El 2021 culminó con un hecho poco común en la política uruguaya. El presidente vetó una ley aprobada en el parlamento. Se trataba del primer intento en más de 40 años de reducir la superficie habilitada para la forestación en el país. Daniel Pena analiza la manera en que las sólidas evidencias sobre los impactos económicos, sociales y ambientales del agronegocio forestal-celulósico comienzan a colarse en la agenda política de Uruguay.
