Giorgio Trucchi

El Estado hondureño se rehúsa a reconocer su condición de pueblo indígena y le niega el derecho a la tierra. Corporaciones y terratenientes avanzan con el monocultivo de palma africana, amenazando la soberanía alimentaria.

El pasado 7 de agosto se llevó a cabo en Managua, Nicaragua, el Foro “Por la agroecología y soberanía alimentaria, NO a los transgénicos”.

El movimiento ecologista costarricense reaccionó indignado ante la carta que Darci L. Vetter, jefa negociadora en temas agroalimentarios del gobierno estadounidense, envió al Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Alexander Mora, presionando contra la posible aprobación de una ley de moratoria a los cultivos transgénicos.

"Recientemente, el portal de noticias internacionales New Eastern Outlook publicó un informe en el que resalta el involucramiento de grandes conglomerados económicos, con Monsanto a la cabeza, en la compra de enormes extensiones de tierras en todo el mundo. Según varios expertos internacionales la compra de terrenos representa una “inversión económica altamente lucrativa”, tanto para países desarrollados como para sus empresas transnacionales."

A partir de 2012, con la implementación del Programa Visión 2020 “Sembrar país con más maíz”, la transnacional Monsanto, en alianza con Bayer CropScience CA, Fenorsa/Disagro, Denace y el gobierno hondureño, inició una escalada de la siembra de maíz transgénico a nivel nacional, y trazó como meta el cultivo de unas cien mil hectáreas para el año 2020.

Cuando en diciembre de 2012, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) tomó la decisión de otorgar el permiso a la empresa D&PL Semillas Ltda, subsidiaria de la compañía Delta & Pine Land (Monsanto), para sembrar maíces transgénicos MON-88017, MON-603 y MON-89034 en la región de Guanacaste, no se imaginaba que la reacción popular pudiese ser tan contundente.

Brutal y salvaje represión a corteros en huelga. Milicia arremete contra trabajadores del Ingenio Risaralda.

En septiembre de 2014, un muy amplio espectro de organizaciones sociales y populares se movilizó masivamente, exigiendo y obteniendo la derogación de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales. Cinco meses después, la biodiversidad de Guatemala está nuevamente bajo amenaza.