México: Comunidades mayas y organizaciones denuncian presencia de soya transgénica en Campeche
"Integrantes de las comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, y de las organizaciones Indignación y Greenpeace, presentaron denuncia ante la autoridad agrícola por la probable liberación al ambiente, siembra, posesión y/o comercialización de semillas y/o granos de soya genéticamente modificada (soya GM) sin el permiso correspondiente, en una entidad federativa en la que existen resoluciones judiciales que expresamente prohíben dichas conductas".
Por tercer año consecutivo el municipio de Hopelchén, Campeche es el epicentro de la ilegalidad. Se presume que para este ciclo agrícola 2018 de nueva cuenta productores y empresas incurrieron en desacato judicial por comercializar y sembrar soya transgénica del permiso 007/2012 de la empresa Monsanto S.A. de C.V. que permanece suspendido desde noviembre del 2015 por la segunda sala de la SCJN mientras se realiza la consulta indígena y que dejó sin efectos jurídicos el permiso, aunado a la revocación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) desde el 15 de septiembre de 2017.
El escrito de denuncia ciudadana fue presentado el pasado 5 de octubre ante las oficinas del Senasica pidiendo a la autoridad agrícola realice labores de inspección y vigilancia en algunos puntos donde se presume la presencia ilegal de soya GM: Santa Fe, Trinidad, Las Flores, Santa Rosa, Nuevo Progreso, Rancho Santa Juliana y otros puntos ubicados en el municipio de Hopelchén, Campeche.
Se estima que este ciclo agrícola 2018 pretenden comercializar 120 mil toneladas de soya sembrada en más de 42 mil hectáreas en el municipio de Hopelchén (fuente periódico Tribuna a 11 de octubre de 2018), se presume que gran parte es de la variedad transgénica. Por esta causa, integrantes de las comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, y de las organizaciones Indignación y Greenpeace, presentaron denuncia ante la autoridad agrícola por la probable liberación al ambiente, siembra, posesión y/o comercialización de semillas y/o granos de soya genéticamente modificada (soya GM) sin el permiso correspondiente, en una entidad federativa en la que existen resoluciones judiciales que expresamente prohíben dichas conductas.
Por tercer año consecutivo, ante la mirada complaciente de las autoridades federales y, pese a la restricción para liberar el cultivo de semillas transgénicas en la entidad, se continúa sembrando soya genéticamente modificada de manera ilegal. Ya en el año 2017 se sembraron, sólo en lo que respecta al municipio de Hopelchén, más de 23 mil hectáreas de esta soya, lo que equivalía al 85% de toda la soya cultivada para ese periodo.
Durante el 2016 el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), aceptó que se sembró soya transgénica en 16 predios del municipio de Hopelchén, Campeche, a pesar de las restricciones legales.
En ese mismo año Sol Ortiz, titular de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), declaró sobre la existencia de soya ilegal en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizó en Panamá y entregó un informe de inspección y vigilancia de soya GM en el estado de Campeche. Este informe había sido solicitado de manera reiterada por las comunidades mayas, y se les había negado.
“Estos hechos reiteran la incapacidad del Senasica y la Cibiogem para garantizar la bioseguridad en territorio mexicano”, señaló Maria Colin, vocera de Greenpeace. “Lamentamos que sean las organizaciones y comunidades quienes realicen el trabajo de inspección y denuncia que les corresponde emprender a las autoridades involucradas, negándose a reconocer que hay un grave problema de descontrol y tráfico de semillas de soya transgénica en la región. Campeche es ejemplo de prácticas de siembra inseguras en materia de bioseguridad donde se opera al margen de la ley, añadió Colín.
Por su parte el abogado del equipo Indignación y asesor de las comunidades mayas, Jorge Fernández Mendiburu señaló que existe incapacidad del Poder Judicial para hacer cumplir sus sentencias y garantizar que no se continúe con la violación de los derechos humanos.
De igual forma, las comunidades y organizaciones externaron preocupación y desacuerdo sobre la posible llegada de la Doctora Sol Ortiz, actual titular de la Cibiogem, a un cargo estratégico al interior de la Sagarpa dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador.
Comunidades y organizaciones reclaman que las autoridades correspondientes actúen sin demora para la aplicación expedita de la ley y de las sanciones a todo aquel que haya incurrido en la violación de la legislación nacional y en detrimento de la bioseguridad del país, y exigieron se proceda tanto al aseguramiento del material, como a la identificación de los puntos de distribución y/o las rutas de ingreso de la soya genéticamente modificada, allegándose de la información correspondiente sobre la movilización, almacenamiento, distribución y venta de la semilla utilizada para la siembra de soya transgénica en el estado de Campeche.
Las organizaciones alertaron que en caso de que las empresas y soyeros insistan en la comercialización y siembra de semillas de soya transgénica en Campeche podrían alcanzar multas de hasta 2 millones 418 mil pesos por violaciones a la regulación de bioseguridad en México, pudiendo duplicarse dicha cantidad en los casos de reincidencia (art. 120 de la Ley de Bioseguridad de OGM). Esa siembra, además, implica el desacato de una orden judicial, lo cual es muy grave.
Mayores informes:
Jorge Fernández Mendiburu derechoshumanos@indignacion.org
Angélica Simon / 044 55 34313544 gro.ecaepneerg@nomis
Fuente: Desinformémonos