir de la tecno-ciencia, con la actuación de la agroindustria corporativa y la anuencia de los gobiernos en turno [2]. Primero, que la contaminación transgénica es vasta y generalizada en los alimentos procesados (sobre todo cereales, harinas, botanas de frituras, tostadas que son productos sólidos de maíz, empacados) [3] y en las tortillas [ese pan plano elaborado con maíz que es la base de la dieta del pueblo mexicano]. Pero el hallazgo se refiere a las tortillas industriales, aquellas elaboradas con maquinaria y vendidas en expendios distribuidos por todo el país, principalmente. Además, una amplia gama de productos contiene contaminación con glifosato en “una tercera parte de las muestras (27%)” —muestras que ya habían dado positivo para eventos transgénicos, lo que es altamente significativo.

Lo segundo que resalta en el estudio es que las muestras de tortillas elaboradas a mano con maíz nativo, casi no muestran contaminación transgénica. Dice el equipo UNAM-UAM: “Las tortillas producidas por las comunidades campesinas y que estén hechas únicamente con maíz criollo (nativo de estas comunidades) prácticamente NO contienen proteínas transgénicas y no contienen glifosato. Dichas proteínas podrían estar potencialmente en el maíz nativo en una proporción muy baja, producto de los casos de contaminación del maíz nativo con transgenes. El cuidado de los maíces nativos por parte de las comunidades mexicanas ha mantenido [desde la aparición de los transgenes en México] sus maíces mayormente libres de transgenes” [4]

El estudio da sustento entonces a varias discusiones pendientes.

Primero. Existe una disyuntiva en el uso y vida del maíz en México y otros países. Son dos procesos, dos metabolismos diferentes que involucran a dicho cereal.

Por una parte el maíz nativo, atesorado milenariamente en sus semillas por las comunidades en conversaciones antiguas, que convive en el policultivo conocido como “milpa” y que mayormente se “nixtamaliza” (es decir, se le agrega cal o cenizas, y calor para romper la lignina de la cáscara del grano liberando plenamente su potencial de nutrientes).

Por otro, el maíz industrial genérico, híbrido o transgénico, que las grandes corporaciones siembran en monocultivo en grandes extensiones de terreno, con insumos químicos, buscando grandes rendimientos, y cuyo destino no es alimentar de un modo directo, sino servir de materia prima para elaborar toda suerte de piensos y forrajes para animales y productos procesados comestibles, para humanos, entre ellos la tortilla industrializada. Además, dicho maíz sirve de insumo para combustibles, pinturas, almidones o féculas, jarabes endulzantes, plásticos “biodegradables”, pegamentos, cosméticos, textiles, papel y un largo etcétera.

Con claridad, el estudio da peso a que los transgénicos se concentran en el maíz industrial y sus derivados (en este caso alimentos procesados), mientras el maíz nativo todavía es defendido desde los niveles más locales. Aunque no está fuera de riesgo, su metabolismo impulsa una reflexión permanente en su órbita, que termina promoviendo su defensa.

Segundo. Algo que sería motivo de más estudios de mayor profundidad: el desbalance provocado por la industria y el gobierno cuando exigen la importación de maíz industrial, principalmente de Estados Unidos, aunque la producción nacional (unos 23-24 millones de toneladas) sería suficiente para alimentar a la población, pues con esa cantidad se cubre un 50% más de “la ingesta posible digerible anual de 120 millones de mexicanos”[5]. Hablamos de unos 6.8 millones de toneladas (29.6%) de subsistencia [o maíz de soberanía alimentaria] que no entra al mercado, más 7 millones que sumados a lo que aporta el maíz campesino de temporal arrojan unos 13. 8 millones de toneladas, más de 60% de la producción del país. El resto, son unas 10.6 millones de toneladas de maíz de riego. ¿Por qué entonces la insistencia de importar entre 7 y 10 millones de toneladas de maíz amarillo?

Para Antonio Turrent, investigador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), “No hay insuficiencia de maíz blanco normal para la elaboración industrial de toda la harina de maíz que los mexicanos podríamos consumir directamente como alimento. ¿Es por tanto la decisión de mezclar el maíz blanco nacional (no transgénico) con maíz transgénico para producir harina industrial de maíz, una decisión voraz de mercado de nuestra industria?¿No sería ésta una mala y hasta cruel decisión a plazo largo, equivalente a autodispararse en el pie?” [6]

El Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) que ha investigado con mucho detalle la situación, abunda: “México importa anualmente entre 7 y 10 millones de toneladas de maíz amarillo proveniente de Estados Unidos, principalmente para alimento de ganado, aunque también se usa para la alimentación humana. El maíz transgénico —hasta ahora sólo importado— se utiliza mezclado con el maíz convencional en la elaboración de alimentos balanceados, piensos y productos de maíz para consumo humano: harina y masa para tortillas, cereales, aceite, atole” [7]

Tercero. Los productos comestibles procesados son ahora uno de los destinos principales de la materia prima que representa ese maíz industrial que es una mezcla de maíz amarillo, y tal vez maíz blanco, pero que siempre es un maíz híbrido o transgénico sembrado en monocultivo, retacado de agroquímicos, promotor de acaparamiento de tierras, devastación ambiental y expulsión campesina.

México es una de las 10 principales potencias productoras de alimentos procesados en el mundo, pero decir “México” bajo las condiciones del TLCAN y otros cuarenta y tantos acuerdos comerciales, de cooperación e inversión que ha firmado el país, es una careta para cubrir a las corporaciones transnacionales que operan desde nuestro país por las ventajas comparativas (léase condiciones de desvío de poder).

Según la sistematización de Sergio L. Ornelas, editor de la publicación MexicoNow, México es hoy la octava potencia productora de alimentos procesados en el mundo y la tercera del continente americano, tras Estados Unidos y Brasil, en un escenario donde el valor de la producción mundial equivalió en 2014 a 4 billones 900 mil millones de dólares y se supone que llegará a valer 7 billones 850 mil millones de dólares hacia el 2020 [8]

En México, la producción de alimentos procesados alcanzó los 138 mil millones de dólares en 2014, pero según Ornelas citando datos de la consultora IHS, irá creciendo y en 2017 se calcula estuvo en 158 mil millones de dólares [9]. Las ganancias netas de su industria de alimentos procesados, según datos de IHS, citadas por ProMéxico, instancia del gobierno mexicano en su análisis sectorial de alimentos procesados, fue de 35 mil millones de dólares en 2015. La Secretaría de Economía mexicana afirma que tan sólo en 2015 México recibió una inversión extranjera directa de mil 304 millones de dólares y entre 2005 y 2015 acumuló inversiones por 8 mil 264 millones de dólares para la industria de alimentos procesados.

Algo significativo, en el escenario que el estudio del equipo de investigación mexicano UNAM-UAM [10] vino a desnudar, es que tales alimentos procesados contaminados con transgénicos y glifosato son parte del 26.9% de la producción de procesados correspondiente a panadería y tortillas, y a 10% adicional que representan los granos y las oleaginosas [11]. Es decir, la contaminación se mueve, por lo menos, dentro de 36.9% de la producción de alimentos procesados en México, sin contar el mundo de los edulcorantes.

Tal producción de alimentos procesados incluye a PepsiCo, la gigante productora de frituras, botanas y tostadas. Su directora en México, Paula Santilli, afirmó que “de los 200 países donde tiene presencia, México es su segundo mercado más grande —sólo detrás de Estados Unidos— y donde genera ingresos casi tres veces más altos que en países como Brasil” [12]. En México, PepsiCo cuenta con 17 plantas “e ingresos anuales por más de 3 mil 400 millones de dólares, según su último reporte anual” [13]. Sus marcas incluyen Sabritas, Quaker y Doritos, entre otras de las revisadas por el estudio del equipo UNAM-UAM.

También está Ingredion, productora de harinas, jarabe de alta fructosa y almidones de maíz entre muchos productos industriales elaborados con dicho cultivo, que en enero de 2016 anunció que invertiría 30 millones de dólares “con la finalidad de aumentar su capacidad de producción de su planta de San Juan del Río, Querétaro” [14]. Están también el Grupo Gruma, empresa líder mundial en la producción de harina de maíz con 18 plantas procesadoras e investigación y tecnología para producir harina maicera y tortilla industrializada, que durante 2016 arribó a los 18 mil 819 millones de pesos en ventas netas (unos mil millones de dólares al tipo de cambio actual) y el Grupo Bimbo, otro gigante mexicano de la panadería y las botanas cuyos ingresos “a nivel consolidado, crecieron 0.3%, ubicándose en 65 mil 390 millones de pesos [3 mil 534 millones de dólares] respecto al tercer cuarto de 2016, y cuyas ventas en México subieron 12.2%” [15].

Toda esa producción se potencia mediante la enormidad de los supermercados en América Latina. Tan sólo Walmex, (la filial mexicana de Walmart) mencionó en su reporte del segundo trimestre de 2017 a la Bolsa Mexicana de Valores que sus ventas totales crecieron 9.1%, llegando “a 135 mil 724 millones de pesos [unos 7 mil 300 millones de dólares] [16].

También comenzó a aparecer en el radar de los medios masivos el crecimiento descomunal de las llamadas tiendas de conveniencia, en particular Oxxo (en parte propiedad de Femsa-Cocacola). Un artículo reciente de BBC Mundo, puso por titular: “Una nueva tienda cada 8 horas: cómo la mexicana Oxxo se convirtió en la mayor tienda minorista de América Latina” [17].

En un informe de 2015, GRAIN había documentado que este tipo de pequeñas tiendas situadas en los barrios establecía cierto estricto control sobre la disponibilidad de alimentos por zonas particulares, imponiendo en los hechos el consumo de productos comestibles procesados, justo las frituras, botanas, tostadas de maíz documentadas en el estudio del equipo de investigación mexicano UNAM-UAM [18]

Según BBC Mundo, Oxxo cuenta con 16 mil tiendas, principalmente en México,[19] y establece una red de distribución de los productos comestibles procesados con base en maíz industrial, lo que hace urgente revisar los criterios de seguridad de dicho maíz, a todas luces transgénico, que está presente en cada barrio de las ciudades e incluso en los poblados rurales mexicanos en tales productos comestibles industriales.

Cuarto. También tenemos que considerar el envenenamiento lento (y no tan lento) con glifosato, si insistimos en que el estudio de los investigadores mexicanos de la UNAM y la UAM, donde se encuentra la doctora Elena Álvarez-Buylla, recién galardonada con el Premio Nacional de Ciencias mexicano, 2017, encontró que casi la tercera parte de las muestras de comestibles procesados sometidos a escrutinio, incluidas las tortillas industriales, también omnipresentes en los barrios, contenía rastros de ese agroquímico. Dice la investigadora del Grupo ETC, Silvia Ribeiro: “Los resultados adquieren mayor gravedad porque el consumo de maíz en México por persona es mayor que en cualquier otro país. Pese a que la Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato como cancerígeno para animales y probable cancerígeno para humanos en 2015, la Cofepris, instancia responsable de autorizar qué alimentos se pueden vender para consumo humano, ha autorizado sin empacho la venta para consumo de maíz transgénico tolerante a glifosato, que deja altos residuos del mismo en alimentos” [20].

Es tremenda la invasión transgénica a un flujo tan enorme de maíz en la alimentación de un pueblo cuando no hay certeza de su inocuidad.

Quinto. Es inevitable reseñar la respuesta al estudio del equipo de investigación mexicano UNAM-UAM, por parte de los investigadores paladines de los transgénicos. Ésta es la repetición de todo lo que desde el gobierno, la industria y ciertos científicos, sigue siendo la reivindicación principal: que los transgénicos son inocuos, que se han cumplido todas las regulaciones, nacionales e internacionales, que hay una equivalencia sustancial entre transgénicos y no transgénicos. En la respuesta más directa, los promotores de transgénicos afirman: “En más de 20 años de uso y consumo continuo por más de 1200 millones de humanos y 100 mil millones de animales, no se ha presentado ninguna evidencia científica de daños por su consumo. El supuesto daño reportado en algunos artículos (Seralini et.al, 2012 y 2014), no tiene sustento científico relevante” [21].

Elena Álvarez-Buylla, Cristina Barros, Emmanuel González Ortega, Alma Piñeyro-Nelson, Alejandro Espinosa y Antonio Turrent de la UCCS, contestaron a las críticas diciendo:

La “equivalencia sustancial” favorece a las corporaciones comercializadoras de OGMs y a las industrias alimentarias que hacen negocio con su procesamiento por encima de los intereses de la ciudadanía. Es ética y científicamente inadmisible que la falta de evidencia de daño por la ausencia de protocolos y seguimiento adecuados, sea tomada por las entidades regulatorias como evidencia de inocuidad de alimentos derivados de OGMs. Urgen protocolos rigurosos que directamente evalúen la hipótesis de que los alimentos derivados de OGMs pueden tener impactos no deseados en la salud humana y animal, bajo diferentes escenarios de consumo. La carga de la prueba debe recaer en las empresas y no en la ciudadanía. [...]

Pueden existir muchos artículos con datos negativos para apoyar la equivalencia sustancial o ausencia de daños, pero uno solo con datos positivos debería ser suficiente para rechazar este concepto y regular en consecuencia, previniendo daños [...] El estudio de Séralini y colaboradores, que desestiman los autores de la nota en cuestión, fue republicado con datos adicionales que lo sustentan. Por otro lado, muchos de los estudios con datos negativos, que sugieren la inocuidad de OGMs, han sido realizados por investigadores con conflictos de interés. Estudios experimentales demuestran que el glifosato es teratógeno en vertebrados y cancerígeno en animales de laboratorio [22].

Conclusiones. Es muy irresponsable que las instancias reguladoras de la sanidad alimentaria no hayan hecho nada por frenar la presencia de productos comestibles procesados que contienen maíz transgénico y trazas de venenos tan poderosos como el glifosato, calificado de cancerígeno por la OMS.

La tendencia creciente a privilegiar una agricultura basada en la producción de materias primas para la industria anuncia que, sobre todo en los ámbitos urbanos, nos veremos sometidos cada vez más a productos comestibles industrializados que no son inocuos.

El maíz con que se fabrica la tortilla industrial, vendida masivamente por toda la república en expendios (tortillerías), debería ser un maíz libre de transgénicos y agroquímicos: porque la producción de tales maíces genéricos sustituye y golpea la pequeña producción nacional no transgénica, campesina o de medianos productores; y porque la promoción de la industria de comestibles industrializados fomenta la producción y / o importación de maíz transgénico, con agrotóxicos, que es vehículo para diseminar problemas de salud como obesidad, diabetes, cáncer y teratogénesis.

Hay que profundizar en tales afectaciones y en las tendencias que buscan controlar la disponibilidad alimentaria de la población, principalmente entre las capas empobrecidas, mercado cautivo de donde extraen sus ganancias las corporaciones que elaboran frituras, tostadas, botanas y tortillas industriales.

La defensa del maíz nativo debe crecer y fortalecer argumentos, narrativa, vínculos y esfuerzos por una soberanía alimentaria.

Notas:

[1] E. González-Ortega, A. Piñeyro-Nelson, E. Gómez-Hernández, E. Monterrubio-Vázquez, M. Arleo, J. Velderrain, C. Martínez-Debat y E.R. Álvarez-Buylla, “Pervasive presence of transgenes and glyphosate in maize-derived food in Mexico”, Agroecology and sustainable Food Systems, volumen 41, núm. 9-10, agosto, 2017 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21683565.2017.1372841

[2] Ver El maíz no es una cosa: es un centro de origen, Casifop, GRAIN, Itaca, México, 2012.

[3] El estudio no abordó las bebidas o emulsiones, mermeladas y otros productos que contienen jarabes de alta fructosa de maíz.

[4] Equipo UNAM-UAM: “Preguntas y respuestas en torno a la presencia de secuencias transgénicas en alimentos elaborados con maíz en México”.

[5] Antonio Turrent Fernández, “Maíz nativo mexicano: ¿propiedad privada multinacional?”, La Jornada, 3 de noviembre, 2017.

[6] Ibidem.

[7] Centro de Estudios para el Cambio en el Cambio Mexicano (Ceccam), “Alerta Roja, maíz transgénico en México, en El Surco, boletín del Ceccam, núm. 2, abril de 2013.

[8] Sergio L. Ornelas, “Inside Mexico Processed Food Industry”, MexicoNow núm. 79 http://www.mexico-now.com/index.php/past-issues/27-mexiconow-issue-79

[9] Ibidem.

[10] “Pervasive Presence...” op.cit.

[11] Unidad de Inteligencia de Negocios, ProMexico, gobierno mexicano, Análisis Sectorial, Alimentos Procesados, pdf, 19 de febrero de 2016. https://www.gob.mx/promexico/acciones-y-programas/alimentos-procesados

[12] Francisco Hernández, “México es el segundo entre 200 países para PepsiCo”, El Financiero,14 de noviembre, 2017, http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-es-el-entre-200-paises-para-pepsico.html

[13] Ibidem.

[14] Unidad de Inteligencia de Negocios, ProMéxico, op.cit.

[15] Bolsa Mexicana de Valores, “Aumentan ganancias del Grupo Bimbo en el tercer trimestre de 2017”, 27 de octubre, 2017, http://bolsamexicanadevalores.com.mx/ganancias-bimbo/

[16] Redacción, “Ventas de Walmex superan el crecimiento de la ANTAD”, El Economista, 27 de agosto, 2017, https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Ventas-de-Walmex-superan-crecimiento-de-la-ANTAD-20170727-0037.html

[17] Cecilia Barría, “Una nueva tienda cada 8 horas: cómo la mexicana Oxxo se convirtió en la mayor tienda minorista de América Latina”, BBC Mundo, 2 de octubre, 2017.

[18] GRAIN, “Libre comercio y la epidemia de comida chatarra en México”, 2 de marzo, 2015, https://www.grain.org/es/article/entries/5171

[19] Cecilia Barría, op.cit. Eréndira Espinoza, “Cuántas tiendas Oxxo hay en México”, Dinero en Imagen, 30 de octubre, 2017: “Al cierre del tercer trimestre de 2017, la cadena operaba 15,999 unidades, por lo que, debido a su ritmo de aperturas, en este momento debe sumar más de 16 mil”, http://www.dineroenimagen.com/2017-10-30/92472

[20] Silvia Ribeiro, “Tortillas envenenadas”, La Jornada, 28 de octubre, 2017, http://www.jornada.unam.mx/2017/10/28/opinion/023a1eco

[21] Francisco Bolívar Zapata, Jorge Herrera Estrella y Agustín López-Munguía Canales, “Presencia de maiz transgénico de importación en México, 20 años de inocuidaden productos derivados para consumo y animal, Gaceta UNAM, núm 4917, 6 de noviembre, 2017.

[22] “Presencia de maíz transgénico y glifosato en nuestro alimento: sin evidencia científica de no toxicidad”, Gaceta UNAM, número 4924, 30 de noviembre, 2017

Fuente: Revista Biodiversidad, Sustento y Culturas