"De acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados tienen la obligación de “respetar, proteger y garantizar” el derecho a la alimentación. Respetar ese derecho significa que los Estados no pueden obstruir o dificultar el acceso de la población a la alimentación adecuada, como en el caso de desalojos de trabajadores rurales de sus tierras, en especial de aquellos que dependen de la agricultura como forma de subsistencia. La Convención prohíbe igualmente que los Estados utilicen sustancias tóxicas en la producción de alimentos"