Argentina: 7 puntos sobre el conflicto Monsanto en Malvinas: Otra voz

Foto gentileza de La Jornada Web

1. Es evidente que la movilización social tiene razones y sentido. Con elementos bien fundados, nuestros vecinos reaccionan porque son ellos los que pierden su salud y sus vidas en toda clase de exposiciones a diversos contaminantes que nunca llegan a saber fehacientemente de qué se trata. Y ante quien da su vida (o se la quitan) es menester tener el respeto que su dignidad merece. No hay objetividad por encima de la vida.
2. Creemos, sin embargo, que es obligación de la Justicia capacitarse sobre las implicancias concretas de las leyes que deben aplicar. Y también es menester que las autoridades policiales controlen haciéndonos a todos iguales ante la ley. Hoy son miles los litros de agroquímicos que se liberan sin recetas fitosanitarias ni vigilancia técnica. Y eso propicia las malas prácticas y el desprestigio de los expertos.
3. Hay prejuicios e ignorancias que también en la sociedad deben enmendarse. Es miope reducir el debate a “glifosato sí, glifosato no”, cuando se promueve alegremente por TV el usos de otros químicos (medicamentos o insecticidas, por ejemplo) como si fueran inocuos. Razón por la cual los que más saben sobre estos temas deben educar también a la población, y no menospreciar las protestas sociales, porque la autoridad de más de 200 muertos no es poca cosa.
   
   
   En relación a la multinacional en cuestión, nuestra posición es:
4. Creemos que pueden promoverse avances en el agro de muchas maneras más soberanas que beneficiando a estas empresas. Pesan hondas sospechas sobre la misma, dada su trayectoria histórica vinculada inexorablemente a la imposición de paquetes bio-tecnológicos ligados a los grandes intereses de mercado. El tipo de agricultura que se propone es el de la cuestionada “Revolución Verde”: más monocultivos y dependencia, menos biodiversidad y soberanía alimenticia.
5. Además, la empresa ha sido fuertemente sancionada en diversos países del primer mundo y no por jueces desinformados. Valga agregar aquí que cuando se habla del uso de OGM (organismos genéticamente modificados: transgénicos) destinados a consumo humano, la mayoría de los países de Europa han sido claros: los prohíben. ¿Por qué nuestras instituciones jurídicas y políticas no investigan los motivos? ¿Por qué no se instruye a los jueces también sobre estos debates científicos para que puedan valorar desde una posición más amplia la legitimidad de reclamos sociales e incluso de algunas leyes?
6. Hay además demasiada evidencia que las actividades, procesos y residuos del emprendimiento en cuestión impactarán negativamente en la salud de las personas en condiciones ya muy vulnerables, como lo señala el informe de los investigadores de la UNC recientemente elaborado. No son necesarias estadísticas de muertes flagrantes ni
   mayores evidencias de daños para poner en cuestión la viabilidad de este proyecto. Si tal cosa sucediese seríamos culpables de negligencia dolosa respecto de las víctimas. Nuestra legislación contempla ante la posibilidad de daños razonablemente previsibles al medio ambiente y la salud, el principio precautorio (conforme al ART 4 de la LEY NACIONAL DE AMBIENTE 25675), instaurado precisamente para proteger el bien mayor de las personas. Por lo tanto, aún cuando no podamos decir cabalmente que un producto sea inocuo (dado que hay estudios que dejan muy irresuelta la cuestión) es menester mantener la precautoriedad y proteger primero la vida de la gente. Evidentemente hasta una aspirina puede ser peligrosa si es mal usada. Pero la precautoriedad no pesa sólo sobre la fórmula química, sino también sobre los modos, controles y contextos de aplicación. Y está claro que en nuestro medio estamos en deuda con el control de numerosos productos y prácticas nocivas para la salud humana.
7. Finalmente, si no se tiene licencia social para operar, no pueden aprobarse ni llevarse adelante emprendimientos productivos e industriales que impacten sobre la vida, la salud y el ambiente, como categóricamente se expresa en las advertencias de Organismos Internacionales. Más aún, cuando muchas de estas causas han llevado adelante procesos exitosos en relación a menor liberación de biocidas y modelos productivos más sanos. Vale citar el caso de la resistencia de productores asiáticos al endosulfán, que tras cobrarse varias vidas en el mundo, y años de resistencia social, fue prohibido en 2012 por el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Obviamente, esto perjudica el lucro de los sectores más fuertes del mercado de materias primas, pero no se puede comparar el valor de una buena campaña con el de una sola vida humana.

El derecho a un ambiente sano está contemplado en los DERECHOS HUMANOS, es hora de abandonar las declamaciones sobre dignidad humana, calidad de vida, sanidad ambiental, producción de alimentos y nutrición responsables, y comenzar a actuar consecuentemente.

Pedimos a quienes tienen responsabilidad política y jurídica que se respeten los DERECHOS HUMANOS, la legislación y la RESISTENCIA SOCIAL. Son conocidos los resultados históricos y las víctimas de estos procesos en situaciones como ésta. Por las mismas víctimas, existentes y potenciales, hoy queremos pronunciarnos.

Firman
Mónica HEINZMANN, Diego FONTI, Juan Carlos STAUBER y José ALESSIO | Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba.