Argentina: un arsenal de destrucción masiva

A las 11.50 del 1 de diciembre de 2011, Celso Aníbal Fernández cierra sus ojos para siempre. Yace con sus 52 años en una cama del hospital Samic de Eldorado.

La muerte pone fin a un sufrimiento que ya alcanzaba medio año. Quebrada, Marta Ávalos, la esposa, susurra sus últimas palabras: “Todo esto es por los venenos”.

Celso era peón rural oriundo de Puerto Piray. Durante doce años fumigó en forma manual para la transnacional chilena estadounidense Alto Paraná S.A (APSA). Tres meses antes de morir, expresó en una entrevista con superficie: "Tirábamos veneno para la reforestación en las plantaciones de pino, también hacíamos plantaciones y preparábamos el terreno".

En julio había comenzado a padecer un fuerte dolor en la garganta, molestia que apareció acompañada de una parálisis local y un tumor. En las consultas médicas los profesionales negaban la relación del mal con la exposición a los agrotóxicos. Celso había manifestado serias dudas. “No me dicen exactamente qué tengo, no me dan medicamentos y quieren seguir haciéndome estudios pero ya no tengo con qué ir”.

Rodeada por sus seis hijos, Marta anticipa que iniciará una causa judicial contra APSA, a la que responsabiliza directamente por la muerte de su compañero: "Esto no puede quedar así, no podemos seguir callándonos".

En pocas horas, la muerte de Celso es denunciada en medios de información alternativa de todo el mundo. Los otros, los masivos, callan otra vez.

El episodio, ocurrido en un pequeño paraje rural de Misiones, reabrió el debate sobre los agrotóxicos en la producción forestal; y reflotó preguntas incómodas: ¿Quiénes son los responsables de estas muertes? ¿Cuáles son las implicancias del modelo productivo foresto-industrial? ¿A quiénes beneficia y a costa de qué?

Monocultivo letal

De las 36 mil hectáreas que conforman el municipio de Puerto Piray, el 63 por ciento (22.500) están en poder de la transnacional APSA, completamente cubierto de pinos. Se estima que cada hectárea forestada insume tres litros de agrotóxicos por año. Eso significa que, sólo en este pueblo, se rocían cerca de 70 mil litros de agrotóxicos cada año.

La mezcla de herbicidas utilizada en los pinares es conocida con el nombre de “Arsenal”, una explosiva combinación de glifosato con otros tóxicos, que elimina todo, excepto el pino.

Hace cinco años, doscientas familias de la zona conformaron la organización Productores Independientes de Piray (PIP), con la decisión de luchar por la expropiación de tierras a Alto Paraná, para la producción de alimentos. Desde el inicio, además, vienen advirtiendo preocupación por los efectos sobre la salud de las fumigaciones en gran escala que la transnacional realiza a pocos metros de sus viviendas.

Aunque acercaron reclamos formales al gobierno provincial en numerosas oportunidades, la falta de “pruebas” para las denuncias era la excusa para la indiferencia.

Cansados de evasivas, desde PIP resolvieron realizar una encuesta en la zona, centrada en cuatro grandes ejes: salud, tierra, producción y trabajo. En los primeros días de diciembre concluyó el relevamiento, que alcanzó a 200 familias, de un total aproximado de 240.

Las zonas censadas fueron Piray 18 (el cruce), barrio Unión, y Santa Teresa (hasta el puente Piray Guazú), abarcando toda el área rural que bordea la ex ruta 12.

Sobre los efectos a la salud del modelo forestal y los agrotóxicos, la encuesta fue contundente. En 70 familias hubo personas fallecidas por cáncer; 136 familias tienen chicos con infeccion en los riñones y en las vias urinarias; 152 personas padecen serios problemas estomacales (dos jóvenes están muy graves, y como no encuentran una solución en Misiones se están tratando en Brasil); 113 mujeres tuvieron graves problemas de embarazo, de las cuales veinte sufrieron abortos espontáneos; en 12 familias hay jovenes y niños con capacidades diferentes.

Además, en el 90 por ciento de las casas hay personas con enfermedades respiratorias crónicas; y en el 60 por ciento se registran casos de alergias gripales y dérmicas.

Miriam Samudio, delegada de PIP, contó que “todas las familias relacionan estas enfermedades con los agrotóxicos. La mayoría de los problemas comenzaron hace unos diez años, cuando Alto Paraná taló árboles viejos y plantó pino muy cerca de las viviendas, a solo 70 metros. Se usó mucho agrotóxicos, y desde entonces tenemos enfermedades”.

“La misma gente va relacionando y haciendo memoria de por qué ocurrió todo esto. Lo mismo con los animales, siempre cuando se fumiga se encuentran palomas, tortugas, los animales se intoxican y mueren. Mucha gente de acá se opera de la vesícula: ¿será que tiene que ver con el pólem de los pinos? Nos damos cuenta de lo que nos pasa, de acuerdo con nuestra realidad cotidiana”.

Enfatizó que “todo esto tiene que ver con los agrotóxicos. Necesitamos con urgencia un médico que nos acompañe, pero no conseguimos que alguien nos ayude”.

Salud Pública S.A.

Los productores de PIP denuncian que Salud Pública oculta las enfermedades relacionadas con la producción del pino y la utilizacion indiscriminada e inadecuada de los agrotóxicos, en evidente complicidad con Alto Paraná S.A.

Hace diez años, asistía al Caps del paraje una médica contratada por la empresa. Los vecinos notaron que en lugar de atender la salud de la población, sólo buscaba proteger la imagen de Alto Paraná. Por eso, la denunciaron públicamente, y dejó de venir.

En su reemplazo, arribó un médico clínico del Samic de Eldorado, quien permanece hasta la fecha. A pesar de ello, la situación no ha cambiado demasiado, según observaron los productores. La diferencia entre los profesionales enviados por APSA y Salud Pública es mínima.

“Nos llama la atención la forma en que nos atiende. Siempre comentamos entre las mamás, porque el te saluda muy amable, vos entrás con tu criatura, con la persona enferma, le llevás, y cuando le empezás a contar te quiere despachar nomás, no te escucha, 'dale esto', 'dale aquello, y andá nomas', te dice. Y nos llama la atención eso, porque un doctor te tiene que escuchar, tiene que esperar que el paciente le cuente todos los síntomas, para que después te medique”, comentó Miriam.

Añadió que cuando la empresa reanuda las fumigaciones “la salita se llena, todo el mundo va, y él nos dice que es una alergia nomás. No se interesa ni pregunta por la situación, no hay ningún compromiso de parte de los profesionales de Salud Pública”.

La asistencia en el Samic Eldorado no es diferente. Nunca se mencionan los agrotóxicos. El mismo silencio, la misma complicidad.

Con los resultados de la encuesta en mano, los pobladores solicitarán próximamente una audiencia con el director de dicho nosocomio y los médicos, para reclamar un compromiso mayor ante la ya inocultable problemática sanitaria.

Arsenal

El médico Juan Yadhjian, miembro del Movimiento Social Misiones, del Espacio Ecuménico y del Foro de Pensamiento y Construcción Social, advirtió que “el veneno mata y los más expuestos son los que lo manipulan y también las poblaciones vecinas y lejanas. Pero el veneno sigue siendo veneno siempre, y se potencializa cuando se combina con otros venenos (sinergia). Todos ellos terminan en los seres vivos (bioacumulación) y en nosotros en particular porque tenemos pocos mecanismos para metabolizarlos y expulsarlos, muchas veces rebalsados por la cantidad que absorbemos”.

Alertó que “son muchas las enfermedades que nos deja el modelo productivo vigente y en su mayoría, difícil de diagnosticar. Los agrotóxicos no circulan en sangre, se depositan en los tejidos, principalmente donde predomina la grasa, como es el caso del cerebro. Su presencia es causa de disminución de calidad de vida y una gran cantidad de síntomas y enfermedades, que no siempre tiene relación con el contacto con el veneno”.

El especialista indicó que además de los muchos transtornos de los que manipulan o se encuentran cercanos, “se describen cambios de conducta, disminución de defensas, de la capacidad intelectual, cuadros depresivos, dolores inexplicables de cabeza, mareos y otras alteraciones nerviosas y hasta enfermedades malignas. Son conocidos también los cambios hormonales o disturbios producidos por los agrotóxicos, probados en animales y en el hombre”.

Por ello, consideró que la única salida posible es “prohibir la producción y el uso de agrotóxicos y otros venenos. No basta con 'parar de fumigar', hay que parar de producir y de importar, por el peligro cierto de que terminen en nosotros (consumidor final)”.

¿Y la academia?

“Tenemos una Universidad que enseña a usar agrotóxicos”, afirmó el Ingeniero Forestal Juan Domingo Perié, coordinador de la carrera de Guardaparques en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (Unam).

“La carrera de Ingeniería Forestal, en una de sus materias, enseña el uso, aplicación y cuidado que hay que tener con el uso del glifosato en las plantaciones de pino, que también es gran parte de lo que enseña esta Facultad, a plantar pinos”, contó.

El académico indicó que en Misiones anualmente se reforestan unas 30 mil hectáreas de pino y estimó que cada año se aplican más de 100 mil litros de glifosato en estas plantaciones. "Eso es responsabilidad, en gran medida, de los Ingenieros Forestales egresados de esta Facultad, porque son ellos los que coordinan, dirigen y planifican esas plantaciones”, advirtió.

Perié lamentó que “apenas un pequeñísimo sector de los Ingenieros Forestales egresados salen preocupados por la salud de su comunidad y la conservación del medio ambiente”.

Sobre cómo se llegó al punto de institucionalizar la enseñanza del uso de agrotóxicos en Misiones, evidenció que “hay distintos intereses, acá cuando aparecen las primeras plantaciones de pino en el año 1952, se plantaba y se carpía, no existía el glifosato. Apareció el glifosato como la 'solución' a las carpidas y la contratacion de gente. Entonces hoy, en vez de contratar gente para ir a carpir, se pone en un tractor el glifosato, y ese tractor hace en una jornada de ocho a diez hectáreas, cuando a un machetero o carpidor una hectárea le lleva cinco días. Entonces, cuando se hacen los números cuánta guita se pone para agroquímicos y cuánta para contratar a una persona, se opta por el agroquímico, porque resulta mucho más rentable. Pero de lo que no se habla es de los efectos a la salud y la contaminación. Sólo se habla de costos. Te dicen: 'Yo contrato tanto, pongo dinero, pago menos'. Es una cuestión muy sencilla. Económicamente es superior, más rentable el glifosato que contratar gente para que vaya a carpir en las plantaciones de pino”.

La Universidad forma profesionales que serán funcionales con un modelo productivo depredador, advirtió, “y aquel profesional, aquel docente que enseña el uso obviamente lo sabe. Todos sabemos, porque leemos y porque vemos el problema que genera el glifosato en la contaminación del medio ambiente y a la salud. Nadie puede decir, ningún docente puede decir que no sabe que esos productos son tóxicos".

¿De qué manera está relacionada la Universidad de Misiones con empresas como Alto Paraná y Monsanto? “Directamente”, respondió el Ingeniero forestal. Y explicó que quienes manejan las plantaciones, no solamente de Alto Paraná, sino de toda la provincia, son los ingenieros forestales; y un veinte por ciento de ingenieros agrónomos que tienen propiedades. Pero nosotros (los ingenieros forestales) somos los responsables de las grandes plantaciones de pinos, no otros”.

Para Perié, una salida para comenzar a revertir esta situación es plantear la necesidad de volver a contratar gente para carpir. “El pino va a crecer igual si se pone gente, porque el glifosato mata todo, menos el pino. La orientación sería esa: dejar de usar productos químicos, y poner la gente a trabajar, porque así generás trrabajo, cuidás al ambiente y generás riqueza”.

La raíz del mal

En el marco del “Juicio Ético y Popular a la Transnacionales de la Triple Frontera” -realizado el 31 de septiembre y 1 de octubre de 2011 en la localidad misionera de Wanda- el docente e historiador Rubén Ortíz, integrante del Movimiento Social de Misiones, expuso sobre el origen y la evolución del modelo forestal en Puerto Piray.

Durante su presentación, enfatizó la necesidad de “desentrañar la red de complicidades que hizo que esto fuera posible”, y expresó que la matriz pastera “no apareció de un día para otro, de la nada. Hace sesenta años se empezó a instalar”.

“Nuestros abuelos paraguayos vinieron corridos por la revolución de 1947, y fueron los primeros obreros de la industria pastera. Puerto Piray es prácticamente una colonia paraguaya, y se siente esa fuerte influencia en el conjunto de nuestro pueblo”, indicó.

Ortíz sostuvo que el modelo forestal pastero se instaló sobre la base de sucesivos genocidios y matanzas. Vergonzosos episodios que ocurrieron “en complicidad con la academia, que no quiso instalar este tema en el sistema educativo. Este tema sigue siendo vergonzosamente tratado”.

Por eso, remarcó que la pelea de los educadores es ver cómo incluir estos problemas en la escuela pública: “Ése es el debate madre. ¿Cómo vamos a construir el currículum? Ahí está el centro para enfrentar a las transnacionales. Si no está metido en el sistema educativo toda nuestra pelea va a ser más lenta”.

El investigador observó que el comienzo se da en 1940, cuando se instala Celulosa Argentina en Puerto Piray, comprando las primeras 80 mil hectáreas. “Quince años después, un célebre dictador genocida, Aramburu, inaugura la primera pastera en Piray. Corría el año 1955”.

Por entonces, la población de la zona ya padecía serios problemas para acceder a la tierra. “La extranjerización es la etapa final: aquí hubo una política de monopolio de la tierra. Cada municipio de esta zona era de una empresa. Y ese es un proceso que hay que ver hoy, porque hoy está ocurriendo lo mismo. Los contratistas de Alto Paraná son intendentes en democracia”.

El historiador expuso que en Misiones “siempre tuvimos problemas de no acceso a la tierra, porque la provincia se vendió en treinta chacras después de la federalización”.

Ortíz observó que el modelo pastero se consolidó durante la última dictadura cívico-militar argentina, de la mano del apoyo estatal. “Yo diría que sin la dictadura no hubiese sido posible. Entre 1976 y 1983, sobre todo Celulosa, vivió de manera vergonzosa los recursos. El 75 por ciento de los costos de la planta de CPP los puso el Estado. O sea, podíamos reclamar para nosotros el 75 por ciento de esa empresa hoy. ¿Entienden lo que les digo? Una cosa vergonzosa. En esta etapa se concreta la mayor concentración y extranjerización de capitales.”

En 1982 entra en vigencia Alto Paraná, la planta de Puerto Esperanza, con treinta años de exención impositiva.

Ya en la década del 90 se produce en Misiones, como en el resto del país, “la otra extranjerización”, continuó Ortíz. El Estado misionero tenía una empresa papelera, Papel Misionero, que fue la primera en extranjerizarse. Y en 1996 se vende la planta de Puerto Esperanza a Industrias Forestales Sociedad Anónima, del grupo Arauco.

“Fíjense lo que ocurre. Estábamos hambreados prácticamente en el Norte. Todas las organizaciones participaron de una multisectorial para la reactivación de CPP, en nombre del empleo. Que eso iba a generar trabajo, que iban a venir inversiones, era la teoría del derrame. Pero no se derramó un cuerno. Esta multinacional, hay que decirlo, es mentira que genera empleo. Es una barbaridad. Si nosotros queremos trabajo, por esta vía de las 'inversiones' no lo vamos a tener”.

Actualmente, Rubén Ortíz estudia las consecuencias del modelo pastero sobre la producción de la yerba mate. “Sólo en Montecarlo, que producía en el año 1999 –cuando se empieza a extranjerizar- 30 millones de kilos de hoja verde; hoy estamos, con suerte, en 15 millones”, ejemplificó.

“Y yo les quería mostrar un cuadro de destrucción espectacular de las fuentes de trabajo, de flexibilidad y precarización que tiene la industria. Para producir esos treinta millones de kilos de hoja verde, Montecarlo, municipio por excelencia productor de yerba-, teníamos 2160 tareferos (peones de la yerba) blanqueados, declarados. Tienen que entender que una de las actividades con mayor precariedad, históricamente, es la yerba mate. En 2008, cuando estalla el escándalo de la yerba, había 10 tareferos declarados. Por eso, cuando Alto Paraná dice “generamos 1.300 puestos de trabajo, la respuesta concreta es decirles: '¿Y la cantidad de tareferos que desapareció desde que llegaron ustedes?' En un municipio desapareció esa cantidad. Entonces, esto es una gran mentira”.

Además, alertó que en Montecarlo cada año se pierden mil hectáreas de yerba como consecuencia del avance de la forestación, de pino y eucaliptos. “Y eso tiene que ver también con los malos precios de la hoja verde, que hace que la yerba no sea rentable”.

Finalmente, el historiador reflexionó que la industria pastera fue una herramienta de saqueo desde el inicio, que se profundizó con la extranjerización en la década del '90. “Acá hay una vergonzosa entrega de la biodiversidad, pero sobre todo hay una fenomenal entrega de la riqueza que producen nuestros ciudadanos”.

Genocidio y Ecocidio

El Tribunal Popular del “Juicio Ético y Popular a las Transnacionales de la Triple Frontera” declaró culpable de Genocidio y Ecocidio a la empresa Alto Paraná S.A, junto con otras dos corporaciones: Cargill y Monsanto.

El fallo se conoció luego de dos intensas jornadas de audiencias, en las que se analizaron las denuncias, testimonios y casos testigos presentados por las poblaciones directamente afectadas por la presencia y forma de operar de la transnacional chilena.

El Tribunal advirtió que “hay en curso un ecocidio y genocidio silencioso”, tras comprobar “violaciones fragrantes a los derechos fundamentales de las poblaciones y de la naturaleza; así como la violación de normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos políticos, sociales, culturales, ambientales, y ancestrales de los pueblos originarios”.

Por ello, resolvió denunciar y condenar ante a la opinión pública como anti ético y violatorio de los Derechos Humanos “al sistema neoextractivista imperante, que tiene a las transnacionales como uno de sus principales protagonistas”.

Asimismo, demandó a los gobiernos nacionales y provinciales a garantizar: “la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses de los sectores privados; el acceso rápido y eficiente a la justicia; y la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, los Derechos Ancestrales, y de Protección al Medio Ambiente”.

Instó a suspender los megaproyectos de desarrollo de monocultivos “hasta que se sometan a un proceso de evaluación de impactos social y ambiental, con una real participación de las comunidades y poblaciones que se vieran afectadas”.

Y resaltó que las autoridades políticas tienen, a su vez, la responsabilidad por la omisión de medidas a su alcance que podría modificar la situación actual. “Las políticas implementadas desde los estados, como establecer marcos legales e institucionales favorables a las empresas y omitir la aplicación de las leyes que protegen los derechos de las poblaciones, incrementan el poder de las empresas transnacionales y refuerzan su impunidad, de tal manera que los gobiernos se convierten en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que esas empresas cometen. Además, en muchas ocasiones, esos marcos legales e institucionales hacen jurídicamente imposible para las víctimas prevenir e impedir esas violaciones y obtener una reparación por sus consecuencias”.

- Sebastián Korol es Co-director de Revista Superficie.

Fuente: ALAI