Mujeres, vida y resistencia

Reflexiones iniciales

Cada vez que la historia muestra la tensión entre el modelo de desarrollo extractivista y la resistencia liderada por mujeres, evidenciamos su valentía, inteligencia y valor como hijas de la Madre Tierra, haciéndose escuchar en contra de la enorme maquinaria del Estado y las empresas.

En las movilizaciones locales, en las marchas nacionales, en las tomas de oficinas del Estado o de las empresas, la constante es la presencia deliberante y mayoritaria de mujeres, como si la gran lucha de liberación dada por ellas estuviera enfocada en sus territorios. Y no es que no existan otras violencias propias del capitalismo y el patriarcado, pero enfrentar la violencia contra la naturaleza y los territorios adquiere un profundo significado liberador.

El presente artículo recorre la historia de mujeres protagonistas en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, contra el poder represivo del Estado ecuatoriano y el poder de las empresas, en contextos de proyectos de desarrollo petrolero y minero. Recuperamos momentos históricos en los que organizaciones lideradas por mujeres se pusieron al frente de las resistencias, colocando en el debate público y académico las consecuencias del extractivismo.

También se recogen varios casos actuales de luchas territoriales en donde las mujeres lideran la resistencia, pero también son víctimas de la represión y de la criminalización, lo que ha convertido a varias mujeres defensoras de la naturaleza en víctimas de persecución judicial que al momento se encuentran demandando amnistías.

En este recorrido visibilizamos las diversas estrategias de violencia utilizadas por el Estado, como la intromisión de las fuerzas armadas en los territorios a través de centenares de efectivos fuertemente armados en comunidades pequeñas, el despojo de tierras y otros medios de reproducción de la vida, el rompimiento de los lazos familiares y comunitarios, y el uso de la fuerza y violencia sobre sus cuerpos y su patrimonio.

Mostramos además cómo son las mujeres, en sus territorios, quienes toman la bandera de resistencia y logran que la comunidad entera se empodere y tenga la fuerza suficiente para resistir los embates del extractivismo. El liderazgo de estas mujeres las convierte en objetivo de varios tipos de violencias, que constituyen el dispositivo con que el Estado ecuatoriano busca disciplinar al movimiento de resistencia en las comunidades.

Fluye petróleo sangra la tierra

En la década de los años ‘70 en el Ecuador ya se explotaba petróleo en las provincias nororientales de Sucumbíos y Orellana. La ampliación de la frontera petrolera al centro de la Amazonía ecuatoriana, incluyendo el parque nacional Yasuní, la zona mas biodiversa del planeta, fue ejecutada por el gobierno de Sixto Durán Ballén, quien violando la Constitución y la ley impuso la instalación de proyectos petroleros que provocaron graves daños en el corazón del parque y hogar de los pueblos en aislamiento voluntario.

Ante esta infamia, emerge en los años ‘90 un novedoso movimiento social de defensa de la Amazonía llamado “Amazonía por la Vida”, que se articuló a partir del principio de la no violencia activa y expresó en innumerables ocasiones su resistencia a la ampliación de la frontera petrolera realizando tomas de oficinas e instalaciones petroleras. Las acciones directas, sostenidas mayoritariamente por mujeres, con protestas creativas y festivas, caracterizaron al movimiento ecologista del país.

En este contexto, y con la experiencia adquirida después de enfrentar una década a la expansión petrolera en la Amazonía ecuatoriana, en 1996 por iniciativa de Acción Ecológica nace en el Ecuador, justamente en Lago Agrio, la red internacional de resistencia a las actividades petroleras en los trópicos, Oilwatch. Esto significó tejer redes de resistencia y de intercambio de estrategias entre organizaciones de América Latina, África y Asia. También se crean otras dos redes internacionales: la Red por una América Latina Libre de Transgénicos, creada en 1999 y en 2005, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, centrada en la resistencia a las actividades mineras.

Las trincheras de la resistencia y el OCP

A principios del nuevo siglo, en el año 2001, una de las grandes infraestructuras petroleras intentaba instalarse en el país. El gobierno de Gustavo Noboa propuso construir un “Oleoducto de Crudos Pesados” (OCP), para facilitar la expansión de la frontera petrolera hacia nuevos territorios con crudo pesado, de mala calidad, de más difícil extracción y mayor riesgo ambiental. El trayecto de este oleoducto desde la Amazonía hasta la Costa atraviesa zonas sísmicas, volcánicas y suelos inestables. Los 503 Km de tubos de 25 pulgadas, pasan junto a dos volcanes activos: El Reventador y el Guagua Pichincha, y amenaza importantes áreas urbanas de Lago Agrio, Quito y Esmeraldas. En ese momento, varias voces advirtieron al gobierno y a la empresa OCP sobre la inconveniencia de construir el oleoducto con este trayecto. Una de esas voces fue la de Acción Ecológica, con un papel protagónico en el acompañamiento a varias resistencias territoriales.

Veinte años más tarde la erosión regresiva del río Coca rompió el OCP y el SOTE contaminando el río y las principales fuentes de abastecimiento de agua y alimentación de 105 comunidades ribereñas de los ríos Coca y Napo, que suman unas 27 mil personas de las provincias de Sucumbíos y Orellana.

Durante el período de construcción del OCP se gestaron resistencias en varios puntos de la construcción de esta infraestructura, que estuvieron lideradas por mujeres que recibieron agravios del entonces mandatario Gustavo Noboa: “Nadie va a joder al país, les voy a dar guerra trinchera por trinchera” [2]. Julia Butterfly, famosa activista estadounidense que vino para respaldar esta lucha, Ivonne Ramos y otras activistas nacionales e internacionales, incluidos menores de edad, fueron encarceladas varias veces, mientras persistía la resistencia en las comunidades. Si bien el oleoducto se construyó, la resistencia dejó huellas en la conciencia nacional sobre los graves peligros ambientales y la violación de derechos humanos que significa la extracción petrolera.

Las afectaciones de las operaciones petroleras en la Amazonía norte han sido una constante que a más de afectar profundamente la salud de las personas, ha quebrantado la vida comunitaria. Ivonne Macías, una defensora de los derechos humanos y de la naturaleza realizó en el año 2005 un informe sobre la vulneración a los derechos de las mujeres en la frontera norte amazónica. Este informe develó las grandes falencias del Estado ecuatoriano para garantizar la vida y seguridad de las mujeres que viven en la ciudad de Lago Agrio y en la provincia de Sucumbíos. A partir de este informe, la persecución y el hostigamiento que ha sufrido esta defensora no cesan, y continúa bajo amenaza constante.

Un año más tarde, el 4 de julio de 2006, el Ministro de Defensa de entonces inició un juicio penal por injurias calumniosas contra quien era a la fecha presidenta de Acción Ecológica, Alexandra Almeida. La acusación se basó en una carta enviada a dicho Ministerio el 20 de junio de ese año en la que se comunicaba al ministro y otros organismos de Derechos Humanos sobre la desaparición de Wilman Jiménez, de la Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre, detenido por su papel de observador social frente a la represión realizada por policías y militares durante el paro de la comunidad de Payamino de la provincia de Orellana. Esta medida de hecho se dio en protesta por la contaminación de la empresa petrolera Perenco, operadora del bloque 7. Después de la carta y la gestión de varios organismos de derechos humanos, se informó que Wilman Jiménez fue detenido en un cuartel militar y acusado de terrorismo y sabotaje.

Control policíaco y militar en las comunidades en resistencia. El caso Dayuma

Los continuos cambios de gobierno en el país durante la primera década del 2000, daban una sensación de inestabilidad generalizada y agudizada por las crisis económicas. A partir de 2007, lo que parecía ser una posibilidad de estabilidad con un gobierno progresista se fue convirtiendo en una pesadilla. Desde el inicio del gobierno de Rafael Correa hemos atestiguado la profundización del modelo extractivista con el fin de satisfacer las demandas del capital privado nacional y transnacional, mientras sistemáticamente se hostigaba, perseguía y criminalizaba a defensores y defensoras de la naturaleza.

El primer gran conflicto que tuvo el gobierno de la Revolución Ciudadana fue el de Dayuma, debido a los conflictos generados por la empresa petrolera Petroriental. La población vivía subordinada a la empresa petrolera, que además era responsable de provocar una permanente contaminación. Si bien los conflictos sociales en este territorio eran previos al ingreso de Correa, él impuso a través de la fuerza, un sistema policíaco y de control militar en las comunidades en resistencia. Un modelo que se mantiene al día de hoy.

El 3 julio del 2007 se llevó a cabo la primera incursión militar del gobierno de Correa: 400 efectivos militares entraron violentamente en la población de Santa Rosa, ubicada en el sector Pindo de la Parroquia Dayuma, hiriendo a dos personas de la comunidad [3]. A finales de noviembre del mismo año, amparándose en un Decreto de Emergencia, miembros del ejército ingresaron violentamente a los domicilios de los habitantes de Dayuma. Llegaron disparando y generando terror en la población. Varios hombres de la comunidad fueron privados de la libertad, dejando a las mujeres a cargo de todas las actividades productivas y reproductivas, y con la carga de velar porque se haga justicia a sus compañeros, hijos y otros parientes apresados. Muchas de ellas estaban muy enfermas debido al constante contacto con la contaminación petrolera. Pese a esta pesada carga, ellas también sufrieron descalificaciones por parte de la autoridad.

Hostigamientos y cierre de organizaciones. El fracaso de la Iniciativa Yasuní-ITT

Una de las resistencias anti-petroleras más larga ha sido la oposición a la expansión del extractivismo petrolero en el Parque Nacional Yasuní y el territorio de Pueblos en Aislamiento Voluntario, zona que fue declarada intangible en 1999 [4]. Al inicio del gobierno de la Revolución Ciudadana, se anuncia la llamada Iniciativa Yasuní-ITT, a través de la cual el gobierno se comprometía a no extraer crudo de esta área, a cambio de una compensación económica internacional [5]. En agosto de 2013, el gobierno anuncia el fracaso de esta iniciativa, y que se permitirá la explotación de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini en el parque nacional Yasuní y en la zona intangible Tagaeri-Taromenane.

Este anuncio tuvo una gran repercusión política a nivel nacional y desencadenó una movilización social que dio paso a la creación del colectivo Yasunidos, una agrupación de jóvenes de diversos espacios, sobre todo urbanos, que propondrán la realización de una consulta popular para que sea el pueblo el que decida sobre el futuro del petróleo en el parque nacional Yasuní. Varios de los rostros visibles de la agrupación fueron mujeres defensoras que recibieron múltiples agresiones de parte del gobierno a través de cadenas nacionales. Una de las mujeres más agredidas en este periodo fue Esperanza Martínez, fundadora de Acción Ecológica. El acoso público contra ella fue en escalada, incluyendo la presencia permanente frente a su casa de un contingente policial de espionaje, así como en los alrededores de su organización.

El 4 de diciembre del 2013 le quitarían su personería jurídica a la organización ambientalista Fundación Pachamama, liderada por Belén Páez.

Atentados contra la vida de mujeres y jóvenes de la nacionalidad Sapara

En marzo de 2013 se produjo el asesinato de una defensora del territorio Sapara, Ana Cleta Dahua Cuji, quien fue encontrada sin vida cerca de su chakra con graves signos de violencia. Su pareja, Andrés Ushigua, asegura haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia, por parte de la persona que firmó un convenio de inversión social con el Ministerio de Hidrocarburos, con quien se encontró poco antes en la ciudad de Puyo [6]. En 2017 es electa Nema Grefa como presidenta de la Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE) en la provincia de Pastaza, quien ha recibido amenazas de parte de personas vinculadas con la empresa petrolera Andes Petroleum. Ese año, en redes sociales fue difundido un video donde se veía a varias personas con lanzas amenazándola de muerte si no dejaba la presidencia de su nacionalidad. Posteriormente estas personas se presentaron en la casa del padre de Nema para decirle que si ella no dejaba la presidencia la iban a violar y matar. Nema presentó una denuncia sobre estos hechos ante la Fiscalía, y pese a que existen pruebas fehacientes contra los agresores, el proceso continúa en etapa de investigación previa. Más de 100 acciones de hostigamiento han vivido las comunidades Sapara en su territorio, direccionadas especialmente a las mujeres en sus chacras, que es su espacio de reproducción de vida y de seguridad.

Después del asesinato de Ana Cleta Dagua, las amenazas y hostigamientos continúan; además, sólo en el último año se han registrado el suicidio de 3 jóvenes Sapara, lo que evidencia que los efectos de las acciones o inacciones institucionales repercuten sobre los cuerpos de las mujeres y de los más jóvenes miembros de las comunidades.

Resistencias antimineras

En la década de 1990 se pretendió imponer varios proyectos de extractivismo minero en territorios andinos y amazónicos, pero se encontraron con la resistencia de las comunidades. Ecuador era todavía un país libre de minería metálica a escala industrial, una de las actividades más contaminantes del mundo; pero esta condición cambiará una década y media más tarde.

A partir del 2009, fecha en que se aprobó la Ley Minera con el fin de construir una nueva estructura normativa, administrativa y legal para esta actividad, se desata un proceso de despojo de tierras campesinas y territorios indígenas [7].

El extractivismo minero ha sido impuesto con violencia en el Ecuador, a través de la incursión de las fuerzas armadas y la policía en los territorios, lo que ha provocado que tres líderes indígenas sean asesinados. Esta fue la forma en que el Estado impuso los proyectos mineros en el territorio Shuar, frente a un escenario de resistencia muy fuerte en las comunidades, sostenida sobre todo por mujeres que experimentaron la violencia en sus cuerpos.

Durante los debates en 2009 para aprobar la Ley de Minería en la Asamblea Nacional, integrantes de Acción Ecológica, organización conformada mayoritariamente por mujeres, realizaron una huelga de hambre frente a la Asamblea, generando presión a los asambleístas que decidían sobre los derechos de la naturaleza -recién reconocidos por la nueva Constitución-, y sobre el futuro de los territorios indígenas y campesinos en cuyo subsuelo existen yacimientos mineros. Esta acción directa no violenta se hizo en coordinación con la movilización de miles de campesinos e indígenas del sur del país, donde existen centenares de concesiones mineras, que rechazaban la aprobación de dicha ley. Esta fue la argumentación con la que el gobierno nacional, en marzo del mismo año, decida su primer intento de clausurar a esta organización, aduciendo que Acción Ecológica no cumplía los objetivos para los que fue creada.

Violencia contra las voces antimineras. El caso de la Cordillera del Cóndor

Pocos años después, en 2012, el gobierno de Correa firma el primer contrato de explotación minera a gran escala con la empresa china Ecuacorrientes Resources (Ecsa) [8]. En este escenario varias mujeres de Acción Ecológica y de otros colectivos ocuparon de manera pacífica la Embajada de China en Quito, en protesta por el acuerdo que hacía posible la destrucción de la cordillera del Cóndor, territorio sagrado del pueblo shuar, para explotar cobre y otros minerales. Las mujeres que participaron en esta acción permanecieron detenidas por varias horas.

La defensa de su territorio frente a la minería continuó entre las comunidades Shuar, alcanzando un punto crítico en 2016, cuando el Estado ecuatoriano incursionó en el territorio Shuar con un contingente de las fuerzas armadas que provocó una serie de agresiones a las comunidades. La CONAIE emitió un boletín de prensa [9] en el que se denunciaba la vulneración de derechos humanos y colectivos.

A fines de ese año, el gobierno intentó nuevamente cerrar Acción Ecológica [10] argumentando que la organización no estaba cumpliendo los objetivos para los que fue constituida, y que estaba socializando “los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultan de la actividad extractivista”. Una vez más, el intento del gobierno no prosperó.

En este contexto se perpetró un ataque sexual contra una de las integrantes de este espacio, pero la fiscalía no inició investigación alguna, dejando este hecho en la impunidad. A lo largo de los años, el colectivo ha sufrido varios tipos de agresiones: repetidos robos en sus oficinas de computadoras, documentos y publicaciones, durante la noche, y aun cuando han sido denunciadas en la fiscalía, hasta el momento ninguna ha sido atendida.

Íntag: la resistencia se mantiene a pesar de la ocupación policial

En el valle de Íntag, en la provincia de Imbabura, la resistencia de las comunidades se ha mantenido por más de 20 años, expulsando sistemáticamente y de manera no violenta a todas las empresas que han querido incursionar en sus territorios. En el transcurso de estas décadas, las mujeres de la comunidad de Junín han tenido que sufrir grandes impactos emocionales. Como defensa en primera línea, como esposas de defensores asesinados, como madres de líderes encarcelados y perseguidos.

En el año 2014, el gobierno ocupó la pequeña comunidad de Junín con más de 350 policías fuertemente armados que llegaron para intimidar, amenazar y aprehender al líder Javier Ramírez, presidente de la comunidad en ese entonces, con el objetivo de debilitar la resistencia y lograr el ingreso de la empresa minera.

Esta gigantesca presencia policial por más de 6 meses en un pequeño poblado, instalándose en las casas de los comuneros, tuvo graves consecuencias a nivel comunitario: los niños veían constantemente situaciones de irrupción colonizadora en sus propias viviendas, las familias empezaron a dividirse frente a la lógica de ocupación, mientras los policías asediaban a las mujeres jóvenes de la comunidad. La ruptura del tejido social en la comunidad fue uno de los hechos que llevó a la empresa a lograr su cometido de iniciar los procesos de exploración.

A pesar de ello, Junín y las otras comunidades del valle de Íntag se mantienen en resistencia y han logrado grandes avances a partir de reencontrarse entre mujeres que se reafirman en su relación con la generosa fertilidad de su tierra, el conocimiento ancestral y sus propias capacidades creativas. De aquí surge la conformación de asociaciones de pequeña producción, donde se elaboran una diversidad de productos naturales que ahora son una importante fuente de ingresos alternativos a la minería; demostrando las capacidades de resiliencia que tienen las comunidades.

El proyecto Llurimagua se encuentra paralizado desde el año 2018 debido a diferentes incumplimientos señalados en un informe de la Controlaría General del Estado. Mientras, los intereses mineros no han parado de presionar para que se reactive el proyecto en Íntag, por lo que la demanda de arbitraje contra el Estado ecuatoriano interpuesta por Codelco en el CIADI, es una movida de chantaje para abandonar el proyecto asegurándose jugosas ganancias [11]; por su parte para el gobierno la salida de Codelco supone la posibilidad de pactar con otras empresas transnacionales como socios de la Empresa Nacional Minera (ENAMI) y sacar adelante el proyecto minero. Así, ganan Codelco, las otras empresas interesadas en Llurimagua, y la lógica de corrupción y de obstinación extractivista en la gestión pública. Pierden los territorios y la naturaleza, que serán devastadas por el extractivismo minero; y las comunidades desplazadas y sometidas a vivir con las consecuencias del desastre. Además, pierde la economía del país, por causa de los constantes procesos de demandas arbitrales multimillonarias que provocan el despojo de los fondos públicos. Pierden las actuales y futuras generaciones, despojadas de sus fuentes de sustento por los impactos a perpetuidad que deja la minería.

Violencia laboral minera. El caso de San Lorenzo

La violencia del extractivismo minero contra las mujeres se manifiesta de distintas formas. Una de ellas son los riesgos laborales, pues la minería es considerada una de las actividades de mayor peligrosidad para quienes trabajan en ella. La Organización Internacional de Trabajo señala que a pesar de los esfuerzos que se realizan a nivel global, en la mayoría de los países la minería continúa siendo la ocupación más peligrosa, tomando en cuenta el índice de muertes, lesiones y enfermedades entre los trabajadores de las minas. Aunque el trabajo en la minería representa sólo el 1% de la fuerza de trabajo, este sector presenta el 8% de accidentes mortales producidos en el lugar de trabajo [12].

El derrumbe de la mina aurífera de Los Ajos, acaecido el 19 de noviembre del 2020 en el cantón San Lorenzo, es uno de los ejemplos más impactantes de violencia ambiental y laboral contra las mujeres en contextos mineros. Las mujeres se involucran en estas actividades debido a las condiciones sociales en las que viven, en una zona que registra uno de los niveles más altos de pobreza estructural.

La mina donde se produjo este desastre, operaba con la tolerancia del Estado. Pese a conocer que la minería fluvial de oro se realiza sin ningún control ambiental y sin ningún procedimiento mínimamente técnico, las autoridades se abstuvieron de actuar como lo determina la ley.

En la minería fluvial se acumulan enormes montículos de tierra y lodo a los que se suma el cianuro, que es uno de los venenos más potentes que pueden emplearse en contacto con el entorno y acarrea daños irreparables tanto a la salud humana como a la naturaleza. En la mina Los Ajos, esta acumulación de desechos se desmoronaron, sepultando a ocho personas, entre ellas: cuatro mujeres y un niño.

Alianzas de la minería “legal” e “ilegal” y represión. El caso Buenos Aires

Corrían vientos pacíficos en la parroquia de Buenos Aires, ubicada en la provincia de Imbabura, donde las familias campesinas se dedican a la agricultura y la ganadería familiar, hasta que en 2017 el Estado adjudicó a la empresa australiana Hanrine, cinco concesiones mineras en esta zona.

Ese mismo año, miles de mineros ilegales invadieron de manera sorpresiva las montañas aledañas al centro poblado, en la zona que se conoce como “la concesión IMBA 2”, creando un asentamiento que recibió el nombre de “La Ciudad de Plástico”. La vía de acceso a la zona estaba en toda su longitud ocupada por vehículos que venían a operar en la mina y existían grupos armados irregulares que controlaban todas las operaciones de la mina, inclusive la circulación de las personas. La zona se llenó de negocios vinculados a la prostitución y la venta de alcohol. En el sitio donde se realizaba la minería constantemente se escuchaban tiroteos y asesinatos. Por temor a los extraños y a la violencia asociada con su presencia, los comuneros de Buenos Aires salían a sus labores agrícolas en la madrugada y se encerraban en sus casas antes de que se oculte el sol.

En julio de 2019 la exministra de gobierno María Paula Romo ordenó el ingreso de un gran contingente de policías y militares para desalojar esta minería ilegal, dejando en el sitio varios puestos militares. Todos estos acontecimientos condujeron a que la gente de esta zona quedara quebrantada e intimidada por el aumento de la violencia y el cambio de actores armados irregulares a regulares.

Poco después de que las Fuerzas Armadas tomaron el control del territorio, entra la empresa minera Hanrine [13], que ingresó sin consulta ni consentimiento de la comunidad, como manda el ordenamiento jurídico nacional. Construyó un campamento, que de manera misteriosa fue quemado poco después. Hanrine quiso volver a la zona a principios de la pandemia, pero la comunidad decidió realizar un paro de más de 100 días, bloqueando el ingreso a la empresa minera.

Como eran tiempos de pandemia, el hacinamiento de cientos de personas amenazaba la vida de la comunidad, y por esta razón ganó una acción de medida cautelar, que ordenaba el retiro de la empresa; sin embargo esto nunca se cumplió. Poco tiempo después, Hanrine interpuso una acción de protección contra el Ministerio de Gobierno que la ganó, lo que le permitió ingresar de nuevo al territorio el 3 de agosto, respaldada por más de 500 policías que fueron particularmente violentos contra las mujeres, algunas de la tercera edad; recibieron maltratados de manera cruel: fueron arrastradas, pateadas, vejadas. Esto a pesar de que mantuvieron siempre una actitud pacífica.

El ingreso policial facilitó la instalación de la empresa, y al momento se encuentra operando con la custodia de la fuerza pública las 24 horas del día, la cual ocupa algunos espacios comunitarios como el centro artesanal de la comunidad. Parte del personal de la empresa minera está conformado por las mismas personas que operaban como grupos armados en los tiempos de la “minería ilegal”.

En paralelo, los ilegales continúan minando en el sitio IMBA 2 y extraen el mineral a vista y paciencia de los militares.

Saramanta Warmikuna y Mujeres Amazónicas, dos espacios de articulación de defensoras

Saramanta Warmikuna (Hijas del Maíz) es una articulación territorial de mujeres defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza que se reivindican como defensoras, sanadoras, creadoras y poderosas. Se conformó en marzo del año 2012, cuando varias mujeres organizadas y movilizadas históricamente deciden articularse para enfrentar la violencia del gobierno de Rafael Correa, que en ese momento iniciaba la minería de gran escala en el país.

A partir de entonces las mujeres protagonizan una serie de actividades de resistencia en Quito y en el resto del país. Marchan en 2013 junto a las Mujeres Amazónicas y varias organizaciones convocantes de la Caminata por la Vida para exigir que no se liciten los bloques petroleros en el centro-sur de la Amazonía y en el proyecto ITT, estos últimos ubicados en el parque Yasuní y en el territorio de los pueblos en aislamiento voluntario.

En 2018 el Colectivo de Mujeres Amazónicas protagonizó una nueva marcha a Quito con el objetivo de presentar al Presidente Lenín Moreno un Mandato con 22 puntos [14], donde exigen la no ampliación de la frontera petrolera y minera; la reparación integral de las zonas afectadas; la no criminalización de las personas defensoras de la naturaleza; y la implementación de políticas y medidas que eviten la violencia de género en los territorios, perpetrada en contextos extractivistas.

La inacción del presidente de la República y sus ministros frente a las exigencias contenidas en el Mandato de las Mujeres, hizo que un grupo de ellas y el colectivo Yasunidos, realizaran una toma pacífica de las instalaciones del Ministerio de Energía y Recursos no Renovables [15] el 13 de noviembre del 2018. Tres días después, el ministro Carlos Pérez se reunió con las organizaciones, y se comprometió a analizar las propuestas con el Ejecutivo. El ministro desistió de la ronda sur-oriente que ampliaba la frontera petrolera al centro-sur de la Amazonía, pero aceleró las operaciones en el proyecto ITT.

Durante el confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19, ellas se organizaron para producir medicinas usando su conocimiento tradicional, para ayudar a otras mujeres y sus familias a enfrentar la crisis de salud.

Lideresas amenazadas

Las amenazas de muerte contra una persona defensora de derechos son actos de intimidación motivadas en la necesidad apremiante de las empresas de disuadir las resistencias comunitarias. Cuando esas amenazas están dirigidas a lideresas comunitarias, es evidente la direccionalidad del ataque. La dinámica Empresa/Estado/Capital utiliza un arsenal atemorizante y violento para conseguir que de cualquier forma la oposición a sus proyectos cese de manera inmediata.

Josefina Tunki, presidenta del pueblo Shuar Arutam en la provincia de Morona Santiago, es una defensora de derechos. Se la ve en las comunidades de su pueblo y del país con una pequeña mochila donde lleva algunas pertenencias que le permiten continuar caminando. Ella lidera procesos de resistencia contra la minería que pretende instalarse en más de la mitad del territorio Shuar, acechado desde la década de los ‘90 por empresas mineras y también por las concesiones otorgadas recientemente a Solaris Resources (Canadá), SolGold (Australia), ExplorCobres S.A., EXSA (China y Canadá) y Aurania Resources (Canadá) para explotar cobre, oro y molibdeno.

El 6 de noviembre de 2020, Josefina Tunki recibió una llamada del vicepresidente de operaciones de Solaris Resources, quien le habría amenazado de muerte. Ella recuerda que durante la conversación el funcionario le dijo: “Si sigue molestándome con denuncias nacionales e internacionales, una cabeza de estas tendremos que degollar”. Según el mismo vicepresidente, se trató de un mal entendido pues el se refería a las cabezas de sus colaboradores de redes sociales [16]. Josefina interpuso una denuncia por intimidación en diciembre del 2020, sin embargo, el proceso continúa en etapa de indagación previa.

Elizabeth Durazno, joven campesina y lideresa de la resistencia antiminera en la comunidad Río Blanco de la parroquia Molleturo, en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, ha recibido innumerables amenazas de muerte contra ella y su familia de parte de personas que promueven la actividad minera en la zona.

La comunidad Río Blanco se opone a las actividades mineras de la empresa china Ecuagoldmining South America, dedicada a la explotación de oro y cobre. Sus operaciones fueron suspendidas en el año 2018 por orden de un juez que concedió la acción de protección a la comunidad por no haberse realizado la consulta previa, libre e informada.

Muchos episodios de violencia han vivido las comunidades de Molleturo desde la intromisión de las actividades mineras en 1994, pero estos últimos años han sido particularmente terribles, por la presencia de las fuerzas de seguridad (policías y militares) y el asesinato de líderes defensores del páramo y el agua, como es el caso de Víctor Guaillas, detenido en el marco de las movilizaciones de octubre de 2019. Víctor Guaillas fue apresado y permaneció en la cárcel de Guayaquil por dos años de manera ilegal; se solicitó el habeas corpus pues no cabía la prisión preventiva en su caso, sin embargo 3 instancias judiciales, incluyendo la Corte Constitucional, le negaron su libertad. Finalmente el 13 de Noviembre de 2021 fue asesinado en la cuarta masacre de la cárcel de Guayaquil [17].

El 19 de marzo de 2021, es asesinado Andrés Durazno, familiar de Elizabeth, también defensor de la naturaleza y el agua. Llevaba actividades de vigilancia y monitoreo del territorio para defenderlo de la intromisión de mineros ilegales; estuvo en los momentos más álgidos para la comunidad, como fueron las paralizaciones y enfrentamientos a la entrada del campamento de la minera. Esto le granjeó acusaciones de sabotaje de parte de entidades estatales, que nunca fueron demostradas. Andrés fue asesinado por su posición de defensor pues se conoce que el asesino en algún momento fue defensor del territorio, pero en los últimos tiempos cambió su posición, a favor de la minería.

En mayo de 2021, un joven de 16 años de la comunidad de Río Blanco, se suicidó. De acuerdo a un grupo de psicólogas que acompañan el proceso de duelo y recuperación posterior a la muerte de Andrés Durazno, aseguran que el joven había manifestado su cansancio ante la situación de hostigamiento que vive la comunidad.

Amnistía Internacional, una organización internacional de defensa de defensores y defensoras de derechos, recolectó más de 250.000 firmas de apoyo a las mujeres amazónicas que dentro de sus espacios de resistencia han sido agredidas. El caso de Nema Grefa era uno de los más importantes. Otros casos recogidos por Amnistía Internacional son el de Margoth Escobar, histórica defensora que vive en la ciudad de Puyo; Patricia Gualinga, lideresa del pueblo Kichwa de Sarayaku; y Salomé Aranda, mujer Kichwa de la comuna Moretecocha. Todas víctimas de agresiones en contextos de resistencia anti extractiva.

También está el caso de la abogada Yuli Tenorio, quien ha vivido varias situaciones de violencia institucional y discriminación que buscan limitar su labor de defensora y su trabajo como abogada. En la mayoría de los casos que defiende, se le ha negado el acceso a la información pública y se han dilatado los procesos de inspección y verificación de las denuncias que realiza, pues las instituciones del Estado la han discriminado por ser mujer, joven y afrodescendiente, además por ser defensora de comunidades campesinas empobrecidas y estigmatizadas.

Esta discriminación también ha venido de la Policía Nacional, que ha levantado partes policiales incriminándola en hechos sin realizar un contexto completo y verdadero, y más grave aún, sin evidencias concretas que la responsabilicen del cometimiento de algún presunto delito. Con ella, los policías han sido agresivos, policías hombres le han cateado las pertenencias y su cuerpo, le han gritado en varias ocasiones, yendo en contra de la norma explícita.

Uno de los casos que defiende Yuli Tenorio es el de la parroquia de Pacto, donde operan las empresas mineras Melina Changó, Santa Bárbara y Natural Resources. La Policía Nacional se acercó a la comunidad para crear escenarios de deslegitimación en contra de su abogada; llegando a sugerir, sin ninguna competencia, que cambien de defensa técnica.

Últimamente las empresas mineras han sofisticado la utilización de redes sociales, especialmente Facebook, para desprestigiar a esta defensora a través de páginas promocionales como Prensa Minera, o a través de perfiles falsos de los trabajadores y de las empresas como “Pacto Sostenible”, “Juntos por San Francisco de Pachijal”; un linchamiento mediático que ha colocado a la abogada en una situación de altísima vulnerabilidad y riesgo, pues se expone su rostro al mismo tiempo que se la acusa de liderar e instar a la violencia.

El último episodio de criminalización a ella se produce en la comunidad de Ingapi, al noroccidente de la provincia de Pichincha, cuando el Ministerio del Ambiente, acompañado por la Defensoría del Pueblo y Natural Resources, decide que no participe la abogada Tenorio en una inspección de los impactos generados por la actividad minera. Esto despertó la molestia de comuneros quienes agredieron la camioneta en que se movilizaba el personal de la empresa minera. Sin justificación alguna, la denuncia recae sobre Yuli Tenorio, aunque ella no se encontraba en el lugar al inicio del enfrentamiento.

Amnistía para las Defensoras y los Defensores de la Naturaleza

Varias organizaciones que defienden los derechos humanos y de la naturaleza, acompañadas por consultores jurídicos, se aliaron para llevar adelante una solicitud de amnistía para más de 300 personas que enfrentan procesos de judicialización por sus actividades relacionadas con la defensa de derechos.

El pedido de amnistía es un procedimiento legal que busca impedir el enjuiciamiento penal a un conjunto de personas agrupadas por condiciones establecidas. El proceso de solicitud de las amnistías para los defensores y defensoras se inició en julio del 2021 con la presentación de casos en los que el Estado ecuatoriano y/o las empresas iniciaron procesos de demanda contra defensores y defensoras de la naturaleza, por la aplicación de la justicia indígena en sus territorios y a defensores sociales criminalizados durante las jornadas de octubre del 2019.

Los casos presentados por defensa de la naturaleza fueron alrededor de 115, en los que se incluyen 25 procesos contra mujeres. Hay defensoras que tienen acusaciones por cuatro delitos diferentes, como es el caso de la presidenta de la parroquia de Buenos Aires, Alexandra Armas; o el de Gabriela Fraga, con acusaciones por daños al bien ajeno, asociación ilícita y minería ilegal. Ellas son acusadas por la empresa minera Hanrine y la Policía Nacional.

Otro caso es el de Doña Jovita Curopoma y otras seis mujeres, que son parte de un grupo de catorce personas que defienden el páramo de Gualel, en Loja, donde se quiere hacer explotación minera. Sin ninguna acusación, Doña Jovita fue detenida, esposada y privada de alimentación e hidratación, por 8 horas, debido a incidentes ocurridos el día 15 de octubre de 2020, entre personas ajenas a la comunidad y personal de la empresa minera Guayacán Gold, cuando ésta ingresa al territorio de manera inconsulta. Sólo luego de su detención, se levantaron los cargos en su contra.

Reflexiones finales

Las mujeres en los territorios tienen un lugar particular dentro de los procesos de resistencia, ya que están directamente involucradas en las tareas de cuidado de las fuentes de reproducción de la vida dentro de sus familias y en los espacios comunitarios. Por estar diariamente en contacto con sus chakras, fincas, esteros, ríos, lagunas, ellas están en condiciones de advertir los efectos de cualquier cambio provocado por la intervención de un agente externo en su territorio como es una empresa petrolera o minera. Por eso su posición firme y clara contra los proyectos extractivos.

Las mujeres son el punto esencial de la presión y la ruptura en las situaciones de conflicto. Según Rita Segato (2016) [18], históricamente invadir los territorios implica la invasión del cuerpo social de la mujer. Sin esta victoria, la conquista no está completa, conquistar el cuerpo social de las mujeres implica una desmoralización de la cultura, puesto que al vulnerar a las mujeres y conquistarlas, también se aniquila el rol social del hombre como protector, y en este sentido las agresiones y las violaciones perpetradas dentro de los territorios tiene una afectación a toda la comunidad.

Este repaso sobre cómo las empresas y el Estado buscan imponer una racionalidad empresarial que derrote las resistencias presentes en los territorios, se pueden identificar varias estrategias con las que se ejerce violencia contra las mujeres:

La imposición del miedo, con la presencia física de militares y policías, buscando sumisión y disciplinamiento en los territorios, ocupados por una fuerza estatal con capacidad de someter a cualquier persona que se exprese contraria a su presencia. El poder patriarcal se instala con todo su potencial, imponiendo modos de vida, valores, paradigmas, distintos a las existentes en los territorios.

Bajo este escenario, las defensoras viven una grave vulnerabilidad, exponiéndose al riesgo de ser encarceladas en un país en que el Estado no tiene capacidad para garantizar la vida de las personas privadas de la libertad, y por lo tanto una amenaza de cárcel constituye en realidad una amenaza de muerte [19].

La criminalización y judicialización de las personas defensoras de derechos. En el Ecuador, hay un alarmante contexto de criminalización a defensoras y defensores de la naturaleza; violencia jurídica que se traduce en acusaciones de delitos penales contra decenas de personas, de las cuales un alto porcentaje son mujeres. Algunas de ellas tienen hasta cuatro acusaciones.

La deslegitimización de las defensoras por razones etáreas (algunas son jóvenes, otras de la tercera edad), por ser mujeres, por su formación académica, por su origen social o por su pertenencia a zonas rurales. Las empresas organizan campañas para descalificar a las defensoras, estigmatizando sus acciones de protesta y resistencia como “sabotaje y terrorismo”, a pesar del reconocimiento constitucional al derecho a la resistencia [20].

La re-significación de la crítica, mediante la (supuesta) diferenciación entre minería “legal” e “ilegal”, aunque las alianzas y similitudes entre las dos son muy fuertes: la primera utiliza a la segunda para abrirse paso e ingresar a los territorios. La narrativa empresarial y del Estado presenta a la llamada “minería responsable” como tabla de salvación frente a los desmanes de la “minería ilegal”, convirtiéndola en justificación para reprimir, hostigar, judicializar la resistencia liderada por mujeres que defienden las fuentes de sustento en los territorios, frente a las amenazas del extractivismo.

Debilitamiento del tejido comunitario, a través de generar divisiones internas en las organizaciones; graves hostigamientos y amenazas a dirigentes con posiciones anti-extractivistas; contratar a actores claves de la comunidad para que pasen a ser relacionadores comunitarios encargados de promocionar los proyectos; ofrecer empleos generalmente mal pagados y de alto riesgo. Todos estos, escenarios en los que las mujeres son expuestas a mayores vulnerabilidades en los entornos familiares, comunitarios y a nivel nacional, como lideresas de la defensa territorial.

La violencia ambiental, que impacta el cuerpo de las mujeres, forzadas a una cruel convivencia con la contaminación del agua, el suelo, y sus cultivos para la alimentación familiar, repercusiones que son aún más graves para mujeres que viven en condiciones de mayor empobrecimiento, discriminación racial, despojo territorial, explotación laboral y violencia de género.

Sin embargo, las luchas de las mujeres, que se encuentran profundamente enraizadas en los territorios, honran y mantienen viva la memoria de sus ancestras como expresión de ternura y rebeldía al compartir saberes en la elaboración de productos, cuando custodian a la madre tierra cultivando biodiversidad y sembrando agua, cuando generan soberanía alimentaria y reproducen el conocimiento curativo y sanador de la selva. Además, cuando en las asambleas comunitarias, provinciales, regionales o nacionales, exponen con claridad sus perspectivas, y se movilizan en las calles para hermanar sus demandas con las de otros sectores populares.

Poner la vida en el centro es la alternativa en medio de una crisis civilizatoria que levanta las alarmas ante la lógica depredadora, explotadora y patriarcal, que sigue profundizándose. Las mujeres defensoras de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza lo están haciendo con sus vidas puestas en la resistencia.

Referencias:

1 Ivonne Ramos es co-fundadora de Acción Ecológica, organización en la que es responsable de temas de género y de mujeres en resistencia, da seguimiento a la problemática minera, y coordina la articulación Saramanta Warmikuna

2  https://www.eluniverso.com/2011/05/18/1/1446/historia-nacional.html/

3 https://www.alainet.org/es/active/18438

4 Decreto 552 del 2 de febrero 1999. Registro Oficial No. 121.  http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/documents/348542/351074/1999+Creaci%C3%B3n+Zona+Intangible.pdf/61bafc5c-8cdf-4f57-be25-981aadc9463b;jsessionid=xy7kLowckmJevzc-ttz25W+B

5 Más información sobre la Iniciativa Yasuní ITT en https://gk.city/2019/11/18/iniciativa-yasuni-itt/

6 https://www.saramanta.org/1433/

7 Ley de Minería. Registro Oficial 517 del 29 de enero 2009.  https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/06/Ley-de-Mineria.pdf Última modificación: 28 de julio 2020

8 En rechazo a la acción del Estado miles de campesinos e indígenas se movilizaron desde el Sur del Ecuador hasta Quito en una marcha que arrancó el 8 de marzo

9  https://conaie.org/2016/11/23/la-militarizacion-del-territorio-shuar-provoca-mayor-violencia-y-violaciones-de-derechos-humanos-conaie-exige-cese-al-terror-impuesto-por-las-operaciones-de-las-ffaa-en-nankints/

10  https://www.accionecologica.org/category/aeopina/intentos-de-cierre-a-la-organizacion/

11 Para dar una idea del tamaño de las sanciones que provienen de los arbitrajes internacionales, cabe resaltar el caso del arbitraje presentado por el consorcio chino Ecuagoldmining contra el estado ecuatoriano por falta de garantías de operación en el proyecto Rio Blanco. En este caso, el arbitraje implicaría un pago de USD 480 millones.

12 OIT. Proteger y prevenirlos riesgos a la salud y la vida de los trabajadores en el sector minero. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/—sro-lima/documents/publication/wcms_672892.pdf

13 https://ddhhecuador.org/2021/08/03/documento/empresa-minera-hanrine-entra-la-fuerza-buenos-aires

14 https://www.planv.com.ec/sites/default/files/mandato_de_las_mujeres_amazonicas_.pdf

15 https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/ministro-energia-representantes-mujeres-amazonicas-yasunidos

16 https://es.mongabay.com/2021/11/josefina-tunki-ecuador-defensora-indigena-amenazas/

17  https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/11/24/ecuador-guillermo-lasso-masacre-penitenciaria-del-litoral/

18  https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map45_segato_web.pdf

1917.2  https://www.eluniverso.com/noticias/politica/guillermo-lasso-leonidas-iza-anarquista-enfrentarlo-peso-estado-nota/

20 Artículo 98. Constitución de la República del Ecuador.

Fuente: Acción Ecológica