“Ignorantes”, “desinformados”, “ideologizados”, “irracionales”, “fundamentalistas”... Tal una somera graduación de las categorías que habitualmente se emplean para aludir a sujetos y colectivos que se oponen a actividades extractivas que, como la megaminería a gran escala, implican no sólo graves riesgos ciertos y comprobables de contaminación sino, ya de partida, gravosos impactos de destrucción de ecosistemas, afectación a la biodiversidad y consumos siderales de agua y energía.