El 2 de marzo 2016, Berta Cáceres fue asesinada por el gobierno local del departamento de Intibucá y por el gobierno nacional de Honduras, y por una compañía multinacional hidroeléctrica, Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), con el apoyo -al menos tácito- de los Estados Unidos. En septiembre del año pasado, toda la evidencia que la familia Cáceres había recopilado durante meses fue robada, casi con seguridad, por el gobierno hondureño. El gobierno también se ha negado a compartir información con la familia y no ha permitido que instituciones independientes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), apoyen el proceso.
