Argentina: El mapa de las luchas socioambientales que jaquean a Macri

Por Tomás Eliaschev

“Un año después de haber cambiado de gobierno, la Argentina continúa posicionando a la minería como uno de sus pilares centrales de su política federal. En línea con ese objetivo, el país continúa ajustando su marco normativo para promover inversiones de largo plazo”, publicitó el gobierno nacional al convocar a una reunión para inversores durante la convención internacional organizada en Toronto por el poderoso lobby minero de Canadá. “La Argentina representa una excelente oportunidad para invertir”, se envalentonaron.

Habían iniciado ese mensaje al derogar las retenciones a las exportaciones mineras. Ahora se prolonga con el Acuerdo Federal Minero, donde esperan cosechar inversipnes por 25 mil millones de dólares en los próximos 8 años. Todo esto no sólo se ve dificultado por las internas en el gabinete. Están lejos de alcanzar el consenso social necesario para la actividad. La búsqueda de inversiones en rubros como la minería, el agronegocio, la especulación inmobiliaria, el petróleo con el fracking y las obras de infraestructura generan severos daños al medio ambiente. En todo el país se multiplican conflictos socioambientales. Ni el presidente Mauricio Macri ni su ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Sergio Bergman parecen haber tomado nota.

El pueblo de Jáchal y de la provincia de San Juan viene movilizándose en reclamo de que Barrick Gold se retire y la mina de Veladero sea cerrada. La sucesión de derrames de cianuro que contaminaros cinco ríos y las mentiras empresariales hicieron que el rechazo de la población crezca. La última noticia que se conoció es que Barrick le acaba de vender a la china Shandong Gold el 50% de las acciones de la empresa que gestionará este megaproyecto. El precio fue de u$s960 millones.

“Debemos organizarnos y frenar la devastación sistemática de Barrick Gold y los subsiguientes emprendimientos que, manipulación de por medio, lograron instalarse o están en vías de hacerlo”, señalaron los vecinos autoconvocados. “Tenemos pruebas suficientes que demuestran que la megaminería desarrollada en las nacientes de nuestros ríos, con procedimientos inadecuados y sin control alguno es devastadora no solo de la tierra, de la que somos parte, sino de la dignidad de los pueblos. Los poderes del Estado, en todas sus esferas, nos han vendido por monedas y han desoído el reclamo desesperado de todo un pueblo, tanto el Ejecutivo, como el Legislativo frente al reclamo de prohibición de la megaminería en San Juan, y el Judicial con su proceder incompetente y servicial a las mineras”, indicaron quienes viene resistiendo a la poderosa multinacional de origen canadiense, Barrick Gold.

“Las leyes que defienden el medio ambiente están amenazadas. La Ley de Bosques está pendiente de un hilo. El gobierno impulsa el avance de la frontera sojera. La ley de bosques que se hizo en la provincia de Buenos Aires es para avanzar sobre especulación inmobiliaria, como Techint en la Rivera de Quilmes. Hay un avance muy fuerte contra la Ley de Glaciares. Todavía no se aprobó la Ley de Humedales: sus detractores son los intereses del agronegocio, la especulación inmobiliaria y del litio. Los salares de litio son grandes humedales”, detalló a Veintitrés Enrique Viale, abogados ambientalista y coautor de “Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo”.

“A diferencia de Donald Trump en Estados Unidos este gobierno sí habla de medio ambiente. Pero lo hacen cínicamente. Va haber conflictividad social. Quieren avanzar con la minería, la especulación inmobiliaria y el agronegocio. Va a haber resistencia. Cada vez hay más conciencia. Las inundaciones son muy difíciles de ocultar”, reflexionó Viale.

En el encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, realizado en la ciudad de La Rioja a fines del año pasado las asambleas expusieron las problemáticas que constituyen el núcleo de la conflictividad socioambiental del país y la región y describieron su experiencia. “Se coordinará una campaña de escraches a responsables específicos (funcionarios y legisladores) de la contaminación y de la modificación de leyes ambientales en beneficio del capital extractivo. Se decidió dar seguimiento a las leyes de bosques, de humedales y de semillas para lograr ampliar el debate social en torno a estas problemáticas y de generar un espacio de producción alternativa por fuera de las lógicas mercantiles del capitalismo”, señalaron.

Entre las experiencias analizadas estuvieron la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas”, la instalada megaminera Barrick Gold que contaminó cinco ríos de Jáchal en San Juan, las explotaciones que siguen extrayendo oro, cobre y molibdeno como Bajo La Alumbrera en Catamarca, un yacimiento que en veinte años acumuló un pasivo ambiental altamente tóxico, provincia que además sufre la extracción minera de litio al igual que Jujuy o Salta. "Otros temas fueron la contaminación urbana descontrolada, la presión para desvirtuar los ordenamientos territoriales de bosques nativos en Córdoba y Buenos Aires, la ampliación de la explotación forestal en el litoral argentino, la violación sistemática de la legislación de protección ambiental, la ocupación del territorio de pueblos originarios, el lobby para modificar la ley de semillas por parte de las corporaciones del agronegocio, entre otros muchos conflictos”, informaron al finalizar el encuentro.

Luchas ambientales en todo el país

A fines de año pasado, en la ciudad de Córdoba se produjo una histórica movilización donde miles de personas convocadas por la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo rechazaron la llamada ley de desmonte con la que el oficialismo provincial y nacional pretendían reducir las áreas protegidas para permitir el avance del agronegocio en el norte cordobés y habilitar zonas para la minería. Hasta ahora la movilización popular logró frenar el proyecto.

En esta provincia ya se produjo una lucha ambiental victoriosa: el pueblo de Malvinas Argentinas logró frenar la planta de semillas transgénicas que la transnacional Monsanto planeaba instalar en ese lugar. En estos días, se suma un desastre ambiental: en el contexto de las inundaciones se desbordó el basurero de residuos tóxicos industrial de la planta Taym, de Benito Roggio, contaminando el Dique Los Molinos, que provee agua potable a un millón de personas.

En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal y su Secretario de Agroindustria Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto impusieron la “ley Techint”, llamada así porque beneficia a dicho grupo empresarial para que avance con su proyecto de montar un nuevo Puerto Madero sobre el bosque nativo que todavía hay en la rivera de Quilmes. Como en el Delta del Tigre, el bosque nativo y los humedales están en riesgo.

A principios del verano, en El Bolsón, Río Negro, se produjo una pueblada “en defensa del agua y de la tierra” que logró frenar los emprendimientos inmobiliarios de lujo del multimillonario inglés Joe Lewis, amigo personal del presidente Mauricio Macri, quien ya se apropió del Lago Escondido y ansía apoderarse de los nacientes del Maillín.

En la Pampa Húmeda, Córdoba y Entre Ríos las fumigaciones con glifosato que generan estragos en la salud de la población. Médicos y maestras se pusieron al hombro la denuncia contra el aspecto menos difundido del boom sojero. Los conflictos están abiertos y son muchos. En Neuquén el pueblo mapuche encabeza la resistencia contra el fracking en Vaca Muerta. El año pasado el lof (comunidad) Campo Maripe realizó un bloqueo frente a uno de los pozos, reclamando por su territorio.

En Misiones los campesinos enfrentan el peligro de las represas. En todo el norte el avance de la frontera agroganadera genera una explotación forestal descontrolada. En Salta y Jujuy las comunidades originarias temen los efectos de la extracción de litio. La cuenca del Riachuelo Matanza sigue sin ser saneada y el descontrol de los basurales es endémico en las ciudades de todo el país. Sigue vigente el conflicto por las papeleras, el conflicto que más repercusión tuvo en la historia de las luchas ambientales en la Argentina. Todo indica que las luchas ambientales recién comienzan a masificarse.

Fuente: Veintitres