Pueblos indígenas

Luego de cinco años de la audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar los riesgos que enfrentan los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane, el 30 se septiembre último, la Comisión elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).  Este tribunal internacional deberá atender una demanda que se centra en la violación sostenida de los derechos humanos de los pueblos que viven en el Yasuní, en la Amazonía del Ecuador, durante los últimos 17 años. Según la Comisión, los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento (PIA) no han sido garantizados por el Estado ecuatoriano a pesar de ser su responsabilidad internacional.

"Aunque a nadie le guste, esta acción indígena es una piedra en el agua con ondas expansivas. “Si nos tocan a uno nos tocan a todos” ha sostenido por años el Congreso Nacional Indígena (CNI) al que pertenecen los otomíes de la CDMX, y participan en el Consejo Indígena de Gobierno con el respaldo de sus hermanas del terruño originario, que también tienen sus luchas locales y muy importantes. Se resisten a proyectos turísticos ajenos a la población indígena, despojo de sitios ceremoniales y mercantilización cínica de sus productos culturales, representada en las célebres muñecas Lele. Miembros del CNI de otras partes de la ciudad y el país se les unieron. El escenario callejero de la toma puso a la vista el manojo de luchas y resistencias contra la agresiva “modernización” lopezobradorista: Samir Flores y los zapatistas de Chiapas, los mayas de la península de Yucatán que rechazan más metástasis del turismo, los pueblos de Oaxaca y Morelos que tampoco se dejan".

Se estima que 72.000 indígenas de 51 comunidades viven en la región amazónica de Perú. Un estudio resaltó la importancia de implementar estrategias de atención sanitaria que revaloricen e incorporen los conocimientos ancestrales de esos pueblos.

Es el caso del Pueblo Indígena Karipuna, cuyo territorio se encuentra en los municipios de Porto Velho y Nova Mamoré, en el norte de la provincia de Rondônia/Brasil. Reconocido oficialmente por la ley brasileña en 1998, este territorio cubre un área de 153 mil hectáreas y su conservación es la única garantía para la supervivencia física y cultural de este pueblo.

El doce de marzo de este año, la población ecuatoriana despertó con el anuncio de que se había declarado una emergencia sanitaria para enfrentar la pandemia de Covid-19. Hasta ese momento se reportaban 17 casos positivos en el país. Unos días antes, en cadena nacional, el presidente Moreno anunció sin mayores detalles medidas económicas de ajuste que grosso modo retomaban el tema de los combustibles que había detonado la rebelión popular de octubre. Así comenzó una secuencia de medidas y sucesos de un impacto desmoralizador sin precedentes en la sociedad, tan devastadores como sus efectos económicos. 

Los grupos indígenas de Nicaragua se han enfrentado por años al acaparamiento de tierras promovido por empresas mineras, la industria ganadera y los migrantes de otras partes del país, según un nuevo informe de Oakland Institute, con sede en California. El reporte acusa al partido sandinista del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de ser incapaz de aplicar las leyes que tienen para proteger a las minorías indígenas del país, y de no prestarle importancia al aumento de ataques violentos contra ellos.

Comunidades indígenas de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, denunciaron la presencia en esta región de grupos armados irregulares procedentes desde Colombia y que se encuentran realizando minería de forma ilegal.

Colombia sigue afrontando las consecuencias de la pandemia en medio de una crisis política sin precedentes. El gobierno nacional avanza en sus políticas que vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía, vulnerando el bienestar y la vida misma de las comunidades rurales y populares del país. En lo corrido del año se ha profundizado la violencia por el control de territorios estratégicos, registrándose más de 61 masacres en Colombia, que en su mayoría siguen en la impunidad.