Argentina: comunicado del Serpaj por el Juicio del caso BARRIO ITUZAINGO

Buenos Aires, 18 de julio del 2012 .

En el marco del Juicio de Barrio Ituzaingó Anexo, que se está desarrollando en la Ciudad de Córdoba desde el 11 de Junio, adherimos a la Marcha del día 19 de Julio a llevarse a cabo en la ciudad de Córdoba, cuyas consignas son:

* JUSTICIA PARA LAS MADRES DE BARRIO ITUZAINGÓ

*PAREN DE FUMIGAR

*FUERA MONSANTO DE AMERICA LATINA

El Serpaj pone en conocimiento la siguiente declaración:

El denominado caso: “Barrio Ituzaingó Anexo” o juicio a las fumigaciones, posee la enorme virtud no sólo de haber puesto - por primera vez en el País – en el banquillo de los acusados a dos productores sojeros y el propietario de una empresa de aero-aplicación sindicados de ser supuestamente responsables del “delito de contaminación ambiental” en los términos del art. 55 de la ley n° 24.051, sino que, además, ha permitido poner –en toda su dimensión- la discusión sobre el actual “modelo de producción agropecuario” basado en la utilización del paquete tecnológico compuesto por soja transgénica + productos agro-tóxicos.

Este “modelo de producción” viene desde hace tiempo, siendo profunda y fundadamente cuestionado por la sociedad civil, principalmente, por vecinos que habitan en cercanías a los predios rurales que habitual y normalmente son explotados con cultivos de soja, organizaciones ambientales, movimientos campesinos y pueblos originarios. Ellos, advierten y denuncian enfáticamente, la aparición –inusitada- de enfermedades graves (tales como, malformaciones, cánceres, leucemia, lupus, abortos espontáneos, fisura palatina, etc.) asociadas íntimamente con el uso creciente e intensivo de estos productos agro-tóxicos.

Las favorables condiciones externas y los precios internacionales dieron lugar al pujante negocio de la “sojización” es decir, el proceso de pasar de 0 a 18 millones de hectáreas cultivadas, de 0 a 50 millones de toneladas, de 0 a 20 mil millones de dólares de exportación, y de un consumo de 0 a 200 millones de litros anuales de glifosato. Pero, lo que resulta verdaderamente alarmante es la contracara de este proceso, representada por la aparición y el incremento de enfermedades graves asociadas al uso intensivo y creciente de los productos agro-tóxicos, el desmonte y la desaparición de los bosques nativos, el despojo de campesinos y pueblos originarios, violando de esta manera “derechos humanos fundamentales” tales como el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a vivir en un ambiente sano y a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan ( Arts. 33, 41, 75 inc. 17 de la C.N.).

La Red Agroforestal (Redaf), precisa que (sólo en la región del Chaco argentino) se contabilizan 11,4 millones de hectáreas en disputa, y en todo el país existen víctimas de la violación a los Derechos Territoriales como estos casos:

· Sandra Juárez murió frente a una topadora el 13 de marzo de 2010, en el paraje campesino de San Nicolás (Santiago del Estero), tenía 33 años, dos hijos.

· Javier Chocobar, comunero diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán), fue asesinado el 12 de octubre de 2009, por ex policías y un empresario que pretendían hacer uso de una cantera dentro del territorio comunitario.

· Roberto López, miembro de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa), fue asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de 2010.

· Cristian Ferreyra, 23 años, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte de la provincia.

· Barrio Ituzaingó Anexo: Mas de cien vecinos muertos por cáncer (tasa de muerte por cáncer 33% - en Argentina tasa 18% ), el 80% de niños del Barrio tienen agro-tóxicos en sangre.

Por su parte, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, en un relevamiento de apenas tres meses constató la existencia de “857 conflictos de tierra en todo el país, que afectan a 63.843 familias e involucran 9,3 millones de hectáreas”. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria. La superficie en disputa alcanza las 11,4 millones de hectáreas y son afectadas 1,6 millón de personas. Sumado a ello, el “Plan Estratégico Agroalimentario” (PEA), presentado recientemente por el Gobierno Nacional, entre otros objetivos, se plantea aumentar la producción granaria un 60 por ciento, esto es, pasar de las 100 millones de toneladas actuales a 160 millones, para 2020. Reconoce la necesidad de avanzar sobre nuevos territorios: desmontes, mayor uso de agro-tóxicos, más conflictos territoriales y desalojos son la consecuencia más predecible.

Por eso nos preguntamos: “¿Cuantos hermanos más deben morir para acabar con este modelo de producción que cada día enferma y mata a más gente?”. Más específicamente, y en materia de fumigaciones se estiman que son 12 millones de personas las que se encuentran expuestas de modo directo, sistemático, repetitivo y generalizado, a estos productos agro-tóxicos, cuya consecuencias en la salud y en el ambiente se están discutiendo por estos días en Sede Judicial en la Ciudad Capital de la Provincia e Córdoba, en el marco de la denominada causa de Barrio Ituzaingó Anexo.

Por todo ello, DECIMOS que; las consecuencias que producen las fumigaciones sobre la salud y la vida de las personas expuestas involuntariamente a estas prácticas, poseen la suficiente entidad como para ser calificadas como crímenes de “lesa humanidad”, ello por cuanto se tratan de actos serios de violencia que dañan a los seres humanos privándolos de lo que es más esencial para ellos: su vida, su libertad, su bienestar psíquico, su salud y/o dignidad. Son actos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites tolerables por la comunidad internacional.

En tal sentido, podemos afirmar con claridad que los elementos comunes a todos los crímenes de lesa humanidad están igualmente presentes en el caso de las fumigaciones:

1. Ataque repetitivo, sistemático y generalizado: Las fumigaciones importan entonces, una serie de actos, sostenidos en el tiempo, no menos de 3 por cosecha, realizados en contra de la voluntad –principalmente- de ciudadanos que viven en cercanías a los campos sembrados con soja. Dicha línea de conducta afecta anualmente, a nivel mundial, miles de víctimas sin distinguir raza, sexo y edad (generalizado), y se lleva a cabo de conformidad con la logística diseñada por organizaciones transnacionales dedicadas al comercio de estos paquetes tecnológicos (soja transgénica + glifosato).

2. Contra una población civil. Las fumigaciones afectan a un extenso grupo humano, sin distinción de credo, raza, edad, etc.

3. Importa el traslado forzoso de la población civil rural, campesina y pueblos originarios hacia centros urbanos o más alejado de su habitad natural con el propósito de escapar a estas agresiones, abandonado su centro de vida, su cultura, etc. condenándolos a su desarraigo más encarnizado.

En definitiva, es necesario e imprescindible abandonar el actual modelo de producción que solo persigue la maximización de las ganancias por parte de las Empresas Multinacionales, Empresarios sojeros y pooles de siembra, en detrimento de la salud pública de todos los habitantes y del medio ambiente en general.

Adolfo PEREZ EZQUIVEL Coordinación Nacional
Premio Nobel de la Paz SERPAJ-AR

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