Argentina: Sojización...¿y después?

La salud humana en estado de emergencia, la muerte de un niño de 9 años, esclavo de una empresa avícola en Buenos Aires, las denuncias de vecinos por fumigaciones en Ibarlucea, el impacto en la flora, la fauna y los arroyos en la localidad santafesina de Romang y el megaproyecto arrocero del vicepresidente del Grupo Clarín, “Ayuí Grande”, en Corrientes. Consultamos a la abogada y ambientalista Graciela Gomez y relevamos los informes de investigación realizados por la Cooperativa La Alameda. La lucha de las comunidades y vecinos que claman, de punta a punta del país: “No somos campo, somos tierra”.

Trabajo esclavo infantil

Ezequiel Ferreyra murió. Tenía 6 años y era un niño esclavo de la empresa avícola Nuestra Huella S.A. Falleció como consecuencia de un tumor en el cerebro. “La corta vida de Ezequiel transcurrió la mayor parte de su tiempo entre la sangre y el guano de las gallinas y manipulando venenos con elementos cancerígenos de la empresa para cumplir a rajatabla con los topes de producción que la patronal le imponía a su familia", denuncia la Asamblea Popular y Cooperativa La Alameda.

Ezequiel y todos los niños y adultos que trabajan en esa granja avícola manipulan agrotóxicos. Según la investigación que llevó a cabo La Alameda, uno de estos agrotóxicos “es el NUVAN, cuyo ingrediente activo es el Diclorvos, un insecticida que la Unidad para el Desarrollo y el Uso Seguro de Plaguicidas de la OMS, Unidad de Biología y control de Vectores clasifica como CLASE Ib. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) determinó que el diclorvos es un carcinógeno. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha determinado que el diclorvos es un posible carcinogénico en humanos. La EPA ha determinado que el diclorvos es un carcinógeno humano. Aún así, en la Argentina se usa como caramelo.”

A raíz de esto, la Alameda presentó una denuncia ante la justicia contra la empresa “Nuestra Huella” S.A por el delito de trata de personas. En la misma, se resume la historia de Ezequiel y su familia, proveniente de la provincia de Misiones, la situación de extrema explotación en la que vivían y las condiciones que reflejan el trabajo esclavo y la trata de personas, dentro de las granjas que posee la empresa en diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires. “Al padre lo pusieron a cargo de uno de los galpones, donde debía juntar miles de huevos por día, remover guano, juntar la sangre y distribuir el veneno para combatir las plagas de los animales a su cuidado. El tope de producción que le imponía la empresa era imposible de cumplir sin involucrar al resto del grupo familiar, lo que era estimulado por los capataces de la empresa, ya que si ese tope no se cumplía, se corría el riesgo de quedar sin trabajo y en la calle. (…) Cabe destacar que cientos de familias más, son esclavizadas del mismo modo que la familia de Ezequiel en unas 70 granjas dispersas por Pilar, Zarate, Campana, Exaltación de la Cruz y Córdoba donde muchísimos chicos están expuestos a graves peligros como que corrió el niño fallecido. Esas granjas son propiedad de «Nuestra Huella», una empresa que gozaba de prestigio y liderazgo en el mercado avícola y que tenía clientes poderosos como Wall Mart y Carrefour, hasta que comenzó a conocerse su costado más oscuro: trabajo esclavo e infantil, alambrados electrificados, trata y tráfico de personas.” (Ver denuncia completa)

Al mismo tiempo, la Alameda advierte que “en las granjas de la empresa Nuestra Huella S.A. todavía hay 200 pibes que estuvieron en contacto con agrotóxicos, todos ellos realizando actividades similares a las de Ezequiel” y que, por otro lado, “los trabajadores que se animaron a declarar contra la empresa fueron despedidos y quedaron desamparados junto a sus numerosas familias”.

En un video realizado por la organización, se observa a Ezequiel tiempo antes de que falleciera, contando como era su vida adentro de la granja avícola donde era explotado, junto con su familia y centenares de niños y niñas que todavía permanecen allí.

Enfermedades, y soja, en aumento

En nuestra provincia, las tierras de la Pampa Húmeda están minadas, de norte a sur, con el monocultivo de soja transgénica. “La Argentina destina la mayor superficie posible de su feraz pradera pampeana (más de 35 millones de hectáreas) a producir parte de la cadena alimenticia de otros países”, apunta el Ing. Alberto Lapolla.

Además, el especialista agrónomo expresa: “La superficie sembrada hoy con sojaRR, supera a toda el área sembrada existente en 1995. Esto implica que para llegar a los 35 millones de hectáreas actuales, se debió ocupar una enorme cantidad de tierras históricamente destinadas a la ganadería, a la lechería, al monte frutal, a la horticultura, al monte virgen, a la apicultura, a la producción familiar, y a otros cultivos que fueron desplazados por la soja como el girasol, el maíz, la batata y el algodón. La superficie sojizada crece año a año a costa de otras producciones. Así en 2004, la superficie agrícola total era de 27 millones de has, mientras que hoy ya superamos las 35 millones de has, cifra equivalente al 12.5% de la superficie del país. El pool sojero multinacional que controla y domina el ‘negocio’, estima que para el año 2017 la cifra de la superficie agrícola argentina debe orillar las 120 millones de has. Algo así como el 43% de la superficie nacional, un verdadero disparate ambiental y agronómico”.

En una jornada de debate realizada en la facultad de Medicina de Rosario, el Dr. Medarno Ávila Vázquez, dio una detallada revisión de los efectos a corto y largo plazo, que los médicos de los pueblos fumigados han observado clínicamente en los habitantes de localidades afectadas por el uso de agrotóxicos. Medarno Ávila Vázquez es integrante del grupo de Médicos de Pueblos Fumigados que todos los años se encuentra para compartir sus miradas y experiencias frente al avance cada vez más prepotente del monocultivo sojero. “En diez provincias argentinas, seis universidades observaron los efectos agudos a corto plazo en la población: respiratorios, dérmicos, neurológicos, hepáticos, pulmonares. Y los efectos crónicos a largo plazo: trastornos reproductivos, cánceres, trastornos endócrinos e inmunitarios, nacimientos con malformaciones. Lo que se observa, es que el perfil de la enfermedad en los pueblos fue cambiando”, describe con una contundente calma, Ávila Vázquez, oriundo de la provincia de Córdoba.

En la provincia del Chaco, según estudios del Ministerio de Salud de la provincia, entre 1997-1998 hubo 24.030 nacimientos, de los cuales se contabilizaron 46 malformaciones congénitas. “Una década después, en doce meses entre 2008 y 2009, se registraron menos nacimientos: 21.808, pero se multiplicaron las malformaciones: 186 casos. Los datos corresponden a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de Neonatología del Hospital Perrando de Resistencia. De 1997a 1998 hubo un promedio de 4,9 casos por mes. De 2001 a 2002 creció a 7,5 casos. Y entre 2008 y 2009 aumentó a 16,8 casos mensuales; según consta en el “Primer Informe” de la mencionada Comisión oficial.”

En Córdoba, el Servicio de Neonatología del Hospital de Maternidad de la UNC detalló que la tasa de malformaciones aumentó del 2.6 por 100 en el año 1995, al 4.6 por 100 desde el año 1996, y que dichas malformaciones son de “origen inexplicable”. Según una encuesta realizada por la Universidad de Río Cuarto en 5 pueblos de la provincia de Córdoba a mujeres en edad fértil, los casos de abortos espontáneos en los últimos 5 años ascienden al 19%.

“En abril de este año se conocieron los resultados del estudio oficial de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco, creada, ante la presión de la comunidad, por el gobierno de esa provincia, con la participación del ministerio de salud local y de la Nación, que al analizar zonas fumigadas chaqueñas manifestó que: en canceres infantiles “los valores se encuentran por encima de lo esperado, incrementándose notablemente en los últimos diez años, período en el que los casos registrados triplican la ocurrencia de cáncer en niños menores de diez años”. La media mundial de cáncer en menores de 15 años es de 12-14 casos cada 100.000 niños, los datos oficiales de Chaco muestran que el registro trepa a 20,2 en La Leonesa, pueblo sistemáticamente fumigado en forma aérea con glifosato y otros plaguicidas”, sostiene Medarno Vázquez en su informe “BellVille “Agrotóxicos, la salud y los médicos”.

Denuncia en Ibarlucea

En la localidad de Ibarlucea, ubicada a pocos kilómetros de Rosario, los vecinos y vecinas se autoconvocaron para reclamarle a la Comuna, la prohibición de las fumigaciones que se realizan a menos de 200, y hasta 50 metros, de los establecido por ley. Para conocer la situación, enREDando dialogó con la abogada y ambientalista Graciela Gómez. “El impacto de los agrotóxicos se ve reflejado en los casos que vamos recabando en cada lugar, en cada pueblo que visitamos”, sostiene la abogada quien forma parte de la organización Ecos de Romang.

“Los vecinos denunciaron fumigaciones a metros de sus casas, algunos a menos de 200 mts y otros a 50. Se entrega un petitorio y después de un mes con tres notas presentadas posteriormente, no hay respuestas.” El reclamo de los vecinos surge ante la gran preocupación que conllevó la detección de piretroides en la sangre de un niño ibarlucense de 9 años de edad. En su organismo se registró 1,4 ppb de lambdaciolatrina, un químico que se usa en insecticidas clasificados por el Senasa como clase 2, banda amarilla, es decir, nocivo para el hombre.

Gómez, indignada ante esta situación, expresa: “Si la ley dice que no se puede fumigar en forma terrestre a menos de 500 mts ¿porqué insiste con los 100 mts?.

Actualmente, la Comuna de Ibarlucea no adhiere a la Ley provincial 11.273 que también se encuentra en debate en la Cámara de Senadores de la Legislatura provincial. Al mismo tiempo, son numerosos los pedidos de informe que realizó la ONG junto con los vecinos ante el intendente Juan José Prino. El reclamo es claro: prohibir las fumigaciones a menos de 500 metros de las casas vecinas y la libre circulación de los llamados “mosquitos” fumigadores. “Le pedimos cumplimiento del Decreto 552/97 y de la Ley Orgánica de Comunas”, reafirma Graciela Gomez.

Después de reiterados petitorios presentados, la Comuna finalmente respondió, anunciando la sanción de una nueva ordenanza que establezca: “Considerar como línea 0, a la fijada por catastro y/o comuna….(…) como límite entre zona urbana y suburbana (…) estando la cartografía que la define en la comuna. Artículo 2° Dentro de los 100 (cien) metros de la línea 0 no podrá efectuarse ningún tipo de fumigación por el medio que fuere. Artículo 3° A partir de los 100 (cien) metros y hasta los 3000 solo podrá fumigarse en forma terrestre con productos clase 2-3 y 4. Artículo 4° A partir de los 3000 (tres mil) metros podrá fumigarse en forma aérea con productos clase 2-3-y 4”

“¿No sabe este señor y sus asesores que existe una Ley que lleva el N° 11.273 cuyo artículo 34 prohibe la fumigación terrestre a 500 mts de las plantas urbanas?”, se pregunta la abogada Graciela Gomez, ante la respuesta del intendente de Ibarlucea, Juan José Prino.

El río contaminado: la vida en Romang

¿Cómo impacta la agroindustria en la vida de las comunidades? ¿Cuán difícil es instalar el debate en el corazón de los pueblos sojizados? “Hay miedo porque no quieren perder su trabajo, porque esas oportunidades de empleo, sea comercio u otra área, están en manos de una o dos personas que manejan el pueblo. No hablo de trabajo en el campo, porque eso no da mano de obra. En muchos casos simplemente no hablan porque terminan siendo excluídos u hostigados por denunciar, cuando lo normal es callar y hacer la vista gorda. En un lugar me dijeron que denunciar es “dividir a la población”; narra la abogada Graciela Gomez para quien, el modelo productivo basado en la siembra directa de Soja RR está destruyendo la tierra y, a un futuro no muy lejano, “dejará la salud de la gente en emergencia sanitaria”.

Oriunda de la localidad de Romang, le preguntamos cuáles fueron los cambios que observó en su pueblo natal. Y esto nos dice: “La fauna está desbastada, así también la riqueza ictícola. En zona de islas, otra vez se estuvo fumigando camalotes hace unos días, a pesar de las denuncias, de la causa judicial, de saber que de ése mismo curso de agua, extrae la bomba para consumo humano. No hay control, están más preocupados por hacer política que por atender los temas realmente importantes. No se dan cuenta del valor de ése humedal que siguen mutilando.”

En un valioso documental realizado por la ONG Ecos de Romang, se denuncia la fuerte contaminación de los humedales y el impacto en la vegetación y la fauna de la zona. “En el distrito Romang, Departamento San Javier, en el Valle aluvial del río Paraná, precisamente en el Arroyo conocido como el Maidana, afluente del río Paraná, que se inicia en este en la llamada boca del Ombú y desagüa en el río San Javier se está fumigando con herbicidas, para evitar que la vegetación propia de un curso de agua, de un humedal tan rico como este, dificulte la navegación a quien desee llegar sin tropiezos al Paraná, para disfrutar de la naturaleza. Hoy, nuestro paraíso natural está siendo mutilado sin control. El herbicida usado es glifosato. Hay un tramo de este arroyo, que presenta sus orillas ya libre de yuyos producto de fumigación de larga data. Esto ha conseguido que la vegetación se retraiga hacia tierra alta y ya no descienda al zanjón.”

La vida y la cultura de los habitantes de Romang está estrechamente vinculada al río y a la actividad pesquera. En este documental, Graciela Gomez cuenta: “Ya es vox populi entre los pescadores la gran mortandad de peces, siendo los más afectados, los sábalos, amarillos y otras especies que se alimentan de los sedimentos del río. Los productores agrícolas suelen lavar los tanques de las máquinas que usan en la fumigación en el cauce de arroyos y ríos aledaños. La eliminación de los envases vacíos constituye otra fuente de contaminación. Una vez enjuagados, lo usan para transportar combustible o agua cuando salen de pesca. A pesar de informarles las consecuencias de esta práctica aberrante, convencerlos de volver a rastrillar los camalotes cómo se hacía antes, contestaron que “fumigar es más fácil. Afirman que el glifosato es biodegradable e inofensivo.”

Existe una causa judicial radicada en un juzgado de Reconquista. “Aún así, se sigue fumigando y hostigando a cada uno de los ambientalistas que denunciamos la contaminación de las aguas.”

Por otra parte, la ambientalista señala el impacto que significó en Romang, el cierre del Molino arrocero como otra gran “preocupación que se suma a los pobladores que ya bastante deben soportar la falta de fuentes de trabajo. Cerró hace años la desmotadora, ahora el Molino, dos emblemas de nuestro pueblo.”

Graciela no duda en responsabilizar al poder político y también, al sector agroindustrial. “Ellos omiten y parecieran desconocer que además de las leyes existe algo que se llama ética. La acatan los menos, la mayoría se aferra a un modelo que tarde o temprano va a terminar con el objeto de su ambición: poder y suelo.” Además, el eco en los medios de comunicación, es escaso. La mayoría, nos dice la abogada, “obedecen al monopolio a nivel nacional”. Le decía a un amigo que me pidió ayuda cuando estaban despidiendo a empleados del Grupo Uno y El Litoral “porqué no les das difusión al reclamo”, yo le contesté que lo hice, pero ninguno de ellos parece haberse enterado. Es más uno de ellos se ofende por mis notas con una necedad tal que le impide ver la realidad del llamado “milagro de la soja”.

Corrientes: Represa Ayui Grande

Otro de los temas silenciados por las corporaciones mediáticas- quien impulsa uno de los actuales megaproyectos arroceros en Argentina es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda- es el impacto que provoca el uso de pesticidas y herbicidas en uno de los productos básicos de la alimentación mundial: el arroz.

En este sentido, la abogada Graciela Gomez llevó adelante una investigación muy poco difundida sobre el tema. En la nota titulada “Lo que no se dice del arroz”, la abogada puntualiza: “La intensificación de la producción y el incremento de la demanda de arroz, ha aumentado el uso de fertilizantes y pesticidas, haciendo del cultivo uno de los principales contaminantes de zonas agrícolas especialmente sensibles. El arroz híbrido requiere un uso intenso de fertilizantes y pesticidas, así como mayor cantidad de agua.” La Represa Ayui Grande, en la provincia de Corrientes, es el emprendimiento arrocero privado más importante del Mercosur, “que producirá 120 mil toneladas anuales de granos. Así lo anuncian Copra S.A., cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y Adecoagro, perteneciente al financista húngaro George Soros, ambos integrantes de la UTE que encabeza la iniciativa.”

El proyecto prevé inundar 8.000 hectáreas de reservas naturales en la provincia de Corrientes “para cultivar arroz, la construcción de una represa sobre el río Ayuí, en Mercedes, con la que crearán un lago artificial destinado a regar las 18.000 hectáreas de plantaciones”, afirma Graciela Gomez, y agrega: “El Ayuí es una locura, es de una inviabilidad apabullante pretender hacer de un recurso natural de tamaña riqueza, “un bien propio”.

Los ríos, lagos y mares son de propiedad pública en Argentina y en consecuencia ningún particular puede utilizarlos en provecho propio sin autorización previa de las autoridades. Sin embargo, en Corrientes, el Grupo Clarin y sus socios encontraron la complicidad del gobierno provincial para impulsar un proyecto arrocero que provocaría un fuerte impacto ambiental. En este sentido se pronunció el gobierno nacional de Cristina Kirchner. “Alega que los empresarios y el gobierno provincial no cumplieron con las tareas de prospección ecológica en previsión de las consecuencias que ‘Ayuí Grande’ acarrearía a la geografía de la zona.” El impacto incluye la destrucción de la flora y fauna nativas y la contaminación a raíz de los pesticidas y desechos de los grandes arrozales sobre las aguas del río Uruguay a través de sus afluentes Ayuí y Miriñay

En su investigación, la Dra. Gomez señala que “en Colonia Carlos Pellegrini hay dos arroceras que plantaron más de 2.000 hectáreas de granos en el corazón de los Esteros de Iberá. Durante la última temporada de plantación, las dos arroceras de Pellegrini chuparon unos 22.000 millones de metros cúbicos de agua de la Laguna Iberá, y en la de regadío la laguna bajó unos 25 centímetros en su caudal de agua, lo que indica que disminuyó un total de casi un metro en su cuenca hídrica.” A su vez, “el sobrevuelo y las fotos satelitales de la Laguna Merceditas, mostraron a que la extracción de agua para el regadío, entre el 2004 y 2007, le produjo una playa de 200 metros a la laguna, lo que grafica la gravedad y la velocidad del daño ambiental que se está generando. Los pesticidas, plaguicidas, fertilizantes y todos los venenos agroquímicos utilizados antes y durante el cultivo en las arroceras de Pellegrini, vuelven a la Laguna Iberá, a la Laguna Merceditas, a los arroyos y se filtran en el suelo y napas subterráneas.”

En cuanto a las acciones legales que tienen las comunidades, y las herramientas para accionar frente a los gobiernos locales y exigir el cumplimiento irrestricto de las leyes vigentes, como la ley provincial 11.273 o la Ley Nacional de Medio Ambiente, la abogada Graciela Gomez, reconoce que las “provincias difieren en las normas ambientales según su propio beneficio, la soja, la minería o el arroz”.

Mientras tanto, en Argentina, existe una lucha cuerpo a cuerpo de ambientalistas, organizaciones, asambleas de vecinos y comunidades originarias que, desde diferentes rincones de la Argentina, claman: “Nos somos campo, somos tierra”.

Fuente: EnREDando