Argentina: Un país cómodo o el consenso extractivista
En su último discurso de Apertura de Sesiones Legislativas, la Presidente Cristina Fernández obvió la problemática ambiental de un modo contundente. Pero más allá de la responsabilidad del gobierno, tampoco la oposición política mayoritaria se preocupa por cuestionar el modelo extractivista. Más bien, el consenso de fondo entre los partidos políticos nacionales incluye el sostenimiento del agronegocio sojero, la megaminería, el fracking y la energía nuclear, entre otros puntos.
Por Eduardo Soler
Crecimiento, subas del trescientos o quinientos por ciento, créditos para "comprar cosas lindas" en shoppings, la celebración de ser el país más carnívoro del mundo, más energía nuclear y más fracking para abastecer más aires acondicionados. Estos fueron algunos de los indicadores de éxito en las políticas impulsadas por el Estado Nacional, en el último año pero haciendo referencia a todo el periodo kirchnerista iniciado en el 2003. Hubo cambios y continuidades en el discurso, pero como nunca la cuestión ambiental fue pasada por alto en la visión presidencial.
La primera parte del discurso tuvo como eje central el elogio de la "política de desendeudamiento". El antecedente inmediato es la disputa que atravesó el año pasado el gobierno debido al fallo judicial obtenido por los llamados "fondos buitres". Y es cierto que partidos de la oposición llamaban a cumplir ese fallo pagando más deuda externa. Sin embargo, el costo oculto de la política adoptada radica en que el financiamiento de ese pago provino de una política extractivista acelerada en la gestión kirchnerista, ya que para obtener dólares se necesita alentar la sojización de la que se obtienen recursos fiscales.
Por sus características, el acto institucional del domingo se presenta como un monólogo. Pero más allá de eso, no existen debates significativos en este punto central como es el apoyo al sector del agronegocio. Tan importante que fue el disparador del llamado "conflicto con el campo", que como ya hemos analizado no fue una disputa por otro modelo agropecuario, sino por obtener los excedentes de recursos. La realidad en Argentina no está ajena al contexto en América Latina, en lo que Maristella Svampa sintetizó como el "Consenso de los Commodities" que reúne a gobiernos progresistas y conservadores.
En la misma sintonía, como bien explicaba Eduardo Gudynas en 2011: "se observa un creciente consenso extractivista, basado en los altos precios de las materias primas, y las necesidades imperiosas de flujo de caja que tienen los gobiernos. Las disputas de la izquierda dejaron de centrarse en las empresas transnacionales o la globalización económica, ya que ahora dependen de aquellas para insertarse en los mercados globales. Entretanto, las protestas ciudadanas y los reclamos escalan en todos los países, y en lugar de repensar las estrategias de desarrollo, los gobiernos encuentran más fácil quejarse de las ONGs y los movimientos sociales".
Si Cristina Fernández terminó su discurso replicando que "no dejo un país cómodo para los dirigentes, sino un país cómodo para la gente" la frase puede interpretarse en otros sentidos. La construcción de "la gente" a quien se dirige las políticas públicas se concentra sobre todo en las masas urbanas que acceden, según su nivel social, a planes asistenciales o incentivos al consumismo. Ambos factores se destacaron en el informe presentado, en diferentes ámbitos. Si lo primero es legítimo, lo segundo es más controversial. Pero en ambos casos, igualmente, el problema es de dónde se obtienen los recursos.
Hemos dicho en " el modelo desgranado" que la política kirchnerista del "desarrollo con inclusión social" se basa en una redistribución del ingreso que se hace "al final del tubo". Esto significa sin transformar los ejes centrales de la economía, sino tratando de dirigir los excedentes de un modo más justo y eficiente. En otras palabras, no se trata de transformar el modelo de los agronegocios hacia otro de soberanía alimentaria que redistribuya la producción en origen, sino más bien alentar la sojización del país pero utilizando la renta de las exportaciones para financiar distintas políticas.
Tal y como fue también sostenido en 2013 por Raúl Zibechi, los planes sociales asistenciales, así como el fomento al consumismo en otros términos, constituyen complementos económicos o culturales para las grandes masas urbanas expulsadas o marginales hacia el modelo de acumulación de riquezas del capitalismo extractivista. Por eso, comprar cosas lindas con el plan Ahora 21 va de la otra mano gubernamental con la Asignación Universal por Hijo. En ambos casos, dos partidas presupuestarias que no llegan a los miles de millones de dólares que fueron a pagar una deuda externa sospechada como ilegítima.
Desde este punto de vista, se trata de una solución más cómoda para la dirigencia política nacional, pues no tiene que afectar los intereses de los actores centrales, que son las corporaciones trasnacionales. De hecho, la alianza del gobierno kirchnerista con una empresa emblemática con Monsanto es elocuente en estos términos. Pero, una vez más, esta alianza no está discutida por los principales partidos opositores, incluidos dentro de este consenso extractivista. Incluso puede llegar a discutirse los acuerdos con China pero no la producción sojera destinada a ese país que es visto como el gran mercado.
Por este motivo, el año en que se elige nuevo Presidente comienza de mal modo para la perspectiva de un país justo, desde una perspectiva ambiental. Porque lo que se olvida es que estas mejoras que pueden ser considerables para las masas urbanas suelen ir en detrimento de poblaciones margina(liza)das. Por caso, decir que se necesita hacer fracking para alimentar el aire acondicionado es condenar a los pueblos originarios de Neuquén para beneficiar el confort en Buenos Aires. Aquí se concentran las miradas electoralistas. Casi lo mismo que decir que cualquier incendio en la capital federal llama muchas más cámaras que la tragedia ambiental que todavía vive Chubut con más de 30 mil hectáreas afectadas.
La cuestión de qué se entiende Justicia también es clave. La oposición concentra sus críticas en un dudoso acto criminal que afecta a un fiscal en una causa judicial desde el comienzo partidizada. El oficialismo se defiende del "partido judicial" y dice estar a la vanguardia en Derechos Humanos para condenar crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, ni uno ni otro prestan demasiada atención a los crímenes de Estado que aún prosiguen con el etnocidio de pueblos originarios. Así lo argumentó también Osvaldo Bayer: "Todos miran para otro lado".
En este sentido, la carpa que debió instalar de nuevo en Buenos Aires el líder qom Félix Díaz es un signo de demanda de justicia que no puede ser satisfecha por créditos al consumo ni por planes asistenciales.
Fuente: Comunicación Ambiental