Representantes de organizaciones sociales, campesinas y docentes de diferentes instituciones de educación superior presentaron ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad por la forma del art. 56 de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semilla y Fomento de la Agricultura Sustentable, que permite el ingreso de transgénicos al país.
