TLC y Tratados de inversión

"El 4 de noviembre América Latina se levanta. Exigimos que no se firmen más TLC y rechazamos el avance en las negociaciones para la firma y ratificación del Tratado TransPacifico (TPP) y el Tratado sobre Servicios (TISA)."

Los países en desarrollo no están obligados por la Organización Mundial del Comercio a aceptar todos los requerimientos de propiedad intelectual que imponen los tratados bilaterales y regionales. Así lo indica un documento del Instituto Max Planck elaborado por especialistas de 25 países.

En programa radial de la CNA, agricultor de Brasil y activista peruano expresan perjuicios que generan los tratados de libre comercio.

Lucía Sepúlveda: "Las centrales sindicales norteamericanas se han pronunciado contra el TPP y acá la CUT no ha dicho nada"

58.600 millones de euros. Es la cifra que nos sale si ponemos en Google Bayer y Monsanto. Y, al final, es una cifra que representa mucho más que eso, que ya es mucho. Significa que esta gran operación empresarial se suma a las otras que ha habido en los últimos tiempos y que, de estas idílicas uniones, resulta que, ya lo decían desde Greenpeace hace unos días, casi la totalidad del mercado agroalimentario está en manos de cuatro empresas.

"Este informe demuestra una vez más la grave amenaza que supone el TTIP para la seguridad alimentaria, la agricultura y la ganadería europea. Es urgente avanzar hacia unas políticas económicas que garanticen el derecho a una alimentación sana y justa, que beneficie a los consumidores y trabajadores y proteja el medio ambiente."

Hoy en día, las ETNs tienen una influencia determinante en la mayoría de las decisiones políticas y económicas. También se han convertido en actores principales en las violaciones de derechos humanos, en particular de los derechos económicos, sociales y culturales.

"Amigos de la Tierra lanza un informe que muestra las pérdidas para el sector agroalimentario español de aprobarse el Tratado de Comercio e Inversión entre EE.UU. y la UE. Es urgente avanzar hacia unas políticas económicas que garanticen el derecho a una alimentación sana y justa, que beneficie a los consumidores y trabajadores y proteja el medio ambiente".