Argentina: Un fetiche llamado Vaca Muerta

Por Hernán Scandizzo

La Agencia de Información de Energía de EE.UU. estimó, en 2013, que las formaciones de esquistos Vaca Muerta y Los Molles concentran un potencial de recursos recuperables de gas de 582 billones de pies cúbicos (TCF, trillones según la nomenclatura estadounidense). Es decir, más de la mitad de lo que ese organismo le adjudica a la Argentina, 802 TCF, y más de un tercio de lo que proyecta para Sudamérica, 1431 TCF. Independientemente de cuán creíbles sean los números difundidos por Washington, éstos las posicionan en el mercado energético global. Actualmente Vaca Muerta es considerada el área prospectable de esquistos más importante fuera de Norteamérica. Justamente, es a partir de esa caracterización que se dan las pujas entre el gobierno nacional y el de Neuquén –que tiene el dominio sobre la mayoría de estos recursos y porciones menores comparten Mendoza y Río Negro-, y se desarrollan las negociaciones con gobiernos extranjeros y organismos financieros y entre el sector público, las corporaciones petroleras e YPF -que en los hechos queda a mitad de camino.

Desde la agitada primera mitad de 2012, que culminó con la intervención de YPF y la sanción de Ley de Soberanía Hidrocarburífera, el escenario sigue sometido a constantes vaivenes. Aprobada la norma por amplia mayoría en ambas cámaras, el Estado no sólo recuperó el control de la petrolera, al expropiar el 51% de las acciones en poder de Repsol, sino que anunció el retorno a una concepción estratégica de los hidrocarburos, enfocada en las necesidades e intereses del país y divorciada de las imposiciones del mercado. Si bien no se volvió al momento previo a la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales ni se desmanteló todo el esquema de los ´90, se avanzó en quitarle a las empresas la libre disponibilidad sobre el recurso y en devolverle al Estado nacional el protagonismo en la planificación de un sector fuertemente trasnacionalizado. Al menos los discursos, y algunas acciones, como el decreto 1277/12 que reglamenta la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, iban en ese sentido (OPSur, 14/08/2012).

Sin embargo, a poco andar, la balanza comercial energética cada vez más deficitaria, debido al incremento de las importaciones, y los fuertes condicionamientos que las corporaciones imponían para asociarse con YPF –libre disponibilidad, aplicar la cotización internacional al mercado interno y liquidación de divisas en casa matriz- minaron la intransigencia arropada de nacionalismo petrolero. El pragmatismo se abrió paso y en ese contexto Miguel Galuccio, presidente y CEO de la petrolera parcialmente nacionalizada, debutó como nexo entre los intereses corporativos y los de la empresa controlada por el Estado, que no necesariamente son los del país. Hizo lobby no sólo para que a través de programas como Plan Gas se aumente el precio en boca de pozo, sino también para que los incrementos lleguen a los surtidores y, además, para que el precio interno del crudo se acerque a la cotización internacional. El objetivo de esta transferencia de renta al sector privado -que funcionó para inyectar dinero en la petrolera de bandera- era reactivar la producción, ya que respondía a la demanda de mejores condiciones planteadas por las corporaciones, sin embargo sólo YPF aumentó los niveles de extracción (Página/12, 14/04/2014).

La imposibilidad de revertir a través de YPF la caída de la extracción de crudo y de gas, que se arrastran desde 1998 y 2004, respectivamente, mostró los límites de la expropiación de las acciones de Repsol, ya que la petrolera de bandera concentra poco más del 30% de la producción argentina. Por otra parte, las dificultades para conseguir socios financieros para avanzar en la explotación de Vaca Muerta, planteada por el Gobierno Nacional como la única vía para lograr el autoabastecimiento, se transformaron en un cuello de botella que se decidió sortear sacrificando letras del término soberanía. Así se alcanzó el acuerdo con Chevron para el desarrollo de un piloto para explotar el área Loma Campana.

Este acuerdo fue precedido por la firma de los decretos 927 y 929, que modifican el marco regulatorio para la actividad hidrocarburífera. A través del primero se quitaron o redujeron considerablemente aranceles a la importación de tecnología e insumos que directa o indirectamente estén vinculado al desarrollo de yacimientos no convencionales. Mientras que el segundo remontó el camino de los ’90: tanto para los proyectos convencionales como no convencionales que inviertan más de U$S 1000 millones, a partir del quinto año, pueden exportar el 20% de la producción a precio internacional, libre de aranceles, y liquidar en casa matriz las divisas obtenidas; en caso de no autorizarse la exportación, ese porcentaje de la producción puede venderse en el mercado interno en idénticas condiciones.

Sin embargo el nuevo marco regulatorio no fue seguido por la andanada de inversiones esperadas, de momento sólo YPF/Chevron se acopló. Ante el poco interés despertado el Gobierno Nacional y los gobernadores de las provincias petroleras discuten la posibilidad de reducir el monto de inversión a U$S 250 millones e incrementar los beneficios, permitiendo la liquidación de total de utilidades en casa matriz. Pero antes de avanzar en ese debate conviene puntualizar otras decisiones que lo precedieron. Una de las más relevantes es el cierre del proceso expropiatorio con Repsol, con el que se intentó dar una señal clara al mercado de la vocación argentina de respetar las reglas y, en términos prácticos, poner fi n a las ofensivas de la compañía española, que había iniciado demandas en diferentes tribunales, incluso ante el CIADI, y presionaba con acciones similares a las empresas que se asociaran con YPF. Más allá de la pirotecnia desplegada al momento de la expropiación, en la que voceros del oficialismo plantearon la posibilidad de no pagar indemnización dada la gravedad de los pasivos ambientales y financieros de la empresa, finalmente se acordó un monto y se pagó con bonos (Tiempo Argentino, 24/05/2012 e Infonews, 18/04/2012). Además se garantizó la indemnidad de Repsol en causas judiciales en curso y futuras vinculadas a su gestión -incluso las vinculadas a pasivos ambientales.

La incorporación de los pasivos ambientales como variable de presión en la puja con Repsol, por parte de las autoridades argentinas, y su posterior desentendimiento, dan un peligroso mensaje de impunidad ambiental se transforma en una bomba de tiempo, máxime cuando, con la finalidad de atraer inversiones, se flexibilizan los marcos regulatorios, como es el caso de los decretos 422 y 1208, firmados en 2013 por el Gobierno de Neuquén. A través del primero se eliminó la realización de Estudios de Impacto Ambiental en proyectos de explotación de hidrocarburos de yacimientos no convencionales y se lo reemplazó por la presentación de un Informe Ambiental, que es menos profundo y no se somete a una Audiencia Pública. En tanto el decreto 1208, a través del cual se aprobó el proyecto de YPF para la explotación de esquistos en el bloque Loma Campana, asociada con Chevron, se incluyeron cláusulas por la cual la fiscalización del plan de trabajo y los controles ambientales los realizarán de manera conjunta la provincia y la empresa, lo que marca tendencia hacia la autorregulación corporativa (OPSur, 23/08/2014).

A poco de concretarse la solución amistosa con Repsol, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario Adjunto de Energía de los Estados Unidos, Daniel Poneman, anunciaron que sellaban una alianza en materia energética. Según el diario oficialista Tiempo Argentino, el acuerdo -de carácter estratégico- apunta a que el país capte capitales para la explotación de sus recursos y dinamice proyectos claves del sector mientras que Estados Unidos se insertaría de lleno en el negocio de Vaca Muerta. Durante la reunión Poneman enfatizó en la necesidad de crear lazos “para favorecer el intercambio entre las empresas”; mientras que De Vido aseguró que “es uno de los convenios más importantes que han suscripto ambos países en los últimos años”. “Las partes ponderaron el acuerdo alcanzado entre YPF y Chevron, y confirmaron que la oficialización de la colaboración abrirá el ingreso de nuevos inversores entre los que busca seducir a ExxonMobil” (Tiempo Argentino, 22/05/2014).

Poco tiempo después el Gobierno Nacional informaba que las negociaciones con el Club de París habían llegado a buen puerto, seguirían el camino emprendido con Repsol: pagarle hasta que le duela. En ese sentido, el diario Página/12, también cercano a la Casa Rosada, presentó como una buena noticia que grandes corporaciones, con intereses en Argentina y con casa matriz en los países del Club -como la angloholandesa Shell-, allanaran el camino para el diálogo. “Se trata de grandes empresas de los países acreedores que vienen haciendo buenos negocios en el país, y que en la etapa que se inicia proyectan fuertes inversiones.

Las más importantes en carpeta son en los sectores de hidrocarburos, con Vaca Muerta a la cabeza, química y petroquímica, automotrices, minería, donde podría reflotar un megaproyecto para la extracción de potasio en Mendoza y otros de litio en el norte del país, laboratorios y en licitaciones de obras públicas” (Página/12, 01/06/2014). En esa misma edición tanto el gobernador de Neuquén Jorge Sapag, como el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, manifestaron sus expectativas de la llegada de inversores externos, incluso se deslizaron los nombres de las petroleras Petronas y Pemex, y de las empresas de servicios Halliburton, Schlumberger y Weatherford. El clima de negocios favorables al desarrollo de Vaca Muerta que se intenta generar a través de los acuerdos con empresas, gobiernos extranjeros y acreedores parece encontrar su techo en la puja entre Nación y los gobernadores de provincias petroleras. El principal conflicto se suscita con la provincia de Neuquén, que tiene el dominio sobre el área de la formación de esquisto que mayores fantasías genera. El gobierno provincial busca captar mayor cantidad de renta a través del sistema de acarreo, por el cual la estatal neuquina Gas y Petróleo (GyP) se asegura la participación en proyectos de desarrollo de no convencionales sin realizar un desembolso directo. Desde el gobierno nacional e YPF se busca poner fin a este sistema, arguyendo que actúa como una traba para la inversión externa, aunque, poco se dice respecto a que la petrolera de bandera tiene intereses en juego. En breve negociará la prórroga de 19 bloques en los que está asociada a GyP a través de dicho mecanismo (LMN, 22/05/2014).

Más allá de las divergencias en torno al acarreo, las negociaciones para consensuar una nueva ley de hidrocarburos giran alrededor de las porciones del negocio que corresponderán a la Nación, las provincias y las empresas, al tiempo que se evalúan otros beneficios para atraer la atención de las corporaciones, como extender la duración de los contratos a 35 años para no convencionales, período al que se sumaría la posibilidad de prórroga por 10 años. También se negocian los alcances de la estabilidad fiscal, el congelamiento de las regalías y la posibilidad de que las empresas liquiden el 100% de utilidades en su casa matriz. El fetiche sigue alimentando fantasías, mientras que de la soberanía sólo se conservan unas pocas letras, el resto fueron servidas como ágape en las celebraciones.

OPOSICIÓN, TERRORISMO Y CONTROL SOCIAL [recuadro]

La fuerte represión policial con que el 28 de agosto de 2013 se intentó frenar la manifestación contra el acuerdo Neuquén-YPF/Chevron fue la expresión del tipo de relación que el gobierno de Jorge Sapag está dispuesto a entablar con la oposición al fracking. Si bien desde un primer momento había adjudicado a sectores fundamentalistas las críticas a esta técnica, después de aquellas jornadas de agosto la cuerda se tensó más. En noviembre de ese año, en el Club del Petróleo, el gobernador neuquino llamó a librar una fuerte batalla comunicacional a favor de la explotación masiva de yacimientos no convencionales (Neuquén Informa, 12/11/2013). Mientras que en diciembre la ex rectora de la Universidad Nacional del Comahue y actual vicegobernadora de Neuquén, Ana Pechén, convocó nuevamente al empresariado a educar a la población para contrarrestar los discursos de miedo del ‘terrorismo ambiental’ (OPSur, 19/12/2013). Meses más tarde, durante la inauguración de una escuela, el gobernador pidió a los jueces “no generar terrorismo ambiental” al referirse a un fallo judicial que paralizó la perforación de un pozo para esquistos en la provincia de Chubut (LMN, 21/03/2014).

Estas declaraciones se complementan con pedidos de endurecer las sanciones a quienes bloqueen el acceso a yacimientos o interrumpan la producción (LMN, 05/06/2014) y con otras medidas como capacitaciones para policías y fiscales provinciales dictadas por agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos y la construcción de un laboratorio forense con fondos de responsabilidad social de las petroleras (RN, 14/02/2014 y 24/02/2014).

PUNTA DE LANZA [recuadro]

YPF es la única empresa que ha tomado la decisión explotar masivamente yacimientos de esquistos y, en ese sentido ha desembolsado alrededor de U$S 2.500 millones en Vaca Muerta. También intervino la formación D 129, en Chubut, donde perforó dos pozos, que se encuentran paralizados por acciones judiciales fundadas en la legislación ambiental e indígena. Las otras empresas que más han avanzado en la exploración de Vaca Muerta son la francesa Total y la angloholandesa Shell. La compañía con sede en París explota 11 áreas hidrocarburíferas, en 6 de las cuales está a cargo de la operación, y cuenta con 16 pozos exploratorios perforados en Vaca Muerta. La angloholandesa, en tanto, obtuvo permisos de exploración para tres áreas de la provincia patagónica y perforó 6 pozos horizontales.

Al tándem de las europeas se suma la alemana Wintershall, que a principios de año formalizó un acuerdo con GyP para la exploración del potencial de shale del área Aguada Federal. Mientras que otra actora de peso es la estadounidense ExxonMobil, corporación a la que Gobierno Nacional pretende asociar con YPF, pero que llegó a Vaca Muerta de la mano de la empresa neuquina. En mayo último la mayor petrolera privada del mundo anunció que resultó exitosa la perforación de un pozo en el área Bajada del Choique.

Publicado en Fractura Expuesta N°3, julio 2014. [ Descargar edición completa]

FUENTES

Organismos oficiales
-US Energy Information Administration (2013); Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States. June.

Medios de Prensa
InfoNews, 18/04/2012; Santa Cruz demanda a Repsol por daño ambiental.
La Mañana Neuquén, 21/03/2014; Sapag pidió “no generar terrorismo ambiental”
— 22/05/2014; El 20% de Vaca Muerta, en la disputa con YPF.
— 05/06/2014; Sapag quiere fuertes penas para los piquetes petroleros.
Neuquén Informa, 12/11/2013; Exposición del gobernador Jorge Sapag en reunión del Club del Petróleo.
Observatorio Petrolero Sur -OPSur-, 14/08/2012; Ante la reglamentación de la ley de ‘Soberanía Hidrocarburífera’.
— 23/08/2013; Acuerdo Neuquén-YPF: ¿El nuevo piso para las demandas corporativas?
— 19/12/2013; El extractivismo pide represión.
— (Hernán Scandizzo), 14/04/2014; YPF, nuevos desiertos y resistencias.
Página/12, 14/04/2014; “No creo que alcance con YPF”.
— (David Cufré), 01/06/2014; La trama oculta del acuerdo.
Revista Petroquímica (Nicolás Gadano), 28/05/2014; Qué está haciendo cada una de las grandes petroleras para subirse al boom de Vaca Muerta.
Río Negro, 14/02/2014; Agentes del FBI capacitarán a policías y fiscales de Neuquén.
— 24/02/2014; Con fondos petroleros crearán un laboratorio de genética forense.
Tiempo Argentino, 24/05/2012; El pasivo que dejó Repsol ya es superior al valor que exige por YPF.
— 22/05/2014; La Argentina y los EE UU sellaron una alianza estratégica en energía.

Fuente: OPSur - 29/07/2014