Agrotóxicos y pandemia: la revancha de la anti-ciencia en Costa Rica

Idioma Español

Ilustración de Francisco Munguía Villalta.

1 junio 2020

"En medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 se atrevan nuevamente a exigir se abra la puerta a venenos a ojos cerrados. Brincándose las disposiciones legales, los reglamentos técnicos, las recomendaciones de la Contraloría General de la República, los procesos abiertos en la Sala Constitucional y por supuesto las herramientas de evaluación de riesgo basadas en la ciencia y la técnica".

Desde el 2016, y hasta la fecha, ecologistas, campesinas, agricultores orgánicos, apicultores, investigadoras, científicos y activistas hemos dado una batalla contra la introducción descontrolada y masiva de agroquímicos a Costa Rica. Por su parte empresarios, políticos, importadores de venenos y corporaciones trasnacionales han intentado torcer la ley para permitir el descontrol en la entrada de agrotóxicos al país más fumigado del mundo.

Pretenden hacerlo sin análisis ecotoxicológicos, ni toxicológicos previos. Esto lo han intentado por medio de decretos ejecutivos, directrices ministeriales, campañas engañosas y chantajes en la prensa nacional, cada una impugnadas por organizaciones sociales en su momento.

Pero lo más bajo y que sorprende, por su oportunismo, es que en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 se atrevan nuevamente a exigir se abra la puerta a venenos a ojos cerrados. Brincándose las disposiciones legales, los reglamentos técnicos, las recomendaciones de la Contraloría General de la República, los procesos abiertos en la Sala Constitucional y por supuesto las herramientas de evaluación de riesgo basadas en la ciencia y la técnica.

En este contexto el Gobierno de Carlos Alvarado ha emitido un nuevo decreto ejecutivo y una Directriz ministerial buscando complacer los intereses de los importadores de agrovenenos. La primera es el Decreto Ejecutivo 42262-S, firmado por el Ministro Daniel Salas, el cual deja pintado en la pared al Ministerio de Salud en su tarea de revisar los impactos de las sustancias peligras que ingresan al país y prevenir consecuencias no deseadas para la salud humana. La otra disposición es un Directriz Ministerial N° 085 por parte del MIDEPLAN y el MEIC que le brinda a los empresarios importadores de venenos la posibilidad mediante una declaración jurada evadir la evaluación de riesgo y además obliga al MINAE a tramitar estos permisos en menos de 44 días.

La barbarie del agronegocio busca sacar provecho de la crisis sanitaria, económica y social en favor de unos cuantos representantes de conocidos gremios empresariales a costa de la salud humana y ambiental de todo el país.
Ya es sabido que la exposición a plaguicidas deprime el sistema inmune humano. La organización Naturaleza de Derechos ha publicado un compilado con más de 51 artículos científicos e investigaciones que constatan que los agrotóxicos y las fumigaciones debilitan seriamente la salud humana y por lo tanto nos hace más vulnerables a virus como el COVID-19. El autor, Eduardo Martini, señala en su trabajo que: “los agrotóxicos impactan en el sistema inmunológico humano, facilitando el ingreso de patógenos y gérmenes saprófitos.”

Mientras políticos y empresarios juegan con la salud pública, un nuevo acueducto comunitario fue encontrado contaminado con Bromacil en Agua Zarcas, y además dos millones de abejas fueron intóxicadas por en insecticida Fipronil.

Resulta categóricamente lamentable que el Gobierno de la República busque el oscurantismo en medio de la emergencia por el COVID-19, en lugar de escuchar las disposiciones legales y los argumentos técnicos y científicos a favor de la vida, y por lo tanto poniendo al agronegocio por encima de la salud pública, una vez más.