Pronunciamiento de la UCCSNAL sobre la ampliación de la frontera transgénica en Bolivia

La norma aprobada expresa que la fundamentación de la medida está en el contexto de la emergencia sanitaria de la Covid-19, ante la necesidad de obtener alimentos en menos tiempo y con rendimientos superiores, lo que es muy cuestionado, pues múltiples estudios llevados a lo largo de los 24 años de aplicación de esta tecnología han demostrado que los transgénicos no producen mejores rendimientos, mucho menos en Bolivia donde la soya transgénica tiene uno de los países con rendimiento más bajos en la región.

Ya en Bolivia se cultivan más de un millón de hectáreas de soya transgénica con resistencia a glifosato, cultivo que ocupa el 45% de la tierra cultivable del país. Cuando leemos esto en articulación con el Plan del Uso del Suelo (PLUS) en el Departamento del Beni, Bolivia, la preocupación sobre la posibilidad material y sustentable de vida de los pueblos indígenas en la región crece. Nos encontramos frente a un proyecto que avanza con agresividad.

La aprobación de nuevos eventos transgénicos ampliaría la frontera transgénica en Bolivia, ocupando tierras que antes eran dedicadas a la producción de alimentos para asegurar la soberanía alimentaria del pueblo, o ecosistemas naturales, poniendo en riesgo a la biodiversidad y a la gente para privilegiar a la élite terrateniente que acumula la tierra sin restricciones. Esto, además, no puede ser desconectado de los incendios forestales en la Amazonia que tuvieron lugar hace un año pues estos se dieron en el margen de los decretos que legalizaron los desmontes ilícitos, quemas controladas, y el incremento de asentamientos. De esta manera, la Chiquitanía quedó habilitada como tierra para la expansión transgénica.

Cerca del 90% del área de cultivos transgénicos a nivel mundial presenta resistencia a herbicidas, fundamentalmente a glifosato. En el caso de la soya, se estaría facilitando el ingreso de nuevos eventos tolerantes a herbicidas aún más peligrosos, una vez que las llamadas “malezas” habrían desarrollado resistencia al glifosato, creando nuevos factores de riesgo para la naturaleza y la población. Por ejemplo, en el vecino país de Argentina existen 61 eventos transgénicos aprobados para su siembra, consumo y comercialización; fundamentalmente de soya maíz y algodón, de los cuales más del 85% son para la resistencia a herbicidas (mayormente glifosato, seguido por glufosinato de amonio, ambos apilados, 2,4-D y otros).

En el caso del maíz, Bolivia es un potente centro de diversidad de este cultivo desde hace miles de años, y tiene una importancia cultural muy grande. Dado que el maíz es una especie de polinización abierta, hay un grave peligro de que se produzca contaminación genética. A nivel global, el 81% del maíz transgénico ha sido manipulado para ser resistente tanto a herbicidas como a insectos, y el 9,5% es resistente sólo a herbicidas. Estamos hablando de más de 53 millones de hectáreas de maíz sembrado para ser usados con herbicidas.

El decreto también incluye al trigo transgénico. Aunque existen desde hace algunos años trigos transgénicos desarrollados en laboratorio, no se han comercializado semillas de trigo transgénico, porque hay un profundo rechazo de los consumidores. Queremos llamar especialmente la atención sobre los riesgos del Trigo transgénicos HB4 PAT. Este ha sido diseñado para que sea resistente a glufosinato, y pretendidamente tolerante a las sequías, y desarrollado en Argentina, pero aún no liberado al ambiente. La liberación de este trigo en Bolivia significaría ampliar la frontera agrícola hacia las llamadas “zonas marginales”, que con frecuencia son las únicas tierras a las que tiene acceso mujeres jefas de familia y grupos más vulnerables de la sociedad.

En Brasil se aprobó una caña resistente a la broca de la caña, pero aún no está en el campo. Este es otro de los cultivos mencionados en el decreto. Su siembra en Bolivia implica incrementar el área destinada a la producción de combustibles, lo que va en detrimento de la soberanía alimentaria local y nacional.

Una aprobación de trigo y caña en Bolivia implicará de hecho que el país sea usado como base experimental de nuevos cultivos transgénicos desarrollados en América del Sur, cuyos riesgos e impactos no han sido evaluados.

Las consecuencias de utilización de cultivos transgénicos en todos los países que los han aprobado, incluyen aumento exponencial de uso de plaguicidas, mayores costos de semillas y de producción, y conflictos sociales entre vecinos; por otro lado, no han aumentado la productividad ni controlado las plagas y enfermedades a largo ni mediano plazo. El desarrollo de los cultivos transgénicos en los países de la región ha traído además como consecuencia una homogeneización en cuanto al manejo de los agroecosistemas con graves impactos relacionados a la pérdida de biodiversidad, erosión de suelos, deforestación y contaminación de cursos de agua.

Todo esto atenta contra las ventajas comparativas que tiene Bolivia en cuanto a sus posibilidades de desarrollo que se encuentran en su diversidad biológica y cultural. El camino hacia la commoditización al que conducen los cultivos transgénicos ahonda el rol del país como exportador de recursos primarios, en desmedro de su propia suficiencia y soberanía alimentaria.

La rica diversidad genética del país, tanto como los saberes tradicionales que la alimentan, y las bases de sustento de las comunidades indígenas, campesinas, y de pequeños productores se ven amenazadas con el Decreto 4232 y avance del complejo de expansión agroindustrial que lo acompañan.

Debemos recordar que los cultivos transgénicos, no han beneficiado a ningún pueblo y no beneficiarán al boliviano. Al contrario, será el reducido puñado de empresas que comercializan las semillas y herbicidas quienes lucrarán con el control del los insumos agrícolas y el comercio internacional de commodities agrícolas de granos y agrocombustibles que se extiende cada vez más sobre nuestra región.

Fuente: Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)