Análisis de la situación actual en México y en Chiapas (I y II parte)

Equipo de CIEPAC - 09-Jul-2007 - num.537
CIEPAC, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Agradecemos profundamente el apoyo editorial de Roger Rovira.

RESUMEN

Una de las tareas principales del equipo de CIEPAC es analizar permanentemente la situación que se vive en México, con especial atención a Chiapas. Este boletín es el resultado de una reflexión conjunta del Equipo CIEPAC A.C. realizada el 7 de febrero de 2007, en torno a la siguiente incógnita: ¿Cuáles son, a grandes rasgos, las tendencias que vemos en los distintos ámbitos de la vida en México desde la pasada elección presidencial de julio de 2006?

Política económica vs. soberanía nacional

Pese al cambio de gobierno, con la llegada de Felipe Calderón el pasado 1º de diciembre de 2006 continúa la misma política económica y social de Vicente Fox. Arropado por el PRI y PAN, dos partidos casi gemelos, Calderón tiene la tarea de dar continuidad a las estrategias económicas heredadas del anterior gobierno, basadas en el reajuste económico, el recorte presupuestal a la educación, las privatizaciones de los sectores energético, del agua y de la salud, y el incremento del gasto militar y policiaco, siguiendo al pie de la letra las directrices de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el gobierno de los Estados Unidos, en beneficio de las grandes empresas transnacionales.

Felipe Calderón, claro exponente de la derecha -tanto o más que Fox-, mandó un claro mensaje al presentar un gabinete social y económico de tintes ultraderechistas y radicalmente neoliberales, integrando representantes del FMI y responsables de graves abusos, como Francisco Ramírez Acuña, quien ordenó las torturas a altermundistas en 2004 siendo gobernador de Jalisco, y Eduardo Medina Mora, jefe de la PFP en la toma de Atenco y Oaxaca, cuyos atentados contra los Derechos Humanos fueron detallados y denunciados por la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH).

Entretanto, se acentúan los efectos del modelo económico, como el encarecimiento de los productos de primera necesidad (la canasta básica), la caída del poder adquisitivo de los trabajadores asalariados (aumentó 1.89 pesos el salario mínimo), y la política de limosnas para la población más pobre (Procampo, Oportunidades, CODECOA, Nuevo Amanecer, CODEM, Chiapas Solidario, etc.) como estrategia de entretenimiento para prevenir un movimiento social que pudiera poner en jaque al sistema. Ante esta situación, el deterioro de las condiciones de vida de la gente es implacable. El modelo económico agudiza irremediablemente la pobreza, que se expande a la par que aumenta la población. Se puede simplificar diciendo que cada vez hay menos ricos, y que estos son cada vez más descaradamente ricos. El buque insignia de la desigualdad desvergonzada es el empresario Carlos Slim, quien ha amasado la tercera mayor fortuna del mundo durante los últimos años de neoliberalismo en México (La Jornada 09/03/2007).

En este contexto, las ya de por sí altas tarifas eléctricas continúan subiendo, a la vez que se abre la puerta a empresas extranjeras, como Iberdrola, Unión FENOSA o Endesa, para que se adueñen de los planes de generación de energía eólica, ante la supuesta incapacidad financiera del estado mexicano. Calderón, por otra parte, se propone acabar de construir la infraestructura de comunicación y conexión eléctrica contemplada en el Plan Puebla Panamá, ajustando aún más la política económica al beneficio de las empresas transnacionales.

El cóctel de la pobreza. Los costos del Tratado de Libre Comercio

Uno de los efectos más graves del modelo económico neoliberal en México y en la región Centroamericana es el éxodo de la población hacia los Estados Unidos. Ante esto, el gobierno norteamericano está levantando el muro fronterizo, que aunque probablemente disminuirá la migración, no conseguirá detenerla. A corto plazo, cruzar la frontera será un privilegio aún más caro, pues previsiblemente se encarecerán tanto los costos que cobran los traficantes, como la propia corrupción de los agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. Pero sobre todo, se incrementarán los peligros que enfrentan los migrantes al intentar cruzar la frontera. Es posible que, en parte, la migración se dirija hacia otros países, pero el cierre de la válvula de escape que, para la presión socioeconómica en México y Centroamérica, supone esta migración agudizaría la problemática del país, la tensión, los choques y el deterioro social.

No es casual que, mientras la migración continúe estando "ilegalizada", Estados Unidos seguirá recibiendo mano de obra barata, básica para su economía. Pero no sólo de la migración se beneficia el principal impulsor del TLC. La crisis económica en México -fuente de los flujos migratorios- abre las puertas a las transnacionales (mayoritariamente estadounidenses) para hacerse con los sectores productivos e implantar salarios de hambre, perpetuando así la miseria. El pez se muerde la cola. Las causas inmediatas de la pobreza extrema, o sea, el alza de los precios de los productos de primera necesidad, la disminución de los precios de los productos agrícolas (en otras palabras, lo que reciben los y las campesinas) y la falta de subsidios para su producción, así como la falta de mercados y de apoyo tecnológico, se retroalimentan con la invasión de productos de importación en México y Centroamérica. La falta de empleo, el despido masivo de trabajadores y trabajadoras de las maquilas, la carestía de la vida y la alta marginación conducen, en definitiva, al mayor éxodo de la historia hacia el norte del continente.

Regresando a los altos precios, nos preguntamos ¿qué está pasando? ¿Por qué están al alza? En el caso del maíz, tendríamos que analizar este proceso desde 1987, cuando México recibió un préstamo de 300 mil millones de dólares por parte del Banco Mundial con la condición de eliminar los apoyos al campo, que protegían a los productores y consumidores. En el proceso de liberalización del precio de la tortilla han desaparecido progresivamente los apoyos a su producción. Sin embargo, el proceso de comercialización e industrialización que manejan las empresas sí cuenta con el apoyo gubernamental, por lo que las grandes corporaciones salen fortalecidas, como Minsa, Grupo Maseca, Cargill, Monsanto y Bayer, entre otras. En este aspecto vale la pena destacar que mientras aumenta el precio de la tortilla para el consumidor, disminuye el precio que recibe los y las campesinas por el maíz que cultiva, debido a la invasión de maíz transgénico importado de los Estados Unidos.

A nivel internacional el precio del maíz está también al alza, fruto de una caída de la producción combinada con una gran demanda. China e India ya no son países autosuficientes, por lo que demandan alimentos, lo cual provoca cambios a nivel mundial. Nuestro país también está perdiendo su soberanía alimentaria desde la firma de los Tratados de Libre Comercio. Importa un 20% del maíz, un 30% del trigo y un 90% de la leche y soya, siendo altamente susceptible a cualquier cambio estructural. Este contexto favorece que las grandes empresas productoras, como Monsanto, ejerzan el control en la compraventa de alimentos, con la consecuente concentración de riqueza en pocas manos. Cada vez es más evidente, pues, la contradicción del modelo neoliberal: mientras unas pocas empresas obtienen beneficios multimillonarios, las y los campesinos se quedan en la ruina y a menudo abandonan sus tierras.

México aceptó de manera sumisa realizar ajustes estructurales, como los recortes presupuestales que ha ido aplicando paulatinamente. En consecuencia, desaparecieron los bancos Bancrisa, Inmecafé y las instituciones que servían para apoyar la producción campesina. Frente a esto, no se ofrecen alternativas que puedan paliar los evidentes perjuicios de estas políticas sobre la mayoría de la población, solamente programas que no resuelven los problemas estructurales del campesino. En definitiva, el país se encuentra profundamente a la deriva y está pagando el precio de seguir las políticas de libre mercado dictadas por la OMC.

Complicidad mediática y control militar como solución a la falta de legitimidad

En un contexto de grave crisis política, en donde los partidos ya no pueden disimular ni su desinterés por las necesidades más sentidas de los ciudadanos ni su adhesión descarada al modelo neoliberal, se ha generado entre la mayoría de la población una profunda desconfianza hacia estos partidos, incluyendo el PRD.

La absoluta falta de credibilidad de la clase política cierra cualquier camino hacia la participación democrática real dentro de los cauces legales. Ante esta situación, el papel que puede jugar la sociedad civil como contrapeso de las instituciones y del poder económico que las controla es la principal fuerza con que cuenta la sociedad mexicana para recuperar el rumbo perdido.

Las disputas internas dentro del partido gobernante, el PAN, reflejadas en las declaraciones de Felipe Calderón durante su gira europea y las del presidente de su propio partido, Manuel Espino -totalmente opuestas-, hacen prever un ajuste de cuentas interno. Por otro lado, a esta crisis de unidad hay que sumarle la profunda falta de legitimidad con la que Calderón llegó a la Presidencia, luego de un evidente fraude electoral. Falto de apoyos, las fuerzas a las que se aferra para legitimarse y reforzarse en el cargo son los principales medios de comunicación, el Ejército y la ultraderecha, haciendo continuos guiños al Yunque y a la Iglesia jerárquica con mensajes moralistas. La PGR y la PFP también juegan un papel primordial en el control y la represión social. El renovado interés en la lucha contra el narcotráfico no es más que un intento por demostrar que tanto el Ejército como los cuerpos policíacos no están inmersos en él.

Además del lavado de imagen tras el fraude electoral, todavía en marcha, Calderón arrastra los favores que Fox dejó a deber a los medios de comunicación, quienes taparon y tergiversaron la grave represión del gobierno ante los movimientos que lo han cuestionado, como en Atenco, los mineros de Pasta de Conchos y Lázaro Cárdenas, la resistencia contra la represa La Parota, en Guerrero, y la mayor de todas, en Oaxaca, cuyas consecuencias y su conflicto aún no han terminado. Esta cortina de humo mediático se paga con el apoyo a la Ley Televisa, los sistemas de radios de comunicación y su privatización, mostrándose así el arraigamiento de las grandes corporaciones mediáticas en el mismo seno de la clase política.

Son de tener en cuenta, también, los vínculos que la clase empresarial vinculada al PAN mantiene con la jerarquía eclesiástica a través de las corrientes más intransigentes, como los Católicos Carismáticos y los Legionarios de Cristo. Estos vínculos, además, están salpicados por la desvergüenza más ruin mediante redes de prostitución y pornografía infantil. La punta del iceberg reluce con los casos de Mario Marín, gobernador de Puebla, Socorro Romero Sánchez, empresaria avícola de Tehuacán -Puebla- que mantiene excelente relación con Norberto Rivera Carrera, Ulises Ruiz Ortiz de Oaxaca (quizá sea esta una de las razones de la terquedad de mantenerlo como gobernador), Jean Succar Kuri, Kamel Nacif y Onésimo Zepeda, entre muchos otros. Estos vínculos, de otro lado, perpetuarán el desprestigio de la Iglesia mientras esta no abandone su complicidad con los sectores corruptos y mafiosos de la clase empresarial y opte por excomulgarlos.

Volviendo a los intentos de legitimar a Calderón, cabe insistir en que han sido constantes y descarados. De un lado, Vicente Fox, siendo todavía presidente de México, llevó a cabo toda una campaña electoral en su favor durante sus continuas visitas a los Estados Unidos, repartiendo incluso tarjetas telefónicas entre los agremiados sindicales mexicanos de la mayor central de aquel país, AFL-CIO, para que exhortasen telefónicamente a sus familiares a votar por el PAN. Paralelamente, a lo largo de toda la República se iniciaba una ofensiva político-militar con tal de legitimar a Calderón ante las diferentes facciones empresariales y de su propio partido. Lejos de lograr este objetivo, solo se ha conseguido dejar en evidencia la cara más represora del nuevo presidente, echando lastre sobre cualquier credibilidad a la hora de mediar o negociar en los conflictos sociales.

Esta fuerte represión ha asestado un golpe muy duro a los movimientos populares, en especial tras los graves acontecimientos de Oaxaca, en noviembre-diciembre del año pasado (donde se dio una auténtica cacería por las calles de la ciudad y las comunidades de montaña, dignas de las no tan lejanas dictaduras militares). Las secuelas de la salvaje actuación del gobierno federal todavía no se han superado, dejando un claro mensaje: se han "subido los costos" de la disidencia, en todos los sentidos, físico, psicológico e incluso monetario -con el ejemplo del traslado de los presos a Nayarit, y el consecuente gasto para las familias, además de las fianzas desmesuradas-.

Uno de los elementos más terribles, y trágicamente característicos, de los mayores operativos policiales del último año (Atenco y Oaxaca) es el uso de la violación a mujeres -y también hombres- a manos de las fuerzas de seguridad, como herramienta de guerra real y de guerra psicológica. El terror que el gobierno ha logrado infundir en la población no ha dejado prácticamente costos a nivel internacional, dejando en evidencia la farsa que representan las cláusulas democráticas que, supuestamente, condicionan los tratados comerciales al respeto a los Derechos Humanos por parte del gobierno mexicano. De la misma manera, esta despiadada estrategia para el control social tampoco ha provocado la reacción que se merece por parte de la sociedad mexicana, hecho que consideramos especialmente preocupante.

En definitiva, ¿qué situación queda tras esta embestida de violencia? En un principio, se ha perdido la amplísima base social que dotó de tanta fuerza, creatividad e impulso al movimiento social oaxaqueño visibilizado en la APPO. Costará de recuperar lo que fue, para tantos observadores, "casi una insurrección popular", donde por primera vez en muchos años los abuelos, los niños, las amas de casa, los vecinos no politizados fueron el alma de una lucha que llenó de barricadas las calles para poner en jaque durante meses a todo un aparato de represión. La Historia hablará de Oaxaca y su lucha popular, pero para que esta historia no acabe aquí se deberán pensar otras estrategias por parte de los movimientos sociales de cara a poder enfrentar las embestidas mortíferas que los acechan.

Disputas internas y aislamiento internacional

Mientras que el PRI basó su larga hegemonía en los monopolios de poder, la liberalización iniciada por Salinas de Gortari y consumada por Vicente Fox, con la consecuente entrada de capital extranjero, ha puesto definitivamente en jaque el monopolio nacional. Hoy prácticamente solo el Ejército pertenece al estado mexicano, aunque actúa según las directrices del gobierno de los Estados Unidos, especialmente en cuestión migratoria. Estas batallas entre las élites económicas también se dan en las cúpulas de los grandes partidos, PRI, PAN y PRD, descomponiéndose así la centralización del poder.

En estas disputas de poder encontramos a López Obrador, ex candidato presidencial por el PRD (junto a Convergencia y PT) y víctima de un descarado fraude electoral. Obrador trata ahora de pescar en río revuelto y canalizar el descontento social. Para ello está recorriendo 2 mil 500 ciudades de todo el país y tratando de fortalecer la Convención Nacional Democrática (CND). A pesar del impulso de los primeros meses ha ido perdiendo fuerza y credibilidad. Ha querido respetar la estructura oficial e institucional -al servicio de la clase empresarial que controla las "reglas del juego democrático" gracias al famoso Pacto de Chapultepec- lo cual le ha impedido dar un nuevo paso con el movimiento social, que le exigía pasar del descontento a la ofensiva. De esta manera, Obrador se va tendiendo como un muro de contención frente al movimiento social, al cual trata de capitalizar en vistas a su carrera presidencial de 2012.

Por otra parte, el aislamiento de Felipe Calderón en América Latina es cada vez más evidente. En sus recientes giras, la mayoría de los mandatarios le dieron la espalda, e incluso fue reprochado por parte de Lula. A pesar del escaso interés que México ha prestado a América Latina en los últimos años, esta situación preocupa a Calderón. No en vano, el gobierno de los Estados Unidos, en sus intentos por relanzar el ALCA, ha otorgado a México y Colombia el papel de paladines de su política. Y mientras tanto, desde el Río Bravo a la Patagonia se dan fuertes manifestaciones de rechazo total a esta iniciativa.

Finalmente, en su alineamiento extremo con las doctrinas de la Casa Blanca, tan preocupada por mantener su hegemonía a nivel mundial, México corre el peligro de descolgarse del todo a nivel internacional al no estar firmando acuerdos con las potencias económicas emergentes, como La India y especialmente China. Una vez más, las políticas nacionales se encaminan a ser el patio trasero de los Estados Unidos.

Una coyuntura favorable...un arma de doble filo

A pesar de la represión generalizada, los movimientos sociales en América Latina juegan un papel importante tanto en la resistencia ante el sistema como en la construcción de propuestas que signifiquen cambios estructurales. Este papel lo conocen a la perfección los gobernantes de la izquierda institucional, como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner en Argentina y Lula da Silva en Brasil, entre otros, quienes no ignoran que sin el apoyo de estos movimientos no hubieran llegado al poder. De ahí sus políticas de no confrontación, especialmente los dos primeros.

Sin embargo, hoy por hoy, estos movimientos se están limitando a instalar una persona en el poder, a menudo sin cuestionarla (aunque el Movimiento de los Trabajadores Rurales, de los Sin Tierra en Brasil, rompieron con Lula, y Evo ya ha soportado diversas huelgas). El definitivo siguiente paso a menudo se queda en camino: construir una estructura desde abajo, desde la propia organización, para participar, demandar, exigir y ejercer el gobierno desde la base y hasta llegar al nivel más alto, federal o central.

Conociendo este potencial de los movimientos, los gobiernos de izquierda se aferran a los procesos de movilización popular, por un interés de supervivencia en su lucha de cúpulas y, por supuesto, para tratar de neutralizar las protestas contra ellos mismos. Esta situación nos plantea un interrogante sobre la supuesta ideología y práctica de izquierda de estos gobiernos, quienes a menudo no trabajan con y desde la base social que los llevó al poder, sino que gobiernan únicamente desde las estructuras estatales, lo cual supone un venenoso riesgo para los movimientos sociales.

La posibilidad de un verdadero cambio pasaría inevitablemente por la construcción de la autonomía, desde la misma sociedad, aprovechando la nueva coyuntura favorable desde el gobierno, pero incidiendo principalmente en el trabajo de las bases y en la construcción desde ellas. Se presentan, pues, muchos retos para estos movimientos. Elaborar por sí mismos sus proyectos de nación, construir estructuras que puedan controlar efectivamente al gobierno, además de diseñar, impulsar y vigilar todo el proceso. En definitiva, corregir cuando haya que corregir y autorizar y legalizar cuando sea necesario.

El tiempo de establecer nuevas alianzas

Una de las principales debilidades de estos movimientos, a la que se aferran desde siempre las estructuras de dominación para persistir incluso después de un eventual levantamiento, es la inmediatez de sus demandas y sus esfuerzos, perdiendo la visión de un proyecto de nación a largo plazo. En nuestro país conviven estos movimientos inmediatistas (protestas contra el alza de precios, luchas por el poder, etc.), con la iniciativa zapatista de La Otra Campaña, que promueve la construcción de un nuevo México y la elaboración de una nueva Constitución que realmente recoja la voz de los ciudadanos.

Para que un eventual cambio fuese profundo y duradero, por otra parte, sería necesario que los numerosos y potentes movimientos latinoamericanos, como los de Centroamérica, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil... se unieran en sus propuestas y proyectos alternativos, creando -por así decirlo- una confederación de pueblos que fuese capaz de construir y de organizar un nuevo modelo (social, político, económico…) de manera conjunta entre sí e independiente de los gobiernos. De esta manera, si realmente fuera factible, se podría gobernar a la manera zapatista: mandar obedeciendo.

En un contexto de profunda degradación de los poderes locales es necesario ir más allá de las fronteras para construir alternativas concretas. El llamado de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (de la cual CIEPAC es adherente) es claro en este aspecto, y desde La Otra Campaña se están lanzando llamados internacionales de unión de luchas y fuerzas para fortalecer las resistencias y encontrar apoyo mutuo en la construcción de alternativas.

Es un llamado tan sencillo y evidente como difícil y necesario, en un país como México en que los movimientos sociales han tomado fuerza en los últimos años y han producido verdaderos puntos rojos a lo largo de todo el territorio nacional, pero que a la vez han sido incapaces de tejer con eficiencia una red de coordinación y solidaridad entre ellos. El reto, pues, está en cómo coordinarse, cómo multiplicar fuerzas para convertirse en un escudo que resguarde las alternativas que se puedan ir construyendo. No es aventurado afirmar que Oaxaca, de haber recibido un apoyo más amplio y coordinado de los movimientos sociales, podría haber significado el primer paso para un cambio de raíz. Las lecciones que nos dejó este histórico levantamiento, más allá de los relatos épicos o legendarios, no deben caer en suelo muerto.

Precisamente, este esfuerzo por establecer redes de contacto y de solidaridad es la principal línea estratégica que está siguiendo La Otra Campaña, con mayor o menor acierto, con la participación lenta, silenciosa y persistente de los comandantes y comandantas del EZLN por todo el territorio nacional. El objetivo final es la coordinación y convivencia de las diversas formas y expresiones de lucha para, sin hacerse sombra, construir un nuevo modelo, una nueva Nación lo suficientemente cohesionada para resistir los embates de los poderes locales y transnacionales que nunca se hacen esperar.

Pero, ¿qué pasa con La Otra Campaña?

La Otra Campaña (LOC) no está teniendo la fuerza y la respuesta que necesita para ser realmente lo que pretende ser, una herramienta que recoja los descontentos y propuestas de los y las ciudadanas para, con la participación activa de estos, construir otro México, un México donde, más allá de símbolos y banderas, se honre a los mexicanos y las mexicanas. Hoy está lejos de encaminarse hacia este objetivo, está polarizada, no ha llegado a establecer de una manera amplia, profunda y estable, lazos con los demás movimientos.

La Otra Campaña, quizás demasiado a menudo, va a remolque del EZLN, y deberá fortalecer su proceso organizativo si quiere cumplir con sus nobles objetivos fundacionales. El abanico social que comparte las ideas y fundamentos de LOC es mucho mayor del que se ha logrado coordinar hasta el momento, pero quien mejor conoce el verdadero potencial de esta iniciativa es el propio aparato de estado, que ha puesto en marcha un operativo represivo y de intimidación constante en contra de quienes la integran. De esta manera, pese al débil comienzo, nos llega el optimismo en voz de Cervantes y su Quijote: "los perros ladran, luego, avanzamos".

El primer obstáculo que se puede observar en el camino de La Otra Campaña proviene de sus mismos participantes, quizás habituados a acompañar los procesos del EZLN, pero sin participar en la construcción de los mismos -más allá del proceso interno de cada organización o grupo-. El mensaje de los zapatistas ha sido claro y reiterado al respecto, desde hace años y especialmente en su VI Declaración. En cada estado, en cada región, desde cada organización, hay que tomar las riendas para movilizarse, para generar alianzas y alternativas, sin esperar que sean los zapatistas quienes lleven siempre la iniciativa. México es rico en experiencias aisladas exitosas de los movimientos sociales. Aprender de las diferencias y alcanzar la madurez social y política debería ser el reto si se quiere construir conjuntamente "esa otra cosa".

Los esfuerzos de LOC hoy se centran en la defensa del territorio, principal inquietud para las luchas indígenas, pero se están dejando prácticamente de lado otras muchas luchas y otros sectores que se están viendo afectados, principalmente con la reforma de ley del ISSSTE, pero también en otros frentes. La primera etapa de La Otra Campaña quedó ciertamente inconclusa, ¿donde queda el esfuerzo vertebrador de las diferentes formas de lucha? Posiblemente el EZLN se está reposicionando respondiendo al contexto de amenaza militar inminente que supuso la llegada de Calderón a la Presidencia, y no es su papel iniciar una batalla política que afecte a otras luchas. El espíritu de la VI Declaración de la Selva Lacandona supone que sean las mismas organizaciones las que lancen los llamados a la solidaridad, a la movilización, independientemente de lo que haga el EZLN, que por otra parte, respondería al llamado como siempre se ha caracterizado.

Con el recorrido del Delegado Zero se visibilizaron otras muchas luchas que se estaban dando, lo cual significó un avance importante, que fue la toma de contacto entre ellas, pero no hay síntomas de que se esté avanzando en su coordinación. LOC no es todavía un referente lo suficientemente fuerte para aglutinar fuerzas y dar respuesta a todas las ofensivas políticas y represivas que se están dando. En la misma línea, deben trabajarse más las posibles alianzas con otras fuerzas y otros movimientos que están fuertes.

De todos modos, cabe aclarar que las alianzas que busca La Otra Campaña, y que nosotros creemos que son las que necesita México, no pasan por las urnas. No se busca una respuesta en los legisladores, sino en la gente de abajo, que es quien está siendo golpeada paramilitarmente y con las políticas de gobierno. La posición hacia las fuerzas electorales, más allá de las fricciones con unos u otros partidos, es de ninguneo, de deslegitimar, de andar otro camino.

Momento propicio a pesar de la militarización

A pesar de los malos presagios, del lento avance de La Otra Campaña, de la militarización cada vez más sistemática del país, el momento es propicio para hacer frente a las amenazas. Los focos rojos no han sido del todo apagados a pesar de la represión. Incluso en Oaxaca, paralizada y fuertemente dividida desde la atroz represión de hace unos meses, que todavía hoy continúa, de una manera más disimulada, mediante órdenes de aprehensión y preparando un incremento de la PFP y la AFI, dos de los cuerpos policiales con peor reputación entre activistas y defensores de los derechos humanos.

Durante el año pasado se dio un fuerte movimiento de apoyo a López Obrador tras las evidencias de fraude electoral, movimiento legítimo y al que apoyamos por la impunidad que significa para el actual presidente y sus sucesores el saber que las urnas no pasarán factura a sus previsibles excesos. Mas las propuestas de López Obrador son contrarias a La Otra Campaña y a las tesis que hemos tratado de defender a lo largo de este boletín. Reformas constitucionales y ofertas populistas, siempre desde la estructura y participación del PRD, es lo que propone Obrador, aunque ha tratado de disfrazarse bajo siglas históricas y de profundo significado, como la Convención Nacional Democrática, iniciativa que nos atreveríamos a decir que deshonra las anteriores iniciativas que llevaron ese nombre. No hay que olvidar, por lo demás, la recomposición que los arraigados poderes priístas llevan a cabo tanto en el PRD como en el PAN (véase Muñoz Ledo, Manuel Camacho Solís, Jesús Orantes, Roberto Albores y Jorge Constantino Kanter y otros en Chiapas, como el propio Juan Sabines).

Pero no fueron las movilizaciones contra el fraude las únicas destacadas durante el 2006. Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, SICARTSA en Michoacán, los maestros de la CNTE, además de la aparición de nuevas guerrillas que hicieron públicas sus alianzas, encendieron focos rojos de mayor o menor importancia. Sin embargo, en Chiapas, los movimientos sociales no tuvieron posicionamientos fuertes ni una presencia clara, lo cual nos obliga a una reflexión, que abordaremos en el próximo boletín.

No debemos olvidar que existe una coordinación entre 9 grupos armados (Coordinadora Nacional Guerrillera, dada a conocer por ellos mismos), que trata de capitalizar el descontento social. Sin embargo, la sociedad civil que no se moviliza, sí lo hace cuando se trata de condenar la guerra. Esta sociedad civil, que no está de acuerdo con Calderón, con Obrador ni con la lucha armada es la que tiene la llave para transformar el país, y es a quien trata de llegar La Otra Campaña.

En este contexto, la APPO puede estar resurgiendo poco a poco de sus cenizas, pese a los enfrentamientos entre algunas facciones, y es que no hay que olvidar que el movimiento social oaxaqueño que atrajo la atención internacional, no sólo por la represión que sufrió, sino especialmente por su autenticidad, iba mucho más allá de las organizaciones que la integraban. Se ha retomado Radio Universidad y habrá que ver hacia donde se encamina el movimiento una vez pase el ruido ambiente electoral.

La violencia como única respuesta del estado

Las luchas internas entre diferentes grupos de narcotráfico incrementan de manera espectacular la violencia que sufre la sociedad, dando la excusa perfecta al gobierno para militarizar el país y criminalizar a los movimientos sociales.

Se ha sistematizado la criminalización de los movimientos sociales. Escandalosos juicios acompañan los más atroces operativos policiales, se golpea a la gente de manera descarada. Parece que este sexenio estará decididamente marcado por la represión, con el visto bueno de Calderón, cuyo primer mensaje no pudo ser más claro al mandar encarcelar a aquellos representantes de la APPO a quienes la propia Secretaría de Gobernación había convocado para dialogar. Entre estos representantes se hallaba Flavio Sosa, hoy recluido en el penal de alta seguridad de La Palma por el delito de ser una de las caras más visibles de la APPO.

En Guerrero el mensaje ha sido muy claro, cualquier oposición a la represa La Parota será castigada, mediante "el peso de la ley" o al margen de ella, con detenciones ilegales como la de Rodolfo Chávez Galindo, asesor jurídico del Consejo de Comunidades y Ejidos Opositores a la Parota.

San Luis Potosí también fue escenario de la violencia oficial cuando el pasado mes de mayo fueron detenidos 6 jóvenes que participaban en una marcha de oposición a la Minera San Xavier, mientras que 8 resultaron desaparecidos.*

La respuesta de la CNDH en estas situaciones es cuestionable, por lo que está perdiendo credibilidad. Algunos casos, como el más conocido de doña Ernestina en Veracruz, rayan en niveles de descaro insultante. Por tanto, ante esta impunidad generalizada nos vemos obligados a preguntarnos: ¿hasta cuando las cárceles se seguirán llenando de luchadores sociales? ¿Qué sentido y credibilidad tiene encerrar líderes sociales en cárceles de máxima seguridad?

Estado policiaco. Militarización y paramilitarización

Hay un mensaje muy claro de parte de Calderón: los proyectos seguirán adelante sea cual sea la oposición popular que reciba. Esta estrategia ciega está polarizando el país hasta niveles insospechados, lo cual podría revertirse en cualquier momento y llegar a provocar la caída del Presidente.

Conocedor de su debilidad y falta de legitimidad, el estado ha reactivado durante el último año los grupos paramilitares, con la recurrente intención de generar un clima propenso a una intervención militar. Lejos de innovar estrategias, los pretextos para esta esperada y temida injerencia bélica pueden ser cualquier pleito intercomunitario, el control migratorio, disputas entre grupos de narcotraficantes, etc.

Se está regresando al estilo de los años 90, marcados por una durísima represión paramilitar. Fox cambió el garrote por el caballo de Troya, provocando fuertes divisiones a través de sus programas de gobierno. Calderón ha heredado estos programas, recuperando a su vez el garrote, con lo que ha logrado golpear duro a los movimientos populares. La consolidación de esta doble estrategia pasa por el ataque frontal a las comunidades, ataque advertido por la Comandancia General del EZLN, que ha iniciado el reposicionamiento que antes mencionábamos.

Mientras tanto, el gobierno ha gastado 13 millones de pesos en 3 meses en "gastos para la seguridad pública y nacional" en operativos antinarco. Lo cual, evidentemente, se traduce en la creciente militarización del país, que ya ha despertado las críticas de la comunidad internacional.

El incremento del presupuesto para seguridad pública, el traspaso de 7 mil efectivos de la Marina hacia un nuevo cuerpo policial, el incremento de la militarizada PFP en 11 mil efectivos y los cambios en las dirigencias de los cuerpos policíacos, como comentábamos en la primera parte de este análisis, no hacen sino oscurecer los peores augurios. El objetivo de disminuir la influencia de los movimientos sociales se disfraza de lucha contra el crimen organizado, mientras cada poco se destapan escándalos por sus vínculos con las estructuras de poder.

Legalizar la confrontación

El peligro de militarización del país no es una simple hipótesis alarmista de los movimientos sociales. Actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados la necesidad de modificar la Ley de neutralidad bélica, que impide a México aceptar bases militares de los Estados Unidos, participar en guerras y ceder su espacio aéreo con ese fin. Su reforma abriría el camino definitivamente a la militarización del país.

Por otra parte, las reformas a la Constitución política han suprimido el concepto "represión", con la clara intención de ampliar el manto de impunidad para cualquier operativo policial y militar. En el mismo sentido se encamina la recién aprobada Ley antiterrorismo. Siguiendo los pasos de los Estados Unidos, el difuso y generalizable pretexto de "seguridad nacional" empieza a justificar cualquier abuso y recorte de libertades y derechos fundamentales.

El relanzamiento del Plan Puebla-Panamá como única propuesta de alianzas

Vicente Fox no supo vender el PPP a los mexicanos, por lo que tuvo que esconderlo, borrar de su diccionario esas siglas... que no esas intenciones. Pero pese a desaparecer de la agenda política, los procesos privatizadores continuaron. Hubo un segundo intento por relanzar el plan, pero volvió a ser rechazado gracias al trabajo de seguimiento de muchas organizaciones y a la reciente memoria colectiva. Pese a esto, Calderón fue preparando el terreno desde mucho antes de acceder a la Presidencia, manteniendo reuniones con otros gobiernos y corporaciones con la intención de implantar por la fuerza y de una vez por todas el PPP, fuese cual fuese el costo a pagar.

En este mismo sentido, y con el repetitivo pretexto de la lucha contra el narcotráfico, se está planeando la mejor manera de lograr (y legitimar) una intervención militar de los EEUU en territorio mexicano -de ahí también el interés en reformar la Ley bélica-.

Más allá de los intereses comunes en el PPP, tras la llegada al poder de algunos gobiernos de derecha en la región mesoamericana se está generando una alianza que tratará de hacer frente a la alianza de los gobiernos de izquierda institucional en Latinoamérica. Mientras estos países están cancelando sus deudas con el Banco Mundial y el FMI, impulsando a su vez el Banco del Sur (propuesto por Venezuela) que, lejos de ser una panacea, trata de romper con la subyugación hacia los Estados Unidos y las principales potencias internacionales, el gobierno mexicano aplica ferozmente los reajustes estructurales que le ordenan. Mientras países como Venezuela y Bolivia nacionalizan el petróleo pese a la resistencia voraz de las empresas transnacionales, y tejen nuevas alianzas internacionales, Calderón estrecha los grilletes que lo encadenan al amo estadounidense.

Es una batalla entre lo legal y lo legítimo: Ruptura con el Estado (Por qué se legaliza lo ilegal)

En definitiva, el actual sexenio puede enfrentar de una manera definitiva dos maneras opuestas de entender el poder. Unos ambicionan tenerlo, otros lo ejercen sin tomarlo. Frente al modelo que representa el estado, carente de legitimidad y sostenido únicamente por sus fuerzas de seguridad y por las leyes que él mismo viola, las Juntas de Buen Gobierno zapatistas comparten su experiencia a través de La Otra Campaña, para mostrar que hay otras maneras de hacer política. El principal reto actual es la construcción de instituciones legítimas.

La Iglesia, por su parte, se posiciona claramente del lado del estado, desapareciendo "la opción por los hombres". Está llevando a cabo una inadmisible injerencia, como en la Ley del aborto, tratando de mantener su hegemonía y sus intereses económicos y por controlar a los feligreses. Cabe señalar, a su vez, el valioso y arriesgado trabajo que importantes sectores de las bases de la Iglesia (catequistas, sacerdotes, monjas) llevan a cabo por el respeto a los Derechos Humanos y por la justicia social.

Para finalizar, y sólo como pequeña muestra del descaro extremo al que llega la desigualdad y la hipocresía institucional en México, queremos recordar la cantidad de impuestos que empresas y bancos evadieron el año pasado, cuyas cifras han sido hechas públicas por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin que ningún juez o funcionario público haya tomado medidas al respecto.

CIEPAC