Semana contra la Pobreza Energética

En la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, alrededor de 30 organizaciones nos unimos un año más para exigir soluciones con varias actividades reivindicativas. Además, el 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Consideramos que no hay mayor injusticia social que la relación directa entre el nivel económico y el impacto en la salud y calidad de vida. “En definitiva, en el derecho a una vida digna”. La sociedad civil no es culpable de sufrir pobreza energética, sino las personas afectadas por una concepción de la energía como un producto financiero y no como un derecho.

Con la actual crisis de precios energéticos, para no dejar a nadie atrás es necesario considerar legislativamente el suministro de energía como un derecho y garantizar el acceso universal a este suministro básico, que permite unas condiciones de vida dignas según los estándares actuales. Para ello, las organizaciones exigimos la implementación de una tarifa social energética que contribuya a la igualdad social, de la misma manera que el acceso al sistema sanitario, y la garantía de una cantidad mínima de agua para usos personales y domésticos. La implementación de esta tarifa daría respuesta a la ineficiencia que sigue demostrando la aplicación del bono social y el bono térmico, que continúa excluyendo a millones de personas que sufren pobreza energética.

Recordamos que en la Cañada Real llevan 500 días sin luz. No existe ninguna explicación coherente para esta negligencia. Hay personas que necesitan un suministro básico para la vida. En lugar de acceder por derecho, dependen de las condiciones de una empresa privada, propietaria en “monopolio natural” de la red de distribución que les facilita el acceso.

Los altos precios de la electricidad, impulsados por la tensión geopolítica del gas fósil, ponen en evidencia, a nuestro juicio, el “obsceno funcionamiento del mercado eléctrico”, con un modelo marginalista que tiene en cuenta el coste real de generación y recurre a un opaco “coste de oportunidad” en la fijación de sus precios. La escasa transparencia en la conformación de precios se produce por la elevada concentración de este mercado en muy pocas empresas (oligopolio) y su integración vertical en todas las actividades del sistema energético: generación, transporte o distribución y comercialización, lo que dificulta la entrada de nuevos actores como las comunidades energéticas o los agregadores de demanda. Además, el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), del que el Estado español forma parte, supone una gran barrera de cara a implementar medidas encaminadas a reducir el precio de la electricidad y asegurar el acceso a la energía de toda la población, ya que una modificación profunda en el modelo energético actual podría desencadenar demandas millonarias contra el Estado. Por ello, es imprescindible la salida inmediata del TCE.

Esto nos lleva a exigir una decisión política firme y contundente para acabar con la concentración del actual oligopolio energético. También se debe adoptar la regulación adecuada y la transposición inmediata de las Directivas Europeas de Mercado Eléctrico para impedir la formación de nuevos oligopolios. Solo así se evitarán posiciones de dominio de empresas cuyos intereses económicos son contrarios al cambio de un modelo energético centralizado y especulativo (basado en un crecimiento constante de oferta y demanda y en la concentración) por otro más eficiente, descentralizado, distribuido y democrático, con nuevos actores y servicios con un elevado valor social, como exige Europa.

La raíz del problema de la pobreza energética sigue siendo la misma:

1. Un injustificado alto precio de la energía (precio que no responde a su realidad de costes, considerado como un producto de lujo cuando se trata de un servicio esencial y un derecho instrumental a otros derechos fundamentales).
2. La mala calidad de la edificación (ineficiencia energética del parque inmobiliario), barrera además insuperable en el caso de la población que vive en situación de pobreza energética, ya que suelen vivir en régimen de alquiler sin acceso a medidas de rehabilitación.
3. Las bajas rentas de una gran parte de la población. (*)

Pero además, según los datos actualizados de la  ‘Estrategia Nacional contra la pobreza energética’ para 2020, hay 5,2 millones de personas que no son capaces de mantener una temperatura adecuada con los criterios de bienestar en su vivienda durante el periodo invernal en nuestro país. Por ello, sus objetivos para 2025 son muy pobres, sobre todo para las personas que están sufriendo esta lacra social.

Por eso, un año más, las organizaciones reivindicamos:

1. Una tarifa social que garantice el derecho a los suministros básicos de energía de manera limpia y sostenible.
2. Prohibición de cortes de suministros básicos de agua, luz y gas e implementación del principio de precaución, entendido como la obligación de las empresas suministradoras de consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de las familias antes de efectuar cualquier corte de luz, agua o gas, cumpliendo con los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024.
3. Aplicación de medidas para la eficiencia energética y contra el despilfarro, con especial atención y prioridad a los hogares en situación de vulnerabilidad. Un plan de acción para abordar un aislamiento adecuado y una calefacción sostenible con bombas de calor, que deben ser considerados como servicio básico y obligatorio tanto para las viviendas en alquiler como en propiedad. Se trata de asegurar el derecho a vivir en hogares que proporcionen un adecuado confort térmico con la mínima demanda energética necesaria, asegurando que la calefacción y la refrigeración provengan de energías renovables, y con acceso asequible a electricidad y/u otra fuente de energía verde.
4. La separación horizontal total y efectiva entre las actividades liberalizadas (generación, comercialización y agregación) y las reguladas (distribución o transporte) de energía, de manera que no puedan ser realizadas por las mismas empresas o grupos empresariales (permitiendo un oligopolio energético) para evitar la concentración de poder sectorial.
5. La inversión pública y local en este proceso y el impulso al autoconsumo y las comunidades energéticas deben ser prioritarias, porque la energía comunitaria es una herramienta con gran poder para reducir la pobreza energética y otorgar soberanía energética a la sociedad.

La emergencia climática obliga a realizar la transición energética de manera rápida y urgente, pero esta se debe llevar a cabo de manera participada, equitativa, inclusiva y democrática, con criterios medioambientales y de justicia social, y con un nuevo marco de generación de energía renovable accesible para todos los hogares al mínimo precio posible.

Del Gobierno depende que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a participar en el sistema energético. Es a quien corresponde crear y activar los marcos jurídicos y mecanismos económicos necesarios para asegurar que se pueda ejercer este derecho como lo indican las directivas de la UE. Y es a la propia ciudadanía a quien corresponde exigir a sus gobernantes que cumplan sus obligaciones de servicio público y básico para el interés común y la cobertura de las necesidades energéticas.

Las organizaciones llamamos a la ciudadanía a participar en las actividades organizadas durante esta semana contra la pobreza energética, que culminan con una concentración este domingo 20 de febrero.

(*) La última encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2020 indica que la tasa AROPE (riesgo de pobreza o exclusión social) es del 26,4% de la población residente en España.

Fuente: Amigos de la Tierra