Acaparamiento del planeta. Boletín Nº 177 del WRM

NUESTRA OPINIÓN

- Land grabbing o Concentración de Tierras: rumbo a la unificación de las luchas

El 17 de abril de 1996, 19 trabajadores rurales sin tierra fueron brutalmente asesinados por la policía durante una manifestación pacífica por la reforma agraria en el estado de Pará, región de la Amazonia, en Brasil. Quien visite el lugar hoy, encontrará un círculo de 19 troncos de castaños quemados, que forman un pequeño bosque. Además de recordar a los trabajadores que murieron y la violencia ejercida, los castaños simbolizan también la resistencia y lucha del pueblo contra el proceso de violación de sus derechos, e inclusive la resistencia del bosque que sufre con la deforestación.

Los castaños son árboles gigantes que están presentes en la región en campos donde el bosque ya fue prácticamente destruido, práctica común en Pará. No obstante, esos mismos árboles difícilmente sobreviven sin el bosque intacto, o sea, claman por la recuperación y el rescate del bosque que garantice la supervivencia y el “buen vivir” de las comunidades locales, bastante destruidos en muchos lugares de Pará.

Hoy, cerca del lugar de la masacre, miles de personas, compañeras y compañeros de los 19 que murieron en 1996, viven en el “Asentamiento 17 de abril”. Consiguieron cambiar una vida de sufrimiento y miseria por una vida con un pedazo de tierra para trabajar y alimentar a sus familias, recuperando su dignidad.

Esta historia, como tantas otras de otros lugares del mundo donde el pueblo lucha y sufre la violación de sus derechos, precisa ser recordada para que sirva de inspiración a todos y todas. El día 17 de abril ha sido proclamado por La Vía Campesina como el Día Internacional de Lucha Campesina y, más recientemente, se convirtió en referencia de la lucha contra el proceso que en inglés se denomina land grabbing, en Brasil se denomina “concentração de terras”, en Mozambique “usurpação de terras”, en castellano “acaparamiento de tierras”, y “l´acaparement des terres” en francés. Se trata de un fenómeno por el cual principalmente empresas, fondos de inversión y los mercados financieros en general, se apropian de grandes extensiones de tierra en países de África, América Latina y Asia, para diferentes usos, como proyectos en gran escala de plantaciones, minería, turismo, usinas hidroeléctricas, producción de alimentos para exportación, etc.

Este proceso no es nuevo; todo lo contrario. Lo que son nuevos son la velocidad y el tamaño de esas apropiaciones de tierras, directamente vinculadas a distintos factores a través de los cuales el capitalismo busca una salida para superar sus crisis. El sistema nunca resuelve sus problemas, como dice el pensador David Harvey, solamente busca nuevas formas de acumulación y especulación en busca de lucro, aumentando el sufrimiento de muchas personas.

Esta coyuntura presenta desafíos para las luchas contra todo tipo de acaparamiento de tierras en los países del Sur:

- una mayor articulación de estas luchas con un nuevo denominador común: la lucha contra el land grabbing, contra la privatización de territorios de uso común para las poblaciones locales, indígenas y tradicionales. Se trata de la misma lucha de esos pueblos para que sus derechos les sean reconocidos, aunque refuerza la importancia de la acción conjunta. Recordamos también a los pescadores que sufren con los avances de las empresas que “acaparan” áreas de mar. Mientras las corporaciones y los gobiernos nacionales generalmente buscan dividir a las comunidades que luchan, el proceso de acaparamiento de tierras nos alerta sobre la necesidad de que los pueblos se junten en sus diferentes luchas.

- una mayor comprensión de cómo las diferentes luchas están vinculadas y conectadas entre sí, si observamos el fenómeno del acaparamiento de tierras.

- buscar comprender cómo la propuesta de la Economía Verde, presente en la Conferencia Rio +20, es una nueva “oportunidad” de los actores que están atrás del land grabbing de continuar explotando y acaparando, no solamente tierras, sino también aire, agua, mar, sea para destruir, sea para preservar la naturaleza como forma de supuestamente ¡“compensar” la destrucción!

Por ello, tenemos que movilizarnos en torno a un claro NO a la economía verde, al acaparamiento de tierras o al acaparamiento del planeta: ¡la concentración de la tierra, del aire, del agua! Y defender que las comunidades mantengan y recuperen el control sobre las áreas de las cuales dependen para su supervivencia, en la tierra y en el mar, no solamente en los países del Sur sino también en los del Norte.

- la necesidad de fortalecer el apoyo y mostrar nuestra solidaridad a las miles de comunidades y pueblos que en este preciso momento buscan defender sus territorios, ríos, bosques y otros ecosistemas valiosos, de los cuales dependen para su supervivencia.

Queremos unirnos a la convocatoria de La Vía Campesina, que realiza un “llamamiento a todos sus miembros y aliados, movimientos de pescadores, organizaciones de trabajadores en la agricultura, grupos de estudiantes y del medio ambiente, movimientos a favor de la justicia social, para organizar acciones en todo el mundo el día 17 de abril, para hacer una masiva demostración de resistencia popular al acaparamiento de tierras y destacar la lucha contra el control corporativo de los recursos agrícolas y naturales”.

Y defendemos junto a Via Campesina que:

- ¡hay que detener el acaparamiento de tierras! y ¡la tierra debe estar en manos de quienes la trabajan!

- es necesario realizar una reforma agraria integral, con el fin de llevar justicia social a las zonas rurales.

- es necesario terminar con el control que algunos pocos inversores y empresas transnacionales ejercen sobre la vida de millones de personas.

- es necesario reforzar el sistema de producción agrícola basado en la agricultura campesina y en la soberanía alimentaria.

Confiamos que la muerte de los 19 campesinos en Pará, ocurrida en 1996, continuará inspirándonos en la lucha de resistencia contra la concentración de tierras, para mantener y reconquistar los territorios y recuperar los bosques y otros ecosistemas, ¡y para que el pueblo que depende de ellos pueda vivir bien, hoy y en el futuro!

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NO AL ACAPARAMIENTO DEL PLANETA

- El acaparamiento del planeta: tierra, agua, aire

Mucho se habla de las crisis del planeta: climática, energética, alimentaria, de pérdida de biodiversidad, financiera y más. Sin duda que se trata de situaciones dramáticas cuyas mayores repercusiones recaen sobre las espaldas de los sectores más vulnerables y desposeídos.

Pero a esta altura bien sabemos que no se trata de fenómenos naturales ni aleatorios. Son manifestaciones del actual sistema capitalista y su dinámica de permanente expansión, al cual dichas crisis le son funcionales ya que le permiten renovarse y reciclarse. Las burbujas que estallan permiten nuevos negocios y las inversiones se acrecientan al amplificar viejos mercados y crear nuevos.

La debacle de los mercados financieros en 2008 significó grandes pérdidas para los especuladores cuya necesidad de recuperarse los llevó a crear nuevos mercados y nuevos productos. El planeta se ha convertido, así, en el escenario de una nueva escalada del capital financiero.

La “economía verde”, que viene con su propuesta de nuevos mercados para inversiones en nuevos productos, exige más tierra, más agua, más aire, más minerales.

El avance sobre la tierra

Si bien la apropiación y concentración de tierra no es un fenómeno nuevo, la crisis financiera y previamente, en 2007, el aumento abrupto de los precios de los alimentos provocado por la especulación en los productos básicos (commodities), han dado lugar a una nueva escalada.

En poco tiempo millones de hectáreas cambiaron de manos, así como cambió el uso de la tierra. De las comunidades rurales pasó a inversionistas extranjeros – e incluso locales –, generalmente para la producción industrial y comercial de alimentos, o para la extracción de madera, el comercio de carbono y la minería, entre otros proyectos.

La organización GRAIN – que ha estado siguiendo el proceso y maneja el sitio http://farmlandgrab.org que funciona como base de datos – identifica que “se están firmando contratos, ya roturan los suelos, la tierra está siendo cercada para mantener la gente fuera y las poblaciones locales están siendo expulsadas de sus territorios con devastadoras consecuencias”.(1)

A su vez, según un reciente informe de la organización GAIA,(2) las inversiones en las industrias extractivas han experimentado una aceleración en los últimos 3 años, y no sólo en metales, minerales, petróleo y gas sino en sus derivados financieros asociados, es decir, en el mercado financiero asociado. En los últimos 10 años la producción de hierro aumentó un 180%, la de cobalto 165%, la de litio 125% y la de carbón 44%.

También hay quienes compran enormes extensiones de tierra para establecer cotos de caza o para turismo, e incluso conservacionistas que desean conservarlas prístinas.

Cualquiera sea el caso, lo que tienen en común todos ellos es el requisito de que la tierra esté sin gente – a lo sumo con los trabajadores traídos por los nuevos dueños de la tierra. (3) Pero prácticamente no hay un lugar en el planeta que esté desocupado, principalmente las tierras fértiles, y por eso los acaparamientos terminan expulsando gente, comunidades, pueblos enteros, desarticulando sus entramados sociales y hasta su propia identidad, y generalmente de manera violenta. Perderán también, las próximas generaciones.

El proceso de acaparamiento de tierras ha sido tan escandaloso que hasta los propios organismos que propician el agronegocio, o lo ven con buenos ojos, lo reconocen: un informe de 2010 del Banco Mundial registra que tan solo en 2009 se arrendaron o vendieron 47 millones de hectáreas.(4) Incluso la FAO, si bien tratando la cuestión con guantes de seda, admite la existencia de transacciones de tierras “de una escala sin precedentes.”(5)

Por su parte, OXFAM informa que desde 2001 se vendieron o arrendaron 227 millones de hectáreas de tierra en los países del Sur, en su mayor parte en los últimos dos años y a inversionistas internacionales.(6)

Diversos informes coinciden que es en África donde se han realizado más adquisiciones, seguramente porque allí los inversores encuentran excelentes condiciones: grandes extensiones de tierra, precios baratos, Estados débiles y permisivos que facilitan las transacciones.

Pero no exclusivamente. La avanzada sobre las tierras llega también a Asia, América Latina y Europa Oriental. Y no sólo en forma de compraventa o arrendamiento. En India, la “Misión Nacional por una India Ecológica” (GIM en inglés), que forma parte del Plan de Acción Nacional sobre el Cambio Climático (NAPCC) del gobierno, proyecta plantar 5 millones de hectáreas con árboles para la captura de carbono con el fin de asociarse a programas de compensación de carbono como REDD+ o el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), programas que convierten en mercancía la capacidad de reciclaje del carbono. Los planes implicarían incursionar en tierras dedicadas a otros usos, como por ejemplo las tierras “marginales”. Sin embargo, las tierras que la GIM define como tierras agrícolas marginales o abandonadas se dedican a múltiples usos, como el pastor eo, o forman parte de los ciclos de cultivo itinerante; si se cubren de árboles, las comunidades que dependen de ellas perderán sus medios de vida, según ha denunciado la organización india Kalpavriksh (ver Boletín No 172 del WRM).

Adueñándose del aire

En el caso del sistema de comercio del carbono – que abre la puerta a la privatización y mercantilización de los últimos bosques que van quedando – el acaparamiento se extiende, además, al aire, considerado un “servicio ambiental”, una mercancía que puede canjearse por contaminación. El mercado de compensación de carbono ha introducido lo que se denomina “financierización” de la naturaleza, en que las principales fuentes de inversión provienen de los mercados de capital (fondos de inversión, bancos, comerciantes de energía y otros especuladores).(7) Quienes contaminan pero tienen dinero para comprar bonos de carbono de alguna manera se adueñan del aire, porque esos permisos de emisión legitiman su uso personal e irresponsable de un bien común como es la atmósfera. De continuar la tendencia actual, hasta es posible que pres enciemos la creación de un mercado formal del aire, con alcances insospechados.

Agua privada

El acaparamiento de tierras, por otro lado, está íntimamente relacionado con el acaparamiento de agua, cuya intensificación la organización Transnational Institute (TNI) ubica también a partir de la crisis financiera de 2008.(8) En ambos procesos el agua es controlada por intereses poderosos que hacen un uso masivo para su propio negocio en que el lucro es el principal objetivo, en desmedro de las comunidades locales cuya supervivencia se basa en el uso común del agua y sus ecosistemas asociados.

Esto está ocurriendo en un contexto en que, según datos de la organización TNI, casi 3.000 millones de personas viven en zonas en que la demanda de agua está por debajo del agua disponible, y en que 700 millones de personas en 43 países viven por debajo del “umbral de presión hídrica” de 1.700 mts3 por persona por año.

El agua, de bien común de acceso público pasa a considerarse una materia prima más, de carácter privado. Su acaparamiento presenta distintas formas, desde el mar que le es arrebatado a los pescadores tradicionales por las explotaciones petroleras offshore, la pesca industrial o las granjas camaroneras, hasta las mega represas, el uso y contaminación de agua en la minería - a la que la nueva tecnología de la “fractura hidráulica” agrega mayor alcance (9) - o la producción industrial a gran escala de monocultivos tanto alimenticios como no alimenticios, que requieren un uso intensivo de agua – por encima de diez veces más que los sistemas agrícolas biodiversos.

Entre los monocultivos existe una creciente tendencia al establecimiento de plantaciones de árboles destinadas a energía de biomasa, las que a su vez tienen la ductilidad de poder destinarse a otros mercados – madera, celulosa o créditos de carbono – según la conveniencia de los precios. Además, crecen las plantaciones de biomasa, por ejemplo en la región árida del Nordeste de Brasil, para abastecer las usinas que generan energía a partir de madera, algo que está siendo fomentada principalmente en Europa como energía “renovable”. Numerosos testimonios avalan las situaciones dramáticas que estas plantaciones provocan en las comunidades locales y en los ecosistemas, por la ocupación del territorio y el uso excluyente de las fuentes de agua. La situación se agrava cuando no hay derechos sobre la tierra seguros y legalmente reconocidos, y aún pe or para las mujeres, que suelen sufrir una especial discriminación en el reconocimiento de sus derechos a la tierra.

No hay acaparamiento responsable

En este nuevo colonialismo que se ha internacionalizado, los efectos están a la vista y surge una divisoria de aguas a la hora de identificar la salida. Tanto en el acaparamiento de la tierra, como del agua, como del aire, lo que subyace es el modelo económico extractivista, industrial, a gran escala, especulativo y consumista del capitalismo con su más descarnado rostro neoliberal.

Las soluciones que se sigan moviendo en esos parámetros no serán soluciones en absoluto. ¿Acaso es posible un despojo “responsable”, una contaminación “responsable”, una pérdida “responsable” de la identidad y la dignidad como pueblo?

No obstante, hay propuestas en esa línea que – al igual que los “sellos verdes” de la certificación, las mesas redondas de producción sostenible, las iniciativas “transparentes” de terminan legitimando y dándole una pátina de “responsabilidad” a una situación que es intrínsecamente “irresponsable”. Es el caso de los siete “Principios de Inversión Agrícola Responsable que Respeten los Derechos, los Medios de Sustento y los Recursos” (conocidos por las siglas IAR), promovidos por el Banco Mundial, y a partir de 2010 en forma conjunta con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Los principios, de carácter voluntario, pueden ser esgrimidos por inversionistas a l a hora de adquirir tierras agrícolas en gran escala como muestra de su buena disposición a un emprendimiento “responsable”.

Pero los principios básicamente parten de aceptar las transacciones de tierras, poniendo en pie de igualdad a todas las “partes interesadas” como si se tratara de un campo de juego parejo. Hablan de posibles escenarios en el que “todos ganen”, ignorando las cuestiones políticas y desigualdades de clase estructurales.

Y no hablan en absoluto de reforma agraria, una medida largamente reclamada por los movimientos sociales en el marco del derecho humano a la alimentación. La decisión de quién tiene derechos sobre la tierra, en definitiva, es, como afirma la Campaña Global por la Reforma Agraria / Red de Investigación-Acción sobre la Tierra, impulsada por La Via Campesina, FIAN Internacional, Focus on the Global South, Red Social por la Justicia y los Derechos Humanos, “esencialmente un problema político que implica conflictos de intereses y relaciones de poder, y no sólo un problema técnico o administrativo. … La historia muestra que casi siempre, cuando se utiliza un enfoque técnico universal para los derechos de la tierra, prevalecen los intereses del capital de los ricos (y del Estado), dando lugar a una mayor marginación de las clases trabajadoras a través de la dislocaci ón, el desplazamiento o el despojo.”(10)

Por otro lado, los IAR manejan el concepto de “seguridad alimentaria”, un concepto limitado que no pone en tela de juicio el modo de producción, distribución y consumo que ha provocado la crisis alimentaria. La disponibilidad de alimentos podría solucionarse con la agricultura industrial pero a costa de la inevitable secuela de desmantelar las comunidades rurales y agotar y contaminar los suelos y el agua, además del aire. Por eso la Vía Campesina y otras organizaciones a través de la Campaña Global por la Reforma Agraria hablan del derecho a la soberanía alimentaria. Y el acaparamiento de tierras es incompatible con la soberanía alimentaria porque su móvil es el lucro en su máxima expresión: promete a los inversionistas una tasa de ganancia del 20%, mientras que la producción alimentaria arroja ganancias de entre 3 y 5%.

La discusión, pues, no debe centrarse en mitigar los impactos negativos de los proyectos de inversión a gran escala – lo que generalmente se reduce a una estrategia de relaciones públicas - sino en identificar qué tipo de inversiones se necesitan para resolver el hambre y apoyar a los sectores campesinos y comunidades rurales en sus derechos sobre la tierra.

La Vía Campesina y la Red de Campesinos/as y Productores Agrícolas de África Occidental (ROPPA) junto con otros grupos impulsaron en 2011 el “Llamamiento de Dakar contra el Acaparamiento de Tierras”, al que han adherido numerosas organizaciones sociales. La iniciativa busca convertirse en “vehículo para forjar amplias alianzas a nivel local, nacional e internacional y para abrir el camino a grandes movilizaciones que apoyen a todas las comunidades y organizaciones populares en su defensa contra el acaparamiento de tierras. El llamamiento clama por medidas inmediatas para la detención del acaparamiento de tierras y la restitución de las tierras sustraídas a las comunidades locales. Además, incluye varias reclamaciones a los gobiernos nacionales y organizaciones internacionales.”(11)

No hay acaparamiento responsable. Ésa es la línea divisoria.

1- “Es hora de prohibir el acaparamiento de tierras, no de darle una fachada de 'responsabilidad'”, Vía Campesina, GRAIN y otros, ver aquí.

2- OPENING PANDORA'S BOX:The New Wave of Land Grabbing by the Extractive Industries and The Devastating Impact on Earth, The Gaia Foundation, 2012, ver aquí.

3- “The Land Grabbers”, Fred Pearce, citado por Gaia Vince en “Hungy for Land”, Conservation Magazine, marzo de 2012, ver aquí.

4- Rising Global Interest in Farmland, ver aquí.

5- “Land Grab Or Development Opportunity?”, FAO, IFAD, IIED, 2009, Capítulo “Trends and drivers”, ver aquí.

6- “Land and Power. The growing scandal surrounding the new wave of investments in land”, OXFAM, setiembre 2011, ver aquí.

7- “Mercados de carbono. La neoliberalización del clima”, Larry Lohmann, 2012, Ediciones Abya-Yala, ver aquí.

8- “The Global Water Grab: A Primer”, Jennifer Franco y Sylvia Kay, Transnational Institute, marzo 2012, ver aquí.

9- La fractura hidráulica inyecta a presión químicos que derriten las rocas dentro de un pozo petrolero para sacar el petróleo atrapado en las ramificaciones de las fisuras del subsuelo. Es una técnica contamina el terreno y el manto acuífero.

10- “Por qué nos oponemos a los Principios de Inversión Agrícola Responsable (IAR)”, Campaña Global por la Reforma Agraria / Red de Investigación-Acción sobre la tierra, FIAN Internacional, Focus on the Global South,La Via Campesina, Red Social por la Justicia y los Derechos Humanos, Octubre 2010, ver aquí.

11- Llamamiento de Dakar contra el Acaparamiento de Tierras, ver aquí.

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- Inversiones destructivas en Laos y Camboya

¿Qué clase de desarrollo es éste? Si al gobierno le importa el desarrollo, debería incluir a la gente, para que podamos considerarlo nuestro y aprovechar lo que trae consigo. Pero en este tipo de desarrollo, la gente pierde todo. (Conversación con residentes de una aldea afectados por la concesión de Pheapimex en el distrito de Krakor, provincia de Pursat, Camboya. Marzo de 2010.)

En Camboya y en la República Democrática Popular de Laos, la explotación rápida e intensiva de la tierra y los recursos naturales por parte de inversores estatales y privados está aumentando la inseguridad territorial, la falta de tierras, la destrucción ambiental, la migración forzosa y la pobreza.

Más del 70% de la población de ambos países reside en zonas rurales y practica la agricultura de subsistencia y la pesca artesanal. Laos es un país rico en recursos naturales y biodiversidad, y se ufana de sus soberbios paisajes de ríos, montañas, bosques, mesetas y llanuras aluviales. En él viven unas 10.000 especies de animales, plantas, insectos y peces, muchas de las cuales están desapareciendo debido a la desaparición de su hábitat. Laos también es una de las zonas más importantes del mundo en lo referente al arroz, del cual posee una sorprendente variedad de semillas tradicionales, además de importantes conocimientos indígenas sobre su cultivo y resilencia. Camboya contiene aproximadamente 10,7 millones de hectáreas de bosques tropicales de varios tipos, que motosierras y topadoras están destruyendo rápidamente. Sus paisajes están delineados por numerosos arroyos, lagos, pantanos y ríos donde se reproduce una gran variedad de peces y moluscos. En ese país está el famoso Tonle Sap, el mayor lago de agua dulce del Sudeste Asiático, que triplica casi su superficie durante la estación del monzón.

Sin embargo, en ambos países el desarrollo está convirtiéndose en sinónimo de inversión privada. Como en muchos países asiáticos, el modelo de desarrollo dominante prioriza la integración con los mercados regionales y mundiales, así como el rápido crecimiento económico, sin importar las consecuencias ecológicas y sociales. Se busca la inversión privada en prácticamente todos los sectores de la economía, desde la energía, el petróleo, los minerales, la agricultura y el procesamiento de alimentos, hasta la educación, la salud, el turismo, la manufactura, la farmacéutica, el transporte y la infraestructura urbana. Ambos países dependen en gran medida de la ayuda extranjera, que suele llegar enrabada con oportunidades de inversión para empresas de los países donantes. Los planes de desarrollo nacionales se ven fav orecidos por arreglos económicos promovidos por instituciones multilaterales y grupos tales como el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Grupo Banco Mundial y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

La mayoría de los proyectos de inversión a gran escala tienen como centro la explotación de la tierra, del agua, de los minerales y del potencial agrícola. El gobierno de Laos presenta al país como un destino atractivo para la inversión, y cita entre sus ventajes la abundancia de recursos naturales, las grandes extensiones de tierras fértiles, una industria turística floreciente, un aprovisionamiento confiable de energía, el escaso riesgo de desastres naturales, la estabilidad política, y el acceso privilegiado a la Unión Europea y a varios otros mercados. El Gobierno Real de Camboya (GRC) ofrece generosos incentivos a los inversores extranjeros, con arrendamiento de tierras a largo plazo y a precios regalados, exoneración de impuestos, pocas restricciones a las importaciones desde el extranjero y posibilidad de repatriar los beneficios.

Tanto en Camboya como en Laos, las plantaciones agroindustriales se han vuelto un flagelo. Millones de hectáreas de tierras agrícolas, forestales y comunales han sido transferidas a empresas estatales y privadas, para el cultivo de árboles del caucho, pinos, acacias, eucaliptos, árboles de madera dura, maíz, mandioca y caña de azúcar. El último inventario realizado por LICADHO, una organización para los derechos humanos de Camboya, muestra que 3.936.481 hectáreas han sido otorgadas a actividades mineras y a concesiones económicas de tierras (ELC según el inglés), de las cuales 2.036.170 hectáreas fueron destinadas a plantaciones agroindustriales de caucho, mandioca y caña de azúcar. Las ELC cubren casi el 53% de la tierra arable del país, y 346.000 hectáreas están ubicadas en zonas de conservación. En Laos, un inventario re alizado en 2010 por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras mostró que la superficie cubierta por concesiones es de 1.400.000 hectáreas, e incluye más de 760 proyectos, entre los cuales figuran 375.000 hectáreas de plantaciones agroindustriales, principalmente de caucho y eucaliptos.

Los inversores provienen de la India, Vietnam, China y Tailandia, y también de países más lejanos, como Singapur, Corea del Sur y Australia. Esas inversiones han sido promovidas por muchos donantes bilaterales, como el Banco Asiático para el Desarrollo, el Banco Mundial y firmas consultoras privadas, como una estrategia para maximizar la rentabilidad económica de los bosques “degradados” y las tierras “ociosas” o “infrautilizadas”, acrecentar la reforestación y aliviar la pobreza. Recientemente se ha comenzado a proponer nuevas formas para extraer ingresos de los recursos naturales, en el marco de la “economía verde”.

A fines de marzo, Camboya, Laos, Birmania, Tailandia y China firmaron un pacto para acrecentar el comercio entre ellos, con la venta de caucho a China como principal objetivo. Camboya ya tiene 204.800 hectáreas de plantaciones de caucho, en concesiones por un período de 70 años, y con miras a expandirlas hasta 300.000 hectáreas de aquí a 2020, principalmente para exportación hacia China. En Laos, el acuerdo forma parte del plan de desarrollo agrícola nacional, y el contrato incluirá aproximadamente 270.000 hectáreas de plantaciones de caucho.

Hay cada vez más evidencias de que estas ELC ofrecen pocas ventajas, o quizás ninguna, para la economía nacional, y de que tienen en cambio importantes consecuencias para los medios de vida y las economía de las comunidades locales, agravadas por la violación de derechos humanos y la destrucción de diversos paisajes, bosques y ecosistemas nativos. Las plantaciones requieren el uso intensivo de fertilizantes químicos, pesticidas y herbicidas, que degradan los suelos y los vuelven áridos, y que envenenan los acuíferos y las fuentes de agua superficial. Muchas plantaciones se acompañan con plantas de procesamiento ubicadas en las cercanías, que consumen enormes cantidades de agua y energía, mientras las comunidades locales no disponen de ellas.

Las ELC han desplazado a poblaciones locales de sus aldeas, campos, bosques y ocupaciones tradicionales. En muchos casos, las comunidades se ven forzadas a cambiar la ubicación de sus aldeas. Cuando pueden permanecer en su aldea, no se les permite usar los bosques y tierras circundantes ni las tierras públicas para pastoreo, puesto que ahora pertenecen a los inversores. Se ha vuelto común que los inversores invadan bosques y tierras comunales o públicas afirmando que forman parte de sus concesiones. Las comunidades de la zona de plantaciones de Pheapimex, en las provincias camboyanas de Pursat y Kamponc Chnang, señalan la pérdida de bosques comunales, fuentes de alimentos silvestres, reservas de fauna poco corriente, sitios espirituales sagrados, arroyos y manantiales, tierras de pastoreo, arrozales e incluso casas y aldeas. Según una mujer perteneciente a una aldea afectada por una ELC:

Los bosques que la compañía está desmontando no están degradados; son bosques donde conseguimos alimentos, raíces, plantas medicinales y otros elementos para vivir. Hemos protegido esos bosques durante décadas. Ahora, la compañía quiere arrancarlos de raíz, se va a llevar todo; va a vender la madera noble y eliminar todas las plantas. Nada va a crecer allí naturalmente. Lo que la compañía va a plantar en esa zona no será un bosque; van a plantar árboles de los que no podemos comer ni las hojas. (Una residente de la comuna de Ansar Chambok, distrito de Krakor, provincia de Pursat, Camboya, 9 de abril de 2010.)

Las empresas inversoras suelen violar los convenios escritos, pero pocas veces se enfrentan a la censura o a medidas punitivas del Estado. Prometen empleo, escuelas, centros asistenciales, caminos y demás infraestructura, pero raras veces cumplen lo prometido. La experiencia desmiente las promesas de empleo y de mejor nivel de vida. Según los aldeanos que luchan contra la empresa Pheapimex en Kampong Chnang, Camboya, los que trabajan en las plantaciones lo hacen en condiciones muy malas: sus fuentes de alimentos han sido destruidas, no tienen dinero para comprar comida, y sólo reciben unos pocos tazones de arroz aguachento por largas jornadas de trabajo agotador. Pasan meses sin cobrar nada. Vuelven a sus casas enfermos, cansados, debilitados y sin dinero alguno.

Para la gente que se ve desposeída y desplazada por el desarrollo basado en la inversión, la supervivencia implica una lucha cotidiana. Los discursos de autoridades, donantes y financieros sobre la promoción de “inversiones de alta calidad, ambiental y socialmente responsables” no suenan convincentes, al no haber marcos regulatorios que protejan los derechos a la tierra, los recursos, la alimentación y los medios de vida de la población rural, y que sancionen a los inversores que violen esos derechos. El fuerte crecimiento económico al que apuntan Camboya y Laos gracias a proyectos de inversión agroindustrial costará caro a la población rural, que es la que realmente hace un aporte a la sociedad al producir alimentos, al cuidar de ecosistemas frágiles y al regenerar la biodiversidad y la riqueza ambiental. Para encarar el desarrollo con auténtica responsabilidad, los gobier nos deberían reconocer la importancia de lo que invierten las comunidades rurales en mantener la seguridad alimentaria, las fuentes de ingresos y la economía, y apoyarlas en dicha tarea.

Por: Shalmali Guttal, Focus on the Global South. Abril 2012.

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- Lucha timorense por el bosque

¿Hasta dónde llegaría usted para proteger su bosque?

Los aldeanos de la comunidad de Pollo, en el departamento indonesio de Timor Central Sur, han dado un ejemplo extraordinario, sobreviviendo durante años a la indiferencia burocrática, soportando la violencia de matones y embarcándose en una odisea a través del archipiélago de su país, en busca de apoyo para la defensa de los árboles y tierras locales.

La historia comienza con un bosque de los llamados kio en la lengua celébica local, usados para obtener madera y alimento para los invitados de la comunidad. En épocas pasadas, el kio era una fuente de ciervos, cerdos, vacas salvajes, leña, cuerdas y otros bienes, y poseía numerosos árboles de gran tamaño y de madera dura. Cinco clanes importantes de la comunidad (que ha sido dividida recientemente en varias aldeas administrativas con diferentes nombres) gozaban de derechos comunes sobre el bosque; uno de ellos era el clan Nabuasa, del cual proviene siempre el raja o jefe comunitario.

En 1982, un proyecto de ganadería integrada respaldado por el gobierno australiano obtuvo la aprobación del departamento ganadero provincial y de los líderes comunitarios, para realizar durante 25 años actividades en tierras que incluían el bosque. En parte de la tierra fueron plantados ejemplares de Leucaena leucocephala, como alimento para el ganado; se excavaron 14 estanques alimentados por la lluvia y se firmó un contrato con los aldeanos del lugar. A cambio de recibir una vaca, cada familia participante se comprometía a dar un ternero y medio a la empresa australiana, la cual distribuiría luego esos animales entre otros aldeanos con el fin de constituir una manada local.

Sin embargo, en 1987 la empresa australiana cerró, y el contrato se traspasó al gobierno local, el cual comenzó a vender los terneros en vez de reintegrarlos al proyecto. Los estanques cayeron en el abandono; hoy quedan sólo dos como reserva de agua para la gente y las vacas y, después de 1990, la población de ganado comenzó a menguar.

En 2003, algunos de los funcionarios que habían heredado el proyecto decidieron que querían tener sus propios campos en las tierras del proyecto. Para ello, urdieron un plan que consistía en pedir a los aldeanos que prepararan parcelas para el cultivo, prometiendo darles vacas a cambio. Pronto hubo una multitud de aldeanos que visitaban a los funcionarios llevando regalos tradicionales adat – telas, dinero, gallinas, cerdos, ovejas– para adquirir vacas. Algunas familias podían incluso obtener dos vacas en años sucesivos, si presentaban suficientes obsequios adat. Así fueron distribuidas no menos de 200 vacas por año.

A fines de 2003, unas 21 hectáreas habían sido desforestadas gracias a esos tratos. Los funcionarios prometieron que replantarían Leucaena para alimentar a las vacas, pero ningún árbol apareció. Al mismo tiempo, la oficina forestal departamental inició un proyecto de “rehabilitación forestal” en 150 hectáreas de tierra en la zona del proyecto. Luego, en 2006, llegaron nuevamente los funcionarios del servicio forestal departamental, anunciando otro proyecto de plantación de árboles de la Hutan Tanaman Industri (HTI). Se pagó a algunos aldeanos – en su mayoría no pertenecientes a la comunidad de Pollo – para que desmontaran aún más el bosque kio. Entre las especies que se cortaron se encontraban: Pterocarpus indicus, Sterculia foetida, Ceiba pentandra, tamarindos y acacias.

Así desaparecieron 450 hectáreas adicionales de bosque, y las consecuencias se empezaron a notar. Un resultado muy preocupante para los aldeanos se refería a un conjunto de manantiales surgidos en 1999 y que, extrañamente, sólo tenían agua en la estación seca, haciendo posible el cultivo de 50 hectáreas más de arroz irrigado. Debido a la deforestación, esos manantiales se secaron.

En 2008, la situación empeoró cuando el GERHAN, un proyecto del Programa Nacional de Rehabilitación de Bosques y Tierras que trabajaba con el servicio forestal departamental, se embarcó en otro plan de plantación de árboles en Pollo. Con tal de no perder más bosque, el raja de Pollo y cuatro amafs (rajas adjuntos) dieron su consentimiento, pero con la condición de que el plan se aplicara en tierras degradadas. Sin embargo, en junio de 2008 el GERHAN estaba talando 450 hectáreas más de buen bosque junto a una carretera local para hacer lugar a nuevos árboles de madera dura. Como había sucedido anteriormente, se prendió fuego al sitio luego de retirar los árboles grandes. Con tanto bosque desaparecido, muchos lugareños consideraron que ya habían tenido bastante.

Luego de visitar el gobierno y la asamblea departamentales, cuyos representantes prometieron realizar una investigación, 100 aldeanos de Pollo presentaron una denuncia de destrucción forestal en la policía departamental, seguida de un viaje al servicio forestal del departamento y a la sede del GERHAN.

Después de tres meses de silencio, los aldeanos viajaron a Kupang, la capital de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, para presentar su queja al gobierno y la asamblea provinciales, y se aseguraron de llevarse una copia de la denuncia de tala ilegal que presentaron ante la policía provincial.

En diciembre de 2008, todavía no había sucedido nada. En una asamblea comunitaria, el raja ordenó a siete jóvenes de Pollo que fueran al Palacio Presidencial en Jakarta, para ver qué se podía hacer al respecto.

Afirmando que “es mejor morir en Jakarta que morir en casa”, los jóvenes – uno de los cuales nunca había salido del distrito – partieron llevando consigo un total de US$ 250 aproximadamente. Cinco de ellos pagaron algo más de 20 dólares cada uno para embarcarse clandestinamente en un carguero con destino a Surabaya, en Java Oriental.

Poco después, los motores del barco se averiaron y el barco quedó al garete en medio del oleaje. El agua barría algunos de los puentes. Los aldeanos de Pollo estaban asustados, pero se dijeron entre ellos: “Si Dios nos lleva, que así sea. Estamos luchando por los demás.”

Al cabo de un tiempo los motores volvieron a arrancar, pero había que reorientar el barco que se había desviado de su ruta. Finalmente, demoró cuatro días en llegar a Surabaya, donde los aldeanos debieron apiñarse durante dos horas en un escondite, hasta que el inspector portuario terminara su ronda a bordo.

En Surabaya los aldeanos tuvieron que comprar comida, y en una semana se les acabó el dinero. Uno de ellos, Niko Demus Manao, se puso a trabajar cargando bolsas de 50 kilos de fertilizante por algo más de tres dólares por día, pero sus amigos le pidieron que desistiera pues temían por su salud. Algunos de los demás consiguieron trabajo como choferes, y la expedición logró finalmente reunir unos 55 dólares.

Se pusieron entonces en contacto con un periodista de televisión que en una ocasión había visitado su región. El periodista los invitó a su casa, junto con algunos miembros de la filial local de WALHI – Amigos de la Tierra Indonesia –, quienes les sugirieron pedir ayuda a la oficina nacional de la organización.

El 5 de enero de 2009, el equipo tomó el tren hacia Jakarta. En vagones de tercera clase, viajaron de pie durante las 15 horas que duró el trayecto. Cuando llegaron, se desplomaron exhaustos en el andén, para descansar unas pocas horas. Luego de ubicar a un pariente que los ayudó a alquilar una pieza, se dirigieron a la sede de WALHI, donde tres de ellos permanecieron una semana mientras se reunían con el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio Forestal y un miembro del parlamento, así como con el Defensor del Pueblo nacional. También se unieron a representantes comunitarios de Riau que manifestaban ante la sede del Servicio Forestal, y presentaron una demanda por tala ilegal y destrucción forestal ante la policía nacional.

El Servicio Forestal dijo no tener registro alguno del proyecto forestal de Pollo, pero un parlamentario de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, invocando su deber de servir a su pueblo, prometió dar seguimiento a la investigación. Efectivamente volvió más tarde a la zona, en el 2009, pero para hacer campaña por la re-elección, no para dar seguimiento al caso.

Para cuando los aldeanos emprendieron el regreso a Pollo, las 450 hectáreas de bosque ya habían prácticamente desaparecido para dar lugar al proyecto. E incluso tres años más tarde, a comienzos de 2012, no se había tomado ninguna medida oficial en respuesta a los problemas locales, salvo una carta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno subprovincial, y otra del parlamento subprovincial exigiendo una investigación.

Sin embargo, la lucha estaba lejos de terminar. En febrero de 2009, luego del regreso de los aldeanos, los residentes de Pollo comenzaron a ocupar tierras en las 450 hectáreas que habían sido deforestadas al borde de la ruta para el proyecto GERHAN. Su objetivo era evitar que el gobierno volviera a ese lugar, usar la tierra para construir casas y realizar cultivos, y replantar con especies de árboles útiles. Además, los aldeanos ocupantes podían así proteger los grandes árboles que quedaban contra incendios naturales o provocados, y protegerse a sí mismos contra el bandidaje, los asesinatos y las violaciones, frecuentes en ese tramo solitario.

Al comienzo, cuatro familias ocuparon la tierra. Ahora son 50, y unas 365 familias más están esperando para establecerse allí. El objetivo final es dar a cada familia ocupante una parcela de 20 metros por 40. Mientras tanto, muchos de esos pioneros están haciendo provisoriamente cultivos intercalados con los árboles recientemente plantados, en superficies exteriores a sus propias parcelas, hasta que los árboles replantados estén maduros y toda la zona pueda ser dividida. La actividad criminal ha cesado en la ruta, y al menos un incendio ha sido extinguido, pero las cosechas de los ocupantes se están perdiendo debido al mal tiempo.

El 30 de enero de 2012, el jefe de la autoridad ganadera provincial mantuvo en una oficina local una reunión con el jefe del departamento y otros miembros del gobierno departamental, sobre la posibilidad de revivir el antiguo proyecto ganadero, cuyo contrato había expirado en 2007. En presencia de aldeanos de cuatro asentamientos locales, dijeron que el 2 de febrero los funcionarios realizarían otra reunión en el mismo lugar.

La respuesta de los aldeanos fue inmediata. El 1 de febrero, bloquearon la ruta que lleva a dicha oficina con una barricada de maderas. Su mensaje: queremos que se aclare la situación de la tierra en cuestión.

El 2 de febrero llegó un vehículo lleno de miembros de la tropa de la Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), la agencia indonesa de orden público encargada de manejar motines, manifestaciones y expulsiones. Niko Demus Manao fue llevado a una cooperativa cercana para una “charla íntima” sobre el objetivo de la protesta.

Durante el interrogatorio, aparecieron más vehículos. Un automóvil lleno de matones reclutados entre los vagos de la población, así como dos policías en motocicleta de la comisaría local, se dirigieron directamente hacia la barrera que atravesaba la calle. Avanzando hacia la barricada, ordenaron a los 50 aldeanos que la desarmaran, pero éstos se negaron a hacerlo.

Otro automóvil, en el que venían el jefe y el subjefe del departamento, junto con más matones, se dirigió hacia la cooperativa donde Niko estaba siendo interrogado. Los agentes de Satpol salieron a su encuentro, junto con Niko. El jefe departamental saltó del auto, gritando insultos a Niko. Uno de los matones lo sujetó por la cabeza, mientras otro lo abofeteaba y le daba golpes de puño en la cara.

Temiendo que la situación se agravara, Niko no llamó a los demás aldeanos, que no estaban a la vista, para que vinieran en su ayuda. En cambio, gritándoles que no pelearan, hizo lo que pudo para limpiar la sangre de su cara y corrió hacia una casa vecina. Mientras tanto, los matones que habían llegado con el jefe departamental deshicieron la barricada.

Niko se dirigió a la comisaría departamental para denunciar el asalto del que había sido objeto, pero el agente responsable estaba todavía en la barricada. Finalmente, hizo la denuncia a nivel provincial, cuidando de conseguir una copia para él. Más tarde, la policía convocó al matón que lo había golpeado, para que diera su versión de la historia; este último negó incluso haber estado en el lugar de los hechos pero, de todos modos, fue encarcelado.

El 3 de febrero, los aldeanos de Pollo volvieron a armar la barricada a través de la calle, y también plantaron allí bananeros, cocoteros y mandiocas para demostrar su compromiso con la causa. A mediados de febrero, corrió el rumor de que el jefe departamental y los matones que había alquilado planeaban quemar las casas de los aldeanos más activos en la lucha.

Sin embargo, los aldeanos no se rindieron. Como miembros de la comunidad étnica Amanuban, son parte activa de una alianza ambiental y social que reúne comunidades de todo Timor Central Sur, pertenecientes a los grupos étnicos Mollo, Amanuban y Amanatun, todos ellos relacionados antiguamente con un principado tradicional. Los Mollo, que viven aguas arriba de la región, se llaman a sí mismos “hijas de la naturaleza”; durante una década, combatieron con gran éxito a los extractores de mármol que habrían destruido muchas de las montañas características de la zona, y también están luchando contra las plantaciones industriales de árboles. En cuanto a los grupos Amanuban y Amanatun, que viven aguas abajo y se consideran “hijos de la naturaleza”, se enfrentan a la amenaza del desarrollo petrolero, así como a las minas y plantaciones.

Larry Lohmann, The Corner House (larrylohmann@gn.apc.org) y Dinar Rani Setiawan (dinar.setiawan@sdelink.org), School of Democratic Economics. Basado en entrevistas realizadas en Timor en febrero de 2012, y en: “Timlico dan Besipae, Contoh Kelam Peternakan NTT,” Pulangkandang, 3 de diciembre de 2010, ver aquí; “Pelajaran Dari Timlico dan Besipa”, Ekspedisi Jejak Peradaban NTT, Kompas, mayo de 2011; Wikipedia, “Amanuban”, ver aquí y Siti Maimunah, “Climate Justice”, Inside Indonesia 105, julio-setiembre de 2011, ver aquí.

Contactos adicionales:

Aleta Ba'un, aletabaun2010@gmail.com
Torry Kuswardono, t.kuswardono@gmail.com
Niko Demus Manao, +62 82146103802

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- Mozambique: proyectos de monocultivo de árboles acaparan tierras y ponen en peligro la seguridad alimentaria

El interés por los recursos naturales, en especial, en la tierra, por parte de inversionistas extranjeros, viene registrando un considerable crecimiento en África y Mozambique no es ninguna excepción. La región norte de Mozambique es la zona en la que los proyectos de inversión extranjera ocupan más tierras en todo el país, mayormente para el monocultivo de eucalipto, pino, jatrofa y caña de azúcar.

La implementación de estos proyectos ha sido relacionada al fenómeno de acaparamiento de tierras comunitarias, porque, en la mayor parte de los casos, las comunidades son desplazadas de sus territorios para dar lugar a dichos proyectos.

La Unión Nacional de Campesinos (UNAC) y la ONG Justicia Ambiental divulgaron, en 2011, un estudio titulado “Los señores de la Tierra” en el que se hace un análisis del fenómeno de acaparamiento de tierras campesinas en Mozambique, para proyectos de agronegocio, minería y turismo. Según el estudio, las inversiones analizadas “llegaron a crear cada vez más conflictos y a agravar la situación de pobreza, carencia y vulnerabilidad de las comunidades rurales”.

En la provincia de Niassa, norte de Mozambique, la compañía Chikweti Forest, un emprendimiento sueco- noruego con participación de Estados Unidos y Mozambique, implantó un proyecto de plantación de monocultivo de eucalipto, en un área de 140 mil hectáreas, sin consulta comunitaria, violando así la ley mozambiqueña de tierras, que obliga a los inversionistas a tener el consenso y la aprobación de la comunidad. Además, se informan hechos de invasión de tierras comunitarias de residencia y de restricción de las vías de acceso a las “machambas” (huertos familiares) de los campesinos locales.

“Cuando llegó la empresa, tuve dudas de entregar las tierras de mi comunidad porque tuve miedo de que pudiera invadir las tierras de los campesinos locales obligándolos a desplazar sus machambas a los bosques distantes donde podrían correr el riesgo de ser devorados por animales (…)”, declaró de un líder comunitario de la comunidad de Maniamba, en Niassa, citada en el trabajo “Los señores de la Tierra.

La acción de Chikweti Forest constituye una violación de los derechos humanos de las comunidades donde opera: limita el acceso a sus medios de producción.

Ochenta por ciento de la población de Niassa vive en zonas rurales y cuenta con la actividad agrícola como su medio de supervivencia, dependiendo de la tierra y de los recursos forestales para garantizar su seguridad alimentaria. La implementación de proyectos de plantaciones tiende a comprometer la seguridad y la soberanía alimentaria de las comunidades y a crear conflictos sociales. Además, el monocultivo de árboles destruye la vegetación nativa y compromete la biodiversidad local.

Plantados a gran escala, los monocultivos de árboles tienen el objetivo de producir abundante materia prima para industrias de agrocombustibles, madera, energía, celulosa, caucho, como también de supuestamente compensar las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por los países del Norte que, de esta manera, entran al mercado de carbono. En realidad, estas medidas no conseguirán resolver la crisis climática y tienden a causar cada vez más problemas al pueblo de Mozambique y de toda África.

Por Boaventura Monjane, La Vía Campesina África

La publicación “Los Señores de la Tierra: análisis preliminar del fenómeno de acaparamiento de tierras en Mozambique” (2011) puede ser leída en: ver aquí

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- Acaparamiento de tierras y sus consecuencias: el caso de Brasil

A lo largo de la historia, las zonas rurales han sido ocupadas de dos formas diferentes en Brasil. Una de ellas es la forma empresarial, capitalista y colonialista, que no es una forma nueva, pero que ha adquirido un nuevo impulso y nuevos métodos recientemente. La otra forma de ocupación del espacio agrario, anterior al modelo de producción capitalista, ha sido la agricultura campesina, que se basa en el modo de vida de los pueblos originarios y las poblaciones tradicionales.

La empresa capitalista ve a la propiedad de la tierra como un medio de producción para la reproducción y la acumulación de capital, o sea, se enfoca en las ganancias, y así, desarrolla las actividades productivas que generan más ingresos. Dicho modelo ha sido fuertemente amparado por los Estados, a través de programas públicos de compra de la producción, seguros, garantía de precios, créditos, infraestructura, etc. Para poder usufructuar de esas políticas de Estado, en algunos casos, la sola propiedad de la tierra ya garantiza ganancias, o sea, ni siquiera es necesario ponerla a producir.

Por otra parte, en la agricultura campesina, los pueblos originarios y las comunidades tradicionales centran la producción en la reproducción social de la comunidad. El trabajo lo desarrollan los propios miembros de la familia, que buscan la mayor diversidad posible de alimentos y desarrollan una agricultura que se integra al medio ambiente local. En este modelo de producción, que no cuenta con el apoyo de los Estados, las comunidades viven en condiciones precarias y no tienen acceso a los servicios básicos, debiendo enfrentar numerosas dificultades. Sin embargo, este es el modelo de producción que continúa alimentando al mundo y representa, hoy, a alrededor de 3 mil millones de personas.

Hasta hace poco, los grandes grupos económicos internacionales, las multinacionales y las transnacionales buscaban establecer el control de las cadenas de producción a través de insumos, como semillas, agrotóxicos, abonos, y a través del beneficio de la producción y su comercialización. Dicho proceso fue fuertemente incentivado por el aparato estatal, mediante universidades, centros de investigación, empresas estatales de asistencia técnica, subsidios, incentivos fiscales, etc., lo que demostró que el Estado trabaja para esos grandes grupos económicos. Sin embargo, la saturación de los mercados de capitales en los países llamados “centrales” y la inminencia de una crisis debida al carácter especulativo de esos capitales han llevado a nuevas inversiones masivas en el espacio agrario, sobretodo, de los países llamados “periféricos&rdqu o;.

Las empresas vienen a comprar tierras, a invertir en la producción de commodities, acumular ganancia, y vuelcan el capital invertido y las ganancias generadas a sus países de origen. Es un nuevo proceso de colonización y saqueo de los países del llamado Tercer Mundo, pero el discurso usado por las empresas es el de “producción sustentable”. Se trata de la última frontera de avance del modo de producción capitalista, por parte de la economía verde y las inversiones en la producción de energía para los países industrializados a través de la biomasa, caña, eucalipto, soja, palma africana, etc. El objetivo es acumular ganancias al continuar alimentando un modelo de consumo insustentable. Lo asombroso es que tales empresas son recibidas con alegría y entusiasmo por el Estado, que, en el caso de Brasil, incluso llega a lanzar un segundo plan de continuidad de l llamado Programa de Aceleración del Crecimiento- PAC, con una previsión de inversiones de R$ 955 mil millones (cerca de US$ 530 mil millones), que incluyen R$ 465 mil millones para la producción de energía (en 104 proyectos) y R$104,5 mil millones en transportes (3.157 km. de vías férreas, puertos y aeropuertos), que son inversiones destinadas a mejorar la infraestructura a favor de la producción de esas empresas.

En el centro de esta situación en la que el aparato estatal está al servicio de ese modelo de producción y desarrollo, está en marcha, en el Congreso Nacional brasileño, con la omisión y/o la connivencia del ejecutivo, la reforma del código forestal, que tiene como telón de fondo la amnistía de delitos ambientales y la expansión de la frontera agrícola. También está en proceso acelerado la flexibilización de las leyes laborales en el campo mientras el Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) que determina la inmediata expropiación de haciendas que tienen trabajo esclavo desde hace 10 años, no se vota en el Congreso.

También avanza en el Congreso Nacional el PEC-215 que le retira al ejecutivo la atribución de demarcar áreas de pueblos indígenas y comunidades quilombolas- una población tradicional de raíz africana-, y la pasa al legislativo. La aprobación significaría un enorme retroceso para la demarcación de las tierras indígenas y quilombolas, si se considera el carácter conservador del Congreso en el que la mayoría de los parlamentarios o son latifundistas o tienen relación directa con ellos. Y por último, las comunidades quilombolas, con derechos territoriales garantizados en la Constitución, luchan contra una acción en la Suprema Corte del país que pretende anular el decreto de 4.887/2003, que regula el proceso de demarcación de sus territorios.

La nueva fase del proceso de concentración de tierras tiene impactos directos en toda la humanidad, pero las consecuencias de ese proceso sobre las campesinas y campesinos, comunidades tradicionales y pueblos originarios son brutales, porque la expansión está ocurriendo en sus territorios. El aumento del precio de la tierra impide, por una parte, que las familias campesinas adquieran tierras y, por otro lado, las incentiva a vender sus parcelas, expulsándolas del campo, ya sea por obras de infraestructura o por la expansión de la empresa capitalista.

El crecimiento de la producción de comodities, de agrocombustibles, de uso de agrotóxicos amenaza gravemente la soberanía alimentaria y la salud de la población. Además, se aplican agrotóxicos en detrimento de la producción de alimentos saludables, con agricultura de base agroecológica. Y cabe destacar que actualmente cerca de mil millones de personas tienen hambre crónica, 800 millones viven en situación de inseguridad alimentaria y cada 5 minutos muere un niño por desnutrición. ¿Quién producirá alimentos para todas esas personas si la empresa capitalista sigue avanzando sobre las tierras de los campesinos? El resultado lógico es la disminución de la producción de alimentos, y, como consecuencia, el aumento de precios y aumento del hambre.

Otro grave riesgo que corremos debido a una agricultura de gran escala y especializada es la reducción y concentración de la alimentación humana en pocos productos: “… en la actualidad, de las 50 mil plantas usadas como alimento mundialmente, se utilizan de forma importante 200, se comercializan 100, pero el 80% de los alimentos provienen de 20 cultivos, y de esos el trigo, el arroz, el maíz y la soja representan más del 85% del consumo de granos; (Guterres, 2006)”. ¿Cuáles son las consecuencias de esa alimentación concentrada para la salud humana?

Y, por último, las producciones en gran escala en países tropicales, que tienen alta diversidad, implican disfunciones en el ambiente convirtiendo simples insectos en potentes plagas, creando hongos y bacterias que provocan enfermedades graves. La solución usada es el uso intensivo de agrotóxicos que ha causado desastres ambientales, contaminación de los alimentos y generado una serie de enfermedades neurológicas, cáncer, malformación de fetos, etc.

La sociedad necesita adoptar una posición antes que sea tarde. Las comunidades rurales, que son guardianas de la vida, están amenazadas, y traban luchas de resistencia, de enfrentamiento. En cada punto de avance del capital hay resistencia, pero el enfrentamiento a ese modelo de producción necesita adquirir carácter global. Esta es una lucha de todos, no es solo de las poblaciones que viven en el campo. Contamos con todos y todas en la lucha y en la construcción de otro mundo posible.

¡¡¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!!!

Por: Raul Krauser, Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA), miembro de La Vía Campesina, Brasil

Guterres, Ivani, “Agroecologia militante: contribuciones de Enio Guterres”, Ivani Guterres, 1. Ed – São Paulo: Expreción popular 2006.

Participa en la acción contra la aprobación de la PEC215, citada en este artigo, a través de la solicitud on-line ver aquí y otra petición on-line contra la revocación del decreto que regulamente la demarcación de las tierras quilombolas, ver aquí.

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NOTICIAS BREVES

- Día Internacional de la Lucha Campesina

Para el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, La Via Campesina invita a enviar información a viacampesina@viacampesina.org sobre acciones llevadas a cabo en todo el mundo contra el acaparamiento de tierras, por la reforma agraria, por la soberanía alimentaria, entre otras reivindicaciones. Las acciones quedarán registradas en un mapa en ver aquí.

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- Declaración de la III Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria, por los Derechos y por la Vida

En Buenos Aires, Argentina, entre el 22 y 25 de marzo de 2012, el Comité Internacional para la Soberanía Alimentaria-Coordinación Regional América Latina y El Caribe, CIP-ALC, organizó la III Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria, por los Derechos y por la Vida. El encuentro, en el que participaron representantes de organizaciones sociales de 20 países, tuvo entre sus objetivos fortalecer y ampliar las alianzas estratégicas y elaborar propuestas y recomendaciones para la 32ª Conferencia Regional de FAO en el marco del proceso de las Directrices Voluntarias de la FAO relativas a la Tenencia de la Tierra, las Pesquerías y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional.

La declaración, resultado de la reunión, condena “el avance acelerado del acaparamiento de la tierra en todo el continente”, causado, entre otras cosas, por el avance del agronegocio y los mega proyectos mineros, hidroeléctricos y turísticos, así como por las falsas soluciones al cambio climático - proyectos REDD y REDD+, plantaciones de monocultivos para biomasa con fines energéticos, entre otras. También identifica la definición de “Bosques” de la FAO – que incluye a las plantaciones de árboles – como motor del acaparamiento de tierras en la medida que encubre a los monocultivos industriales de árboles, responsables de innumerables impactos negativos, legitimándolos como bosques.

La declaración completa puede leerse en: ver aquí.

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- Impactos de la exploración y explotación de petróleo en el Parque Nacional Virunga

Varias organizaciones sociales de la República Democrática del Congo se reunieron el 23 y 24 de marzo junto con autoridades locales y tradicionales en la provincia Nord-Kivu, para considerar los impactos de la exploración y explotación de petróleo de la multinacional SOCO en el Parque Nacional Virunga.

Las comunidades denunciaron la contaminación del aire, el suelo y las aguas del lago Edouard producto de la actividad petrolera, las que se suman a la violencia sufrida como consecuencia de los conflictos ocasionados por los intereses comerciales que rivalizan en el acaparamiento de los bienes naturales. Además, reclamaron el respeto de los acuerdos internacionales firmados por el gobierno que implican la protección del ambiente y la conservación de los ecosistemas forestales.

La declaración completa puede leerse –en francés- en: ver aquí.

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- Apoye la declaración contra la captura corporativa de las Naciones Unidas!

Varias organizaciones y movimientos sociales internacionales están solicitando apoyo a una declaración que denuncia el hecho de que el borrador de documento de los acuerdos de Rio +20 refuerza el papel de las corporaciones como promotor de la llamada “economía verde” sin siquiera mencionar el papel de las mismas empresas en la generación de la crisis financiera, climática, alimentaria y otras. En lugar de discutir medidas al servicio del interés público, las Naciones Unidas y sus miembros están dedicados solamente a formular propuestas que benefician a determinadas corporaciones y sectores empresariales, que presionan por reformas en las políticas públicas con el objetivo de colocar sus gananacias por encima de los derechos de los pueblos.

Si estás de acuerdo en poner un punto final a la captura corporativa de la ONU, te invitamos a firmar la declaración conjunta de la sociedad civil para que la ONU.

Puedes leer y adherir a la declaración en la siguiente dirección: ver aquí.

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- Petición de apoyo al abogado chino encarcelado por defender a las comunidades afectadas por las plantaciones de eucaliptos de Stora Enso en China

El abogado chino Yang Zaixin está en la cárcel desde junio del 2011 en Beihai, al sur de China.

Le instamos a apoyar una petición que exige que el Gobierno finlandés y a la empresa Stora Enso tomar medidas para poner fin a su injusto encarcelamiento. La empresa Sueco-finlandesa Stora Enso planea construir una planta de celulosa en Beihai de la ciudad de Guangxi, al sur de China.

El proyecto comenzó en 2002 y ha estado rodeado de controversia y acusaciones debido a la mala actuación de la empresa. El proyecto de plantación de árboles y de construcción de la fábrica de celulosa ha desplazado a las poblaciones locales de sus tierras sin su consentimiento previo, libre e informado. Miles de personas han visto restringido su acceso a los recursos vitales, tales como la tierra y el agua. El abogado Yang Zaixin ha estado representando a los residentes locales y los agricultores que afirman haber sido forzados y amenazados a entregar sus tierras.

Puede firmar la petición en: ver aquí.

Boletín mensual del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)

Este boletín está disponible también en Inglés, Francés y Portugués

Editor en jefe: Winfridus Overbeek

Redactora responsable: Raquel Núñez Mutter

Apoyo editorial: Elizabeth Díaz, Flavio Pazos, Teresa Perez

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Fuente: Boletín Nº 177 del WRM