“Los vientos de cambio son más urgentes: el COVID-19, lxs campesinxs, lxs trabajadorxs agrícolas y otros grupos vulnerables”

Hace ya cinco meses que la mayoría de los países impusieron medidas de confinamiento, entre ellas las restricciones de viajes interfronterizos, para controlar la expansión del COVID-19, lo que ha llevado a millones de personas hambrientas al borde del abismo. Durante este período, decenas de millones de personas han contraído el COVID-19, y más de medio millón ha fallecido.

En junio, algunos países comenzaron a aligerar las restricciones de confinamiento a medida que “la curva infecciosa” se estabilizaba e iniciaba a decaer. Las calles de las ciudades se llenaban de gente deseosa de recuperar sus actividades. Poco duró la tregua, ya que los casos de COVID-19 empezaron a aumentar por causa de una mala aplicación de las medidas de flexibilización del confinamiento por parte de los gobiernos. El COVID-19 nos muestra que no cabe volver a la situación anterior, que hemos de cambiar nuestro modo de vivir y de interactuar como sociedad. Ha llegado el tiempo de transformación.

Todxs estamos padeciendo una crisis social, política y económica cada vez más profunda, ligada al coronavirus. Por causa de esta pandemia y de las restricciones, el hambre y la pobreza, que ya eran alarmantes debido a la crisis provocada por el capitalismo monopolístico en decadencia, se están acentuando. La calamidad de la pandemia ha afectado tanto a las naciones más ricas, como a aquellas en “desarrollo”. En India, Sudáfrica, Brasil, y en muchos países ricos, el número de personas hambrientas ha aumentado de forma tal, que se han convertido en nuevos focos del hambre y miseria. Esta pandemia ha puesto de manifiesto e intensificado las vulnerabilidades e insuficiencias del sistema alimentario mundial controlado por las grandes empresas.

La Organización de Naciones Unidas ha anunciado que en 2020 pasarán hambre unos 130 millones de personas más que antes. Probablemente decenas de miles de personas morirán cada día debido al hambre relacionada con el COVID-19, más que por la propia enfermedad. Lxs niñxs serán los más afectados. Cada día podrían morir unas 6.000 niñxs por causas prevenibles vinculadas con interrupciones de los servicios esenciales sanitarios y de nutrición.

A pesar de ello, la acumulación de riqueza de quienes están en la cúspide aumentó durante esta pandemia con cifras inmorales. Las grandes empresas han pagado miles de millones de dólares a sus accionistas desde Enero. Han aparecido en el mundo lxs primeros “billonarios”, como Jeff Bezos, dueño de  Amazon. Y en paralelo, el desempleo global estaba alcanzando sus mayores índices.  EL desempleo y el hambre han aumentado drásticamente en las ciudades porque la respuesta de los gobiernos ha sido corta y un tanto tardía. Las capacidades limitadas y la falta de preparación para enfrentar las implicaciones de la pandemia retrasaron la llegada de ayuda a lxs ciudadanxs necesitadxs. No les sucedió así a las personas ricas, que contaban con medios para procurarse esa ayuda. Se dice que las grandes empresas “van a mantener a sus trabajadrxs, e incluso que, con suerte, aumentarán los puestos de trabajo para luchar contra el desempleo”, pero  hay muchos casos donde es todo lo contrario. Han sido depositarias de la mayor parte de las ayudas, recibidas en forma de paquetes de estímulo económico, de exoneración fiscal, etc.

Este tipo de acciones nos han convencido a lxs campesinxs, a las clases trabajadoras, a las personas pobres y demás grupos vulnerables de que estamos solos y con las aguas al cuello en medio de la pandemia. Y esas aguas se están llevando a muchas personas, por tanto es fundamental la organización y la solidaridad de clase, porque necesitamos transformar este sistema.

Medidas anti-campesinas y militarización creciente

En el mundo, las medidas de confinamiento se aplicaron de distintas maneras, en algunos casos, muy desproporcionadas, afectando gravemente  libertades colectivas, como ejercer derecho a la protesta, en contextos donde se ha aplicado medidas neoliberales, usando la pandemia con fines políticos, aprobando leyes antidemocráticas, evidenciando vergonzosos casos de corrupción y total impunidad.

En el campo esto afecta  también gravemente a las comunidades, a personas pobres y a las clases trabajadoras que no tienen un ingreso digno para sostenerse, mientras que los gobiernos siguen sordos frente a  los gritos de ayuda. En vez de crear nuevos centros sanitarios para hacer pruebas y proporcionar atención a las personas rurales infectadas, varios de los países han militarizado los confinamientos, negándoles el acceso a salud y una fuente de ingreso, nos niveles de pobreza en el campo tienen cifras históricas en regiones como América Latina.  Incluso, las acciones de solidaridad de las personas campesinas y las personas pobres para intentar solucionar las necesidades de sus comunidades han sido sometidas a vigilancia y, en algunos casos, reprimidas mediante la violencia.

En Chile, por ejemplo, el aparato estatal de seguridad ha detenido, golpeado y acosado a quienes como voluntarias/os de las ollas comunitarias alimentan a las personas que pasan hambre. ¿Cómo se pueden criminalizar estas iniciativas que intentan colmar las carencias existentes a la hora de evitar el hambre generalizada? Es solo una muestra de que los gobiernos ni nos escuchan ni se preocupan por nosotrxs, sino por su propia supervivencia, y perciben estas iniciativas como espacios de movilización en su contra. En Colombia, causa preocupación la creciente militarización de los territorios en vez del fomento de la paz. Desde Enero de 2020 al 15 de Julio de 20202  han sido asesinadxs 166 líderes y lideresas sociales y defensores de DDHH; y un total de 36 excombatientes.

En Filipinas, las fuerzas de seguridad se muestran permisivas con las empresas mineras que continúan con sus actividades. Sin embargo, colocan estrictos controles en las vías de comunicación que hacen desistir de desplazarse a lxs campesinxs que lo necesitan para llegar a sus fincas. En Tailandia, las prioridades dentro del plan de ayudas del gobierno son la industria y el turismo, no la agricultura. Algunas entidades gubernamentales se han servido del decreto de emergencia para conculcar los derechos de las personas campesinas. El Departamento de irrigación, por ejemplo, está obligando a desalojar pueblos que se hallan en lucha por la tierra contra el propio Departamento.

Asimismo, ciertos países aprovechan la debilidad económica y política provocada por la pandemia para reformar la legislación laboral y otras leyes básicas vinculadas con las inversiones exteriores directas para beneficio de sus elites, como India y Sri Lanka. El gobierno indio, per ejemplo, ha tomado medidas para relajar las leyes existentes sobre la adquisición de tierra, los derechos laborales y las materias primas agrícolas, para fomentar la privatización y la agricultura contractualizada. Lxs campesinxs de Karnataka, en India, han salido a la calle para manifestarse en señal de protesta. En Brasil, el presidente Bolsonaro continúa deforestando la Amazonía para incrementar el agronegocio y promoviendo acciones de odio contra los movimientos sociales, campesinxs, negrxs, de mujeres que resisten.

En el Sur de Asia, se está usando la pandemia como excusa en contra de la soberanía alimentaria, y a favor de las reformas neoliberales que favorecen a las grandes empresas. Sri Lanka, Paquistán y Nepal, entre otros países, están pidiendo nuevos créditos a las instituciones financieras internacionales. Ello traerá dificultades a las vidas de lxs campesinxs a largo plazo, tal como sucedió con los programas de ajuste estructural de los años 80 y 90. Es lo que estamos viendo con la “crisis de la deuda” en Ecuador, Argentina, etc. Los prestamos son una amenaza para la capacidad que tienen los gobiernos de fortalecer sus políticas públicas, incluidas las sanitarias, además de graves retrocesos de derechos.

En África, el Fondo Monetario Internacional concedió recientemente un préstamo de 4.300 millones de USD al gobierno sudafricano para equilibrar su balanza de pagos. Esta concesión implica que el país con las mayores desigualdades inmobiliarias coloniales y raciales del sur de África no va a poder practicar una redistribución de personas ricas a las más pobres, lo que traerá un mayor sufrimiento de estas personas. La desigualdad de rentas también es alta. El 10% de sudafricanxs más ricas posee 93% de la riqueza, mientras que el 90% restante solo cuenta con un mísero 7%.

En Latinoamérica, los países que adoptaron políticas neoliberales han sido los más afectados por la pandemia. Estas políticas, que conllevaron recortes del gasto público en servicios sociales, limitaron y sobrecargaron también las capacidades del sector sanitario, que se vio impotente para enfrentar la crisis del coronavirus. Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá son los países más afectados además con altos índices de corrupción. El desempleo y la pobreza se han multiplicado en los últimos cinco meses. Las economías de Latinoamérica y el Caribe se han contraído en casi un 10 %.

Sin embargo, algunos países como Cuba, Venezuela, Nicaragua no lo han pasado tan mal gracias a sus políticas en favor de sus pueblos. Estos países han logrado contener la expansión del virus, a la vez que han garantizado una correcta alimentación de sus poblaciones. La razón detrás de ello son sus robustos sistemas alimentarios locales y la autonomía de sus fincas campesinas. Sus gobiernos se han comprometido con la soberanía alimentaria y no dependen de los sistemas alimentarios globales para alimentar a sus poblaciones. Venezuela es más complicado por razones históricas y políticas, sin embargo el campesinado le apuesta a la Alianza Productiva Campesina como una vía concreta para garantizar la Soberanía Alimentaria y garantizar derechos al campesinado.

En África, la modernización de la agricultura ha adquirido vigor. La pandemia y la inseguridad alimentaria inminente han creado la ocasión para que las entidades en pro de la Revolución verde y algunas organizaciones filantrópicas fomenten el uso indiscriminado de insumos agrícolas y semillas transgénicas y la digitalización de la agricultura. Por ejemplo, la Alianza para la Revolución Verde en África (AGRA) afirma en su informe de mayo de 2020 que… “sigue asociándose con pequeños agricultores y agronegocios para fortalecer la resiliencia de los sistemas alimentarios, a la vez que suministra a los gobiernos africanos una valiosa orientación para la toma de decisiones.” AGRA está llamando a la puerta de las/los responsables de las políticas en África para ofrecerles soluciones “…que eviten el impacto potencialmente desastroso del virus en los sistemas alimentarios…” Sin embargo que esto no es cierto.

El acceso a los insumos químicos hará imposible la agricultura campesina y expandirá la producción de materias primas agrícolas destinadas sobre todo a la exportación. Poco a poco, se está reduciendo a lxs campesinxs a meros lectores de “etiquetas/prescripciones” para cultivar “de manera productiva usando fertilizantes químicos, pesticidas, semillas híbridas, etc.”, sin espacio para la innovación. Esto no debería permitirse. Como La Vía Campesina llamamos a movilizarnos y contrarrestar estos intentos de debilitar y acabar con la soberanía alimentaria de las campesinas y campesinos africanos que utilizan la agroecología, los sistemas de saberes tradicionales y las semillas autóctonas.

En Europa, lxs jefes de estado acordaron recientemente un presupuesto para el plan de recuperación, cuyas provisiones para la Política Agrícola Común no satisfacen los intereses de las campesinas y campesinos. La pandemia de COVID-19 ha golpeado duramente a la agricultura campesina europea. Los precios en los sectores ganadero y lácteo, por ejemplo, han caído por el colapso del mercado y el aumento de excedentes ligado a la caída de la demanda. La Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) pide acciones urgentes para enfrentar la situación y regular y estabilizar los mercados y los precios a la producción frente a la volatilidad de los mercados. El apoyo de la Comisión Europea al sector es inadecuado. A la Comisión le preocupa más la producción que las personas productoras, cuando 1.000 productores y productoras abandonan la profesión cada día en Europa. De hecho, esta es una de las grandes trabas para que lxs jóvenes se instalen como campesinxs.

En Asia, los estímulos fiscales de Bangladés han beneficiado únicamente a las grandes empresas e industrias: la agricultura ha quedado de lado. Como consecuencia, el índice de pobreza creció del 21 al 40 %, y aproximadamente un 37 % de las pequeñas campesinas y campesinos (arroceros, pescadores, sector lácteo) perdieron todas sus inversiones. En Sri Lanka, muchas personas del medio rural se están quitando la vida por no poder pagar sus deudas de microfinanzas. El Movimiento para la Reforma Agraria y de la Tierra (MONLAR) ha creado una campaña para aliviar la deuda y abolir los préstamos de microfinanzas.

Donde sí hay programas para lxs campesinxs a pequeña escala y pobres, como en Vietnam, Filipinas, etc., los criterios de selección excluyen a la mayoría de quienes lo necesitan. En Japón, las fincas familiares recibieron menos apoyo que las fincas en manos de las grandes empresas, y solo se concedieron ayudas a lxs campesinxs que pudieron probar una caída en sus ingresos de al menos un 50 %. A muchas campesinxs resulta difícil recabar toda la información sobre los impactos, para determinar las medidas necesarias para la recuperación.  

Más economías se abren a la inversión exterior: Tratados de libre comercio

Las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLC) continúan en Asia, Europa, América y África. Algunos están listos para firmar, mientras que algunos entraron en vigencia recientemente. En julio entró en vigor el nuevo  tratado de libre comercio de Estados Unidos, Canadá y México, T-MEC. Esto agravará la crisis que asfixia al campo mexicano en forma de altos precios de semillas y el creciente monopolio y propiedad intelectual sobre semillas certificadas e híbridas. Quien controla las semillas, controla la comida. T-MEC privatizará más semillas y plantas medicinales en México, ya que este acuerdo requiere que el país cumpla y alinee, entre otros tratados, con el desfavorable y destructivo Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91). La UPOV-91 es producto de las empresas transnacionales y su imposición en México es un nuevo ataque a la forma de vida campesina: la propiedad colectiva de los conocimientos tradicionales, semillas, producción de alimentos saludables, etc.

En Asia, China y los EE.UU. se están enfrentando a codazos para ganar acceso comercial a las economías regionales. Sri Lanka está intentando firmar TLC y está relajando su legislación en materia de inversión exterior relativa a la tierra y la agricultura. Nepal también intenta conseguir más recursos fiscales mediante una apertura de su economía a la inversión extranjera.  

La Comisión Europea está preparando el  TLC U.E.-Mercosur para su firma. Si se acaba firmando, este TLC causará destrucción ambiental ecosistemas como el amazonas, agudización de la crisis climática y violaciones impunes de los derechos humanos, por causa de sus disposiciones agrícolas orientadas a la exportación. En Francia, lxs campesinxs y activistas ha denunciado el probable voto hipócrita a favor del Acuerdo Integral de Economía y Comercio (AIEC o CETA por sus siglas en inglés), otro TLC que a buen seguro agudizará la crisis climática.

Mayor explotación de lxs trabajadorxs  migrantes: sueldos bajos y sin protección

Millones de personas trabajadoras han sido despedidas y han pasado a engrosar las listas de desempleadas. Quienes aún tienen trabajo, lo desempeñan en condiciones precarias, la mayoría mediante contractualización. Así ha sucedido a lxs trabajadorxs migrantes en Canadá, los Estados Unidos, algunos países europeos, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, y muchos otros países que usan mano de obra migrante. En Canadá, por ejemplo, más de 400 trabajadores migrantes dieron positive al COVID-19 en el Sur de Ontario por causa de su situación de hacinamiento y baja salubridad de la vivienda, así como de las condiciones laborales inseguras y de la no identificación temprana ni el aislamiento de las/los trabajadores infectados. El National Farmers Union (NFU) ha participado en llamamientos en pro de un cambio regulatorio que permita a las personas migrantes cambiar de trabajo sin verse amenazadas con la deportación, para que tengan un acceso completo a la asistencia sanitaria y demás beneficios laborales, y para que se les conceda un estatuto de residentes permanentes.

En los EE.UU., lxs trabajadores agrícolas, en su mayoría migrantes, también sufren de una protección restringida contra el COVID-19. Siguen trabajando por miedo a la deportación si se inscriben para recibir asistencia sanitaria gratuita, y por miedo a las represalias de las personas capataces, que les puedan retirar horas o días de trabajo. Si no trabajan, se quedan sin plata y sin comida.  

Con respecto a la protección de las personas trabajadoras agrícolas frente a la pandemia, la Comisión Europea no ha exigido a los Estados Miembros apliquen sus orientaciones y actúen concretamente sobre el terreno para prevenir y acabar con la explotación. Las personas trabajadoras migrantes y estacionales siguen padeciendo explotación y exposición al COVID-19 en Italia, España y otros países miembros de la U.E.

Sin remesas, mayor sufrimiento de las personas dependientes

Las medidas de restricción de movimientos han golpeado duramente los envíos de remesas por parte de las personas migrantes. Muchas han perdido su trabajo y ya no pueden cuidar de sus familias. Lxs trabajadorxs estacionales o temporerxs se encuentran en la misma situación que lxs migrantes. Muchas/os han tenido que dejar las zonas urbanas y volver al campo. Este flujo masivo y no planificado de migrantes ha incrementado las necesidades alimentarias en los hogares, a la vez que las restricciones reducían su capacidad de cultivar para compensar la mayor demanda de alimentos y otros gastos.

Las mujeres y niñxs están entre las personas más afectadas por la pandemia. Los casos de violencia doméstica se han multiplicado durante el confinamiento, clara muestra del patriarcado y el machismo arraigado en los estados – naciones, que no protegen la vida de las mujeres ni siquiera parte de la defensa de los derechos humanos fundamentales. Las Naciones Unidas estiman que van a morir más de 10.000 niñxs cada mes por causa del aislamiento de las comunidades agrícolas de los mercados en que compran y venden alimentos, así como de los centros de salud.

Nuestras organizaciones miembros así como a nivel internacional tenemos como principio denunciar de forma permanente todo tipo de violencia contra las mujeres, en Brasil. las Mujeres del MST lanzaron la campaña “Mujeres sin tierra: contra los virus y la violencia”, el tema de la violencia se ha debatido durante mucho tiempo pero en el contexto del COVID se está intensificando, bajo un gobierno que fortalece el odio y contribuye al aumento de la violencia. Además, con la pandemia de Covid-19, el aislamiento social intensifica esta contradicción.

La Campaña se estructura en 3 ejes. Uno de ellos propone trabajar el tema de la violencia de manera directa, con un enfoque central en las mujeres, pero expandiéndolo al resto de sujetos vulnerables de la familia, que son lxs niñxs, las personas LGBT y lxs ancianos. La idea también es ampliar el debate más allá de la violencia física, evidenciar todos los tipos de violencia que viven las mujeres de forma sistemática.

Fortalecer la solidaridad y mística en tiempos del COVID

A escala mundial, lxs campesinxs, activistas y aliadas/os se han comprometido en actos de solidaridad para resistir las acciones represoras de los estados y las grandes empresas. También han aunado fuerzas para fortalecer la Soberanía Alimentaria y dotarse de material de protección contra el COVID-19. También mantienen la distancia social mientras trabajan y producen alimentos. Es lo que algunas organizaciones llaman “cuarentena productiva” y cuidando de la vida.

Las Brigadas Internacionalistas del Movimiento de Trabajadores sin Tierra (MST) han sido esenciales en la lucha contra la COVID-19 en África y Latinoamérica. Las Brigadas reorientaron sus acciones a la lucha contra el coronavirus en el campo y en los barrios pobres. Han llevado a cabo actividades para intercambiar experiencias entre campesinxs para la producción de alimentos saludables. También  han donado alimentos y  semillas, y produjeron y distribuyeron materiales de protección e higiene en los países donde operan, como Zambia, Venezuela, Haití, etc.

Por su lado, la  Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC) sigue apoyando a miles de familias de pequeñas agricultoras y agricultores en Palestina a través de su programa “Campaña de Emergencia Unidxs contra la COVID-19.” Han ayudado a 9.354 familias, han distribuido 1.490 equipos de protección, 358.000 plantones y 855 paquetes de alimentos. La UAWC se marcó como objetivo las familias de zonas alejadas donde no llega la atención sanitaria y los servicios de salud del gobierno son limitados.

En Zimbabue, El Foro de Pequeñxs Agricultores Ecológicos de Zimbabue (ZIMSOFF) está trabajando con socixs y aliadxs para impedir la expansión de la COVID-19 en las comunidades donde residen sus miembros. Se distribuyeron equipos de protección individual (EPI) obtenidos con el apoyo de WhyHunger entre las personas campesinas y sus comunidades.

Durante este período, La Vía Campesina hizo públicos varios comunicados en solidaridad con el Sr. Junawal Bin Sukino, Presidente del Serikat Petani Indonesia (SPI), Massa Kone, portavoz de la Convergencia Mundial de las Luchas por la Tierra y el Agua de África Occidental, y denunció los intentos israelíes apoyados por los EE.UU. de anexarse las tierras, aguas y territorios de la Palestina ocupada. La Vía Campesina suma su voz a la oposición mundial contra los planes ilegales de anexión y reitera su exigencia de poner fin a toda la ocupación israelí. El Sr. Junawal Bin Sukino fue arrestado por luchar contra la ocupación del pueblo de Napal Putih para crear una plantación de caucho. La vivienda de Massa Kone fue saqueada por personas armadas en Mali.

En Latinoamérica se lanzó la  Campaña de solidaridad con Cuba, Venezuela, y Nicaragua contra las agresiones imperialistas llamada “Pueblos Soberanos, pueblos solidarios”. La campaña llama a la participación de todos los sectores populares, de personas trabajadoras, campesinas, indígenas, afrodescendientes, jóvenes y comunidades negras de América y del mundo para que se unan en la lucha contra las sanciones económicas, los bloqueos y todas las amenazas provenientes de los EE.UU. y sus aliados.  

Varios movimientos campesinos y activistas están organizando seminarios web para compartir y debatir las problemáticas que les afectan, así como los modos de resistencia y la construcción de estrategias y de solidaridad.

#EsTiempoDeTransformar

La pandemia ha provocado una respuesta colectiva desde abajo, por parte de las personas más afectadas. En medio del sufrimiento, han surgido resistencias en África, Europa, América y Asia. En EE.UU., el movimiento Black Life Matters (BLM) es la expresión más poderosa de respuesta popular anti-sistema.

La pandemia ha demostrado la importancia de los sistemas alimentarios locales para alimentar a las personas y la urgente necesidad de promoverlos donde existan, y de reconstruirlos donde tantos años de políticas neoliberales negligentes los hayan destruido. Son los sistemas campesinos de producción de alimentos los que están alimentando a la población y evitando la progresión generalizada del hambre durante esta pandemia.

Tenemos la esperanza de que las ruedas del cambio social estén comenzando a girar con mayor velocidad durante esta pandemia, que los vientos de cambio soplen con más urgencia porque #EsTiempoDeTransformar. Los pilares de las nuevas sociedades han de ser los derechos de las personas y la naturaleza, la dignidad, la solidaridad, la vida y no el lucro.

 ¡La Soberanía Alimentaria es el camino correcto y justo!

Únete a nuestra jornada de Difusión y concientización por la Soberanía Alimentaria.

Fuente: La Vía Campesina