Ataques, políticas, resistencia, relatos. Revista Biodiversidad, sustento y culturas N° 82

Declaración del Foro-Taller Agrocombustibles: Palma Africana y sus efectos en la Seguridad Alimentaria

El 9 de septiembre de 2014, con la participación de movimientos sociales, organizaciones y comunidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Honduras, se llevó a cabo un Foro-Taller, en La Ceiba, Honduras, sobre los Efectos de los Agrocombustibles en la Seguridad Alimentaria de nuestros pueblos. Fue convocado por la Organización Fraternal Negra Hondureña,OFRANEH, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, WRM, Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles, RECOMA, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC, la Alianza Biodiversidad y la Plataforma de los Movimientos Sociales y Populares de Honduras. Tras una amplia discusión, análisis e intercambio de experiencias se concluyó:

Que la expansión frenética y masiva de los monocultivos en el continente, coloca en condiciones precarias a campesinos, pueblos indígenas y negros; y genera un enorme impacto ambiental. Desde el cultivo de palma africana, soya, eucaliptos, hasta los pastizales, se han convertido en feroces instrumentos de acaparamiento de tierras. A estas plantaciones de monocultivos, se les llama plantación de bosques, cuando realmente un bosque no puede ser plantado, porque es un sistema diverso y equilibrado con diferentes plantas y animales, un bosque es algo totalmente distinto a una plantación masiva de árboles.

Que la reiteración del modelo de plantación en pleno siglo XXI, alberga innumerables violaciones a los derechos humanos, sin que las condiciones difieran de las plantaciones en el Congo Belga a inicios del siglo XX. Las masacres y paramilitarización en el Chocó de Colombia y en el Bajo Aguán en Honduras, han sido minimizadas por los Estados-nación y por los medios de comunicación sistémicos, los que más bien propugnan el modelo de plantación como una solución a la grave crisis económica por la que atraviesa Centroamerica y Sudamérica.

Que la globalización neoliberal ha contribuido a la inseguridad alimentaria, en especial la de los sectores más desposeídos, tal es el caso de Centroamérica donde se ha abandonado el cultivo de granos básicos, siendo sustituido por palma africana y caña de azúcar para la producción de agrocombustibles.

Que la importación de frijoles desde Etiopía a Centroamerica, ha implicado la rapiña territorial de los pueblos indígenas de Gambella, cuyas tierras fueron entregadas a compañías de la India y Arabia Saudita. Al mismo tiempo casi todos los Estados centroamericanos se niegan a garantizar la compra de granos básicos a los productores locales, los que quedan a merced de intermediarios dedicados a especular con el hambre.

Por otro lado constatamos que los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y los Bancos regionales, apuestan por los monocultivos y los grandes latifundios, en detrimento de la agricultura campesina, la cual es la que sustenta verdaderamente la alimentación del planeta. La concentración de la tierra, es generada tanto por los monocultivos como de las políticas de administración de tierra promovidas por los organismos financieros. La visión del minifundio como improductivo ha generado como resultado el incremento de los despojos territoriales, la violencia y paramilitarización.

El auge de los organismos genéticamente modificados, las leyes en relación a las semillas y la contaminación de las variedades locales, forma parte de la estrategia esgrimida por el sistema capitalista defensor de monopolios y de la cultura de la muerte.

La apropiación de acuíferos y el desvío de los ríos para nutrir los monocultivos, tiene efectos nefastos para las comunidades y sus hábitats. La desecación de humedales a lo largo de las zonas costeras tropicales da lugar una estrepitosa desaparición de manglares y de las especies que habitan y se reproducen en dicho entorno.

Que existe un alto de nivel de conflictividad en torno a medidas, obras y proyectos implementados sin consulta previa en territorios indígenas que afectan directa o indirectamente a pueblos indígenas.

Ante el descalabro social, económico y ambiental causados por los monocultivos, exigimos y nos proponemos:

A los Estados-nación y organismos internacionales que reflexionen sobre el desastre que se ha venido gestado durante décadas, que no difiere del modelo de plantación a inicios del siglo XX, y ratifica la condición de esclavos a los que se ven sometidos miles de campesinos, indígenas y negros en el continente.

Demandamos se privilegie el apoyo a la agricultura campesina de pequeña escala, que nutre a nuestros pueblos ya que es la encargada de la producción destinada al consumo local versus los monocultivos centrados en la exportación.

Priorizar los cambios necesarios para lograr frenar el cambio climático y las severas consecuencias que representan para los países no industrializados, que somos los que estamos sufriendo las más severas consecuencias. Rechazamos las falsas soluciones al cambio climático como el de REDD de Naciones Unidas y el Banco Mundial, además de las represas hidroeléctricas en zonas tropicales muchas de ellas financiadas por el Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas.

Defender las semillas autóctonas y frenar la dictadura de Monsanto y otras empresas dedicadas a monopolizar la cadena alimentaria, haciendo efectivo el Protocolo de Bioseguridad y creando bancos de semillas criollas para la agricultura campesina. Prohibir agroquímicos de alto peligro que continúan siendo distribuidos comercialmente pese a haber sido incluidos como nocivos en el Protocolo de Rotterdam.

Urgimos a los medios de comunicación para que informen de forma veraz a nuestro pueblos y abandonen la tendencia a ser promotores de falacias al servicio de los intereses de multinacionales y estrategias de muerte vinculadas a la elite de poder obsoleta que controla tanto los medios de comunicación como los de producción.

Exigimos la restitución de los territorios arrebatados a los pueblos negros del Chocó por los paramilitares, la redistribución de las tierras afectadas por la contrarreforma agraria en el Bajo Aguán, Honduras y una inmediata solución al despojo en contra del pueblo maya en Polochic, Guatemala.

Dado que la producción de monocultivos es una falsa solución para el cambio climático, tenemos que definir otra forma de producir y que realmente beneficie a la gente; y ante la enorme problemática que representa el cambio climático, nos adherimos a la Declaración de la PreCOP social en Margarita, demandando que “Cambiemos el sistema no el clima”

Que los Estados-Nación respeten y hagan cumplir el derecho a la consulta y consentimiento previo libre e informado de los pueblos y comunidades, entendiéndolo como un derecho fundamental de los pueblos indígenas, ejercido en su condición de pueblo como sujeto colectivo con territorio y organización ancestral.

Nos proponemos darle continuidad a este Foro-Taller fortaleciendo nuestras redes y articulaciones nacionales e internacionales, el desarrollo de espacios de discusión y acciones contra la expansión de los monocultivos, más la intensificación de nuestras resistencias y luchas desde el nivel local, subregional, nacional e internacional en contra de la cultura de la muerte a que están condenando a nuestros pueblos. Dado en La Ceiba, Honduras a los 9 días del mes de septiembre del 2014.

Organizaciones Nacionales: Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH. Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH. Coordinadora Organizaciones Populares del Aguan, COPA. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ. Red Nacional de Defensoras. Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP. Sindicato de Trabajadores de Empleados Públicos de la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SITRAEPSOPTRAVI. Fundación San Alonso Rodríguez, FSAR. Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”. Colectivo Josefa Lastiri. Tribu Tolupan San Francisco de Locomapa. Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, STENEE. Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de Honduras, SITRAUNAH. Federación de Tribus Pech de Honduras, FETRIPH. Consejo Indígena Maya Chorti de Honduras, CONINMCHH. Organización de Mujeres “YAAXCHE”. Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares de Honduras, SITRAMEDYS. Gemelos de Honduras. Red Mesoamericana de Radios Comunitarias. Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, ANACH. Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, SITRAINA, La Ceiba. Federación de Patronatos del Litoral Atlántico, FECOPALA. Jóvenes Garifunas Trabajando por la Defensa de su Comunidad, NANIGU. Moskitia Asla Takanka (Unidad de la Moskitia), MASTA. Empresa Asociativa Campesina, Gregorio Chavez. Empresa Asociativa Campesina, “Unidos Venceremos”. Empresa Asociativa Campesina, “Unidos Lucharemos”. Organización de Mujeres Miskitas, MIMAT. Sindicato de Trabajadores del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos, Alcantarillados y Similares, SITRASANAAYS. Fundación Parque Nacional Pico Bonito,FUPNAPIB. Empresa WACHARI. Movimiento Campesino del Aguán, MCA. Empresa Asociativa 28 de Julio. Movimiento Autentico Reinvindicador Campesino del Aguan, MARCA. Plataforma Agrario Región Aguan. Sindicato de Empleados Públicos de la Municipalidad de Tocoa, SIEPMUT. Sindicato de Empleados Públicos del Instituto Nacional Agrario, INA, Tocoa. Movimiento Campesino de Rigores. Empresa Asociativa Campesina, 1o. de Julio” Cooperativa de Productores Agrícolas de SERSO (Servicio y Solidaridad), COPROASERSO.

Organizaciones Internacionales: Organizaciones pertenecientes a las Redes del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, WRM. Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles, RECOMA. Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC. Alianza Biodiversidad.

Perú

Burlan los derechos de las comunidades nativas sobre sus territorios

Juan Carlos Ruiz Molleda, 17 de septiembre, 2014. Con pesar e indignación hemos tomado conocimiento de la muerte de líderes asháninkas, asesinados por madereros ilegales en Pucallpa. La indignación de los funcionarios del sector no es suficiente. Es necesario atacar de forma efectiva las causas que permiten que madereros ilegales exploten ilegalmente el recurso forestal de manera impune. (1) Ésa es la razón por la cual fueron asesinados estos líderes.

Varias son las causas de esta indefensión del territorio de las comunidades nativas. Van desde la débil presencia del Estado hasta la falta de control del Servicio Forestal (Serfor) y de la policía. Entre las principales causas destacan: la omisión de titulación del territorio de las comunidades nativas, la omisión de consulta de las concesiones forestales y, sobre todo, los denominados contratos de cesión en uso de suelos forestales.

Los contratos de cesión de uso forestal son un mecanismo silencioso pero muy efectivo para sacarle la vuelta al derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios, y en los hechos están impidiendo el control efectivo sobre los mismos.

1. Hacen pasar “contratos de cesión de uso de bosques” por propiedad. Si uno revisa los títulos de propiedad de las comunidades nativas con atención, uno encontrará dos campos claramente delimitados. A uno se le llama “área de propiedad” y otra “cesión de uso”.

2. Los contratos de cesión de uso NO reconocen derecho de propiedad. El artículo 1026 del Código Civil vigente es muy claro: “El derecho de usar o de servirse de un bien no consumible se rige por las disposiciones del título anterior, en cuanto sean aplicables”. El título anterior está referido a los contratos de usufructo. Según el artículo 999 del mismo Código Civil, “El usufructo confiere las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien ajeno”. El derecho de propiedad tiene cuatro atributos: usar, disfrutar, defender y disponer. Mediante los contratos de cesión de uso, sólo se faculta a usar el bien, pero no se da en propiedad, pues como la misma norma dice, se trata de un “usar y disfrutar temporalmente de un bien ajeno”. Es decir, no estamos ante el reconocimiento del derecho de propiedad, sino de otra cosa muy diferente, que equivale al préstamo de un bien.

3. Dónde está la causa del problema. Está en el artículo 11 del Decreto Legislativo núm. 22175, de la ley general de las comunidades nativas del gobierno militar, que como dice Pedro García Hierro, luego de diferenciar ente territorio demarcado y titulado, establece que las tierras con aptitud forestal serán entre entregadas en cesión de uso. “Artículo 11. La parte del territorio de las comunidades nativas que corresponda a tierras con aptitud forestal, les será cedida, en uso y su utilización se regirá por la legislación sobre la materia”.

Estas normas tendrían a su vez su sustento en diversas disposiciones de la antigua ley forestal y de fauna, aprobada por Ley núm. 21147, concretamente en los artículos 1, 3 y 5.

4. Los contratos de cesión de uso de bosques son incompatibles con el derecho de propiedad contenido en el Convenio 169 de la OIT. No se puede usar como argumento que en mayo del año 1978, fecha de inicio de la vigencia el Decreto Legislativo 2215, el Convenio 169 de la OIT, que en el artículo 14 reconoce el derecho de propiedad de los pueblos indígenas, no estaba vigente (este instrumento internacional se incorporó en el ordenamiento jurídico el 2 de febrero de 1995), pues en esa fecha estaba en vigencia el Convenio 107 de la OIT, cuyo artículo 11 reconoce el derecho de propiedad de los pueblos indígenas, estableciendo: “Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas”.

Es más, el artículo 9 de la anterior ley de comunidades nativas, aprobada por decreto legislativo núm. 20653, en consonancia con el Convenio 107 de la OIT reconocía el derecho de propiedad de las comunidades nativas:

“Artículo 9. El Estado garantiza la integridad de la propiedad territorial de las comunidades nativas: levantará el catastro correspondiente y les otorgará títulos de propiedad. Para la demarcación del territorio de las comunidades nativas se tendrá en cuenta lo siguiente:

a. Cuando hayan adquirido carácter sedentario, la superficie que actualmente ocupa;

b. Cuando realizan migraciones estacionales, la totalidad de la superficie donde acostumbran efectuarlas;

c. Cuando posean tierras en cantidad insuficiente se les adjudicará el área que requieran para la satisfacción de las necesidades de su población”. (Resaltado nuestro)

“Artículo 10. Serán incorporadas al dominio de las comunidades nativas las tierras ubicadas dentro del perímetro comunal en aplicación de lo dispuesto por el artículo anterior y que hayan sido adjudicadas por el Estado a particulares con posterioridad a la Constitución del Estado promulgada el 18 de Enero de 1920 …” (Resaltado nuestro)

Lo perverso del artículo 11 de la Ley 22175, es que si las tierras de las comunidades nativas “no les sirven a los comuneros para el pastoreo o los cultivos permanentes e intensivos (actividades que no se corresponden casi nunca con sus formas de uso del territorio y que desde luego no son las adecuadas para las condiciones ecológicas de la Amazonía), no se les da en propiedad. El absurdo es grande, pero la injusticia es mayor” (2).

5. Lo arbitrario: la inmensa mayoría del territorio de las comunidades nativas tiene aptitud forestal. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los territorios amazónicos tiene aptitud forestal, estamos ante un andamiaje normativo que tiene como objetivo el despojo de la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios de la manera más descarada. Como dice Pedro García Hierro, “si tomamos en cuenta la definición de bosques que se da en la ley forestal (son bosques las comunidades vegetales naturales en las que predominan especies leñosas) no hay quien dude que los territorios indígenas amazónicos son, en su totalidad, bosques” (3).

Estamos ante una expropiación silenciosa del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios, la cual es absolutamente inconstitucional. Como añade García Hierro,

“La Amazonía es bosque y los territorios indígenas de los pueblos amazónicos son bosques mayormente. El quehacer agrícola de las comunidades es proporcionalmente insignificante en su economía con respecto a los usos económicos del bosque. Su agricultura se realiza en áreas boscosas de mínima extensión y en base a una rotación permanente, precisamente para asegurar la conservación de suelos poco aptos para la agricultura. Sin los bosques el reconocimiento de su propiedad territorial es inoperante. Estamos, pues, ante un mecanismo de expropiación de un derecho avalado por tratados internacionales vinculantes y de rango constitucional”.

6. ¿Qué dice el Convenio 169 de la OIT? Que la simple posesión ancestral equivale al título de propiedad, y la necesidad de respetar la propiedad sobre la “integridad” del territorio de los pueblos indígenas. El artículo 13.2 del Convenio 169 de la OIT es muy claro cuando precisa que deberá entenderse por territorio “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. El artículo 14.1 dice: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. El Convenio no distingue entre áreas agrícolas, pecuarias o forestales. Todo el territorio que ocupan les corresponde en propiedad. Además, la simple posesión ancestral equivale al título de propiedad (4).

7. ¿Cuál es la validez de las normas que regulan la cesión de uso de suelos de territorios de pueblos indígenas? La Constitución y toda norma de rango constitucional constituyen criterios de validez material de toda norma (leyes y decretos supremos) y de toda decisión del Estado (resoluciones). En este caso, una norma con rango de ley como es un decreto ley del gobierno militar, y las leyes de la actual ley forestal (Ley núm. 29763) y su reglamento, no pueden modificar una norma de mayor jerarquía jurídica. Estamos ante normas con un vicio de nulidad, pues el Convenio 169 de la OIT, de jerarquía constitucional de conformidad con el artículo 51 de la Constitución prevalece sobre toda ley, reglamento y acto administrativo del gobierno. ¿Qué hacer? Muy sencillo, adecuar las normas forestales al Convenio 169 de la OIT. Hace 19 años que está en vigencia este último.

Notas

1. Pedro García Hierro,“Argumentos básicos acerca de la irracionalidad e inconstitucionalidad del contrato de cesión en uso de suelos forestales en territorios indígenas, ver aquí (pdf).

2. Ibídem

3. Según Pedro García “en uno de los pocos estudios realizados con seriedad allá por los años 80, la ONERN hacía ver que no más del 2 de las tierras amazónicas tenían realmente alguna capacidad agrícola y un 11 pecuaria, siendo así que la mayoría de los suelos son forestales. Los datos actualizados del Ministerio de Agricultura son aún más limitados”.

4. Ver nuestro Informe Jurídico ¿Exclusión o expropiación del territorio de las instalaciones petroleras? A propósito de la titulación de los territorios de los pueblos indígenas del lote 192 por el Gobierno Regional de Loreto, disponible aquí (pdf).

* Juan Carlos Ruiz Molleda pertenece al Instituto de Defensa Legal (IDL) desde el año 2005 a la fecha.

Tomado de Servindi

Organizaciones de América Latina

enviaron un comunicado al Comisionado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIDH

Algunas organizaciones de Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Costa Rica, Brasil y México, liderados por la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT), enviaron un comunicado al señor Paulo Vannuchi, Comisionado de la Unidad sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresando sus preocupaciones por el impacto de los cultivos transgénicos.

En el comunicado las organizaciones recordaron al Comisionado que existe el mito de que los transgénicos son necesarios para alimentar a la creciente población mundial: los cultivos transgénicos (en especial el maíz y la soja) se utilizan fundamentalmente en alimentación animal, y cada vez es mayor el porcentaje de la producción transgénica dedicada a la obtención de agrocombustibles.

Los cultivos transgénicos con resistencia a herbicidas desplazan a otros cultivos no transgénicos: el modelo promovido por el uso de semilla transgénica está encaminado al monocultivo. El uso intensivo de herbicidas en las variedades resistentes a éste hace imposible el intercalar cultivos.

El uso excesivo de herbicidas tiene como consecuencia serios impactos en los agroecosistemas que rodean a los cultivos, y existen numerosos casos de sistemas agrícolas no transgénicos que se están viendo desplazados por los cultivos genéticamente modificados.

Recordaron también que las semillas transgénicas no están diseñadas para apoyar la agricultura campesina o ecológica, sino para hacer la agricultura industrializada más eficiente. Por otra parte, las semillas tradicionales pueden ser contaminadas con los transgenes procedentes de los OGM. En Brasil, por ejemplo, los productores de semilla del Movimiento de Pequeños Agricultores han encontrado problemas para vender su semilla en el Programa Estatal de Abastecimiento debido a la contaminación genética.

En su comunicación, las organizaciones expresaron una especial preocupación por la decisión tomada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que acaba de desregular los cultivos resistentes al potente herbicida 2,4-D, uno de los componentes del defoliante Agente Naranja, que fue usado como arma química durante la guerra estadounidense contra Vietnam.

La exposición a este herbicida, incrementará los daños a la salud que se han registrado ya con los cultivos resistentes a glifosato en el Cono Sur, pues se prevé que con la adopción de este tipo de transgénicos, aumentará dramáticamente el consumo del herbicida 2,4-D.

Las organizaciones manifestaron también que la expansión de los cultivos transgénicos incrementará el poder monopólico de un pequeño grupo de empresas sobre las semillas, a través de los derechos de propiedad intelectual y del cambio legislativo que se está dando en la región sobre las leyes de semillas, los mismos que se potencian con las semillas transgénicas. Esto pondrá en peligro los sistemas locales de semillas, en los que se basa nuestra soberanía alimentaria.

Se recordó además que el ex Relator Especial por el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter presentó ante la Asamblea General de la ONU un informe sobre la “Regulación sobre Semillas y el Derecho a la Alimentación”, donde advirtió que las grandes empresas biotecnológicas no sólo están privando a los agricultores pobres de los insumos necesarios para su subsistencia, sino que también están empujando al alza los precios de los alimentos.

A la luz de los argumentos presentados, las organizaciones pidieron al Comisionado Vannuchi que:

1. Tenga presente este comunicado para incluir esta cuestión en los futuros informes de la Unidad que preside.

2. Como consecuencia de lo anterior, sugirieron que la Unidad realice un cuestionario dirigido a los Estados y a la sociedad civil, con el fin de recabar más información sobre la problemática y eventualmente entablar contacto con aquellos Estados en los que se cultivan o comercializan cultivos transgénicos resistentes a herbicidas, o donde estos cultivos se encuentren en proceso de aprobación.

3. Que se les permita exponer la problemática en una audiencia de situación general en el próximo periodo de sesiones.

Red por una América Libre de Transgénicos

Ecuador: Mejores prácticas de manufactura” vs. agricultura campesina

Nuevas normas de control podrían acabar con la producción autónoma de queso y leche.

Red de reporteros populares. El 4 de julio de 2014, ganaderos de las Parroquias de San Lucas y de Saraguro llegaron a Loja para manifestar su rechazo frente a una reglamento sobre “buenas prácticas de manufactura”, que establece entre otras cosas, que se prohíbe el ordeño de leche a mano, con el fin de asegurar la “inocuidad del producto”.

Ahora todos los ganaderos deben adquirir ordeñadoras mecánicas, no importa si tienen 10 o 20 vacas, lo que significa una inversión que no podrán asumir.

Por otro lado, los productores de queso, quesillo y yogurt deben obtener un registro sanitario, y para ello, necesitan invertir en la construcción de una serie de instalaciones y cumplir con otros requisitos que un productor que saca entre 2 y 30 litros de leche diarias no están en capacidad de implementar.

La pregunta es ¿podrán ellos subsistir como ganaderos y productores de queso independientes? No será que existe la intención que todos los pequeños ganaderos productores de leche a lo largo del Callejón Interandino se conviertan en meros proveedores de las grandes empresas lácteas como Nestlé, Tony o ReyLeche?

Por eso, los pobladores de San Lucas y Saraguro, están muy preocupados, pues pueden desaparecer como productores autónomos. El 99% de los 30 mil ganaderos lojanos, son pequeños.

Ellos no están en posibilidades de enfrentar el gasto oneroso que significan las exigencias que se les impone para vender; y a partir de agosto no pueden vender ni queso ni quesillo.

Durante la marcha pacífica, Patricio Lozano, presidente del gobierno parroquial de San Lucas, dijo que no se oponen a alimentos saludables para el consumo humano, “pero sí queremos que el Estado cumpla con nosotros para poder generar estos procesos de cambio para la ciudadanía. Lo que queremos es que nos permitan vender en los mercados y en las ferias libres de Loja”, indicó Lozano.

Añadió que el quesillo es parte de la identidad y gastronomía andina, y cuestionó que el acuerdo interministerial [la Resolución del Sistema Nacional de la Calidad publicada en Registro Oficial núm. 839 del 27 de noviembre del 2012] no contemple la realidad de los pequeños ganaderos, quienes practican la actividad como forma de supervivencia familiar.

A la vez expuso que “no se les puede decir a los animales que ya no produzcan más leche”, y que los campesinos no tienen dinero para pagar el registro sanitario.

Se ha anunciado que una vez que se cumplan los plazos, se iniciará el decomiso del queso artesanal que no cuente con registro sanitario, por lo que éste no podrá llegar a los mercados urbanos.

Este escenario se agrava si tomamos en cuenta que el Ecuador está a punto de firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea, y que el sector lácteo es uno de los temas de interés de la UE.

Éste es un sector altamente subsidiado en Europa, por lo que las empresas queseras podrán inundar el mercado ecuatoriano con quesos baratos, a menos que se tomen medidas para evitarlo.

Nosotros como consumidores urbanos tenemos sin embargo la capacidad de decidir a quién queremos beneficiar, si a los pequeños ganaderos andinos o a las empresas transnacionales europeas y locales. A la vez, podemos presionar para que no desaparezca la producción artesanal de lácteos.

Ecuador

El programa de agroenergía no ayuda a los campesinos a salir de la pobreza

Red de Reporteros Populares. Dentro del cambio de la matriz productiva del país, el actual régimen se ha propuesto incrementar la producción de agrocombustibles.

Éstos se producen a partir de cultivos con alto contenido de azúcar (como la caña y el maíz para el etanol), o cultivos oleaginosos (como la palma aceitera, la canola o colza y la soya para biodiesel).

Uno de los planes pilotos es incluir el 5% de etanol de caña en la gasolina de Guayaquil. El plan se inició en 2010. Una de las estrategias es ampliar la frontera de la caña de azúcar. Otra es transformar la hacienda La Clementina en productora de semillas de caña, y otra es propiciar la transformación de los cañicultores a lo largo de las estribaciones de la Cordillera de los Andes, tradicionalmente dedicados a elaborar trago o panela, en productores de materia prima para biocarburantes.

Una de las zonas en esa línea es la microcuenca del Río Angamarca, unas 50 mil hectáreas de los cantones Pujilí y Pangua en la Provincia de Cotopaxi. Ahí unas 5 mil hectáreas se dedican al cultivo de caña. El 20% de los campesinos se dedica a la panela y el 80% a la producción de trago. En las zonas donde hay agua se dedican al trago y donde ésta escasea, a la panela. De la zona salen 2 mil 500 litros de alcohol por hectáreas al año, lo que significa uno 25 mil galones al año.

Conversamos con doña Guillermina, que se encontraba moliendo caña para hacer trago, con ayuda de su hijo. Eran cerca de las 7 pm.

Nos comenta que hace un par de años unas personas murieron por consumo de trago contaminado, y que desde entonces prohibieron la venta del alcohol artesanal. Hay que señalar que en los alambiques tradicionales no se puede producir metanol, el compuesto que fue encontrado en el trago contaminado. Como resultado, se impuso una serie de normas sanitarias para producir guarapo. En la zona de Moraspungo y El Corazón, sólo una persona pudo cumplir con las exigencias, quien acopia gran parte de la producción local. Se requiere una inversión de unos 30 mil dólares para poder cumplir con las exigencias.

La alternativa que les dieron fue asociarse a Petroecuador. La empresa les compra a un dólar el litro de alcohol, y cada semana ella lleva al Corazón 100 litros de alcohol (es decir le pagan 100 dólares).

Doña Guillermina señala que de los 100 dólares, “nos descuenta un dólar para Soderal[una empresa que hace alcohol, y que pertenece al poderos grupo San Carlos], uno para el transporte hasta Soderal, un dólar para pagar el arriendo donde se acopia el producto y otro dólar para otra cosa, por lo que nos pagan a 95 dólares”, nos explica.

Adicionalmente ella gasta un dólar para llevar las 4 canecas (de 25 litros cada una) hasta El Corazón, es decir, que gana a la semana 94 dólares, lo que significa 376 dólares al mes, para cubrir su trabajo y el del hijo que trabaja con ella.

Como no produce suficiente, debe comprar más caña para cumplir con sus requerimientos. Gastó 800 dólares en caña. “esta caña no es producida por mí”, nos dijo. En el quemado se usa el bagazo de la caña como combustible, pero éste no es suficiente, por lo que además tiene que comprar leña.

En un inicio eran 380 asociados, pero Petroecuador les pagaba muy bajo [67 dólares los 100 litros], y los comerciantes ambulantes empezaron a pagar más alto por el trago, por lo que Petroecuador tuvo que pagarles más, pero para entonces, ya se habían retirado 300 socios. Ahora nos compran a 100 dólares”, y añade que no han firmado ningún contrato, “sólo nos pidieron la cédula”.

Doña Guillermina trabaja todos los días, ya sea en la molienda o cuidando los cultivos de caña para que no le caigan malezas. Es propietaria de 2 cuadras de tierra, y casi todo está cultivado con caña, con excepción de una pequeña parcela de potrero para que se alimente una mula que le ayuda en el trabajo de la finca.

La gente entró a la asociación porque el trago no se podía vender por la muerte de una persona. “Nos decían que porque usábamos los recipientes de tol, ese veneno que mataba a la gente. Nosotros sufrimos mucho por eso. Ahí los negociantes se aprovechaban y nos pagaban a 20 dólares los 100 litros”.

Es mucho trabajo, pero no nos conformamos con el precio que nos da Petroecuador. Nos tuvimos que aguantar un año a 67 dólares los 100 litros.

Nos entrevistamos con la señora Esmeraldina que produce trago. Ella produce una pipa a la semana (200 litros), y le entrega la mitad al dueño de la tierra. Ella sólo tiene una casita, por eso no puede vender a Petroecuador. Ella vende a un intermediario que le compra el litro de trago a un dólar en su casa, por lo que ella no tiene que invertir en el transporte.

El Cantón Pangua es uno de los más deprimidos del Ecuador, y este programa es presentado como una de las formas de salir de la pobreza.

Acuerdo Transpacífico:

consolidación de un sistema abusivo de patentes

Alejandro Nadal, La jornada 16 de octubre 2014. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) siguen su curso sigilosamente y con una falta absoluta de transparencia. En mayo de este año se llevó a cabo la reunión para discutir el borrador del capítulo sobre propiedad intelectual. Los temas principales se relacionan con el régimen de patentes, diseños industriales, marcas, derechos de autor y denominaciones geográficas.

El régimen de patentes está en el corazón de la evolución del capitalismo industrial. Se basa en una idea sencilla: para que una empresa pueda recuperar los costos de desarrollar nuevos productos o procesos, es necesario otorgarle un monopolio en la explotación de sus inventos. A cambio, la empresa titular de la patente se obliga a divulgar su invento. De este modo, cualquier persona o empresa que quiera utilizar el invento tendrá que acudir a negociar los términos bajo los que pueda hacer uso comercial del invento, pero la sociedad en su conjunto se verá beneficiada porque habrá mayor difusión de innovaciones.

Esta narrativa es falsa y engañosa. Primero, el gasto en lo que se denomina investigación y desarrollo experimental no es un costo, es una inversión para desarrollar comercialmente nuevos productos o procesos y capturar las rentas asociadas a la introducción de una innovación. El periodo durante el cual una empresa puede capturar exclusivamente esas rentas depende de muchos factores y, en especial, del monto de las inversiones necesarias para poner en marcha la explotación del invento. Lo único que hacen las patentes es prolongar la duración del plazo en que una empresa captura rentas monopólicas.

Segundo, es engañosa porque el sistema de patentes no es lo que induce a las empresas a innovar. El motor de la inversión en el capitalismo es la competencia intercapitalista y cualquier empresa industrial lo sabe: si una compañía deja de innovar, sus competidores le quitarán el mercado y acabarán por llevarla a la bancarrota. El sistema de patentes tampoco garantiza la difusión de la innovaciones. La gran mayoría de las patentes otorgadas en el mundo nunca llegan a ser objeto de explotación comercial. Además, los abogados de patentes han llegado a dominar lo que se llama el arte de no divulgar, con lo que se cancela la función de las patentes para difundir innovaciones.

Para el capitalismo industrial contemporáneo, el sistema de patentes es un poderoso instrumento para preservar las rentas monopólicas asociadas a cualquier innovación. Por esa razón el régimen mundial de propiedad intelectual se transformó radicalmente a través de su vinculación con los acuerdos comerciales, comenzando con la introducción de este tema en la ronda Uruguay de negociaciones multilaterales que desembocó en la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1995. Eso condujo al Acuerdo sobre aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIPS), uno de los más importantes acuerdos en el marco de la OMC. En el caso de México, los negociadores del país accedieron a modificar la legislación sobre patentes para hacerle un traje a la medida a las empresas canadienses y estadunidenses aun antes de comenzar a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El capítulo sobre propiedad intelectual del ATP consolidará los logros de las grandes corporaciones transnacionales en el sistema mundial de patentes. Por eso lo primero que encontramos en el ATP es la referencia al TRIPS de la OMC. Todos los países enfrascados en las negociaciones del ATP son miembros de la OMC y por tanto están obligados en los términos de su acuerdo sobre propiedad intelectual. Es decir, nos encontramos aquí un sistema de patentes fortalecido con esteroides: los plazos de duración de las patentes se han ido aumentando y el campo de patentabilidad se ha ido extendiendo, admitiendo cada vez menos excepciones.

El ATP aplicará, por lo tanto, un régimen en el que la vida de las patentes será de veinte años por lo menos a partir del momento de solicitud. Esta larga duración de las patentes tiene efectos negativos sobre cualquier proyecto de industrialización y, por lo tanto, constituye uno de los peligros más graves que entraña el ATP.

El campo de patentabilidad es amplio, abarcando todos los campos de la tecnología, siempre y cuando se cumplan los tres criterios tradicionales del régimen de patentes (que el invento no esté en el dominio público, sea resultado de actividad inventiva y tenga aplicación industrial). El TRIPS señala que las partes pueden excluir de la patentabilidad a sectores relacionados con la salud humana y animal, así como a plantas y animales (distintos de microorganismos). Pero estas excepciones no han sido suficientes para cuidar el derecho a la salud, un tema eminentemente de derecho público, con el de los intereses privados de las corporaciones en la industria farmacéutica. El protocolo de reformas al artículo 31 del TRIPS, aprobado en 2005, no altera este estado de cosas. La crisis del VIH (y ahora la del virus del ébola) revelan de manera trágica las deficiencias de este sistema y lo insuficiente de sus reformas.

Al igual que los demás acuerdos comerciales, el ATP está siendo construido en respuesta a los intereses de las grandes empresas trasnacionales y no en función de las necesidades de un desarrollo económico digno de los países involucrados. El capítulo sobre patentes del ATP es una prueba de todo esto. No sólo consolida un abusivo sistema de patentes construido como obsequio para las grandes corporaciones trasnacionales. También introduce mecanismos que afectarán el conocimiento tradicional de pueblos y comunidades y otros que pueden perjudicar el medio ambiente. ( La Jornada)

Pollos y antibióticos: una investigación sacude la industria alimentaria de EUA

Héctor G. Barnés, El Confidencial, 19 de septiembre de 2014. “Algunos de los productores avícolas más importantes del país están alimentado a sus pollos de forma rutinaria con una gran variedad de antibióticos, no solamente cuando tienen alguna enfermedad, sino como una práctica generalizada a lo largo de toda la vida de las aves”. Esta es tan sólo una frase, pero puede suponer un terremoto para la industria alimentaria estadounidense. Un reportaje publicado el 15 de septiembre por Reuters* asegura que los mayores productores estadounidenses están proporcionando antibióticos a sus animales de forma habitual, lejos de la revisión de los reguladores alimentarios.

El uso prolongado de dichos antibióticos en animales que serán después consumidos por humanos puede provocar que algunas bacterias generen resistencia a los mismos y, por tanto, dejen de ser útiles. Esto lo han considerado algunos médicos como la próxima gran epidemia que afrontará el ser humano, como aseguró en julio el director del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Tom Frieden. En Estados Unidos, dos millones de personas contraen cada año infecciones resistentes a los antibióticos, y la situación no es mucho mejor en España.

El primer informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre resistencia a los antibióticos, señaló que España se encuentra a la cabeza de los países europeos donde esta amenaza es mayor. Se trata de “un problema tan serio que amenaza los logros de la medicina moderna”. Las razones en España son diferentes a las de EUA. Mientras en España la resistencia se produce como producto del abuso de los medicamentos y su prescripción, en EUA es resultado del uso generalizado de antibióticos en la comida. El 80% de los antibióticos vendidos en Estados Unidos son adquiridos por la industria alimentaria, en principio con fines terapéuticos pero, también, como sugiere la investigación realizada por Reuters, para acelerar el crecimiento de los animales, como es el caso de la bacitracina, la tilosina o la vyrginiamicina. Estos descubrimientos pueden resultar preocupantes también para Europa en caso de que el acuerdo de libre comercio con EUA salga adelante, lo que permitiría importar alimentos que no cumplen la normativa comunitaria.

Chickengate: un antes y un después. Los nombres de compañías como Tyson, Piligrim’s, Perdue, George’s o Koch aparecen en la investigación realizada por Reuters como aquellos que recurren a dosis bajas de antibiótico en la dieta habitual de sus animales. El uso de estos medicamentos por prolongados periodos puede producir resistencia a los antibióticos, un proceso generalizado en los países occidentales cuyas consecuencias no se pueden anticipar pero que ya están provocando el gasto de millones en tratamiento. Desde los setenta se sabe que, cuando los antibióticos se administran en pequeñas dosis, las bacterias pueden desarrollar resistencia. Ahora el proceso se ha generalizado y Donald Kennedy, antiguo inspector de la FDA (Food and Drugs Administration), ha calificado la frecuencia con que las aves consumen antibióticos como “sorprendente”.

La investigación pone al decubierto que, debido a que el uso de los antibióticos es legal, la FDA (Food and Drugs Administration) no se entromete en las razones por las que se utilizan, ni en las dosis ni en la longitud de los tratamientos, que se ha disparado desde que comenzaron a utilizarse de modo regular en los años 40. La información confidencial sobre dichos tratamientos se encuentra fuera del conocimiento del gobierno estadounidense, y ésta fue revelada por primera vez por Reuters a partir del análisis de 320 de los conocidos como feed tickets (fichas de alimentación) generados durante los últimos dos años por seis compañías avícolas. Estas fichas especifican los nombres y dosis de los principios activos de cada medicamento consumido, así como la dieta de los animales.

Entre las prácticas de dos de las firmas analizadas, George’s y Koch Foods, se proporcionan antibióticos empleados para tratamientos humanos a sus pollos. Como recuerdan los autores del artículo, Brian Grow y P.J. Huffstutter, se trata de otra práctica legal particularmente peligrosa, puesto que puede provocar que, al mismo tiempo que elimina las bacterias más débiles, promocione las superbacterias. Un 10% de las fichas revisadas por Reuters listan antibióticos considerados como “médicamente importantes” para los humanos, aunque los autores recuerdan que el CDC ha señalado recientemente que no sólo éstos provocan el refuerzo de las súperbacterias resistentes a los antibióticos, como ha ocurrido ya con la E. Coli o la Klebesiella.

El origen de la utilización de estas medicinas se remonta a los años que siguieron a la Gran Depresión, cuando se descubrió que la penicilina o la estreptomicina (primer medicamento del grupo de los aminoglucósidos) ayudaban a controlar las epidemias. No sólo eso, sino que además permitían que el tracto digestivo de las aves se mantuviese en plena forma, algo que permitía reducir los costos en su alimentación. El lobby estadounidense avicultor reaccionó rápido y Tom Super, portavoz del National Chicken Council, aseguró que estas prácticas son “buenas y prudentes”. Por su parte, Pilgrim’s Pride anunció acciones legales contra Reuters si el medio no les proporciona acceso a las fichas de alimentación utilizadas en su investigación.

¿Alarma internacional? Ninguna de las compañías analizadas por Reuters niega utilizar antibióticos con el objetivo de mantener saludables a sus pollos. Es una práctica lógica y generalizada de forma internacional que, no obstante, está limitándose en todas las sociedades occidentales. La Comisión Europea adoptó el 10 de septiembre nuevas propuestas destinadas a frenar la resistencia a los antibióticos en la UE que serán revisadas próximamente por el Parlamento y el Consejo europeos.

Tonio Borg, comisario europeo de Salud, dijo que estas medidas deben repercutir en la salud pública, puesto que “contribuyen a luchar contra la creciente amenaza de la ‘farmacorresistencia’ para que los antibióticos de uso humano y veterinario sigan siendo eficaces”. El pasado año, Borg alertó sobre el grave peligro que puede causar esta resistencia a los antibióticos, a la que calificó de “grave amenaza” y consideró una prioridad para los países comunitarios. Las decisiones serán coordinadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que se comprometió el pasado año a poner en marcha un Plan Nacional Estratégico para reducir el riesgo de resistencias antimicrobianas.

Ver: Brian Grow y P.J. Huffstutter, “The drugs fed to animals and the risks posed to humans”: Pharmaceuticals, Reuters, 15 de septiembre. Aquí

Para ver el artículo completo con citas: ver aquí

Frenar las leyes

de semillas: las luchas deben seguir adelante

GRAIN

El 24 de junio de 2014, el Congreso de Guatemala aprobó, con los votos estrictamente necesarios, una Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, o ley de privatización de semillas de acuerdo a UPOV 91. Con ello, el Congreso guatemalteco se sometía a los designios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La ley —oficialmente conocida como Decreto 19-2014— fue sometida a votación casi en secreto, sin discusión previa y aprovechando la distracción general provocada por el campeonato mundial de fútbol en Brasil.

La ley aprobada tenía todas las peores características de los proyectos que últimamente se han aprobado o intentado aprobar en Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú. Permitía la privatización de semillas “descubiertas”: una autorización directa del despojo de semillas campesinas e indígenas, puesto que toda semilla agrícola ha sido creada por quienes las han cultivado y cuidado a lo largo de los años. Extendía la propiedad privada a las variedades parecidas a las que se hubiesen privatizado, incluso si esas semillas parecidas hubiesen existido por generaciones antes de las privatizadas. Permitía confiscar o destruir las semillas, los cultivos, las cosechas y lo productos derivados de la cosecha, y definía penas de hasta cuatro años de cárcel por posibles violaciones a los derechos de propiedad otorgados. El Estado guatemalteco debía endeudarse en unos 70 millones de dólares para montar las bases del sistema de privatización.

Una vez conocido el texto de la ley, la reacción de las organizaciones y una parte no menor de la opinión pública fue rotunda: la ley debía derogarse. Se sucedieron una infinidad de muestras de rechazo: en movilizaciones, declaraciones y actos públicos. Varias organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por los daños a la agricultura y a la soberanía alimentaria del país que la ley provocaría. El rechazo fue compartido por sectores de la Iglesia Católica. Ante las protestas, el presidente de Guatemala ofreció efectuar enmiendas, pero la respuesta de los movimientos fue clara: se exigía derogación, no reformas.

En la medida que las movilizaciones y otras muestras de rechazo no pararon, sino que se multiplicaron, el Congreso decidió, por más de dos tercios de sus miembros y con carácter de urgencia nacional, derogar la ley. Esto ocurrió el 17 de septiembre, unos días antes de que la ley hubiese entrado en vigor.

Se saludó la derogación, con más que justificadas razones, como un gran triunfo de los movimientos populares. Pero los llamados a la cautela y a mantenerse atentos comienzan a surgir.

Primero, la derogación no es definitiva. El Congreso se compromete a “revisar” el contenido de la ley derogada, lo que indica que habrá una nueva intentona de aprobarla. Segundo, mucho de lo peor de la ley sigue vigente en una ley anterior, el Decreto 57-200 o Ley de Propiedad Industrial, que otorga patentes sobre plantas y otros organismos vivos.

El ceder ante las movilizaciones sociales y luego buscar formas para imponer la privatización de semillas a pesar del claro rechazo popular no está ocurriendo sólo en Guatemala. En Chile, un proyecto de ley similar fue retirado luego de meses de resistencia, información y movilizaciones, pero ahora el gobierno se apronta a presentar un nuevo proyecto que puede causar problemas más graves aun que el proyecto anterior, ya que crea el registro de todas las variedades existentes —incluso las campesinas. En Argentina, las nuevas propuestas de ley de obtentores prometen un régimen especial —supuestamente protector— para las semillas campesinas, pero en concreto tal régimen no existe y a cambio se proponen reglas alarmantes, como que se pueda prohibir sembrar a quien no cumpla con las nuevas reglas. En Colombia, la inmensa movilización social —incluido un paro agrario— llevó al gobierno a prometer “congelar” la Resolución 970 del ICA (que permitía confiscar y destruir semillas por sospecha, sin orden judicial y con ayuda del ejército), pero en realidad la figura legal de “congelamiento” no existe y, por tanto, la norma sigue vigente.

Todo indica que las luchas deben seguir adelante. Tenemos la ventaja que contamos con movimientos y opinión pública mucho mejor informados. Si logramos triunfos en una primera ronda, podemos lograrlo nuevamente. Y haremos lo posible porque sean definitivos.

Fuente: Biodiversidad 82 / 2014-4