Primer diagnóstico por regiones del Encuentro en Defensa de los Territorios: las dos balas, otra vez
En medio de la pandemia por coronavirus SARs COV2 nos reunimos virtualmente representantes de comunidades pertenecientes a los pueblos originarios —rarámuri, nahua, me’phaa, zapoteca, chinanteco, mixe, mixteco, maya, ikootj, tseltal, tsotsil, zoque, yaqui, ñahñú— junto con organizaciones y colectivos de 16 estados del país, para poner en común lo que ocurre en nuestras comunidades y regiones.
Constatamos que muchas comunidades optaron por cerrar sus accesos y autoconfinarse para impedir la entrada del virus pues saben que sólo cuentan con sus propios medios; que en la mayoría de las comunidades los servicios de salud son escasos o inexistentes; no hay clínicas, médicos, ni medicamentos.
El autoconfinamiento había mantenido a dichas comunidades libres de enfermedad, pero ahora, la pandemia se está ruralizando y hay distintas regiones con un gran número de casos de contagio e incluso fallecidos que son invisibles pues no aparecen en las estadísticas oficiales. Esta ruralización tiene que ver con el trabajo de jornaleros y jornaleras en los invernaderos, las granjas industriales, la minería y los proyectos extractivos, las zonas de empaque y distribución de mercancía, y en general los medios de trabajo donde el hacinamiento y el trasiego de trabajadoras y trabajadores, aquí o en Estados Unidos, les expone al contagio.
En el recuento de las regiones, podemos recalcar la apuesta del gobierno por impulsar la contrainsurgencia, a partir de la represión abierta o encubierta hacia las comunidades, y por otro lado a partir de los programas de “asistencia”, que como pagos directos, e individuales promueven la fragmentación de las comunidades. Como en el Chiapas de los setenta, podemos llamar a la contrainsurgencia como le llamaban entonces “las dos balas, la bala de plomo con la que se mata y la bala de azúcar con la que se divide y convence a la gente.
Aquí anotamos algunos sucesos preocupantes:
1. Así, la pandemia y el confinamiento es aprovechado por el gobierno para avanzar sus proyectos estrella que las comunidades rechazan.
En plena pandemia el presidente López Obrador dio el banderazo de salida a las obras del llamado Tren Maya y del Corredor Multimodal Transístmico.
2. La pandemia ha impedido a las comunidades amenazadas por los megaproyectos reunirse para tomar acuerdos o definir estrategias para organizarse, manifestarse o movilizarse, en tanto que los sistemas de justicia no admiten ningún recurso pues sostienen que no son urgentes, tampoco hay atención a los requerimientos de información oficial.
3. Las consultas públicas que impulsó la Secretaría del Ambiente (Semarnat) para intentar dar alguna legitimidad a la farsa de las consultas indígenas del año pasado, se han cancelado.
Las Manifestaciones de Impacto Ambiental continúan con las prácticas tramposas de los anteriores gobiernos y no se refieren al impacto que tendrá la totalidad de los proyectos de reordenamiento del territorio, y la población. Las posibilidades de la resistencia de las comunidades están detenidas, en tanto las estrategias del gobierno avanzan.
4. Las acciones judiciales emprendidas por las comunidades para impedir el avance de los megaproyectos, se han topado con la negativa de los sistemas de justicia que las han impedido. En los pocos casos en que los pueblos en resistencia han logrado amparos, sus integrantes son criminalizados por el gobierno, que intenta desacreditarlos para deslegitimar su lucha.
5. La minería que los pueblos indígenas rechazan abiertamente fue declarada actividad esencial durante la pandemia. El gobierno del presidente López Obrador no tiene intenciones de reformar la ley minera neoliberal que coloca esta actividad por encima de los derechos de los pueblos indígenas. La promesa del gobierno de no otorgar más concesiones mineras no se ha cumplido. El agua de la que dependen los pueblos indígenas y toda la población para su vida ha sido contaminada por los derrames tóxicos de las empresas mineras. Tampoco se ha cumplido la promesa de detener el fracking.
El crimen organizado es el brazo armado de las empresas mineras para desmovilizar y reprimir las resistencias
6. A las amenazas al territorio indígena del gobierno y las empresas se suma la del crimen organizado, que no sólo controla territorios para garantizar el trasiego de la droga, a través de imponer autoridades locales y regionales, sino que negocia con el control territorial. Por ejemplo la Coca Cola en la tierra caliente de Guerrero es distribuida por la organización criminal.
La delincuencia organizada ha usurpado figuras nobles como las de la Policía Comunitaria –que es elegida y rinde cuentas a la Asamblea Comunitaria. Las comunidades se enfrentan directamente al crimen organizado.
7. A pesar de las esperanzas que muchos pueblos indígenas colocaron en el cambio de gobierno, la relación del nuevo gobierno con ellos ha estado marcada por la hostilidad. Las políticas extractivas y el acoso hacia los territorios indígenas se han profundizado. El presidente López Obrador ha agredido a los pueblos indígenas, tachándolos de conservadores y sus derechos no han sido respetados.
El caso de la resistencia de la comunidad de Huexca a la termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos y el asesinato de Samir Flores Soberanes marcaron un parteaguas en la relación de los pueblos indígenas con el gobierno actual.
8. Las balas de plomo amenazan a los defensores y defensoras de los territorios de los pueblos indígenas. Las amenazas y represión a los y las dirigentes sociales ha sido una constante y ha habido muchos muertos para quienes no ha habido justicia. La masacre ocurrida en semanas pasadas en San Mateo del Mar está relacionada con los megaproyectos que pretenden instalarse ahí, para lo cual intentan desconocer a las autoridades comunitarias.
9. Pero la organización de la resistencia indígena se topa también con las balas de azúcar, la política de contrainsurgencia operada a través de los programas sociales. Según datos oficiales nueve de cada diez familias indígenas reciben algún apoyo del gobierno.
10. Los programas como Sembrando Vida se están utilizando como moneda de cambio para la aprobación de los megaproyectos que impulsa el gobierno. Estos proyectos se promueven en las comunidades indígenas como una fuente de empleo para los jóvenes, lo que provoca la ruptura del tejido social, el conflicto y la división interna en las comunidades entre quienes se oponen y quienes aprueban el proyecto a cambio de apoyos o empleos gubernamentales. Ha habido experiencias de que los jóvenes exigen a la asamblea ejidal o comunitaria que apruebe proyectos extractivos o megaproyectos pues si no les retirarán las becas. Así aunque es cada vez más necesaria y urgente la unidad de los pueblos indígenas para la defensa del territorio, ésta se vuelve cada vez más difícil de lograr por los programas sociales.
11. La lucha que como pueblos indígenas por defender nuestros territorios y el planeta hemos realizado sí implica lo que hasta ahora hemos hecho: sembrar nuestras semillas e impulsar la soberanía alimentaria, mantener nuestras plantas medicinales y evitar la privatización de nuestros conocimientos, proteger el territorio físico e impedir la instalación de proyectos extractivos, utilizando la defensa jurídica y la organización colectiva, el fortalecimiento del sistema de cargos, de nuestras instituciones y de las asambleas en las comunidades, en síntesis implica la construcción de nuestra autonomía. Pero en estos momentos de recrudecimiento de los intentos de invasión y depredación de nuestros territorios necesitamos generar una fuerza política importante, una gran alianza de pueblos indígenas y campesinos con otros sectores de las ciudades, una alianza por la vida frente al capitalismo salvaje.
12. Éste es nuestro diagnóstico, nuestra puesta en común de las amenazas a nuestros territorios y a nuestra vida como pueblos indígenas. Nuestra lucha no es una lucha caprichosa, es una lucha por nuestra forma de existir como pueblos. . En reuniones venideras este diagnóstico se sumará a las miradas más detalladas y puntuales que por tema iremos abordando según nuestro calendario de encuentros.
Y a partir de ahí, haremos un pronunciamiento de exigencias, y emprenderemos las acciones que resulten.
Estuvieron presentes integrantes de las comunidades, organizaciones y colectivos:
Asociación Ecológica Santo Tomás, Tabasco
Centro de DH Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas
San Sebastián Bachajón, Chiapas
Cooperativa Lagos de Colores, Montebello, Chiapas
Santa María Ostula, Michoacán
Servicios del Pueblo Mixe, Oaxaca
Santa Catarina Lachatao, Oaxaca
Villa Hidalgo, Yalalag, Oaxaca
Muuch Kambal, Los Chenes Campeche
Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muuch Xiímbal, Yucatán
Santiago Yosondua, Oaxaca
El Istmo es Nuestro
CONTEC, Chihuahua
Santiago Tlatepusco, Oaxaca
Cedesa, Guanajuato
Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo UCIZONI, Oaxaca
Nación Yaqui, Loma de Bacum, Sonora
Colectivo por la Autonomía COA, Jalisco
Colectivo Xa'aybej, Quintana Roo
Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Gro.
Júba Wajíín, Guerrero
Comité Regional de Autoridades Agrarias en Defensa de los Territorios CRAADET
San Mateo del Mar, Oaxaca
San Pedro Atlapulco, Estado de Mexico
Alpuyeca Morelos
Amilcingo Morelos
Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte Veracruz
Jóvenes ante la Emergencia Nacional
Nueva Constituyente Ciudadana y Democrática
Congreso Nacional Indígena
Centro Nacional de Misiones Indígenas Cenami
Defensa del Cerro de San Pedro SLP
Bacasípare, Chihuahua
Huitosachi, Chihuahua
Colectivo de Semillas Much' Kanan I'naj
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII
Santa María Yavesía, Oaxaca
Consejo Regional indígena y Popular de Xpujil
Chicomuselo, Chiapas
Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio ZODEVITE
Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (Codedi)
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas
Maderas del Pueblo del Sureste
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano Ceccam
DESMI, Chiapas
Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO)
GRAIN
Grupo ETC
La Vía Campesina
Red En defensa del Maíz
Fuente: DESMI Chiapas