Argentina: nuevos derechos y asignaturas pendientes
"En estos mismos días Mendoza corre el peligro de retroceder en un camino muy importante que la provincia había tomado: la prohibición de la “megaminería”. Se aprobó la declaración de impacto ambiental del emprendimiento San Jorge, que consiste en la explotación de oro y cobre al norte de la ciudad de Uspallata; nuevamente el ambiente, el agua y las poblaciones están en peligro y en estos días la Legislatura provincial vota la aprobación o rechazo de San Jorge."
El Valle de Uco, en Mendoza, como la mayoría de los territorios de gran parte de la Argentina, se desgarra entre las grandes inversiones del agronegocio y el extractivismo en general, las denuncias sobre trabajo rural en condiciones inhumanas, y ciudades intermedias que fueron polarizándose socialmente al compás de estos nuevos tiempos. Pero también como en la mayor parte del territorio al margen de las grandes urbes, son lugares donde nuevas maneras de ver la vida, vivir las relaciones entre las personas o entre ellas y la naturaleza se abren paso a fuerza de la tenacidad de grupos que por distintas razones comprenden las vibraciones de este nuevo siglo. Miran con ojos críticos las promesas de una modernidad tardía y periférica –desarrollo, progreso– y buscan nuevos horizontes de pensamientos que acompañan con prácticas de vida. Se trata de lugares donde se muestran experiencias de agroecología o biodinámica, organizaciones de campesinos que resisten el avance del agronegocio acompañadas por jóvenes técnicos convencidos de educar a sus hijos entre montañas y cabras, organizaciones sociales de nuevo cuño (las asambleas) y grupos culturales capaces de producir vivencias excepcionales en una biblioteca, bachillerato o radio popular. Configuran “campos de experimentación” que, por supuesto, no ocupan grandes espacios sociales o institucionales, pero que intervienen significativamente en la rica dinámica del “país interior”.
En una de esas ciudades intermedias, Tupungato, los primeros días de febrero se celebró el primer matrimonio homosexual de la región. Dos hombres que llevan juntos más de 18 años consagraron su matrimonio civil. Una funcionaria cálida y consciente de la novedad del ritual le imprimió un tono celebratorio y marcó con sus palabras la decisión del Estado democrático de generar y expandir nuevos derechos al ritmo de los tiempos. Como en cualquier boda hubo familiares, amigos asambleístas y de las ciencias sociales y vecinos de múltiples y diversos mundos culturales e identitarios. Con el marco de los Andes, el alboroto de los animales alterados por el ir y venir de los críos, vinos para todos los gustos, celebramos esta decisión de dos seres humanos que, sencillamente, se aman, y de una institucionalidad que albergó por fin esta simple situación.
En estos mismos días, paradójicamente, Mendoza corre el peligro de retroceder en un camino muy importante que la provincia había tomado: la prohibición de la “megaminería”. Se aprobó la declaración de impacto ambiental del emprendimiento San Jorge, que consiste en la explotación de oro y cobre al norte de la ciudad de Uspallata; nuevamente el ambiente, el agua y las poblaciones están en peligro y en estos días la Legislatura provincial vota la aprobación o rechazo de San Jorge. El 77 por ciento de los mendocinos rechaza el proyecto y miles de personas marchan a la Legislatura, la casa de la democracia, para comunicar a los legisladores sus experiencias de vida en relación con el agua y los recursos naturales. “No se toca, el agua es de Mendoza”, gritan a coro los manifestantes mientras entran al lugar donde se decidirá esta situación. La población, pacíficamente y en presencia del vicegobernador, recuerda a los representantes del pueblo que no deben perder de vista cuál es la fuente de poder instituyente. Allí están con sus experiencias y convicciones frente a los legisladores, interpelándolos para que voten responsablemente.
La expansión democrática del siglo XXI se logra estableciendo todos estos derechos a la vez: los humanos, los sociales, los colectivos, los identitarios, los socioambientales, etc. Después de todo, el país tiene suficientes recursos para producir alimentos sin esquilmar la tierra e igual conseguirá excedentes exportables; la minería no deja más que devastación y falta de agua en zonas donde se considera que en diez años las precipitaciones descenderán 21 por ciento del nivel actual.
Mucha gente que desea y trabaja por una sociedad mejor es capaz de percibir las ideas anquilosadas de una Iglesia que se opuso al matrimonio igualitario o de una derecha cultural como la del jefe del Gobierno porteño o de los grandes medios con marcas dictatoriales. No obstante no reconoce los discursos retrógrados, devastadores y autoritarios de los actores de este extractivismo: desde los ganaderos del feed lot, a los sojeros, desde los patrones de ingenios azucareros cómplices del “proceso”, hasta las modernas empresas semilleras o mineras con sus gobernadores “amigos”. Para avanzar coherentemente en una profundización democrática hacen falta derechos humanos, sociales, colectivos, identitarios, de información, pero también derechos a preservar los bienes comunes (recursos naturales) y a elegir con responsabilidad la reproducción material de la vida. Unos sin los otros nos convierten en poblaciones tuteladas o/y coloniales incapaces de pensarnos en procesos de profundización democrática en el registro de este siglo. Este sigue siendo, a nuestro juicio, el gran debate pendiente en la Argentina y hoy todos debemos mirar hacia Mendoza.
Norma Giarraca. Socióloga. Instituto Gino Germani-UBA.
Fuente: Página 12