Argentina: entre los hechos y las palabras ¿Papeleras no pero soja sí... por qué?

Se puede hacer un juego consistente en reemplazar la palabra papeleras por monocultivo sojero, y donde se lea dióxido de sulfuro se borre para escribir herbicidas y plaguicidas. Esa es la propuesta del siguiente análisis, publicado días pasado por el servicio informativo de la Secretaría Latinoamericana de Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura (Rel- Uita).

Se refiere a la falta de transparencia que se registra en torno a la controversia entre Buenos Aires y Montevideo, sobre la instalación y puesta en marcha de dos megafábricas de pasta de celulosa en la localidad uruguaya de Fray Bentos, sobre la margen oriental del río Uruguay, en la frontera con Argentina

Se notará entonces que lo único que cambia entre una situación y otra es el discurso del gobierno provincial de Entre Ríos (Argentina). Allí, la mayoría de los vecinos de la ciudad de Gualeguaychú, que se encuentra ubicada frente a Fray Bentos, se constituyeron en Asamblea Ciudadana y hace varias semanas que mantienen cortado el puente internacional que une a ambos países. En defensa del medio ambiente, exigen las suspensión de la obras puestas en marcha por las empresas Botnia, de Finlandia, y Enre, de España.

Para ser más precisos, lo que cambiará es que frente al tema de las papeleras hay discurso mientras que ante el denunciado drama del monocultivo arrasador de la tierra y concentrador de la riqueza hay silencio oficial, señala el artículo de Rel-Uita.

Lo extraño del caso es que el gobierno reproduce argumentos de los ambientalistas a los que ignora cuando cuestionan algo que le toca. El mismo Foro Ecologista de Paraná, en la capital de Entre Ríos, que tiene una fuerte posición tomada contra las papeleras, ha producido un duro diagnóstico ambiental sobre esa provincia y no ha dejado de señalar a la figura del gobernador Jorge Busti como uno de los artífices de la cuestionada situación.

En un trabajo que titularon, hace ya algunos meses, "Hacia un diagnóstico socioambiental de Entre Ríos", la entidad apunta a la necesidad de la construcción social y política de una agenda regional para la sustentabilidad ecológica, económica y social de nuestro pueblo.

Allí se denuncia que “Entre Ríos, Argentina y el resto del mundo han visto desaparecer en los últimos años infinidad de cultivos y variedades locales que ya no volverán y que llevarán a la biosfera a la destrucción”.

Al puntualizar sobre la situación entrerriana, el documento indica que en los últimos años se verificó una gran expansión de la agricultura, con amplio predominio de la soja. Si bien por una parte también se amplió la práctica de siembra directa, por otra se produjo un avance sobre montes y praderas. El estudio cita informes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una entidad estatal argentina, que dan cuenta de que en los últimos años aumentó la intensidad de las lluvias, y con ello su capacidad erosiva.

Entre los ocho del trabajo figura Daniel Verzeñassi, como coordinador en el tema Salud. Pocos oídos oficiales hubo para Daniel Verzeñassi, cuando denunció –con documentación fotográfica de niños como testimonio– la generación de malformaciones debido al mal uso de los agroquímicos. “Hay que dejarse de jorobar y ponerse a investigar”, dijo hace un tiempo a la prensa, para denunciar otras consecuencias del problema: pérdida de embarazos, malformaciones genéticas, mutaciones, cáncer, leucemia, afecciones respiratorias severas. El dirigente ambientalista llamó a las víctimas de los insecticidas y plaguicidas como “los hijos de la soja”.

“La expansión de la agricultura basada en monocultivo de soja o de pocos cultivos, con gran uso de insumos, favorece el proceso de concentración. Una de las razones es que quien adquiere mayores cantidades de insumos o servicios, obtiene mejores precios”, dice el estudio del Foro Ecologista de Paraná. Y agrega: “Otro factor es que la política impositiva prácticamente carece de progresividad. Así, en los años 1995 y 1996 (gobierno de Busti), se dejó sin efecto el llamado hasta entonces impuesto al latifundio, que establecía un gravamen diferencial para las explotaciones de mayor superficie”.

En tanto, en 1998 se introdujo el primer cultivo transgénico en Uruguay: la soja (RR) Round Up Ready. Esta introducción se hizo sin el conocimiento de la sociedad civil, por lo que se negó la posibilidad de discusión del tema, tanto a las gremiales de productores, como a universidad, consumidores, y ONGs, añade otro reporte de Rel-Uita, elaborado por María Isabel Cárcamo, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL), de Uruguay.

Año a año ha ido aumentando vertiginosamente su cultivo, acompañado por el paquete tecnológico de los agrotóxicos. El uso masivo de agrotóxicos ha crecido en proporción al cultivo de soja transgénica, provocando enormes impactos en la salud de las personas y en el medio ambiente. Entre los agrotóxicos más usados se encuentran el glifosato, paraquat, 2,4 D y el endosulfán, todos ellos altamente tóxicos y prohibidos en muchos países, tanto en Europa como en Asia.

Cabe mencionar que otra de las consecuencias que ha provocado esta introducción ha sido el desplazamiento de otros cultivos tradicionales en Uruguay como el trigo y la cebada.

A la soja le sigue el maíz transgénico. En el año 2003 se comienza con el maíz Mon 810 y en el 2004 se introduce el maíz Bt11. La introducción del maíz estuvo cuestionada por organizaciones de la sociedad civil, que aún reclaman por tener una mayor información acerca de los impactos ambientales y sobre la vida humana de estos cultivos.

A nivel parlamentario se cuestionó severamente la introducción del maíz Mon 810, interpelando al ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, por considerarse que este nuevo evento no tendría ningún beneficio para la agricultura ni tampoco económico; aún más, echaría por tierra el slogan que en ese momento estaba en auge: Uruguay país Natural.

Lamentablemente, en el momento de votar la mayoría de los diputados presentes optaron por apoyar la autorización de este evento. La sociedad civil organizada cuestionó duramente su introducción, pero el debate y la opción a participación de esta decisión estuvieron negados, en ambos eventos.

Tanto la soja como el maíz son básicamente producidos para ser exportados como alimento para animales, aunque la soja se utiliza cada vez más en alimentos procesados y en el caso del maíz Bt11 se comercializan variedades de maíz dulce.

La introducción de los transgénicos se encuentra bajo el llamado marco de bioseguridad. Uruguay participó desde el inicio en las negociaciones para la implementación del artículo 19 del Convenio sobre Diversidad Biológica, que condujo a la adopción del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad.

El organismo encargado de incluir normas ambientales en materia de cultivos transgénicos, es el ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Este organismo coordina con otras entidades públicas y privadas las medidas a adoptar frente a riesgos que podrían suscitarse.

La introducción en el territorio nacional de organismos genéticamente manipulados, cualquiera sea la forma o el régimen bajo el cual ello se realice, se encuentra sujeta a la autorización previa de la autoridad competente.

En el año 2000 se elaboró un decreto y se crea la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados, como un ámbito interinstitucional de análisis y asesoramiento, integrado por los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Ganadería, Agricultura y Pesca; y Salud Pública; además del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Dicha Comisión, interviene en las tramitaciones de autorización para cualquiera de las aplicaciones posibles de vegetales y sus partes modificados genéticamente, a los efectos de la revisión y estudio de las evaluaciones de riesgo.

En tanto, la introducción, uso y manipulación de vegetales y sus partes modificadas genéticamente, sólo puede efectuarse previa autorización de la Dirección General de Servicios Agrícolas del ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o, el Instituto Nacional de Semillas, y por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas, en forma conjunta, para la producción o la importación por primera vez con destino al consumo directo o a la transformación.

En la introducción del maíz Bt11, se cumplió con la reglamentación establecida de acuerdo al marco normativo existente. Sin embargo, el marco legal no hace mención alguna si se debe de cumplir con algún requisito diferente en caso que estos cultivos sean para el consumo humano directo.

De acuerdo al INASE, en el país sólo podrán ser comercializados aquellos cultivares de especies forrajeras, cerealeras y oleaginosas que figuren inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares, para lo cual previamente deben haber sido evaluados agronómicamente.

El maíz es un cultivo forrajero y también hortícola, pero nada se dice sobre las semillas hortícolas, tales como las de maíz dulce destinado a consumo humano. En Uruguay se ha estado vendiendo maíz transgénico Bt11 dulce GH 0937 desde octubre del 2004 sin estar registrado por el Instituto Nacional de semillas (INASE).

De acuerdo con las normas vigentes, esa variedad está aprobada correctamente, ya que se trata de una variedad de maíz de uso hortícola y por eso no tiene registro obligatorio. Las semillas hortícolas introducidas al Uruguay no necesitan ser registradas. ¿Será que los animales deben estar más protegidos que los seres humanos?

Frente a esta situación cabe preguntarse, ¿cómo se aplica el concepto de bioseguridad? ¿Es que la bioseguridad se cumple simplemente por catalogarse el maíz dulce GH 0937 como semilla hortícola y por ese solo hecho se convierte en biológicamente seguro?

Claramente queda al descubierto la poca claridad y la falta de seriedad con la que el país ha enfrentado la introducción de estos cultivos. Se han elaborado decretos con el objetivo de hacer evaluaciones antes de liberar al ambiente los cultivos genéticamente manipulados, pero no se tomó en cuenta que el maíz es un cultivo totalmente diferente y más aún cuando de maíz dulce se trata. No se han tomado en cuenta los efectos que estos cultivos pueden causar tanto en la salud de las personas como en el medio ambiente.

Lo anterior sería violatorio del Protocolo de Cartagena, cuyo artículo 2 dice que "las Partes velarán por que el desarrollo, la manipulación, el transporte, la autorización, la transferencia y la liberación de cualesquiera organismos vivos modificados se realicen de forma que se eviten o se reduzcan los riesgos para la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana".

En noviembre de 2005 RAPAL (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina) junto con el Colectivo Bioptimistas, denunciaron frente a las autoridades irregularidades en la venta de maíz dulce del evento Bt11 de semillas no registradas por el Instituto Nacional de Semillas.

Frente a los hechos planteados una vez más quedó al descubierto que las reglamentaciones no solo son insuficientes sino que además las pocas que existen tampoco se cumplen.

En efecto, desde el 20 junio del 2003 existe una resolución del ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, junto con el ministerio de Economía y Finanzas, donde se especifica que uno de los requisitos para la venta de esta semilla es el etiquetado: en la etiqueta, que identifica el envase de la semilla de maíz de este evento, deberá incluir una referencia explícita a las palabras MON 810, de suficiente realce y visibilidad, independientemente de cualquier otra referencia a la variedad o a la característica para la que codifica ese evento. Cabe mencionar que la resolución para el Bt11 es exactamente igual con respecto al etiquetado.

El maíz dulce GH 0937 a la venta en Montevideo no estaba etiquetado, las autoridades de hacer el control no lo hicieron y solamente en noviembre del 2005 se toman medidas concretas después de la denuncia de estas irregularidades desde la sociedad civil.

Este hecho muestra que el país está lejos de cumplir con un marco de bioseguridad y de tener las herramientas adecuadas para implementar el mismo. A esto se suma la dificultad concreta con la que nos debemos de enfrentar una vez liberadas las semillas transgénicas, que la naturaleza no se puede controlar y mayor riesgo se corre cuando de maíz se trata por el tipo de polinización que realiza.

La discusión y evaluación de estos cultivos se debe de dar a nivel de la sociedad en su conjunto. La elaboración de un marco regulatorio y políticas claras podrían ayudar a que hubiese una mayor transparencia y se llenase ese vacío legal en el cual todos los uruguayos nos encontramos, y mientras tanto estamos siendo contaminados e invadidos tanto visualmente como en nuestro plato por estos cultivos. Pero el problema de los cultivos transgénicos va mucho más allá de la mera reglamentación y el objetivo final debe ser su completa eliminación.

Fuente: http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=1489