Argentina: Leyes que defiendan la salud, no a las empresas

Por Silvia Ferreyra*

En noviembre del 2014, las comisiones de agricultura y comercio de la Cámara de Diputados de la Nación le dieron el ok al proyecto de ley de “Régimen de Registro, Comercialización y Control de Productos Fitosanitarios”, del Diputado Basterra (FpV, Formosa), que establece: “La Autoridad Nacional de Aplicación podrá prohibir o autorizar, condicionado a fines específicos, las actividades de importación, elaboración, comercialización y/o uso de productos fitosanitarios respecto de los cuales la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), u otras organizaciones o tratados de protección a la salud o al ambiente de las cuales el Estado Argentino sea parte, se hubieran expedido recomendando a los países miembros la cancelación o restricción severa de sus registros por su riesgo y dificultad de manejo para los casos en que así se considere (Art. 21).”

La diputada Victoria Donda junto a otros legisladores presentaron una observación al dictamen, considerando las recomendaciones de distintos sectores académicos, profesionales y la Defensoría del Pueblo de la Nación, con contundentes pruebas en distintas poblaciones del país, respecto a la necesidad de considerar el impacto en la salud humana de estos productos para su registro y comercialización. Señalando además que no se dio curso a las comisiones de salud y ambiente al momento de tomar la decisión.

Además de presentar la observación, Donda convocó a distintos especialistas para que expusieran en el Congreso los fundamentos para modificar lo dispuesto en la norma. La jornada se realizó en el marco del “Día Internacional del no uso de plaguicidas” y fue organizada conjuntamente con la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) a través de su coordinador regional, el Ing. Agr. Ms. Sc. Javier Souza Casadinho, del Centro de Estudios Sobre Tecnologías Apropiadas de la Argentina (CETAAR) y miembro de Pesticide Action Network International (PAN).

Estuvo presente el Prof. Dr. Damián Verzeñassi, Sub Secretario Académico de la Universidad Nacional de Rosario, coresponsable académico en la materia Salud Socioambiental y responsable académico del ciclo Práctica Final de la Facultad de Cs Médicas de dicha universidad. Verzeñassi expuso la experiencia de los campamentos sanitarios realizados como evaluación final de la carrera. Durante diez días los estudiantes se establecen en comunidades de menos de diez mil habitantes de su región. No buscan un problema en particular, “sino simplemente saber qué pasa en términos de salud”, recorriendo los últimos veinte años en un análisis retrospectivo para poder saber qué pasó y qué está pasando.

“En el año 2008 la tasa bruta de incidencia anual de cáncer era de 206 cada 100 mil habitantes en la Argentina. En las localidades que nosotros visitamos el promedio de la tasa bruta de incidencia anual de cáncer es de 368,2 cada 100 mil habitantes, con picos que van hasta 713,7”.

Refiriéndose a estudios anteriores señaló: “En Chaco, de una tasa de incidencia de malformaciones de 19,1 cada 10 mil en el año 1997, se pasa a una de 85,3 cada 10 mil en el 2008, habiéndose incrementado de 110 mil a 750 mil las hectáreas de soja en el mismo período. En Córdoba, sobre 110 mil nacidos vivos, la tasa en 1991 era de 16,2 cada mil mientras que en 2003 era de 37,1 cada mil”

“Lo que identificamos es que el punto a partir del cual empieza a hacerse esta transformación coincide con el punto en el que empieza a cambiar el modelo de producción en este lugar. Nosotros creemos que esto debe tenerse en cuenta a la hora de pensar en proyectos de ley que regulen la producción, el uso, el control y la disponibilidad final de los envases de las sustancias tóxicas que se están utilizando en nuestra región”.

Otro de los presentes, el Ing. Claudio Lowy, de BIOS y la Red Nacional de Acción Ecologista, señaló que “no se puede registrar un producto fitosanitario, un agroquímico o un biocida -como se quiera llamar-, sin clasificarlo previamente por su toxicidad (…) Una ley nacional debe contener específicamente los criterios y las metodologías de clasificación toxicológica de los agroquímicos biocidas, que tengan como principal objetivo el cuidado de la salud, de las personas y del ambiente. Porque eso es lo que está en riesgo; si no estuviera en riesgo, no estaríamos hablando de una ley porque no haría falta”.

Lowy cuestiónó además la metodología actual de clasificación, realizada por el SENASA: “Utiliza principalmente la metodología denominada DL50, dosis letal 50 por ciento aguda. ¿Cómo funciona? El producto se envía a un laboratorio y se somete a una muestra de mamíferos –generalmente ratas- a dosis sucesivas de este producto buscando que la dosis mate al 50 por ciento de la muestra en forma rápida, en 24 o 48 horas. Si esa dosis es pequeña, se interpreta que el producto es muy tóxico porque con poquito se logra el objetivo de matar al mamífero. Si la dosis es alta, se interpreta que el producto es poco tóxico porque hace falta mucho para conseguir la muerte del mamífero”.

“No se evalúa la toxicidad subletal, la toxicidad crónica y la sinérgica. La toxicidad subletal contempla, por ejemplo, si enferma pero no mata; la crónica si enferma o mata a mediano y largo plazo -un mes, seis meses, el año que viene, la próxima generación. Mucho menos la toxicidad sinérgica que tiene que ver con el grupo de pesticidas a los cuales estamos sometidos todos porque los incorporamos a través de los alimentos, la piel, el agua”.

Además señaló porqué el SENASA no debería ser la autoridad de aplicación de una norma de este tipo: “La autoridad de aplicación no tiene que estar en un ministerio que se dedica a la producción. Tiene que estar en la órbita de la Jefatura de Gabinete, donde se articule la política de salud, de protección y sostenibilidad ambiental, de soberanía alimentaria y producción de alimentos. Donde se garantice la participación y consideración explícita de los vecinos afectados por la pulverización y de los médicos que los atienden. La autoridad de aplicación se tiene que dedicar a cuidar la salud y el ambiente, de los trabajadores del campo, los consumidores y las organizaciones ambientalistas”.

Citó dos ejemplos de cómo el SENASA defiende los intereses de las empresas, antes que la salud de la población: “Mientras que en 2011 sometía a consulta pública la resolución prohibiendo el endosulfán, emitía otra autorizando la importación del principio activo y los formulados del endosulfán. ¿Y cuánto autorizaban importar? El promedio de los últimos cinco años, es decir, el promedio de los años en que más se había importado”.

“Otro caso que me interesa traer acá es la resolución 302 sobre el cambio de clasificación de los pesticidas. La clase IV pasó de tener una dosis letal 50 por ciento aguda, de más de 2000 a más de 5000 mg/kg; bastante más estricta. Además, incorpora la toxicidad ocular y la toxicidad dermal (…) Quiere decir que, por el cambio de clasificación, los formulados de glifosato tenían que pasar de ser clase IV banda verde a clase III banda azul, y el SENASA en 2012 le dio dos años de plazo para que cambiaran la etiqueta”.

En la jornada se hicieron presentes el Ing. Agr. Raúl Pérez y Lic. Maximiliano Pérez, del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar de la región pampeana, del INTA, destacando el alcance de la producción agroecológica como alternativa a la utilización de plaguicidas.

En ese sentido, Javier Souza destacó que “no es plaguicidas o hambre, plaguicidas o muerte, plaguicidas o enfermedad, porque hay muchas alternativas para manejar -no controlar- las problemáticas derivadas de los insectos, las plantas silvestres o los hongos de manera adecuada”.

“El problema del uso de plaguicidas no es exclusivamente tecnológico sino político, por eso estamos acá, en la Cámara de Diputados. El desarrollo de los monocultivos no es un problema exclusivamente biológico o productivo sino también político, geopolítico, ya que hace no solamente a nuestra alimentación sino al desarrollo del país por cómo se generan las divisas.

Todos los aspectos como la fabricación, en la categorización, la distribución, el uso o el desecho de envases, deberíamos discutirlos y analizarlos entre todos, no legislando para un país ideal sino para uno real, el país que tenemos y que habitamos, con nuestras características culturales y ambientales”.

Esperamos que el dictamen señalado no llegue al recinto tal cual fue aprobado, y que su modificación atienda las evidencias que reclaman priorizar la salud de la población por sobre cualquier negocio.

*Asesora de la Diputada Victoria Donda y coordinadora del área de ambiente del ISEPCI

Silvia Ferreyra
Asesora Bloque Libres del Sur - HCDN
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