Agrotóxicos: el debate negado. Evaden estudios que pongan en dudas a la soja en Argentina

Sorprende la diferencia de criterios entre asociaciones civiles que denuncian los efectos nocivos del sistema con la palabra “genocidio”, y los gobernantes que alientan este modo de producción en su afán de concentrar fondos mediante retenciones a las exportaciones, y rechazan sin fundamentos la realización de estudios integrales, sistémicos, de impacto acumulativo.

Unos sostienen que la soja cultivada con agrotóxicos en plena democracia ya mató más personas que la dictadura. Otros afirman que podrían tomar, sin dudas, un vaso de agua con roundup (glifosato), como los propietarios de las pasteras se ufanan de beber agua servida.

Lo insólito de la situación en Entre Ríos radica en que, mientras el gobierno y sus sucesores anuncian 16 polos oleoquímicos basados en este sistema, miembros de ese mismo gobierno dicen a los ambientalistas, en privado, que no se preocupen porque ese era sólo un slogan de campaña, y que harán apenas un polo y tal vez ni uno. ¿Cuál será, en verdad, la política en materia de granos del gobernador Sergio Urribarri que promueve la soja y su uso para combustibles, y su vicegobernador José Lauritto que ha confesado que no avanzarán con tales polos? El doble discurso no es tal en los hechos, donde el sistema sojero a gran escala y expulsor de mano de obra se impone sin atenuantes.

Los que desafían a este sistema instalado, lo acusan de provocar malformaciones, cáncer, abortos entre los entrerrianos; lo señalan como causa de la consolidación de las estructuras económicas de expulsión de habitantes de las zonas de cultivo bajo un régimen de destierro permanente, y al mismo tiempo como principal razón de la concentración de la propiedad y el uso de la tierra en pocas manos y el abandono del negocio en las multinacionales. Estos argentinos valientes están buscando ahora la manera de provocar la atención de políticos y jueces por el lado de sus responsabilidades en la continuidad de este sistema, y encuadrar los presuntos delitos en el Código Penal.

Soja para el bolsillo de pocos y el corazón de nadie, soja en un país que ni siquiera produzca carnes sino piensos (alimentos) para que otros hagan carne, o biocombustibles para los grandes centros industriales del mundo, en un retroceso hacia la economía extractiva, con gran costo en minerales del suelo y en habitantes de la tierra. Soja para encerrar a los vacunos en zonas marginales, y que se ahoguen en el orden de los 30.000 a la primera creciente porque los políticos/empresario s sojeros, nublados por las ganancias, ni siquiera hicieron planes mínimos de evacuación a pesar de las advertencias reiteradas. Soja para que se mueran en forma horrenda 30.000 animales en un mes, y ni un solo político se haga cargo de la masacre, y ni un fiscal pida explicaciones, sea por los derechos de los animales a una muerte digna, sea por los derechos de los seres humanos a no derrochar alimentos.

Osvaldo Rafael Fornari es el mayor especialista argentino en el seguimiento y la denuncia de los efectos de los agrotóxicos sobre los seres humanos (niños, mujeres, ancianos, trabajadores rurales), y forma parte de la campaña “Paren de fumigar” lanzada por el Grupo de Reflexión Rural –GRR- que lidera el militante Jorge Rulli.

El GRR está haciendo historia, con eco escaso todavía porque enfrenta al poder que surge de la connivencia entre políticos, terratenientes o grandes arrendatarios, pool de siembra, y multinacionales que concentran el negocio de las semillas modificadas genéticamente y los agroquímicos y las exportaciones (Monsanto, Cargill, etc.).

“Catátrofe sanitaria”

Fornari, oriundo de una zona rural del departamento Gualeguaycyhú y muy sensible al flagelo de la expulsión de habitantes que genera el sistema económico imperante en Entre Ríos y parte del país, está afincado hace décadas en Buenos Aires y reunió pruebas para denunciar los efectos del sistema sojero sobre las personas ante los fueros penales. Los habitantes de parajes entrerrianos le dieron sus principales argumentos para sostenerse ante los estrados judiciales.

En una de sus últimas intervenciones expuso la situación en estos términos: “Creemos haber descubierto los elementos necesarios para confirmar una vasta operatoria de contaminación sobre miles de poblados pequeños y medianos de la Argentina. Se está configurando una catástrofe sanitaria de envergadura tal, que nos motiva a imaginar un genocidio impulsado por las políticas de las grandes corporaciones” .

La expresión ha sido bien pensada, Fornari, Rulli y los seguidores del Grupo de Reflexión Rural hablan ya de genocidio y sostienen además que Entre Ríos es una “perlita” en esto del crecimiento abrupto del sistema agrícola con agrotóxicos sin planificación, con control insuficiente o sólo de apariencias, y sin estudios de impacto acumulativo, pero además con políticas provinciales que tienden clara y caprichosamente a la intensificación de este sistema.

Dice Fornari en una de sus últimas intervenciones (con argumentos similares en todas): “Motiva esta presentación la enorme inquietud del Grupo de Reflexión Rural (GRR) por las consecuencias del vertiginoso crecimiento de los cultivos de la soja y del maíz RR, aunado a la masiva deforestación de bosques y montes nativos y a la desaprensión con las que se realizan las fumigaciones aéreas y terrestres, que acompañan esos cultivos, y que afectan gravemente la salud, la vida humana y el medio ambiente”.

Paquete con moñito

“La creciente expansión de los monocultivos de soja y de maíz RR que este año alcanzarán las veinte millones de hectáreas, ha barrido con los cinturones verdes de producción de alimento que rodeaban los pueblos y que eran una natural barrera para los impactos de la agricultura industrial. Estos corredores verdes estaban generalmente constituidos por montes frutales, criaderos de animales pequeños, tambos y chacras de pequeños agricultores. Ahora los monocultivos llegan a las primeras calles de las localidades y las asperjaciones (el rocío) de venenos propios de los paquetes tecnológicos que acompañan a los monocultivos, a través de fumigaciones aéreas o terrestres, impactan en forma directa e inmisericorde sobre las poblaciones”, dice Fornari.

“Las máquinas fumigadoras se guardan y se lavan dentro mismo de las zonas urbanas contraviniendo toda norma de prevención, los aerofumigadores suelen decolar de los aeroclubes de las propias localidades y cruzan los pueblos chorreando venenos cuando se dirigen o cuando retornan de sus objetivos sin que la autoridad municipal haga nada para impedirlo. Los granos se almacenan -por razones de comodidad de los cerealeros y sojeros- en enormes silos ubicados generalmente en zonas céntricas de los pueblos, y diseminan con el venteo de los granos partículas tóxicas que afectan el corazón de las pequeñas urbanizaciones” .

Hay que decir, aquí, que precisamente en estos días se conoció una nueva denuncia cerca de Basavilbaso, sobre una avioneta que rociaba con químicos sobre una escuela rural, pero esto no es más que una advertencia sobre decenas de casos que no llegan a la difusión pública y que muchas veces los pocos habitantes que quedan en zonas rurales constatan en la muerte de aves o peces.

“La agricultura industrial de la soja ha devenido en sinónimo de desmontes, degradación de suelos, contaminación generalizada de las napas, degradación del medio, destrucción de la Biodiversidad y expulsión de poblaciones rurales. Sin embargo, puede haber consecuencias aún mucho más horrendas. Creemos haber descubierto los elementos necesarios para confirmar una vasta operatoria de contaminación sobre miles de poblados pequeños y medianos de la Argentina. Se está configurando una catástrofe sanitaria de envergadura tal, que nos motiva a imaginar un genocidio impulsado por las políticas de las grandes corporaciones y que solo los enormes intereses en juego y la sorprendente ignorancia de la dirigencia, logran mantener asordinado. El cáncer se ha convertido en una enfermedad masiva y generalizada en miles y miles de localidades argentinas, derivada de las irracionales condiciones de producción del actual modelo agrícola alentado por los agronegocios” .

“Sin embargo, existen situaciones más agudas todavía, que son la consecuencia natural del modelo de agriculturizació n industrial y cuyos impactos resultan aún más devastadores. Nos referimos a las caravanas de decenas de miles de camiones cargados de porotos de soja y de maíz, que cruzan los pueblos ribereños hacia los puertos del Río Paraná, dejando a su paso regueros de muerte en las poblaciones que viven a orillas de las rutas, sin soslayar la “contribución” del transporte a las emanaciones de dióxido de carbono mientras se pretende aumentar aún más la producción de oleaginosos como agrocombustibles para contar con energía limpia”.

En verdad, el razonamiento de Fornari, que fundamenta las presentaciones formales ante fiscales de la nación, se repite en ciudades de distintas provincias. Así como antes actuó sobre los efectos de los agrotóxicos en habitantes de localidades entrerrianas (Líbaros, Gilbert, etc.), en este caso extendió la denuncia a San Lorenzo.

El caso Gilbert

“Todo este contexto de referencia, amerita según nuestro leal saber y entender, una seria, sensata e ineludible investigación por la presunta comisión de delitos penales. Estimamos que un primer hilo conductor estaría dado por la presunta infracción al Artículo 200 del Código Penal”, dice la presentación de Fornari y Rulli.

¿Qué dice el artículo 200? Véase el Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión. Artículo 201. Las penas del artículo precedente, serán aplicadas al que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo”.

Ya en la presentación realizada en Gualeguaychú con motivo de la muerte de tres niños en la zona de costa Las Masitas, cerca de Gilbert, Fornari había expuesto argumentos que podrían hacer temblar al sistema sojero. Si bien hay que aclarar que por ahora los estudios realizados no convalidan el origen de la muerte en los agrotóxicos en forma directa, los especialistas entienden que en verdad es muy difícil hallar en los cuerpos vestigios de los elementos químicos que intoxicaron quizá a las víctimas, de modo que la prueba de los efectos de la acumulación de agrotóxicos sobre el organismo son complicadas y a veces imposibles, y mientras tanto se suceden las denuncias, a veces sólo mediáticas, del paso de avionetas sobre escuelas, sobre arroyos, lagunas, casas habitadas, sin cortar el chorro de la fumigación, o en días de viento que trasladan el líquido rociado muchos cientos de metros y hasta kilómetros.

Decía Fornari en torno del caso de Gilbert, aún no esclarecido: “Lícito resulta preguntarse qué harán los jueces, columna central de toda República que se precie de tal, frente a estos hechos, como los que aquí se denuncian que agreden, mortifican y ponen en serios cuestionamientos la existencia misma del hombre en la faz de la tierra. La conmovedora lucha de los hombres y mujeres de Gualeguaychú frente al proyecto de la empresa Botnia, es un faro que titila en los tiempos oscuros que transitamos siendo quizás una guía para navegantes extraviados. El fenómeno de los agronegocios y los consecuentes daños ecológicos, respecto al medio ambiente y de las personas está muy en línea con los hechos que aquí denunciamos”.

“En nuestro campo específico –derecho ambiental y derecho penal ambiental- ya se empiezan a conocer los trabajos de los autores de aquí y del mundo en relación con las nuevas realidades. Así tenemos a título de ejemplo que en la obra ‘Derecho y reparación de daños’ Editorial Universidad, editado año 2001, de los doctores Costa, Cáceres y Ghersi, todos ellos bajo la dirección del doctor Carlos Ghersi, en su página 18 dice: ‘Derecho ambiental concepto: el derecho ambiental es el sector del orden jurídico que regla las conductas humanas que pueden ejercer influencia, con efectos en la calidad de vida de los hombres, sobre los procesos que tienen lugar entre el sistema humano y el medio ambiente. Tiene por efecto condicionar la conducta humana respecto del disfrute, preservación y mejora del ambiente, introduciendo acciones y abstenciones a favor del bien común. Su contenido es difuso, ya que abarca las relaciones normadas por todo el espectro jurídico en cuanto a que esas relaciones condicionan el ambiente’. También apuntan dichos autores que el derecho ambiental se estructura sobre principios propios que se hallan en plena formación, que es interdisciplinario y que requiere en este caso, para establecer las necesarias medidas de protección las indicaciones y la asistencia de otras disciplinas que estudian los aspectos físicos, químicos y biológicos del medio ambiente y que describen el deterioro de la biosfera como los evalúan y proponen las soluciones que el legislador debe traducir al lenguaje jurídico, teniendo en cuenta también los datos que los economistas y sociólogos pueden aportar. De mi propia cosecha, Señor Fiscal, agrego que de resultar probados los hechos presuntamente ilícitos de los que hago alusión seguramente serán una consecuencia de la explotación irracional de lo que hoy en día sea dado en llamar ‘agronegocios’ , y agrego además que tarde o temprano la comunidad argentina deberá debatir y fijar una vez más los límites entre los derechos individuales y los derechos comunitarios” .

Los primos Portillo

“Ya entrando en la materia concreta del derecho penal en el campo del derecho ambiental –añade Fornari-, los mismos autores manifiestan ‘que el derecho penal es la última instancia de control social y que cumple una función subsidiaria y auxiliar a las normas no penales, civiles y administrativas… dejando para el derecho penal sólo los atentados más graves en los cuales los otros controles han fracasado… Por otra parte, va de suyo que se puede colegir que si todos los controles han fallado y se han causado muertes de inocentes, residualmente, sí o sí corresponde investigar en principio encuadrándose en el tipo penal consagrado en el artículo 200 del Código Penal y que en lo sustancial el bien jurídico tutelado es la salud pública. Concretamente Señor Fiscal, de las notas periodísticas que se anexan surge que: a) en el mes de mayo del año 2003 falleció el niño Alexis Portillo, hijo de María Angélica Portillo y de Sergio Humberto Portillo, quien ingresó al hospital de Urdinarrain, se lo deriva al hospital de Gualeguaychú y luego al hospital San Roque de Paraná, falleciendo en ese nosocomio. B) El 11 de septiembre de 2006 falleció Rocío Micaela Portillo de 7 años de edad produciéndose tal deceso en el hospital Centenario de esta ciudad de Gualeguaychú. C) El 17 de enero de 2007 falleció Cristian Portillo de 8 años de edad, en el hospital Masvernat de Concordia”.

“Señor Fiscal, según mi leal saber y entender, existen indicios graves precisos y concordantes que todas estas muertes se habrían producido por patología que tendría relación con pacientes inmunodeprimidos y esa inmunodepresió n, agrego, es una de las principales características de los seres humanos que se han visto expuestos a la acción de los letales pesticidas, que se usan en los cultivos transgénicos. Desde este lugar anoticio al Señor Fiscal que los distinguidos profesionales que integran el Grupo de Reflexión Rural están contestes en afirmar que las causas finales de estas muertes encuentran su causa eficiente en la intoxicación gradual larvada y oculta, la mayor cantidad de veces o disfrazan los desencadenantes finales de las muertes. En estos casos habría trascendido que los niños habrían muerto infectados por una rara bacteria, pues bien, de las pruebas periciales que se puedan llegar a producir demostrarán que esas bacterias habrían visto totalmente facilitadas las condiciones para infectar primero y matar después”.

Es cierto que la imposibilidad, según especialistas en toxicología, de hallar pruebas de la intoxicación a meses de la muerte, y a años de la acumulación de tóxicos sobre organismos que fueron deprimiendo su inmunidad año a año, es un imposible casi. Pero la presentación del entrerriano Fornari resulta pese a todo un avance notable en la defensa de los derechos humanos, toda vez que las autoridades provinciales y nacionales se niegan a realizar estudios de impacto acumulativo de tanto desparramo de químicos sobre las familias. Después de las decenas de denuncias, publicadas ya en medios entrerrianos (Semanario ANÁLISIS incluido, en una nota titulada “Mosquitos que no pican pero dan miedo”, entre otras), de personas con nombre y apellido, intoxicadas, con diversos males, en virtud de su cercanía con campos fumigados, las autoridades públicas siguen con sus planes sojeros como si nada. Y anuncian con bombos y platillos nuevos récord de soja, lo que es sinónimo de concentración de la propiedad y el uso de la tierra en pocas manos, expulsión de habitantes de pueblos pequeños, e intoxicación del suelo en un grado desconocido pero intoxicación al fin, como lo demuestran estudios científicos realizados sobre animales de nuestra fauna, y decenas de ejemplos de muertes masivas de aves, ranas, peces, si no se quiere mirar la salud de los propios seres humanos.

Especialistas denunciaron, como si fuera poco, que las presuntas estadísticas que se llevan adelante en los organismos estatales sencillamente son una farsa, porque no anotan las causas de un mal sino el motivo de la muerte del paciente, es decir, el último órgano afectado. Es decir, la muerte de un niño que pudo sufrir un atentado agrotoxicológico durante años aparecerá en los registros como un paro cardio respiratorio. No están allí las causas de sus males, que las autoridades ni siquiera investigan, y se niegan a relacionar malformaciones y muertes con la moda de los agrotóxicos masivos lanzados sobre un millón y medio de hectáreas con cuidados harto insuficientes y controles sólo de apariencia.

Tala de bosques, monocultivo, extracción de minerales sin reposición adecuada, expulsión de habitantes, en línea con la pesca del sábalo con beneficios para pocos y la concentración de las exportaciones de granos y carnes en pocas manos (Cargill, JBS) y la concentración de la economía en genral (hipermercados, pool de siembra, ALL, Agrenco): síntomas y testimonios de una provincia primaria, hecha para pocos. y con responsables acusados de genocidio. ¿Seguirán negándose al debate, a favor de los intereses de las multinacionales?

Fuente: Daniel Tirso Fiorotto
Especial para ANÁLISIS - 2/11/07

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5 de noviembre de 2007
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