Agro-imperialismo en tiempos de Covid-19

Nestlé, la compañía de alimentos más grande del mundo, es famosa por el escándalo. En la década de 1970  se ganó el apodo de “asesina de bebés” por provocar enfermedades y muertes infantiles en comunidades de bajos ingresos al promover la alimentación con biberón de su fórmula infantil y desalentar la lactancia materna. En los últimos años se han presentado  cargos similares contra la compañía por contribuir, con sus ventas de alimentos chatarra ultraprocesados en comunidades pobres, al desmesurado aumento de las tasas de obesidad y diabetes. Pero hay otro escándalo de proporciones igualmente sombrías que está confinado en la contabilidad de la empresa.

El 23 de abril de 2020, mientras el mundo estaba sumido en la pandemia del Covid-19 y la FAO advertía sobre una inminente crisis alimentaria mundial, los accionistas y ejecutivos de Nestlé  se otorgaron un pago de dividendos récord de 8 mil millones de dólares. En una época de crisis mundial en materia de salud y alimentos, esta ganancia equivale a más que todo el  presupuesto anual del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y sería suficiente para cubrir el gasto anual promedio de la atención médica para más de 100 millones de personas en África.

El cuantioso pago de los dividendos de Nestlé de 2020 fue, de hecho, apenas poco más que el año anterior. Esos pagos tan enormes para accionistas y ejecutivos son una práctica habitual para la compañía, así como lo son para todas las grandes empresas transnacionales de la alimentación y el agronegocio, incluso en momentos de catástrofes sanitarias mundiales. Entre otros notables lucros para los accionistas, anunciados en abril de este año, figuran un pago de 2.800 millones de dólares por parte de Bayer AG, la compañía de semillas y agroquímicos más grande del mundo; un pago de 600 millones de dólares de Tyson, el mayor productor avícola del mundo; y un pago de 500 millones de dólares del Grupo WH, la mayor empresa porcina mundial. Cargill, la compañía del agronegocio más grande del mundo, está en vías de superar el pago récord del año pasado de 640 millones de dólares, que alcanza a un pequeño número de miembros de la familia Cargill. El aumento del comercio electrónico, particularmente de alimentos, durante la crisis del Covid-19 aumentó el patrimonio neto de Jeff Bezos, el fundador del gigante del comercio electrónico Amazon, en la impactante cifra de  24 mil millones de dólares. También es un momento de ganancias para los accionistas de actores más pequeños de la industria, como la empresa de plantaciones de palma aceitera y caucho SOCFIN. Las dos familias francesa y belga que son esencialmente las propietarias de la compañía,  recibieron 20 millones de euros (alrededor de 22 millones 500 mil dólares) en dividendos y remuneraciones de las actividades del grupo SOCFIN, mientras que las comunidades en Nigeria, Ghana y Camerún, donde opera la empresa, no pueden acceder a agua limpia o potable.

Toda esta avaricia de los de arriba deja devastación y muy poco se filtra a los de abajo, donde sus consecuencias son mortales.

Una industria poderosa en medio de una “tormenta perfecta”

Quienes trabajan en el sistema alimentario empresarial, que literalmente están muriendo por mantener el estilo de vida de accionistas y ejecutivos, no están bien. Las cadenas de suministro de las grandes compañías de alimentos, que siempre han sido lugares peligrosos para los trabajadores, ahora se han convertido en puntos críticos para las infecciones y la transmisión del Covid-19. En todo el mundo se han producido brotes mortales en plantas de preocesamiento de carne, instalaciones portuarias,  almacenes,  fábricas de conserva de pescado,  plantaciones de palma aceitera, granjas frutícolas,  supermercados y todos los demás puntos a lo largo de las cadenas que estas compañías controlan, con la excepción de sus torres de oficinas, por supuesto.

Las grandes compañías cárnicas quizás hayan sido las peores transgresoras. Con la pandemia del Covid-19 en su apogeo,  aceleraron agresivamente sus líneas de producción para incrementar sus exportaciones a China, donde los precios de la carne son inusualmente altos. Esta decisión se tomó con pleno conocimiento de que estos aumentos en el procesamiento hacían imposible el distanciamiento social y pusieron a sus trabajadores y trabajadoras y a las comunidades vecinas en riesgo de masivos brotes del virus. A fines de mayo, los resultados en las mayores naciones exportadoras de carne fueron terribles: cientos de trabajadores y trabajadoras migrantes de fábricas de carne enfermos con Covid-19 en  Alemania y  España, miles de casos de personas enfermas con Covid-19 que laboran en la industria del envasado de carne de Brasil, y más de  20 mil personas infectadas con Covid-19 en las fábricas de envasado de carne de los Estados Unidos, y por lo menos 70 muertes. Mientras tanto, se están sacrificando cientos de miles de animales  en condiciones atroces porque estas enormes fábricas han tenido que clausurar la producción, y los pequeños mataderos que podrían haber recibido el ganado, hace tiempo se vieron obligados a cerrar sus negocios.

En América Latina, nuevo epicentro de la pandemia del Covid-19, la destrucción ha sido particularmente severa. Con la economía global casi detenida, los agronegocios de la región han continuado funcionando con total impunidad, profundizando su impacto y daño en las comunidades y los ecosistemas. En casi todos los países de la región, las actividades agroindustriales han quedado  exceptuadas de la cuarentena ya que se consideran “esenciales”, aunque se centran en las exportaciones y no en proporcionar alimentos a la población local.

Por ejemplo, el gobierno de Ecuador emitió un  decreto de estado de emergencia que paralizó a todo el país, pero asegura que “toda la cadena de exportaciones, la industria agrícola, [la industria] ganadera … seguirá funcionando”. Como resultado, quienes laboran en las plantaciones de bananeras, de palma, piscinas camaroneras, viveros de flores y muchos más, no tuvieron sino continuar trabajando, como si el país no estuviera en una emergencia sanitaria, y exponiéndose al riesgo de contraer el Covid-19.

Del mismo modo, el gobierno de Bolsonaro en Brasil  declaró que las actividades de producción, transporte y logística general de las cadenas alimentarias para exportación eran actividades esenciales que deben seguir funcionando sin restricciones. En este contexto, las exportaciones de carne, soja y otros productos van en aumento, al igual que el número de personas expuestas al Covid-19 a lo largo de las cadenas de exportación. En el Estado brasileño de Rio Grande do Sul, centro de actividades de exportación de carne, más de una  cuarta parte de los nuevos casos de coronavirus confirmados en mayo se dieron entre trabajadores de frigoríficos de carne. Los abogados laborales luchan ahora para  cerrar las plantas infestadas y obligar a las empresas a implementar al menos las medidas básicas para  proteger y cuidar a sus trabajadoras y trabajadores durante la pandemia.

Las exportaciones de soja de Brasil, que  aumentaron un 38 por ciento respecto al año pasado, son otro foco potencial del Covid-19, especialmente en los puertos donde circulan constantemente camiones y trabajadores. Cuando el gobierno local de la ciudad portuaria de Canarana en Mato Grosso intentó adoptar medidas  emitiendo un decreto para detener temporalmente la exportación de soja y otros granos a falta de condiciones adecuadas de salud y seguridad, los gigantes del agronegocio Louis Dreyfus y Cargill intervinieron y lograron revertir el decreto en pocos días. Canarana está ahora, a principios de junio,  experimentando un aumento de las infecciones por Covid-19.

Todo este frenesí exportador tiene un tremendo impacto en el terreno. Según Deter, el sistema de detección en tiempo real del instituto nacional de investigaciones espaciales de Brasil, la deforestación de la Amazonía en ese país, en el apogeo de la pandemia de coronavirus, ha aumentado más del 50 por ciento en estos tres primeros meses de 2020 en comparación con el primer trimestre del año anterior. Aprovechando la cortina de humo de la pandemia, con menos agentes capaces de llevar a cabo las tareas de inspección,  las actividades del agronegocio y la minería avanzan en áreas protegidas y territorios indígenas, aumentando el riesgo de contagio por Covid-19 en las poblaciones indígenas. Numerosos observadores temen un genocidio como resultado de estos irresponsables avances de las actividades del agronegocio y la minería durante la pandemia.

En Argentina, en plena cuarentena nacional, tampoco han cesado las exportaciones de soja ni la tala de bosques. En uno de los bosques más conservados de todo el ecosistema del Gran Chaco se está preparando deforestar  una superficie de 8 mil hectáreas. Además, basándose en el monitoreo con imágenes satelitales, Greenpeace denunció que desde que comenzó la cuarentena, en el norte del país se  deforestaron más de 10 mil hectáreas.

Tal descarada búsqueda de lucros empresariales está creando una crisis de legitimidad del sistema alimentario empresarial. Por otro lado, si bien las cuarentenas dificultan la medición, se  perciben cambios en el terreno: vemos a trabajadores y trabajadoras de la industria alimentaria denunciar, organizarse y obtener más apoyo y solidaridad de otros trabajadores; vemos un interés creciente entre los consumidores por alimentos locales saludables así como por el bienestar de los productores de alimentos y agricultores; y ha habido un auge innegable de los esfuerzos desde la comunidad por llevar los alimentos a donde se necesitan a través de la solidaridad, la ayuda mutua, el trabajo voluntario y las cooperativas. Ha habido incluso algunas victorias a nivel político, como la  reciente decisión del gobierno alemán de prohibir mano de obra subcontratada en frigoríficos de carne y otra para evitar que las empresas que reciben ayuda pública  otorguen dividendos.

Pero se trata de una industria poderosa, que dispone de grandes sumas de efectivo y conexiones políticas, y no hay duda de que hará todo lo que esté a su alcance para utilizar este momento de confusión y cuarentena para beneficio de sus intereses. Ya lo hemos visto con la orden ejecutiva que dictó el presidente de los Estados Unidos, Trump, a instancias de JBS, Tyson, Cargill y otras empresas cárnicas para mantener en funcionamiento sus fábricas infestadas de Covid-19. También lo vimos en Brasil, donde el gobierno de Bolsonaro  aprobó un récord de 96 nuevos plaguicidas en los primeros meses de 2020, más que todas las aprobaciones de 2019. El mismo gobierno utilizó deliberadamente la cobertura de la pandemia para tratar de  aprobar una ley que legalizaría el acaparamiento de tierras y la deforestación de 80 millones de hectáreas en las regiones de la Amazonia y del Cerrado. La pandemia también ha sido utilizada como una oportunidad para expandir con rapidez  el comercio electrónico para la compra minorista de alimentos e imponer los organismos modificados genéticamente (transgénicos) en  Etiopía y  Bolivia, donde el gobierno de facto afirmó que la emergencia sanitaria del Covid-19 ha convertido las semillas transgénicas en una necesidad para el país.

El agronegocio como gran ganador de la nueva ola de ajuste estructural

Lo peor todavía está por venir. Numerosos gobiernos están empleando firmas consultoras internacionales, como  McKinsey, para darle forma a sus planes de abrir nuevamente sus economías. Estas empresas herméticas que están profundamente conectadas con las  empresas más grandes del mundo, incluidas aquellas del sector agroalimentario, influirán sin duda en quienes emerjan como ganadores y perdedores de las respuestas pandémicas: trabajadores o jefes, mercados de agricultores o  gigantes del comercio electrónico, pescadores o la industria de arrastre.

También estamos viendo que el FMI y el Banco Mundial usan sus fondos de emergencia del Covid-19 para presionar a los países a implementar reformas favorables a los agronegocios. En  Ucrania, por ejemplo, se implementó una ley que privatiza las tierras agrícolas a pesar de la oposición de la mayoría de los ucranianos. En los próximos meses, ese tipo de presiones aumentarán.  Decenas de países se encaminan a situaciones de incumplimiento, y esas deudas deberán negociarse no solo con el FMI y los prestamistas bilaterales sino también con acreedores privados que  ya han indicado que no están interesados en siquiera retrasar el pago de la deuda y los intereses durante esta crisis sanitaria. Se viene una nueva ola de ajuste estructural que se centrará en gran medida en aumentar la inversión extranjera en el agronegocio así como las exportaciones de productos agrícolas para pagar a los predadores.

Esta vez, sin embargo, a los gobiernos les resultará increíblemente difícil imponer una nueva ronda de agro-imperialismo a poblaciones que ya han tenido más que suficiente, y que están cada vez más ávidas de las alternativas que los movimientos sociales han estado promoviendo durante décadas.

Fuente: GRAIN