Argentina: Otro sacrificio para el dios agroindustrial

Lunes 28 de septiembre de 2015

Por Javier Andrada – Fotos: Federica Gonzalez

La hora del crepúsculo, la que transforma con su belleza y devuelve la fe perdida, ese lunes fue aciaga. Melisa volvió temprano de estudiar y antes de llegar a su casa paró en el almacén de Victorina. Compró un trozo de queso cremoso y se fue. Al entrar a la vivienda no percibió nada raro. Dejó las cosas de la facultad, y se tiró a dormir una siesta de la que nunca pudo despertar del todo.

—No puedo respirar —alcanzó a mensajear a su novio.

La Prefectura Naval tiene su burocracia, Matías no logró salir enseguida para asistirla. Cuando llegó a la casa, la encontró en la cama, inconsciente. Ya en el hospital Ferreyra de Necochea, Melisa entró en coma. Su vida se apagó antes de las diez de la noche sin que los médicos lograran saber qué le había pasado.

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A las tres de la tarde, el estallido sacó del sopor a los vecinos de la calle 507. Volaron las tapas de las cámaras sépticas y las rejillas, reventaron los caños de cocinas y baños. En un instante estaban todos en la vereda, mirándose con asombro, incrédulos, desorientados.

Reciclada, de frente gris y rejas negras, la vivienda de la que provino la explosión es igual a cualquier otra de las que construyeron aquí —hace más de 60 años— las familias de clase media. Desde afuera no se ven carteles ni hay indicios de ninguna actividad industrial. Sin embargo, en el fondo funcionaba desde hacía ocho años la empresa Shipinsuarence, dedicada a fumigar las bodegas de los barcos, camiones, acoplados y silos en los que se almacena el cereal.

Alertados por Fernando Cañada, uno de los dueños, los bomberos se encontraron con un producto que había entrado en combustión pero desconocían. La llovizna de esa tarde humedeció las bolsas de Phostoxin (nombre comercial del fosfuro de aluminio) apiladas en el patio, a la intemperie, y provocó la liberación del gas fosfina —hidrógeno fosforado—.

Pronto se invirtieron los roles: Cañada tomó la manguera —los bomberos quedaron mirando desde la vereda— y comenzó a arrojar agua sobre los restos de pesticida que estaban desparramados en el ingreso al depósito. Su negligencia iba a causar mucho daño; como quien baldea el patio, envió el agroquímico al drenaje de la red de cloacas ayudado por la fuerza del agua. En contacto con la humedad y encerrado en las cañerías, el fosfuro de aluminio —que se utiliza para matar a los gorgojos del cereal— fue bomba y gas venenoso al mismo tiempo. Estalló y liberó más fosfina, letal en concentraciones menores al uno por ciento: produce alteraciones hemáticas, neurológicas, respiratorias y digestivas, destruye los tejidos en sólo dos horas. El gas invadió los baños, lavaderos y cocinas del vecindario, y dejó como saldo 17 personas internadas y una fallecida.

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Gustavo habla bajito, cómo si no quisiera molestar a alguien que duerme. Su hogar, lindero al que habitó Melisa hasta el fatídico lunes 13 de abril, lo componen su esposa Sandra y los tres hijos de ambos, dos mujeres y un varón. Las dos chicas, Micaela de 16 años y Yésica de 25, fueron internadas, incluso la mayor al momento de ser trasladada ya tenía dificultades para caminar por la fatiga y el entumecimiento de los miembros, síntoma derivado de la inhalación del gas fosfina.

—Al día siguiente de la explosión, cuando fui a despertarlas para ir a la escuela, las encontré con mareos, vómitos y dolores de cabeza y estómago; las llevé al hospital Irúrzun, nadie nos alertó sobre el riesgo que corríamos.

Coincide su relato con el del resto de los vecinos, su crítica por la falta de prevención del municipio, que nadie avisara para que evacuaran el lugar. Los funcionarios públicos se retiraron después de la explosión y la mayoría de la gente volvió a dormir creyendo que la situación estaba normalizada. Recién varios días después, el Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible (OPDS) mandó un camión de la empresa Transervice a limpiar los residuos peligrosos que todavía estaban en las cloacas.

—A mucha gente del barrio, a tres o cuatro cuadras de distancia, le pasó lo mismo, tenemos el caso de una familia completa que fue hospitalizada; el padre quiso sacar el auto para llevarlos y quedó ahí nomás, a mitad de camino, no podía manejar.

Mary de Armas vive a dos casas del depósito siniestrado y a igual distancia de la de Melisa. No sale de su asombro por la inoperancia e ignorancia de los funcionarios al momento de actuar. Ese lunes le preguntó al director de Defensa Civil qué podía pasar, si el agua se iba a contaminar o si a ellos podía ocurrirles algo, pero el hombre la tranquilizó:

—Juan Domingo Llorens me dijo que no pasaba nada, que no había problemas de contaminación…

Veinticuatro horas después los funcionarios cambiaron de opinión; desplegaron un dispositivo nocturno digno del cine catástrofe. Era tarde, Melisa había fallecido la noche anterior. Una semana después, ordenaron evacuar el barrio.

Eduardo Caballero, el abogado que representa a un grupo de damnificados del barrio portuario, sostiene que la responsabilidad de los funcionarios públicos por la muerte de la joven correntina es ineludible.

—Melisa no muere directamente en el hecho, muere por una omisión de los funcionarios: el sector no estaba vallado, ni habían sacado a los vecinos. Ella entra, abre la puerta, la casa estaba llena de gas y no se da cuenta, si bien la muerte se da por el derrame sobre la cloaca, la omisión de los funcionarios de no cumplir con las leyes de emergencia y socorro que existen es lo que lleva a que Melisa no se dé cuenta de lo que había pasado, ella se descompone y alcanza a llamar al novio para que la socorra.

Consumada la tragedia, los agentes municipales dijeron que habían golpeado puertas, casa por casa, para evacuar la zona, pero todos los que viven aquí lo desmienten.

Caballero menciona la figura de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público” y apunta al citado Llorens, a la secretaria de Planeamiento, Sandra Retamales, y al Oficial Principal Leonardo García, a cargo de la Policía Ecológica. Ésta dependencia se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y tiene entre sus principales atribuciones las de “Asumir el comando para respuesta ante emergencias químicas y biológicas y controlar el cumplimiento estricto de los planes, procedimientos y estándares de respuesta inmediata, coordinando las tareas y disponiendo las medidas a adoptar de conformidad a la emergencia o siniestro planteado”. Sus camionetas relucientes, blancas con infaltables vivos de color naranja, no se vieron ese día en la zona del siniestro.

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Fernando y Emiliano Cañada son hermanos y responsables de la empresa de fumigaciones disimulada en los fondos de una casa. Polvo químico seco, arena o dióxido de carbono son los medios recomendados para extinguir la combustión del fosfuro de aluminio. En ningún caso agua. Que fue lo que abundó en Shipinsuarence.

La fiscal Silvia Gabriele no tiene dudas sobre las responsabilidades:

—Ese derrame se produce por la conducta de ellos, de Fernando Cañada y otra persona que dice ser el hermano, que son los que también lavan el material.

Si bien al principio los empresarios se pusieron a disposición de los vecinos, después de la muerte de Melisa se dejaron ver poco. Taparon el nombre y la dirección de la compañía de las puertas de la camioneta que usaban, se trasladaron a otro lugar (cercano a la ruta 88) y cerraron sus perfiles de las redes sociales. Aunque sus fotos con Hugo Moyano y Gerónimo Momo Venegas siguen circulando en los foros donde se los señala por su accionar negligente y criminal. Fernando Cañada tiene una relación fluida con Venegas, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el hombre que paso de ser palero de cereal a amo y señor del puerto. Creador del Partido FE, Momo ahora aparece en los carteles amarillos al lado de Macri. No es candidato a nada, pero marca presencia en su tierra. Hay afiches por todos lados.

Los Cañada tenían habilitación municipal para funcionar, pero no estaban inscriptos en el listado de empresas autorizadas por el Consorcio Portuario para ingresar a fumigar los buques. No obstante, lo hacían igual; trabajaron adentro de la terminal durante todo el año 2015. El jefe de guardia es Artemio Zufriategui, yerno de Venegas y además, Secretario General de la Seccional Buenos Aires Puerto Sur, el sindicato del personal ferroviario y portuario (APDFA).

En 2009, mediante una resolución, el Ministerio de Salud de la Nación sentenció al Fosfuro de Aluminio: “Prohíbese en todo el país la producción, importación, comercialización y uso como agente plaguicida y para cualquier fin que invoque razones sanitarias”.

Ni los Cañada ni la empresa Agrofum, que lo comercializa desde sus oficinas de Puerto Madero, se enteraron. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que autoriza su uso, tampoco.

Durante el año 2010, en el Gran Rosario murieron tres choferes de camiones que transportaban cereal. La causa fue el fosfuro de aluminio que deben aplicar cuando se detectan insectos en la carga.

Aunque está prohibido realizar aplicaciones en camiones o vagones de tren, los productores ordenan hacerlo (para ahorrar tiempo y dinero). Si la fumigación post cosecha se realiza en silos, deben ventilar durante 96 horas, un tiempo que no están dispuestos a perder.

Los choferes inhalan los vapores tóxicos mientras manejan o cuando duermen en las cabinas. Según una encuesta realizada por la Cámara de Transportistas de Córdoba, el 70 % de ellos desconoce los riesgos que puede acarrear la manipulación de las pastillas de fosfuro de aluminio.

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El puerto de Quequén aparece gris, envuelto en la niebla y el silencio. Sus enormes silos apenas se adivinan. Sobre la calle de adoquines hundidos no pasa nadie. A juzgar por los cráteres lunares —de ésa y de las pocas que están asfaltadas—, no es una decisión tan errada. Una bandada de palomas se hace un festín con los granos de cereal que pierden los camiones. Revolotean por todos lados. Compiten por el alimento con las ratas.

Recorremos la zona a bordo del viejo Ford Galaxy de Mónica Conesa, que con pasado docente y presente gastronómico también se hace tiempo para ser activista ambiental y candidata a intendenta por el Partido Obrero. Su casa se encuentra frente a un gigante del almacenaje de granos, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). En la vereda, rodeando los silos, plantaron casuarinas en hilera para contener la polución. Todavía son jóvenes y ralas, por eso el polvillo del cereal acopiado (con agroquímicos incluidos) termina acumulándose sobre los autos, las casas y los pulmones de los vecinos del barrio. ACA es una de las principales empresas radicadas en Quequén: “El almacenaje de granos asciende a 140.000 toneladas de capacidad, más 11.000 toneladas de aceite, siendo su capacidad de carga de 1.800 Tn/hora”, dicen a modo de promoción.

En la misma semana en que murió Melisa Núñez, una explosión dentro de uno de los silos produjo heridas de consideración a dos obreros. ACA tiene un antecedente en su planta de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, cuando en el año 2002 otro siniestro causó la muerte a dos trabajadores y heridas a 18.

El cereal acopiado produce gases que entran en combustión al contacto con la humedad o el aire. A medida que los granos se trasladan desde el campo hasta el lugar de acopio se van rompiendo y eso es lo que produce el polvillo; a menor tamaño del núcleo, mayor posibilidad de combustión, a la que también ayudan la degradación microbiológica y la presencia de hongos cuando existen ciertos niveles de humedad.

“Aunque nadie lo tenga muy en cuenta, los granos de maíz, de soja, los de harina y los de cualquier tipo de cereal son tan peligrosos como la manipulación de la pólvora”, dijo el ingeniero industrial Carlos Bianchi después de la explosión en San Lorenzo.

Mónica no para de hacer gestiones con su teléfono. Nos prepara una visita a una radio mientras a su casa llega un vecino que llamó hace un rato, Hugo Pérez.

—Los chicos son de Mar del Plata, vinieron por el derrame —le dice.

Hugo conoce la zona como la palma de su mano. Nos habla de la nueva terminal llamada Sitio 0, de Lázaro, de Amado y de los chinos que pretenden hacer levantar y andar a este mega proyecto.

El Galaxy nos deja en la puerta de FM Frecuencia Vital y sale para Necochea, donde Mónica expondrá la situación de los damnificados en el foro ambiental “Neco Natural: Ciudad consciente”, una serie de encuentros donde los habitantes de Necochea y Quequén comenzaron a discutir tópicos ambientales como la depredación de las dunas, el cuidado del río y la instalación de nuevas plantas de acopio de fertilizantes. Sin ambages ni eufemismos, dejará en claro su posición sobre lo que ocurrió ese día:

—Los vecinos fueron a dormir y se intoxicaron, es clara la responsabilidad del intendente (José Luis Vidal), del asesor que se presentó en lugar de él, y los bomberos; Melisa se murió porque hubo un abandono de persona, que los vecinos se hayan ido a dormir a la casa sin ser advertidos de que iban envenenarse es abandono de persona y es más grave que incumplimiento de los deberes de funcionario público porque todo esto se podría haber evitado.

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A unas cuadras del río, descansan ruinas fantasmales. Antes fueron plantas procesadoras de pescado, conserveras. A algunas ni siquiera les queda el techo. Mucho menos, puertas y ventanas. El puerto pesquero languideció, como tantas otras cosas en la década del ’90, cuando se privatizaron los puertos argentinos y Quequén pasó a ser —por su calado profundo— una terminal casi exclusivamente cerealera. Fue en esos años que comenzó a extenderse y rodeó las viviendas de techos rojos, el barrio antiguo. Muchas empresas que prestan servicios a la cadena de comercialización se instalaron, sin demasiados controles, en medio de la zona poblada: desde gigantes agroexportadores como Cargill hasta las plantas de acopio de fertilizantes líquidos y sólidos de Ponal y Raiser, o los depósitos de agroquímicos como el de Shipinsuarence, que conviven con el vecindario sin una sola advertencia acerca de los peligros de los productos que se manipulan.

Al bajar por la avenida Almirante Brown, el monumento a los caídos en Malvinas domina la escena. De los 70 prostíbulos que había, hoy quedan pocas huellas, apenas una construcción antigua corroída por el paso del tiempo que conserva las paredes de ladrillo a la vista y tampoco tiene techo. Los nuevos tiempos convirtieron las whiskerías en anónimos privados que funcionan en departamentos; su fin es el mismo, ofrecer mujeres a marineros y camioneros.

Frente a la carpa de los autonomistas y los carteles que exigen una “Quequén Libre”, comienza a verse la fila de camiones que esperan para descargar. Cuando llegue su turno, elevadores de granos como cuellos de jirafa alimentaran las bodegas de los barcos extranjeros. Tras el alambrado olímpico, el nuevo proyecto: Sitio 0. Con una inversión de 80 millones de dólares, un consorcio de empresas conformado por Alea y Cía; Lartirigoyen; A & J Nari S.A.; E- Grain S.A y Noble Argentina (subsidiaria del Noble Group) se plantea “El desafío de completar la cadena comercial y ofrecer una salida directa a los puertos más importantes del mundo”.

Enfrente del viejo hotel Quequén, a metros de la playa, está Ponal, una compañía dedicada al negocio de los fertilizantes que instaló 12 tanques con capacidad para almacenar 35 mil toneladas de Urea y Nitrato de Amonio. Éste último —una sal de fórmula química NH4NO3— se utiliza también como explosivo en la minería. En la Argentina lo produce Fabricaciones Militares. Cuando se importa, su habilitación depende del Registro Nacional de Armas (RENAR). Los siniestros ocurridos en plantas similares, como las de Toulouse, Francia, en 2001 (30 personas fallecidas y 2300 heridos) y Texas, EE.UU, en 2013 (15 fallecidos y 200 heridos) no dejan dormir tranquilos a los vecinos de Quequén.

Antes de convertirse en abono para las plantas, el Nitrato de Amonio fue utilizado como explosivo en la Segunda Guerra Mundial y desde los años ´70 se convirtió en el preferido por los terroristas —mezclado con combustibles o aluminio—. El atentado a las oficinas de gobierno en Oklahoma, Estados Unidos, en 1995 (168 muertos); los que se perpetraron contra las embajadas del mismo país en Kenia y Tanzania en 1998 (224 muertos); y uno más cercano a los argentinos, el ataque contra la AMIA, en 1994 (85 muertos), son prueba de ello. En todos se usó Nitrato de Amonio.

La planta de Ponal fue denunciada por vecinos y ambientalistas por no respetar las normas mínimas de seguridad. El compuesto formado por el Nitrato de Amonio y la Urea es almacenado en viejos tanques de hierro que Bodegas Giol vendió como chatarra y que ahora, frente al mar, siguen oxidándose. La barrera de contención es de menos de un metro de altura, y además están apoyados en el suelo, sin piso de hormigón, por lo que cualquier filtración podría llegar a las napas.

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Un par de plantas de Cannabis que alguien cultivaba en baldes, fueron decomisadas. A unos borrachos los llevan presos por agredir a un policía. Noticias que llegan desde Necochea, al otro lado del río. Abel Agesta las lee a la hora de la siesta en Frecuencia Vital —la emisora local— sentado frente a su notbook y el micrófono, en un ambiente que alguna vez fue living con ventanal a la calle. Después, música. Está en su mundo. Tras los vidrios se deja ver la avenida. De vez en cuando, pasa algún auto.

Además de locutor, Abel es un reconocido activista por la autonomía de Quequén, reclamo que cobró auge en la década del 2000 con marchas y cortes de ruta, pero también con un plebiscito en el que los separatistas ganaron con más del 90 por ciento de los votos. Sin embargo, la política centralista los dejó con las manos vacías otra vez.

—El mayor problema es la falta de servicios y de atención. Es una ciudad que no fue planificada; está en conflicto con el puerto, los camiones todavía circulan por las calles desparramando el cereal. Las plantas están instaladas en la parte urbana, donde viven los vecinos. Necesitamos elegir nuestras autoridades, administrar nuestros recursos. Es una lucha por la identidad.

Quequén es un derivado de la denominación Kem Ken (Barrancas Grandes) que los indígenas Het que habitaban la zona daban al río. En la actualidad, a pesar de tener casi 30 mil habitantes, no logra ser cabecera de partido ni independizarse. Los vecinos de este incipiente puerto hicieron el primer pedido en 1854 (la fundación data del 3 de agosto de ese año), pero no fueron escuchados y como ciudad cabecera fue elegida Lobería.

—A cada reclamo por obras lo separaban 50 kilómetros, había que trasladarse hasta Lobería, hasta que en 1979 el gobernador de la dictadura Ibérico Saint Jean anexó Quequén a Necochea “nos cercenaron, el territorio quedó para Lobería y la administración de la ciudad para Necochea”.

Hacía mucho tiempo que los habitantes del puerto venían advirtiendo que no se podían instalar determinados emprendimientos —como los tanques en los que almacena fertilizantes Ponal— y que era urgente hacer un ordenamiento territorial. Tampoco los escucharon. Cada vez más grandes y peligrosas, las industrias siguieron rodeando al viejo barrio.

—Lo que decíamos que podía pasar, pasó. Falleció Melisa y está en riesgo mucha gente. El sector industrial del puerto debe tener un límite.

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Mercedes, la mamá de Melisa, salió de su trabajo en el Instituto de Cardiología de la ciudad de Corrientes y recibió la llamada. Era tarde. Del otro lado de la línea estaba la madre de Matías, el joven prefecto con el que su hija se había mudado a Quequén.

—Melisa está internada, en terapia —le dijo la mujer.

La frase resonó con fuerza en su cabeza, la aturdió. Un año antes había perdido a César, un hijo que entonces tenía 22 y no sobrevivió a un accidente de moto. Cargaba con ese dolor para el que nadie está preparado. Mercedes no perdió tiempo y con entereza consultó a los médicos del Instituto —donde trabaja como enfermera—. Les pidió que hicieran una interconsulta con sus pares del Hospital Emilio Ferreyra de Necochea. Y aunque así ocurrió, no encontraron explicación a la falla multiorgánica que presentaba Melisa, una chica saludable, de sólo 19 años.

Junto a su esposo, otro de sus hijos y la madre de Matías subieron al auto, con prisa y desesperación. Fueron necesarias quince horas para unir Corrientes con la costa bonaerense. 1458 kilómetros puede ser una distancia infinita si hay que enfrentarse al peor final.

—En esta casa cambió todo —dirá con su voz quebrada.

Desde que murió Melisa, Mercedes vuelve a Necochea todos los meses para seguir la causa judicial y participar de las marchas junto a los vecinos.

El Juez Subrogante Aldo Raw cambió la caratula inicial por la figura culposa, basándose en la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, cuyas penas van desde dos meses a dos años de prisión. Gustavo Raggio, el abogado de la familia Núñez, sostiene que el cambio debe darse por una figura más grave, pues los Cañada sabían lo que hacían, tenían capacitación en agroquímicos.

—Nosotros apelamos ante la Cámara para que se cambie la carátula por la de dolo eventual, que tiene penas de 10 a 25 años; con antelación a este hecho hubo lesionados, personas que tuvieron daños pulmonares porque no era la primera vez que tiraban este veneno a las cloacas. Hicieron todo lo posible para que sucediera esto, no se produjo antes porque tuvieron mucha suerte.

Pero la Cámara de Apelaciones rechazó el pedido y confirmó la carátula del juez Raw. Los Cañada siguen libres. Después de la tragedia, el Intendente Vidal anunció una serie de medidas que, a todas luces, son tardías: prohibirá el Fosfuro de Aluminio en el Partido de Necochea (está prohibido a nivel nacional pero sigue comercializándose); gestionará una oficina del OPDS en Quequén; y notificará a las empresas que realizan fumigaciones para que “procedan a actualizar sus habilitaciones”.

Rubén Retamozo no cree en las casualidades, en los errores ni en la impericia. Desde hace tiempo las empresas que rodearon el barrio portuario ven a los vecinos como un estorbo para su política expansionista.

—Esto fue un atentado, quieren sacarnos del barrio. Es una manera de presionarnos, de que tengamos miedo, sabemos que han comprado otras viviendas a bajo precio. Después del derrame consultamos con una inmobiliaria y nos dijeron que el valor de las propiedades cayó un 50 %. La compañía ACA quiere comprar todas las casas.

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Maristella Svampa y Enrique Viale, en su libro Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo, se preguntan quién toma las decisiones acerca de los modelos de desarrollo y orientación de la sociedad. Subrayan que se debe “dar preeminencia a los actores regionales por sobre los externos, a las territorialidades locales y regionales antes que a las formas de la territorialidad global, impulsadas e impuestas por las corporaciones y fomentadas hoy por el Estado nacional y provincial”.

En el campo y en las ciudades portuarias, las comunidades siguen viendo como convidados de piedra el flujo de bienes primarios con poco valor agregado (hidrocarburos, metales, minerales, granos, y biocombustibles) hacia el exterior, el Consenso de los Commodities —término acuñado por el geógrafo y urbanista David Harvey— en el que los países de América Latina juegan un rol subalterno respecto de las economías centrales.

El último eslabón de la cadena extractivista es el exportador (agroexportador en el caso de granos y cereales), que opera desde las terminales portuarias y, como quedó visto, también envenena, desplaza y mata. Lo hace con instinto depredador, que no es otra cosa que instinto de dominio.

Lejos de contemplar los aspectos sociales y ambientales, ni otras posibilidades de desarrollo donde el despojo y la enfermedad no sean la moneda corriente, el Consenso de los Commodities acorrala a las poblaciones que viven en las zonas en conflicto y las obliga a conformarse con no ser aplastadas. Como las palomas que en la calle embuchan los granos de cereal y rápidas levantan vuelo para ponerse a salvo.

Fuente: Revista Ajo