Argentina: vivir con dignidad es construir un mundo nuevo

Idioma Español
País Argentina

“Mi papá se instaló aquí en 1944”, dice Pablo Sarmiento con voz serena y gestos suaves, mirando las ruinas de su vivienda derribada por topadoras mecánicas de una empresa multinacional. Llegaron sin previo aviso el 24 de mayo, no hubo órdenes judiciales ni autorizaciones firmadas. Rodearon las viviendas con cercas de alambre para demarcar la propiedad del nuevo “inversor”.

Pablo mira la estepa al pie de la precordillera andina, donde llueven entre 80 y 100 mm. anuales, y acompaña el silencio que sólo interrumpen los camiones sobre la ruta 40 .

 

Pablo es uno de los siete hijos de José Celestino Sarmiento que continuó el oficio de puestero de su padre. Tenía unos 200 animales en esas tierras fiscales secas, sin agua y con pastos ralos, donde construyeron viviendas, galpones para el forraje, perforaron 174 metros para encontrar agua que los animales beben en piletones. Como Pablo y sus hijos quieren quedarse en el lugar que ocupan ya casi 70 años, quisieron presentar una denuncia que la policía se negó a recibir, pero supieron que la empresa los quiere llevar a juicio por “usurpadores” .

 

Los puesteros son pequeños campesinos que practican ganadería trashumante, van rotando los animales por distintos campos según la disponibilidad de pasturas y agua. Esa forma de trabajo les impone trasladarse entre distintos “puestos” para cuidar a los animales, cabras y vacas, pero a veces también porcinos y aves. “Me demoro unos 20 días para arrear mis 200 animales porque andan desparramados”, explica Pablo.

 

Esas tierras fiscales son consideradas desde tiempos remotos como tierras comunitarias para el pastoreo, por su escasísima productividad. “A veces pasan siete y ocho meses sin llover, se seca todo, hasta los algarrobos se secan. Los alambrados empezaron a avanzar hace cuatro años, compran, alambran y plantan olivos”. Pablo explica que los nuevos “propietarios” compraron a personas que hicieron manejos dudosos ante la justicia para justificar la posesión de una tierra que nunca tuvo dueños.

 

“Doña Carmen” es el nombre del emprendimiento empresarial de la española Argenceres, entre las provincias de Mendoza y San Juan, con más de 38.000 hectáreas. La empresa describe los cultivos de olivos que ya ocupan más de 2.000 hectáreas: “Todo el riego es automático, presurizado por goteo y doble lateral, alimentado desde pozos propios que garantizan agua de calidad y un cultivo moderno y sostenible”. Agrega que “debido a su gran extensión, condiciones climáticas perfectas y calidad de la tierra, Doña Carmen comandará el crecimiento de Argenceres en los próximos años”.

 

Sobre los propietarios, la propia empresa reconoce su participación en actividades especulativas y su carácter de grupo inversor: “La sociedad matriz de Argenceres es Inversora Portichol, importante grupo empresarial español que abarca sectores tan diversos como el sector inmobiliario, los materiales constructivos, la moda, la biotecnología o la investigación genética” .

 

Pablo y los demás puesteros, así como los campesinos sin tierra de Mendoza, saben que enfrentan enemigos poderosos: las multinacionales del agronegocio aliadas con los grupos económicos locales protegidos por el Estado provincial. Pablo pertenece a la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), con quienes instalaron una carpa para resistir el tiempo que sea necesario, que tiene su local más cercano en Jocolí, a 25 kilómetros del puesto atacado por la empresa.

 

El diario La Nación consultó al responsable del Programa Arraigo de Puesteros de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de Mendoza, Leonardo Miranda, quien aseguró que la familia Sarmiento tiene la posesión del campo desde 1944. “En el medio, los títulos fueron pasando por muchas manos, pero la posesión efectiva siempre fue de los Sarmiento” . Por lo tanto, según la autoridad estatal, la familia tiene derecho a permanecer allí.

 

Dice más: la familia figura en el registro de marcas y señales que los autoriza a vender sus animales, han sido registrados en los diferentes censos agropecuarios,+ y están inscriptos en el Registro Único de Puesteros. “Por lo tanto no hay manera de que se pueda configurar el delito de usurpación”, dice Miranda. Sin embargo, ninguna ley es garantía en un país, y una provincia, donde las grandes empresas vienen vulnerando toda legislación.

 

Producción y organización

 

Jocolí es un pequeño pueblo del departamento de Lavalle, fronterizo con la provincia de San Juan. Calles de tierra rojiza y casas bajas, un clima de austeridad marcado por la escasez de agua, que domina toda la región. Llegamos hasta una serie de construcciones de ladrillo donde nos recibe un grupo numeroso, Manuel, Carolina, Facundo, Lena, Marta, Gonzalo y algunos más que van saliendo de los diversos espacios que conforman la regional de la UST. Luego de las presentaciones de rigor, comienzan a mostrarnos las instalaciones.

 

Al frente, una sala con computadoras para los miembros del movimiento y sus familias. Al lado, otra sala con la radio comunitaria inaugurada hace menos de un año. Caminamos y aparece un gran vivero del que salen plantines para las huertas y tierras comunitarias conquistadas por el movimiento. Al fondo una bodega donde prensan uvas y envasan el vino “Campesino”. A un costado la fábrica procesadora de frutas y hortalizas de la que salen salsas de tomate, mermeladas y una amplia variedad de productos con los que el movimiento muestra que resistir y producir son tan necesarios como posibles. Al centro, la “Escuela Campesina”, un espacio del que se sienten orgullosos.

 

El movimiento tiene ya diez años. Nació en diciembre de 2002, en medio de manifestaciones ante la municipalidad de Lavalle convocadas por colectivos de la zona que exigían que las fincas abandonadas por las quiebras que provocó la crisis fueron entregadas a los desocupados para su subsistencia. Pero el municipio trasladó la información de los campesinos a los empresarios para facilitarles nuevos negocios. “Ahí comprendimos que no podemos esperar nada del Estado”, comenta un miembro de la UST.

 

La organización ya cuenta con 700 familias. Están divididos en cinco regionales en las que funcionan 30 grupos de base. Jocolí, por ejemplo, es una de las regionales, quizá la más importante con 200 familias y siete grupos de base. “Un grupo de base es un grupo de familias en un territorio definido que tienen identidad y se reúnen periódicamente para definir tareas”, explica Facundo, ingeniero agrónomo que vino a vivir a este rincón árido al norte de Mendoza.

 

Además de la organización territorial (las regionales) el movimiento cuenta con cinco áreas: producción y distribución, formación y educación, salud, comunicación y territorio. Además tienen grupos de género y de niños, con los que hacen campamentos, talleres de juego y música. El área de producción, en la que centramos el debate y las preguntas, implica la formación de una cadena productiva horizontal que comienza en el vivero y termina en las ferias y las redes de comercio justo que llegan hasta la mesa de los consumidores que, esperan los miembros de la UST, sean cada vez más concientes de lo que consumen.

 

Un grupo de cuatro personas se encarga del vivero. De ahí salen plantines de tomate, melón, sandía, hortalizas y flores, explica Carolina. Compran semillas y las cultivan hasta que pueden ser trasplantadas. A partir de ese momento hay varias modalidades: se pueden vender a compañeros del movimiento, entregarlas a una familia a cambio de una parte de la producción final que se destina al movimiento, hasta formas mixtas que combinan remuneración con trueque y las más variadas formas de cooperación.

 

“Pongamos el ejemplo de la cadena del tomate”, dice Lena. “Los plantines van a las tierras comunitarias del movimiento donde unas 20 familias los cultivan, pero también pueden entregarse a otras regionales. Luego el tomate llega a la fábrica, ahí son siete compañeras que los procesan y hacen salsa o tomate entero en conserva. Lo mismo con las mermeladas. Además hay un almacén andante que lleva los productos a domicilio”.

 

Pero los modos de trabajo se superponen y diversifican casi al infinito. Hay familias que tienen alguna tierra que a veces comparten con otras familias del movimiento. Otros combinan el trabajo en la tierra con empleos precarios como albañiles. Las familias que tienen vides llevan uvas a la bodega y pagan con vino, una modalidad muy extendida también con otros productos. “La cultura campesina es muy variada en cuanto a las más diversas formas de intercambio y cooperación y forma parte del movimiento”. En otros casos el movimiento adelanta insumos como gasoil y lo devuelven con parte de la cosecha.

 

La producción total es considerable. Unas 30 mil botellas de tomate al año, en salsa o tomate entero, vinos, dulces, mermeladas, miel, pollos, huevos, alimentos balanceados para animales, pasturas. Están organizando una feria campesina en Lavalle, permanente porque suelen realizar varias ventas esporádicas al año, “porque la agricultura que hacemos es para el consumo local, no para exportar”, dice Lena. “En realidad lo que hacemos son los productos tradicionales de la familia campesina que no utiliza conservantes”.

 

La cultura campesina consiste en producir en primavera y verano y guardar para el invierno cuando no hay producción, por eso buena parte de la producción se procesa como conservas. En realidad, el movimiento funciona como caja de resonancia de la cultura campesina, o por lo menos de aquellos aspectos no opresivos ya que se combate el machismo y las actitudes abusivas.

 

Tierra, agua y pobreza

 

Manuel explica que uno de los objetivos de la UST consiste en “la formación de las familias del campo, para que puedan defender sus tierras, y para eso hacemos talleres en que se aborda lo jurídico para poder enfrentar los desalojos. Los empresarios compran tierra con puesteros y gente adentro, y luego los consideran usurpadores. El puestero no tienen papeles pero tienen la posesión que heredaron de sus abuelos que se instalaron hace décadas”.

 

Más sutil es el proceso de apropiación del agua, sin la cual no hay producción. “El proceso de apropiación del agua consistió en derivar los ríos a las fincas de la oligarquía”, explica Manota. “Sólo el 3% del territorio de la provincia tiene riego, son las tierras más ricas porque desviaron los ríos. El otro 97% se conoce como “secano” y se lo asocia a la idea de “desierto”, no hay fincas sino campos. De ese 97%, más de la mitad son campesinos usando comunitariamente su territorio”.

 

Sobre esas tierras comunes avanzan los capitales internacionales. El precio que pagan por la tierra es ridículo, comparado con lo que se paga en los países del Norte. “Una hectárea comprada legalmente vale 10 mil pesos (2.500 dólares), pero llegan a pagar 500 y hasta cien pesos (125 hasta 25 dólares) fraguando títulos. El conflicto con la empresa española es con un capital especulativo, y como pagan muy poco por la tierra les queda mucho dinero para invertir. Han hecho perforaciones ilegales para regar los olivos que dejan al resto sin agua”, explican.

 

Con las tecnologías actuales, no necesitan comprar tierras con derecho a riego, siempre más caras, sino apenas monte seco que irrigan con pozos muy profundos, de hasta 300 metros, y gran despliegue de maquinaria. Manuel asegura que el 60% de las fincas de la zona están abandonadas porque el modelo productivo entró en crisis y quebraron muchos productores. “Dejan de cultivar pero la factura del agua sigue llegando hasta que la deuda es mayor que el valor de la finca, y ahí empiezan los manejos de estudios de abogacía e intermediarios que fraguan títulos de propiedad”

 

Lena agrega que muchos “inversores” reciben subsidios del Estado sin siquiera estudios de impacto ambiental. Existe toda una red de corrupción que llevó a la existencia de varios títulos superpuestos sobre una misma tierra fiscal, que se armaban en Buenos Aires. “El recurso limitante y el que va a generar el valor de la tierra es el agua, por eso se la apropian”. Es la corrupción la que ha permitido hacer saltar una de las leyes sagradas del mercado: aumenta la demanda de tierra pero baja su precio.

 

Hay un proceso de concentración de la tierra, dice Facundo: “Un tercio de la población de Mendoza es rural y el 80% de ese tercio no tiene tierras”. Los habitantes de Jocolí que no tienen tierra, trabajan de lunes a sábado de ocho a doce horas en fincas ajenas para subsistir.

 

Encuentro por la dignidad

 

Jacqueline trabaja cuatro horas diarias en el vivero y recibe un jornal. A veces compran cajas de tomates que los elaboran para autoconsumo familiar, pero hay otras modalidades de trabajo para llevarse parte de los alimentos que producen. Cada grupo de base se autogestiona y cada miembro elige en qué área le gusta trabajar. Eligen delegados a las asambleas que se realizan cada tres meses y participan en las reuniones quincenales en cada regional. La UST es parte de Vía Campesina y se inspira en algunos principios del MST de Brasil.

 

“Lo que hubo en 2002 fue un encuentro entre grupos campesinos y los que vinieron de agronomía, a partir de problematizar un punto que estaba casi prohibido que es la tierra y el agua”, dice Manuel. En la facultad de Agronomía existe una agrupación estudiantil, “Martín Fierro”, cuyos miembros trabaron relaciones con los campesinos. Cuando terminaron los estudios, varios agrónomos decidieron ir a vivir como campesinos a Lavalle, y año tras año se fueron sumando abogados, trabajadores sociales y más agrónomos. La unión de ambas vertientes hizo posible que naciera la UST.

 

Facundo 31 años, y Lena, 34, dejaron la ciudad y viven en Jocolí desde hace diez años. Cada uno construyó su familia, tienen hijos, trabajan la tierra y dedican mucho tiempo a la UST. “Me crié en el campo así que no tengo nostalgia de la ciudad”, asegura Facundo. “Además de la opción por construir la organización campesina como grupo que estuvimos en la militancia estudiantil, armamos una opción de trascender la cuestión individual mediante una economía colectiva”.

 

Los agrónomos comprometidos con los campesinos no pueden trabajar en empresas privadas y han sido expulsados de instituciones, y decidieron compartir los ingresos de los trabajos formales y precarios que consiguen, para poder seguir dedicando todo el tiempo a la lucha por la tierra. Sigue Facundo: “Trabajamos la tierra, producimos huevos, pollos, algo de cabras pero eso no alcanza, por eso hacemos esa economía comunitaria entre nosotros”.

 

“En estos diez años aprendí a valorar los vínculos entre las personas desde otro lado. Hay muchas necesidades que son de mentira, el derroche de agua por ejemplo, el consumo. Las relaciones de solidaridad y cooperación que en la ciudad están muy restringidas al círculo familiar aquí son lo más común”, aclara la voz de Lena. “El cambio más importante entre la gente es la autoestima, descubren que pueden hacer cosas sin depender de un político ni de un puntero, sobre todo las mujeres”. “En los conflictos de tierras las mujeres están en primera fila, pero cuando se discute están los hombres”, tercia Facundo.

 

Casi al atardecer y rodeados por una nube de polvo, pasamos frente a un campo de alfalfa, intensamente verde. La cultiva una familia que se queda con una parte y entrega otra al movimiento, al que compensa de ese modo por el alquiler del campo. “Promovemos los diversos sistemas de intercambio no monetario, como el trueque, porque es un modo de fortalecer los lazos familiares. También hacemos jornadas de trabajo colectivo, minga, con muy buena respuesta”.

 

La maquinaria de la bodega y la fábrica, la serigrafía, los tres tractores, la segadora, la enfardadora, y otras maquinas pequeñas, las consiguieron con subsidios del Estado y con fondos de la cooperación internacional. Un desafío que pasa por relacionarse con instituciones poderosas pero a la vez mantener sus principios organizativos: horizontalidad, autonomía, igualdad pese a las diferencias, para construir una nueva sociedad.

 

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas.

 

Recursos

 

Argenceres (empresa española-argentina): www.argenceres.com

 

“Grito Cuyano”, periódico de UST, abril de 2010 y enero de 2011.

 

MDZ Online (diario digital de Mendoza): www.mdzol.com

 

Movimiento Nacional Campesino Indígena: www.mnci.org

 

Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST): www.ust-mnci.blogspot.com

 

Raúl Zibechi, entrevista colectiva a miembros de la UST, Jocolí, 4 de junio de 2011.

Fuente: Programa de las Américas

Temas: Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades, Tierra, territorio y bienes comunes

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