Actualmente existen más de trescientos proyectos de grandes represas en construcción o planeados en América Latina y el Caribe. Estas represas están siendo construidas, en su mayoría, sin estudios y evaluaciones de impacto ambiental y social integrales, sin procesos que garanticen una participación de la sociedad civil y pública efectivas, y, en muchos casos, con ausencia de políticas públicas de energía, agua y reducción de la pobreza sostenibles que respeten la normatividad nacional e internacional.