Argentina: PROfundicemos (la teoría del derrame)

PANORAMA
Por Eduardo Soler

Corrupción

A través de la mediación que ejercen las corporaciones informativas, la corrupción se convirtió el último tiempo en el parámetro de todo debate político en Argentina. Sin desestimar aquí esta cuestión, comenzamos por alentar su discusión sobre el carácter reduccionista de tal pensamiento. En el debate mediático entre la "Ruta del dinero K" y los "Panamá Papers", de un lado sostienen que si el dinero de las cuentas off-shore proviene de privados no se trataría de un hecho tan grave. ¿En qué se basa tal suposición?

Colocar el foco sólo en los casos de corrupción estatal porque afecta a dineros públicos, sería como concentrarse sólo en la destrucción de la naturaleza que se produce en las áreas protegidas, porque se trata de un dominio público. El Estado sería el único lugar donde es exigible que prime un interés general, mientras que el amplio sector privado puede manejarse en base a los intereses (egoístas) de acumulación del capital. La corrupción sería la aparición de estos intereses al dominio estatal.

El problema entonces debe ser considerado en términos más generales. Desde ya, no puede permitirse que se contamine ningún parque nacional o espacio de conservación. Está prohibido que estos espacios sean corrompidos por la lógica de la ganancia privada, como de hecho suele suceder. Sin embargo, esto no significa que el principal problema se encuentre en estos espacios, sino en la afectación que sufre la naturaleza -sobre todo- fuera de los espacios de conservación.

Riqueza

¿En qué se relaciona esto con la cuestión de la corrupción? En mucho, porque entender que nuestro principal problema es la corrupción significaría dejar por sentado que no centremos nuestro análisis en el modo de producción de las riquezas sino en la redistribución de esas riquezas. Y este es el postulado principal de la llamada "teoría del derrame" o "teoría del goteo", vinculada con el ideario neoliberal, pero que en realidad se aplica en todo al sistema económico capitalista.

Es decir: ¿Sería más leve el problema si el capital off-shore proviene de fondos estatales, antes que de fondos privados, si aventuramos que el origen de ese capital probablemente sea el mismo? Pongámoslo más claro, la acumulación de la renta del agronegocio, que se extrae del territorio, pasa principalmente a ser acumulada en manos de privados, y parte de la misma renta llega al Estado en forma de impuestos. En todo caso, el hecho de la corrupción marca el regreso de ese dinero a manos privadas.

Por cierto que ese dinero, según remarca el imperativo ético, "debe utilizarse para combatir la pobreza". Desde ya, la corrupción es un crimen. No obstante: ¿no es también un crimen la explotación misma que genera activamente la pobreza? Otra vez: la pobreza se genera con los desalojos a las familias campesinas producida por los empresarios sojeros. La teoría del derrame diría que con los impuestos que se cobran a las ganancias (la renta) del agronegocio, esto se redistribuye a los pobres (los mismos desalojados).

Fondo de Bosques

Puede parecer una lógica perversa, pero quedó explicitada por ejemplo en la Ley de Bosques. Durante el debate sucedido en 2007 en el Congreso, por presión de los intereses terratenientes, una de las soluciones encontradas fue la creación de un "Fondo de Bosques" (Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos). La cuestión central es que este Fondo se compone de -al menos- el 0,2 por ciento del presupuesto nacional y el 2 por ciento de las retenciones agrícolas.

Es por ello que la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) emitió un comunicado de preocupación. Allí se recordaba que con el kirchnerismo el Fondo sólo recibió el 8,5 por ciento de lo estipulado por la Ley. Y en lo que toca a este gobierno: "No hay señales de mejora debido a la quita de las retenciones agropecuarias realizadas en diciembre de 2015". El énfasis de la ONG es que el fin de las retenciones anula el mecanismo compensatorio (de redistribución); no que sea un incentivo al agronegocio mismo.

Atendiendo al reclamo, el gobierno nacional anunció recientemente que se cumplirá con el financiamiento del Fondo "por un monto de 165 millones de pesos, asignada en 2015 para otros fines". Del mismo modo, se lanzó el "Proyecto Bosques Nativos y Comunidad, destinado a ayudar a los pequeños y medianos productores a mejorar la gestión de sus tierras". Con un financiamiento del Banco Mundial por 58 millones de dólares, buscará "incrementar la presencia en los mercados" de 150 mil "beneficiarios directos".

Agricultura Familiar

En las últimas semanas, se denunció que el nuevo gobierno está desmantelando el sector de Agricultura Familiar. Es otro punto donde es posible hacer una reflexión amplia. Los logros señalados durante la gestión kirchnerista se concentraban en la llegada de dirigentes del movimiento campesino a ser funcionarios en la Secretaría de Agricultura Familiar. De ningún modo hubo avances significativos en el territorio, donde invariablemente se produjo un avance del agronegocio, por omisión o acción estatal.

Por eso mismo, la cuestión de la autonomía del movimiento campesino resulta tan relevante. La salud del movimiento en el territorio no resultaría tan fácil de debilitar frente a un cambio de gobierno. Por el contrario, el avance que se da sólo en la obtención de cargos públicos, y en la posibilidad de acceder a subsidios con fondos estatales, resulta mucho más precario. Así, la situación actual es mucho más preocupante, si las conquistas dependen del gobierno de turno.
Mientras la superficie de agricultura con cultivos transgénicos subió en la última docena de años, recién hacia el final de la gestión se aprobó una Ley de Agricultura Familiar, que quedó sin reglamentar y sin presupuesto. Al respecto, se estima que la agricultura familiar representa el 66 por ciento de las explotaciones rurales en la Argentina, pero que sólo ocupa el 13 por ciento de las tierras cultivadas. Así, se trata de un sector vital que no debería tratarse con el foco del asistencialismo de las políticas sociales.

Minería

La megaminería es el sector donde más puede observarse una continuidad desde los noventa. Tratada como una política de Estado, el fomento de las inversiones mineras cruzó a todas las provincias cordilleranas, con el único límite impuesto por las asambleas socio-ambientales. Los motivos del rechazo pueden agruparse en dos: el impacto ecológico de la explotación a gran escala, y el saqueo económico que genera el andamiaje neocolonial. En Argentina, el debate político se restringe sólo a este último aspecto, y en cuentagotas.

El gobierno de Cambiemos eliminó las retenciones a la minería, entre el 5 y el 10 por ciento, que habían sido establecidas tímidamente en el año 2002, en el marco de la crisis económica. El decreto 349 justificó la medida en que las retenciones suponían “una situación de pérdida de competitividad”, en un marco de caída de los precios internacionales. Una explicación similar a la brindada para quitar las retenciones agrícolas. Solamente que aquí benefician directamente a las grandes corporaciones transnacionales.

Frente a esta medida, la Fundación Vida Silvestre se opuso porque "ese dinero podría y debería contribuir a fortalecer la capacidad de las autoridades para monitorear el impacto ambiental". En contrapartida, las asambleas socioambientales señalan que no alcanza con más controles ( para una actividad que derrama cianuro impunemente) sino que se debe respetar la autodeterminación de los pueblos en sus territorios. Es decir, no se trata de redistribución del ingreso; hay que cambiar el modo de producción mismo.

Energías

Otro punto relevante en la actualidad es la consideración del modelo energético. Porque si se lo mira bien, la mayoría de las medidas que se engloban en el "tarifazo" tienen que ver con este sector. Desde ya, la anunciada suba del gas y de la electricidad, como consumos domésticos, y también a las tarifas del transporte, relacionado directamente con el costo del combustible. En este sentido, ¿cómo podemos analizar este quita de subsidios en los servicios públicos? Sería necesario en realidad diversificar las fuentes de energía.

Desde ya, en una sociedad altamente urbanizada como es la Argentina contemporánea, se trata de servicios básicos que afectan a los hogares de las clases populares, y la movilidad que sobre todo afecta a las grandes ciudades. Desde este punto de vista, los subsidios pueden ir en el horizonte de una democratización del acceso a los servicios públicos. No obstante, se trata también de un subsidio "ambiental", en tanto que se trata principalmente de energía fósil, del que no dispondrán las generaciones futuras.

Así, la "crisis energética" no puede entenderse en el marco acotado de los fallos en la distribución, como en la electricidad. En este marco, para sostener los consumos de las grandes ciudades se profundiza el extractivismo en territorios marginados, como en el caso del fracking en Neuquén. Por eso mismo, sería importante hacer un uso político de este recurso no renovable. Y justamente el transporte público debiera ser privilegiado sobre el automóvil privado, lo contrario del aumento de las tarifas del colectivo, tren y subte.

Extractivismo.

En todo caso, la salida de millones de pesos o dólares del país marcan uno de los puntos finales de un sistema extractivo. Esto se encuentra ahora señalado por la posibilidad de que sea una fuga ilegal, cuando se hace para escapar al sistema impositivo. Allí se denuncia que esto impide la redistribución del ingreso. No obstante, existe un flujo mayor y constante que es legal, donde intervienen actores transnacionales, que son las corporaciones del agronegocio y la megaminería. De ellos lo único que derrama es la contaminación.

En la misma lógica, continuar y profundizar el pago de la deuda externa significa continuar y profundizar el modelo extractivista. La reciente decisión del Congreso Nacional de acordar con los llamados "fondos buitres", que incluyó buena parte del kirchnerismo, es una muestra de cómo el modelo de acumulación avanza. Porque para seguir pagando esta deuda en dólares, se necesitará aumentar el modelo agro-minero-exportador.

Por último, el extractivismo va de la mano de una política autoritaria, a contramano del discurso de la tolerancia que promueve el nuevo gobierno de Cambiemos. Las decisiones se toman sin consenso social, como en relación con la administración de Justicia. Un caso ejemplar es la marcha atrás de la publicación del contrato confidencial con Chevron, que fuera defendido por Laura Alonso, de la Oficina Anticorrupción. La misma persona que asegura que no es ilícito tener sociedades offshore en paraísos fiscales.

Periodismo

Entre las noticias de la última semana, una pasó casi desapercibida. El Congreso de la Nación votó a mano alzada por la ratificación del decreto que modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Haciendo lo que llamó un "balance de la derrota", el distinguido investigador Guillermo Mastrini apuntó: "Si la ley se hubiese implementado de manera democrática, hubiera tenido una legitimidad social y política que no llego a alcanzar en la misma dimensión que el consenso que logro su sanción". De hecho, la punta de lanza de la contraofensiva fue el desaplazamiento de la conducción de la AFSCA por su explícito carácter militante.Podemos profundizar esta atinada reflexión, para dar cuenta del derrumbe del llamado "periodismo militante". Es claro que el cambio de gobierno impactó en la gestión de los medios estatales. Pero también afectó duramente a los medios oficialistas, de propiedad privada, que se sostenían casi en su totalidad por la pauta oficial. La comisión interna de la productora PPT señaló que "TN no desapareció en 12 años, nosotros sí en tan solo 4 meses". Y además de responsabilizar al gobierno del PRO, terminó con una última constatación: "los empresarios la única ideología que tienen es la de sus bolsillos".El caso más resonante desde hace meses es el Grupo Veintitrés, que incluye a trabajadores de Radio América, CN23 y Tiempo Argentino, entre otros. Muchos debieron sufrir el despido porque los empresarios (uno de ellos, Sergio Szpolski, candidato a intendente de Tigre por el kirchnerismo en las últimas elecciones) no podían garantizar el pago de sueldos. La decisión de los trabajadores de Tiempo Argentina de agruparse en una cooperativa "Por más Tiempo" es en sí misma una buena noticia. Y ojalá esto redunde también en una mayor cercanía con las luchas populares, por fuera de mezquinas lealtades partidiarias.

Leer también:

ComAmbiental. El modelo desgranado (2014). La insustentabilidad de un “desarrollo con inclusión social”que se trata de una redistribución del ingreso "al final del tubo”.

ComAmbiental. YPF y la teoría del derrame (2015).

Fuente: ComAmbiental