Argentina en llamas

Cuando hablamos de “estar en llamas”, queremos significar que las cosas, en general o determinadas, se encuentran en proceso de crisis o extinción, que mucho está perdido, que poco queda en pie.

Sí, suena duro, suena dramático. Es que lo que se está viviendo en nuestro país es duro y dramático, aunque muchísimas personas no quieran verlo, otras tantas no puedan, y muchas menos, intenten “disfrazar” el desastre y presentarlo como algo bueno, necesario e inevitable.

Claro, todo esto no es nuevo, lleva largas décadas. Y si bien tenemos que remitirnos a 530 años atrás para hablar del inicio del saqueo en Latinoamérica, y en nuestro país lo que significó la denominada “Campaña del Desierto” intentando aniquilar a las comunidades originarias y repartiendo en pocas manos todas las tierras, a eso hay que agregar la sucesión de golpes de Estado durante el siglo XX. Fue con la última dictadura cívico-militar (1976-1983), donde se abrieron aún más, las puertas a los grandes capitales.

Para la concreción de sus objetivos, los “asesinos” necesitaron someter a todo nuestro pueblo. Represiones, detenciones, torturas, desapariciones, muertes.

Aquellos planes económicos y de exterminio de decenas de miles de argentinas y argentinos, parecieron encontrar su final con el retorno a la vida democrática.

A cuarenta años del regreso de la democracia, y de la recuperación de derechos arrebatados durante los 7 años más sangrientos de nuestra historia, no se detuvo nunca el modelo de saqueo de nuestros bienes comunes naturales —la concentración de riquezas, la precarización laboral, vulneración a los derechos de la naturaleza—, y por el contrario se profundizó de manera obscena. Generó una desigualdad indignante y dolorosa y violó (con distintos otros métodos) los derechos humanos de la inmensa mayoría de quienes habitamos uno de los países más biodiversos del planeta.

Sin duda, de estas cuatro décadas, la de los años 1990 fue la de mayor pauperización, la del remate de todas las empresas del Estado, el cierre de fábricas, la eliminación de ciento de miles de puestos de trabajo, angustia y depresión.

Pero los gobiernos que sucedieron al posibilitador de todo aquello, Carlos Saúl Menem, presidiendo el país entre 1989 y 1999, han sostenido prácticamente las mismas políticas entreguistas. Acelerando, incluso, los procesos de depredación de todas nuestras riquezas.

Por lo tanto, Argentina sigue sujeta a los modelos de dependencia y coloniaje diseñados en otras latitudes, y, gran parte de la clase política dirigente local, adopta el “extractivismo” en todas sus variantes, como política de Estado.

Más allá de todos los males que se arrastraban, podríamos señalar al año 1996, cuando se oficializa el ingreso al país de la soja transgénica Roundup Ready (RR) de la empresa Monsanto, como el inicio de un camino de mayor decadencia política y puesta en marcha del “ecocidio” y “genocidio” que hoy estamos padeciendo.

Durante aquellos años noventa se promulgaron leyes que favorecieron el desembarco y desarrollo de corporaciones que tuvieron y tienen el objetivo de extraer todo lo que puedan de nuestros territorios para aumentar sus suculentas ganancias y mantener los estándares de vida de los países centrales.

Desde entonces, y de manera acelerada a partir de la crisis de 2001-2002, se multiplicaron los proyectos extractivos de toda índole.

Los agronegocios expandiéndose por gran parte del segundo país más extenso de Latinoamérica, y octavo a nivel global.

El modelo basado en semillas modificadas genéticamente, fertilizantes sintéticos y “agrotóxicos”, provocó la aprobación de más de 60 eventos transgénicos, en su gran mayoría diseñados para tolerar verdaderos cócteles de “venenos”.

Argentina incrementó en veinte años más de 1200 por ciento el uso de herbicidas. Es, a nivel mundial, en promedio, el país con mayor consumo por persona (12 litros/kg). Esto es resultante de los más de 600 millones de litros que se esparcen por año.

Los impactos nocivos y externalidades son múltiples: desmontes, inundaciones y sequías. Contaminación de napas de agua, ríos, arroyos y lagunas, mortandad masiva de peces. Alimentos con enormes cargas de “agrotóxicos”. Niñas y niños nacidas/os con algún tipo de malformación. Incremento de abortos espontáneos. Aumento de hipertiroidismo y distintos tipos de cánceres, entre otras afecciones.

Además, las ya mencionadas quemas de humedales, como así también de bosques y montes. En los últimos tres años los fuegos arrasaron con más de 2 millones de hectáreas.

Privatización de puertos y ríos, como ejemplo más notable, el río Paraná, por donde salen cerca del 80% de las exportaciones.

Expulsión de millones de personas desde las zonas rurales a las periferias de las grandes ciudades, engrosando los enormes cordones de pobreza y que padecen una verdadera inseguridad, quedando a expensas del narcotráfico y del gatillo fácil de las fuerzas represivas.

Como eslabones del modelo extractivista adoptado en Argentina, debemos agregar el avance ininterrumpido de la megaminería, diseminada en varias provincias, volando montañas, apropiándose de glaciares y ríos, contaminando todo a sus alrededores.

Destaca la embestida de la explotación del litio.

Por otro lado, el desarrollo de la fracturación hidráulica o fracking, que contamina y destroza territorios y viviendas. Los proyectos de exploración petrolera offshore en el Mar Argentino. La instalación de megafactorías porcinas, para la producción de carne para exportar a China. Futuras fábricas de “pandemias”.

Por supuesto y de mayúscula importancia, la aprobación por parte del gobierno nacional en el año 2020, del Trigo Transgénico HB4, resistente a la sequía y tolerante al glufosinato de amonio, herbicida varias veces más tóxico que el famoso glifosato. De esta manera, Argentina es el primer país del mundo en dar ese paso.

Y en los primeros meses de 2023, dos señales muy fuertes dan cuenta y refuerzan la posición del gobierno actual y los verdaderos intereses que defiende.

En primer lugar, el nefasto nombramiento como Jefe de Asesores del gobierno de Alberto Fernández, de Antonio Aracre (ex CEO de la empresa Syngenta), con más de treinta años trabajando para dicha compañía. La misma que en 2003 bautizara a cinco países (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia), como “La República Unida de la Soja”.

Y en paralelo los acuerdos impulsados por el propio gobierno, entre las provincias y la compañía nacional de Agua de Israel, Mekorot —supuestamente para asistir técnicamente y tener un mejor control de las aguas, pero en realidad, es la antesala de la definitiva privatización del agua en nuestro país.

Resistencias. Mientras se avanza en la vulneración a los derechos de la naturaleza y la violación a los derechos humanos, siguen surgiendo en todo el territorio argentino múltiples “fueguitos” (al decir del escritor Eduardo Galeano). Resistiendo, investigando, organizándose para seguir protegiendo la biodiversidad, los territorios, el ambiente en general y la salud de todos los seres vivientes.

Ante estas maravillosas expresiones de lucha, a partir del amor por nuestros bienes naturales, las respuestas de los Estados locales, provinciales y nacional, son la “represión”, las detenciones, las persecuciones y la judicialización.

Deuda externa y extractivismo. La gran disciplinadora del desastre ambiental, social y económico de Argentina, es la fraudulenta e ilegítima deuda que las argentinas y argentinos no dejan de pagar, por la decisión “cobarde” de todos quienes gobernaron el país en los últimos casi cincuenta años. Es el gran exprimidor de las riquezas del país, que, en paralelo, profundiza la precarización de trabajadoras y trabajadores, obliga a implementar recortes en las áreas de salud y educación, entre muchas otras. Sostiene a las abuelas y los abuelos en la miseria, y empuja a 7 millones de infancias a la pobreza. 

Esta situación se agravó notablemente en los últimos años. Y sirve como excusa para la implementación de un sinfín de proyectos extractivistas a lo largo y ancho del territorio argentino. Los argumentos gubernamentales tienen que ver con aumentar las exportaciones (a como dé lugar) para conseguir el ingreso de divisas que permitan seguir pagando una deuda que no contrajo el pueblo, y sin embargo está obligado a poner su fuerza de trabajo para que los “dueños de todo” continúen desangrando a las mayorías que habitamos este fantástico territorio sureño.

El IIRSA. Buena parte de lo expresado habría que enmarcarlo en el súper engranaje que desde el año 2000 se puso en marcha, el plan IIRSA:  la Iniciativa para la Integración en Infraestructura Regional Suramericana.

Impulsado durante la Primera Reunión de Presidentes de América del Sur, el mismo está dividido en 10 ejes que involucran a buena parte de los países sudamericanos.

En territorio argentino, lo que se denomina Hidrovía Paraná-Paraguay, pasó a ser uno de los ejes de este diseño, dentro de una abultada cartera de 562 proyectos, de los cuales 409 se encuentran activos y 153 ya concluidos.

El argentino Álvaro Álvarez, doctor en Geografía, máster en Ciencias Sociales y licenciado en Relaciones Internacionales, aporta en sus múltiples trabajos de investigación sobre el tema: “Los corredores de transporte, energía y comunicaciones son las obras priorizadas por los países de la región en base a una visión en la que prevalecen las demandas del mercado internacional y de los actores geopolíticamente hegemónicos. La zona del Paraná inferior se ha transformado en un importante polo logístico con pretensiones de crecimiento y de expansión a los puertos del Paraná medio, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, ante la hiperespecialización de la región en la exportación de commodities y la tracción del mercado mundial. En tal sentido se desarrolla una infraestructura acorde a los nuevos requerimientos del comercio internacional, priorizando la multimodalidad y las salidas bioceánicas”.

Álvarez, quien también es miembro del Centro de Investigaciones Geográficas (FCH-UNCPBA) y del Instituto de Geografía Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, agrega: “la posición estratégica de la ciudad de Santa Fe no está dada únicamente por estar emplazada a la vera del Paraná, con capacidad de navegación de buques de gran porte, sino también, y sobre todo, por estar ubicada en la intersección de la Hidrovía Paraguay-Paraná y el Corredor Bioceánico Central (Porto Alegre-Santa Fe- Coquimbo) lo cual revaloriza el territorio como un centro de distribución de flujos Norte- Sur y sobre todo Este-Oeste con miras fundamentalmente al mercado asiático. Esto se vincula a la reforma del Puerto de Santa Fe y la infraestructura asociada a ella, como parte del eje de integración Hidrovía Paraguay-Paraná, respondiendo a un proceso de transnacionalización económica en la región”.

Para finalizar, es necesario resaltar que los desastres socioambientales que suceden en Argentina son los mismos o similares a los de toda Latinoamérica.

Nuestra región ha sido elegida como zona de sacrificio, y hay una decisión por parte de las corporaciones, con la necesaria complicidad de los gobiernos, en darle continuidad al gran saqueo.

Entonces, es cada vez más urgente la articulación regional de los sectores populares.

La tarea más importante es la de seguir tejiendo redes entre organizaciones hermanas.

Poniendo por encima de todo “la empatía”, y ejercitar de manera concreta la “solidaridad” entre quienes luchan todos los días por territorios sanos, entendiendo que sin ello, nuestros cuerpos estarán enfermos.

Sólo así, los pueblos del sur, dejaremos de “estar en llamas”.