Tierra, territorio y bienes comunes

Desalojos violentos en Montes Azules, Chiapas, para abrir paso a plantaciones forestales, de agrocombustibles y proyectos turísticos.

"No podemos dejar que EIDICO venga de prepo y se adueñe de lo que no le pertenece", expresó Graciela Satalic, una de las integrantes del movimiento en defensa del patrimonio sagrado y natural del Delta bonaerense. Desde un campamento montado en el acceso a "Punta Querandíes" en Dique Luján, partido de Tigre, piden solidaridad y acompañamiento.

Amigos de la Tierra Internacional, Amigos de la Tierra México y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, denunciamos y condenamos enérgicamente los operativos policiacos en las comunidades tseltales Laguna El Suspiro o El Semental y Laguna San Pedro o San Pedro Guanil en el municipio de Ocosingo, Estado de Chiapas, con los que fueron desalojadas decenas de familias de la Biósfera de Montes Azules, Selva Lacandona.

Ayer la policía de Neuquén desmanteló parte de los puestos y retiró el personal uniformado del territorio de la comunidad Paisil-Antreao apostado desde el 2 de diciembre pasado. Al mismo tiempo, habilitó una auténtica zona liberada en el que hoy jueves 18, comenzó a operar Daniel Ducau con por lo menos una docena de personas, aparentemente policías de civil, al mejor estilo de un escuadrón parapolicial.

Contra el Plan Colombia y las fumigaciones que afectan el pan coger y la vida digna del campesinado, las multinacionales y las políticas desarrollistas que olvidan este sector y en contra de un estado sordo que avala las violaciones de derechos humanos en la zona, los campesinos organizados reclaman la URGENTE reglamentación de su Zona de Reserva Campesina.

Las familias campesinas de Palma Sola estamos luchando por defender nuestro territorio. Vivimos en nuestras tierras por generaciones y no vamos a permitir que empresarios y políticos corruptos nos quiten lo que es nuestro. (Jujuy en Lucha por el Territorio)

Estos asesinatos hacen parte de una larga cadena de hechos de agresión contra los pobladores del sur de Bolívar, en el marco de lo que consideramos una estrategia integral para el despojo del territorio por parte de una alianza macabra entre el gobierno nacional y las multinacionales del oro y palmicultoras, que pretenden apoderarse de los recursos naturales de la región.

Un emprendimiento de la empresa CRAM SA tiene permiso para desmontar alrededor de mil hectáreas para la producción de poroto y soja transgénica en tierras donde por generaciones viven familias campesinas. Horacio Antonio Macedo, el actual embajador argentino en Bolivia y su hijo son parte de la empresa que desconoce los derechos ancestrales de las familias y ya avanzó en el desmonte de 200 hectáreas.