Adazahira Chávez

La reaparición pública de los zapatistas “no nos toma por sorpresa, sabíamos que nunca se habían ido”, señala Mario Luna, yaqui, secretario de las autoridades tradicionales de Vícam. La amenaza más grande para los pueblos originarios “es la intención de mercantilizar el agua, todos los megaproyectos están relacionados con eso”, afirma en entrevista con Ojarasca el representante de uno de los pueblos fundadores del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Los pobladores originarios de esta delegación mexicana, patrimonio cultural de la humanidad, denuncian que las autoridades delegacionales están vendiendo todo el espacio público y comunitario. A la cabeza de la barbarie está la construcción de una gigantesca tienda de autoservicio.

A pesar de no contar con los permisos necesarios para hacer trabajos, la minera canadiense Revolution Resources perfora territorio sagrado del pueblo wirrárika, por lo que, señalan los wixaritari, se le deberían cancelar las concesiones.

La organización de los pueblos que se oponen a vender su viento, mar y tierra para la “economía verde” madura rápidamente frente al clima de corrupción y paramilitarismo fomentado por la empresa Mareña Renovables y sus “mandaderos serviles”, los gobiernos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está ante la oportunidad de reconocer por primera vez el derecho a las tierras ancestrales de un pueblo, en el caso de los choles del ejido Tila; de lo contrario, demostraría que “trabaja para los capitales”, indica Francisco Pérez, comisionado del ejido para difundir el caso.

Tatei Haramara, lugar de peregrinación y ofrendas de los wirrárika está en grave peligro. Solamente dejaron tres hectáreas para sus originales poseedores. El resto fue entregado al turismo.

El nuevo gobierno federal ya asignó recursos para una obra que está impugnada legalmente y que despojaría a los yaquis del recurso que estructura su vida, el agua. Ante ello, la siempre rebelde tribu fortalece una nueva forma de lucha.