Argentina en la Alianza del Pacífico: volviendo a la “normalidad”

La semana pasada se dio a conocer la incorporación de Argentina a la Alianza del Pacífico en calidad de país observador. La Alianza del Pacífico es un acuerdo de integración para la liberalización comercial y está integrada por Chile, México, Perú y Colombia, países que tienen Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos asociados también a acuerdos de seguridad como el Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina y la Iniciativa Mérida en el marco de la “guerra contra las drogas”[1]. Son países que en estas últimas décadas se han mostrado como aliados de la política exterior estadounidense hacia la región. De hecho, la Alianza se gestó como contrapeso al ALBA, la UNASUR y al giro dado por el MERCOSUR hacia políticas que superaran la integración comercial. Los medios hegemónicos dan cuenta de este rol asumido por la Alianza del Pacífico al afirmar que con esta incorporación de Argentina “se empezarán a abrir las puertas del Mercosur a un espacio que, hasta hace unos años, era resistido por el eje bolivariano, con el kirchnerismo y el chavismo a la cabeza, por diferencias ideológicas”[2].

De este modo se sigue avanzando en un importante giro de la Argentina en materia de política exterior, tal como se esperaba de un gobierno que desde el inicio de su gestión aspira a que Argentina “vuelva a la normalidad”, es decir, que vuelva a subordinarse sin más a los intereses de los países y economías centrales. Según la canciller Susana Malcorra, esta decisión no afectará los rumbos del MERCOSUR. En efecto, esta decisión tal vez no afectará por sí sola al bloque, pero sí se suma a una serie de cuestiones que pueden marcar su cambio de rumbo: el apuro de Argentina por concretar el acuerdo de integración (asimétrica) con la Unión Europea[3], el golpe blando en Brasil, la alineación de Paraguay a Argentina y un gobierno Uruguayo que parece acomodarse sin demasiada resistencia a estos cambios. A esto se suma la “amenaza” de Paraguay de invocar la Carta Democrática en contra de Venezuela.

Lo cierto es que en condición de “observador” el presidente Mauricio Macri asistirá a la cumbre del bloque que se celebrará el primero de julio en Chile. Vale aclarar que hasta ahora, a pesar de que la Alianza del Pacífico es evidentemente un acuerdo impulsado desde Estados Unidos, ese país no la integra sino que también participa como observador. Una de las razones que frena su integración al bloque es el flujo de personas que debería facilitarse entre los Estados miembro, aspecto que Estados Unidos no está dispuesto a acatar[4], en un contexto en el que desde fines de 2015 e inicios de 2016 está llevando a cabo deportaciones masivas de centroamericanos[5].

Para pasar de observador a miembro efectivo, el país aspirante, entre otras cuestiones, debe tener Tratados de Libre Comercio con al menos la mitad de los países del bloque[6]. Por un lado, podría decirse que esta es una manera de concretar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) por otra vía. Por otro lado, con respecto a los beneficios de los TLC, conviene tener en mente las experiencias de México y Colombia que han subordinado sus economías a las necesidades y objetivos de las grandes corporaciones y a la política estadounidense, generando serios problemas en el sector agrícola en ambos países, con los graves efectos que ello implica para la totalidad de sus economías[7]. Esta es una de las consecuencias de la integración asimétrica, en tanto las economías con menor desarrollo industrial y tecnológico pierden poder de negociación frente a las economías más desarrolladas en estos ámbitos, en este caso, la estadounidense.

Este tipo de acuerdos son los que el gobierno de Macri aspira a integrar, para garantizar la “normal” subordinación económica que caracteriza a los países periféricos. (ALAI)

Silvina M. Romano es investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Fuente: Red del Tercer Mundo