Más allá de los objetivos enunciados de búsqueda de consensos entre los diversos sectores que han podido participar, el anteproyecto elaborado en el marco del INASE y entregado al Ejecutivo para su revisión, responde principalmente a las inquietudes y preocupaciones de los sectores empresariales a cargo de la producción de semillas, aun habiéndose realizado el proceso bajo la coordinación y responsabilidad de un organismo público estatal. El retroceso en el peso de la participación del Estado se manifiesta no sólo en su ausencia en determinadas funciones, sino además por la asunción de los intereses del sector privado como propios, en desmedro de lo considerado como bien público.
