Ambiente, extractivismos y desarrollo: las premisas erradas para debatir alternativas

La discusión sobre la gestión de los recursos naturales aunque siempre presente en Argentina, se ha acentuado después de las protestas ciudadanas contra la minería en el sur o frente a la intención de explotar petróleo en la costa atlántica. En ese contexto, dos académicos, Roy Hora y Juan Carlos Hallak, publicaron en el periódico La Nación de Buenos Aires,  una columna sobre cómo “conciliar” la “explotación” de los recursos naturales con el “cuidado” del ambiente. Ese aporte, desde la academia, y específicamente desde la economía y la historia, es bienvenido en tanto demostraría una mayor atención a la problemática ambiental desde el mundo universitario.

Sus conclusiones, tales como señalar la carencia de credibilidad institucional, también son atendibles. Esos señalamientos no son novedosos, porque han sido repetidos desde por lo menos la década de 1980, mientras que las oposiciones entre fines económicos y preservación ambiental son todavía anteriores, desde los años sesenta. 

Sin embargo, el modo por el cual estos autores abordan los conflictos sobre desarrollo y ambiente expresan varias limitaciones que merecen analizarse. Algunas tal vez se deban a que desconocen la evidencia e información acumulada en las últimas décadas en el campo de las políticas ambientales, en tanto estos autores provienen de otras disciplinas.

Pero lo preocupante es que su abordaje no es inusual sino que expresa concepciones que, en vez de contribuir a un mejor manejo de los recursos naturales, alimentan y repiten los problemas actuales que desembocan en conflictos socioambientales.

Es así que los autores plantean una interrogante inicial que condiciona las respuestas. Se preguntan si las personas están conscientes de las pérdidas de empleo, ingresos fiscales y divisas que ocurrirían cuando se cancelan proyectos extractivos mineros o petroleros. En esa pregunta se da como un hecho verdadero que esas actividades tienen esos beneficios netos en empleo y dinero. Sin embargo, esa es una premisa errada. 

A medida que se acumula más información, sea en Argentina como en otros países, se encuentra que los balances económicos de los extractivismos son modestos o incluso negativos. Las esperadas ganancias en la práctica se reducen e incluso se anulan por los subsidios explícitos o implícitos que el Estado otorga a esas empresas, o cuando se contabilizan sus impactos ecológicos y sociales. Argentina está repleta de  ejemplos en ese sentido.

Desde aquella postura, Hora y Hallak afirman que las granjas de salmón o la megaminería en la Patagonia no sólo son posibles, sino que además son “deseables”. Redoblan su apuesta porque ellos ya sabrían que pueden llevarse adelante con “sólidas salvaguardas ambientales”. Otra vez hay juicios previos anclados en asumir que esas actividades son ventajosas económicamente, que existe tecnología que puede manejar o anular sus impactos, y que ello aseguraría el desarrollo. Pero en todo eso aún no hay certezas ni conclusiones finales.

En efecto, la experiencia de actividades similares en Argentina o en  la región muestra que los beneficios económicos son limitados como ya se indicó, que los riesgos de impactos son altos, que los accidentes se repiten, y que los efectos terminan siendo sufridos o financiados por la sociedad y el ambiente.

¿Para salir del “subdesarrollo” hay que apostar a más extractivismo? 

El artículo avanza con otro juicio previo: “Argentina está muy lejos del desarrollo” y, por esa razón, sus necesidades de bienestar y empleo obligarían a exportar sus recursos naturales. O sea, que para salir del “subdesarrollo” se debería ser más extractivista –una idea ya muy conocida en varios países latinoamericanos. 

Otra vez debe señalarse que para muchos la vinculación es exactamente la inversa: seguir exportando materias primas acentúa la pobreza, el subdesarrollo y la subordinación a la globalización. Disponemos ahora de información recopilada en las últimas décadas sobre las desigualdades ecológicas en el comercio global, de cómo los países del sur global terminan padeciendo desproporcionadamente más impactos sociales y ambientales. 

Otra dificultad conceptual análoga ocurre cuando esos autores sostienen expresiones como “prohibicionismo” o “extractivismo” implican una banalización. Es difícil saber a qué se refieren con la etiqueta de “prohibir”, porque hay muchas actividades que por sus impactos están sujetas a regulaciones que las limitan. Por ejemplo, prohibir arrojar residuos tóxicos en un arroyo es legítimo o necesario; nada hay de banal ni extremista en ese tipo de regulaciones.

Pero es todavía más sorpresivo que se diga que usar la palabra “extractivismo” es una polarización o una banalización. Esa palabra corresponde a modos específicos de apropiación de recursos naturales; la megaminería, la explotación petrolera o el monocultivo de soja son extractivismos, y esa es la  calificación adecuada. No usarla, rechazarla o cuestionarla, puede deberse a manías académicas o maniobras políticas para disimularlos, pero no anula sus severos impactos ambientales ni la subordinación global. 

El pedido de Hora y Hallak de una nueva institucionalidad ambiental tambalea si se funda en impedir que se utilicen ciertos términos o se anula la posibilidad que existan actividades que deban ser prohibidas por sus impactos sociales o ambientales. Al mismo tiempo, parecería que el artículo por momentos no tiene en cuenta informaciones acumuladas en los últimos veinte años en ecología política. Es como si nos regresaran a posiciones de fines de la década de 1990. 

¿Conciliar con las comunidades locales o con las empresas extractivistas? 

Llegar a la conclusión que las instituciones públicas tienen un déficit de credibilidad en su capacidad de control es obvio. Eso se viene denunciando en Argentina y en los demás países desde hace décadas. Distintos arreglos institucionales se han ensayado, desde ministerios de ambiente a agencias autónomas. De organismos de contralor a tribunales, y más. Pero ninguna de ellas ha resuelto los problemas de fondo ni evitado los conflictos. La cuestión es, por lo tanto, ¿por qué se repiten esos fracasos bajo todo tipo de ideologías políticas?

Ante esas situaciones, lo que asoma en estos años es que eso se debe a que la política convencional aunque puede producir distintos arreglos institucionales, a la vez los  limita o condiciona. Se los blinda por medio de posturas previas y metas que se dan como obvias o válidas, con componentes que no están dispuestas a cuestionar, y asuntos que sistemáticamente se evitan. De ese modo, las contradicciones entre ambiente y desarrollo se repiten, y eso hace que una y otra vez estallen los conflictos ambientales.  

Toda esta explicación sirve para mostrar que el artículo de Hora y Hallak demanda una alternativa, pero lo hacen desde juicios previos que son funcionales a la explotación de la naturaleza e impiden alternativas de desarrollo. Entre ellos está el de indicar que hablar de extractivismo es un extremismo banalizador, que deben aprobarse proyectos de salmoneras o mineras, que hay tecnología que anula los impactos, que hay beneficios económicos indudables, y así sucesivamente.

Esa mirada hace que ese intento de “conciliar” muchas veces caiga en el extremo de habilitar la depredación ecológica y excluir a las comunidades locales. El drama es que la conciliación puede terminar operando como un apaciguamiento de la protesta local. Aquel es un reclamo de alternativas condicionado por ideas previas, muchas de las cuales son causantes de los problemas ambientales actuales.

De ese modo, cualquier institucionalidad ambiental organizada desde aquellos juicios previos entorpece o hace imposible atender adecuadamente los impactos sociales y ambientales, y muchas demandas ciudadanas. Entonces a esos actores no les queda otra salida que movilizarse. .

Una verdadera alternativa no solo debe permitir, sino que debe poner en discusión todo el espectro de ideas, llegando a las bases conceptuales que sostienen al desarrollo y el papel de los extractivismos. Cualquiera de sus componentes debe revisarse, desde los justificativos económicos al papel de las soluciones tecnológicas, y así sucesivamente. Habrá, por lo tanto, opciones conciliables y otras que no lo serán. En ese esfuerzo deben participar todos los interesados, también sin exclusiones. 

Fuente: ALAI