Hambre, obesidad, agrotóxicos, enfermedad: lo que la ONU advierte en la Argentina

Declaración de Final de Misión

Observaciones Preliminares de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Sra. Hilal Elver, como resultado de su visita a la República Argentina

12 al 21 de septiembre de 2018

21 de Septiembre de 2018

Estimados,estimadas periodistas, señoras y señores

Me dirijo a ustedes hoy al finalizar mi visita oficial a la República Argentina por invitación del gobierno, la cual se extendió del 12 al 21 de septiembre de 2018.

El objetivo de mi visita era evaluar la realización del derecho a la alimentación en el país. A continuación, describo mis hallazgos preliminares que se basan en la información recabada durante mi visita. El informe final será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en marzo de 2019.

En primer lugar, quisiera agradecer al gobierno argentino por su invitación a visitar el país y por la excelente cooperación recibida durante mi visita. Agradezco el espíritu de apertura que me permitió dialogar con las autoridades tanto a nivel nacional como provincial, y con muchos otros actores de la sociedad.

Durante mi estadía mantuve reuniones con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Justicia, incluida la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, del Ministerio de Hacienda, y del Ministerio del Interior. También me reuní con funcionarios de las Secretarías de Trabajo, Agroindustria y Salud.

Me reuní además con el funcionario interinamente a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación y su equipo, y también con legisladores nacionales.

Visité dos provincias, la Provincia de Buenos Aires y la Provincia del Chaco, donde fui recibida por las autoridades locales. En la Provincia de Buenos Aires mantuve reuniones con pequeños productores en el Gran La Plata –que demostraron sus increíbles prácticas agroecológicas- y visité la Isla Maciel, en la Municipalidad de Avellaneda, donde hablé con los miembros de la comunidad, madres, jóvenes y niños que se ven obligados a recurrir a comedores comunitarios de voluntarios para su alimentación diaria.

En la Provincia de Chaco, al Nordeste de la Argentina, visité los hogares y conversé con miembros de la comunidad indígena Qom en zonas urbanas y también en zonas rurales. Visité además dos escuelas primarias y un hospital local.

Durante el transcurso de la visita me reuní con representantes de organizaciones internacionales, del sector académico, del sistema de las Naciones Unidas, y representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Agradezco mucho a la asesora en derechos humanos del ACNUDH en la Argentina, a la FAO, al PNUD y a los colegas de las Naciones Unidas por su invalorable apoyo, tanto en la preparación de la visita como durante su desarrollo. También quisiera expresar mi profunda gratitud a todos quienes dedicaron tiempo para reunirse conmigo, particular­mente a aquellos que compartieron sus experiencias personales; sus aportes han sido fundamentales para el éxito de mi visita.

Señoras y señores,

Como todos sabemos, la Argentina enfrenta una situación de crisis económica y financiera. La situación de emergencia actual puede tener un impacto directo en los niveles de pobreza y el medio de subsistencia de las personas lo cual, en esta ocasión, me lleva a evaluar algunos de los impactos más directos en el derecho a la alimentación de la población argentina. También analizaré cuestiones más estructurales y de largo plazo relacionadas con la realización del derecho a la alimentación en el país.

La Argentina es un país de ingresos medios altos y tiene una de las economías más grandes de América Latina, aunque un importante sector de su sociedad está empobrecido. Argentina tiene abundantes recursos naturales para la generación de energía y para la agricultura. Tiene tierras extraordinaria­mente fértiles y un gran potencial para las energías renovables. Es líder en la producción de commodities, con una industria agrícola y ganadera a gran escala.

Las turbulencias y vulnerabilidades económicas que afectaron a la Argentina a mediados de 2018 ejercieron una enorme presión sobre el peso argentino. Uno de esos shocks fue la severa sequía que afectó la producción de soja –la principal exportación de Argentina y una fuente de ingresos clave para el Estado lo que redujo en aproximadamente un tercio la producción agrícola argentina. Con posterioridad a ello, la Argentina logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se establece un acuerdo fiscal diseñado para resolver la crisis financiera.

Todos los funcionarios de gobierno con los que me reuní me aseguraron que las consecuencias de este acuerdo no tendrían impacto alguno en los esquemas de protección social, ya que el acuerdo incluye una cláusula de garantía en este sentido. Sin embargo, creo que los efectos indirectos de la crisis económica no pueden ser subestimados y deben tomarse todas las medidas necesarias para asegurar que los derechos de la población y su medio de subsistencia no sean adversamente afectados por el menor poder adquisitivo y el aumento en el precio de los alimentos. Mi preocupación no son solo los grupos más vulnerables sino también el impacto en la gran población de clase media de Argentina. Soy consciente que durante y después de la crisis financiera de 2001, una enorme cantidad de argentinos cayeron por debajo de la línea de pobreza. A toda costa debería evitarse que se repita esta experiencia.

Quisiera recordar que todos los derechos humanos están interrelacionados, y el derecho a la alimentación no puede ser alcanzado sin el derecho a una vivienda adecuada, educación, salud para todos y todas incluidos los/las migrantes, pueblos indígenas, campesinos, niños y adultos mayores.

Como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR por sus siglas en inglés), la Argentina debe utilizar “el máximo de sus recursos disponibles” para asegurar la plena realización de los derechos que en el mismo se consagran, incluidos los derechos a la alimentación, salud, educación, seguridad social y trabajo. Esto implica que el Estado tiene la obligación de asegurar que estos derechos sean adecuadamente atendidos antes de utilizar los recursos públicos para lograr otros objetivos del Estado que no están relacionados con los derechos humanos, tales como el servicio de la deuda. Como mínimo, el Estado debe asegurar el logro de los niveles esenciales mínimos de cada derecho económico, social y cultural.

Por otro lado, la Argentina no cuenta con datos oficiales actualizados y otros materiales estadísticos que puedan brindar datos confiables sobre el hambre y la pobreza en los últimos casi 10 años, lo cual hace más problemático un correcto análisis de la situación relacionada con la realización del derecho a la alimentación. Más específicamente, y con relación a esta visita, la última encuesta sobre alimentación y hábitos de nutrición se realizó en 2004-2005, y la última encuesta del sector agrícola en 2002. Esto no es aceptable desde el punto de vista de entender las necesidades y limitaciones de las políticas relacionadas con la seguridad alimentaria.

Aliento firmemente al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en sus esfuerzos por reconstruir el Sistema Nacional de Información. También se está trabajando en el censo nacional agropecuario. Estas iniciativas serían de utilidad para quienes buscan ayudar a la Argentina a recuperarse de forma equitativa de la crisis económica actual, con un efecto disruptivo mínimo en el derecho a la alimentación.

1. Marco legal

La Argentina ha ratificado todos los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos. La reforma constitucional de 1994 explícitamente otorga rango constitucional a varios tratados internacionales sobre derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también establece que dichos tratados deben considerarse complementarios a los derechos garantizados por la Constitución.

Como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Argentina tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación, y se comprometió a adoptar medidas apropiadas, hasta el máximo de los recursos de los que disponga, para asegurar la realización del derecho a un nivel de vida adecuado, incluida una alimentación adecuada, conforme a lo establecido en el Artículo 2/1 y el Artículo 11 del Pacto.

La Argentina también es parte de otros tratados internacionales fundamentales sobre los derechos humanos, incluida la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, y todos ellos incluyen disposiciones explícitamente relacionadas con el derecho a una alimentación adecuada.

La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la alimentación, implica que las víctimas potenciales de violaciones a estos derechos pueden presentar una demanda ante un órgano independiente e imparcial para solicitar recursos adecuados, así como su aplicación. Felicito a la Argentina por ser a nivel internacional uno de los pocos países que ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2012) para brindar acceso a la justicia a los ciudadanos en caso de violaciones a los derechos humanos.

A pesar de la amplia estructura legal y estrategias bien formuladas e intencionadas para asegurar la realización del derecho a la alimentación, la Argentina no tiene una protección constitucional explícita del derecho a la alimentación a nivel nacional y, por lo tanto, no tiene la posibilidad de atender las cuestiones relacionadas con el derecho a la alimentación de manera integral y multidimensional. Por lo tanto, insisto en la necesidad de una ley marco integral relativa al derecho a una alimentación adecuada, con pautas para promover e implementar este derecho que incluye la soberanía alimentaria para todos y todas. Ello también podría promover una coordinación institucional más eficaz.

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria

La ley 25.724 de 2003 estableció el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Las líneas de acción del Plan incluyen: a) el uso de un programa de transferencias de caja para la compra de alimentos; b) la transferencia de fondos a los gobiernos provinciales para apoyar a los comedores escolares y las actividades de las organizaciones locales que ofrecen comedores comunitarios. Las transferencias de fondos se acompañan con actividades educativas relacionadas con la alimentación y la nutrición para promover el desarrollo de las familias y de los niños y niñas.

El Plan también incluye varios programas complementarios tales como: el Programa de Familias y Nutrición que contribuye al desarrollo y fortalecimiento de las familias en temas de nutrición, alimentación y salud desde un enfoque holístico; el Programa de Abordaje Comunitario que promueve el desarrollo de organizaciones comunitarias que brindan servicios alimentarios; el Programa Pro-Huerta que promueve el acceso a una dieta saludable mediante la autoproducción de alimentos frescos para el consumo personal, familiar y comunitario; el Programa Educación Alimentaria y Nutricional que se centra en generar capacitaciones con el objetivo de convertir los conocimientos en hábitos de alimentación saludable.

. En relación con el programa de comedores escolares, la crisis económica actual parece tener un impacto negativo en la calidad de los alimentos por el incremento de los precios. Los comedores escolares son fundamentales para los niños/as y, especialmente en tiempos de crisis, deberían ser fortalecidos aún más para asegurar que los niños/as tengan acceso a una alimentación y nutrición adecuadas. Durante la visita observé un aumento en la cantidad de personas que van a los comedores comunitarios o que se saltean una comida, y niños/as que se ven obligados a depender de los comedores escolares para tener su comida diaria.

 Asignación Universal por Hijo

En 2009 se implementó la Asignación Universal por Hijo hasta la edad de 18 años, con el fin de reducir la pobreza y mejorar el bienestar de los niños. La asignación actualmente es de 1.684 pesos y el programa benefició a más de 4.000.000 en 2018. Un programa similar para mujeres embarazadas incluye a otras 79.000 mujeres. En total, los programas benefician al 59 por ciento de la población rural y, en muchos casos, es el único ingreso fijo que permite a las familias planificar su consumo de alimentos.

Parece haber un esfuerzo constante por mejorar la eficiencia del programa y adaptarlo a la realidad actual. Sin embargo, me preocupa que algunos de los beneficios sociales excluyan a ciertos grupos marginados y desfavorecidos, como los migrantes y sus hijos ya que deben tener residencia en el país durante un cierto tiempo antes de tener el derecho de acceder a este beneficio. También me preocupa que estos programas no sean suficientes por el contexto económico cambiante. Me informaron que estos programas se ajustan por el índice de inflación y según las realidades económicas cambiantes, y espero que dichos esfuerzos se fortalezcan aún más.

1.  Marco normativo para el derecho a una alimentación adecuada

1.  Disponibilidad de Alimentos Adecuados

El sector agrícola y sus políticas

El sector agrícola representa un poco menos de 10 por ciento del producto bruto interno. La Argentina es líder en la producción de soja, cereales, hortalizas, miel, limones, carne bovina y aceite de girasol, y produce suficientes alimentos para alimentar a sus 42 millones de habitantes. En las últimas décadas, el perfil productivo del país se ha vuelto menos diversificado y ciertos commodities, en particular la soja y sus derivados, han reemplazado a otros. La mayor producción agrícola se encuentra en la Pampa Húmeda que es una de las seis áreas de mayor productividad agrícola del mundo. La superficie sembrada con soja aumentó y actualmente alcanza 19 millones de hectáreas, o el 56 por ciento del área cultivada en la Argentina.

La reducción sin precedentes en la producción esperada para este año debido a la sequía llevó a que la Argentina aumente sus importaciones de soja. En marzo de 2018, las importaciones alcanzaron un récord histórico de casi un millón de toneladas. Esto resalta las vulnerabilidades del sector agrícola. La crisis actual puede ser una oportunidad para diversificar y reformar aún más el sector.

Agricultura familiar

A pesar de la concentración de tierras por la expansión de la agroindustria, persiste la agricultura familiar en la Argentina. El 72 por ciento de los predios productivos del país tienen agricultura familiar, que incluye actividades como la agricultura, ganadería, pesca, producción forestal, producción agroindustrial artesanal, cosecha tradicional, artesanías y turismo rural, y representan cerca del 20 por ciento del PBI agropecuario. Según datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, la agricultura familiar se realiza en aproximadamente 250.000 predios, emplea a 2.000.000 de personas (aproximadamente el 5 por ciento de la población total del país) y produce alrededor del 40 por ciento de las hortalizas para el mercado interno.  Muchos pequeños productores no pudieron aprovechar la expansión de la economía agrícola ya que la agricultura industrial está controlada por pocas empresas de gran escala. La falta de acceso a créditos por las altas tasas de interés no permite que la mayoría de los pequeños productores puedan invertir en el sector agrícola.

En 2014, la Argentina sancionó la Ley 27.118 cuyo objetivo era promover la agricultura familiar. Aunque esta ley establece un marco adecuado para el reconocimiento y la protección de la agricultura familiar, fue sancionada el 17 de diciembre de 2014 pero sin un financiamiento adecuado y, hasta la fecha, no ha sido reglamentada por el Ejecutivo  A pesar es esta protección legal, la sociedad civil destaca la falta de reglamentación y aplicación de la Ley de Agricultura Familiar a nivel provincial, como así también la falta de tratamiento legislativo del proyecto de ley “Régimen de Compra a la Agricultura Familiar”.

Durante las entrevistas con funcionarios/as de la Secretaria de Agroindustria observé una tendencia a apoyar el modelo agroindustrial y a realizar serios recortes en el apoyo, el personal y el presupuesto del sector de la Agricultura Familiar, incluido el despido de casi 500 trabajadores/as y expertos/as. Insto fuertemente a que se fortalezcan los programas para apoyar y proteger este sector de crucial importancia.

Los regímenes fiscales en el sector agrícola deberían proteger a los pequeños productores y su derecho a una alimentación adecuada, y no solo favorecer al sector industrial exportador.

Ganadería

Aunque la ganadería sigue siendo una parte importante de la economía agrícola argentina y un alimento culturalmente aceptable, el aumento de las inversiones en la soja para exportación ha cambiado las tendencias productivas, siendo la producción de carne y leche principalmente para el consumo interno. El pastoreo de ganado en las Pampas fue reemplazado por cultivos de soja. Aproximadamente el 90 por ciento de la producción bovina es para abastecer al mercado interno, y el consumo promedio anual por habitante es de 132 libras/59,87 kilos.

Pesquería 

Aunque la pesquería comercial no ha sido una fuente directa de alimentos para la población en la Argentina, en parte por la preferencia de una dieta a base de carne, la pesca ofrece una importante fuente de empleo en todo el país. La mayor flota pesquera del país se encuentra en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, donde una parte importante de la fuerza laboral trabaja de manera informal. La pesquería de merluza en la Patagonia Argentina es uno de los ecosistemas más productivos del mundo, y en las últimas décadas ha sido número uno en captura total, tanto por volumen como por valor. Más del 50 por ciento de los buques pesqueros en la Argentina se utilizan para la pesca de la merluza, que crea 12.000 empleos directos y representa el 40-50 por ciento de las exportaciones pesqueras en los últimos años.

Como parte de las iniciativas económicas más recientes del gobierno para atraer inversiones a largo plazo, el gobierno argentino piensa lanzar una licitación pública a fines de 2018 para otorgar una concesión para la cría de salmón. En tres o cuatro años, es decir para el año 2020, se espera que la producción de salmón en la Provincia de Tierra del Fuego sea de 40.000 toneladas métricas. Es importante tomar en cuenta los impactos ambientales de un proyecto de tanta envergadura.

Agroecología

Durante mi misión tuve la oportunidad de visitar predios en el Gran Buenos Aires que aplican prácticas agroecológicas que han demostrado ser exitosas en varias partes del mundo, logrando no solo rendimientos impresionantes sino también la promoción de los productores locales y de las prácticas que respetan el medio ambiente. La agroecología es una alternativa importante para la agricultura industrial monocultivo que debería ser seriamente considerada por el gobierno para logar la diversificación y sostenibilidad, además de importantes insumos para el programa de comedores escolares, la protección de los recursos naturales, el manejo del cambio climático y la protección de los pequeños productores.

1.  Accesibilidad a Alimentos Adecuados

Reducción de la pobreza y seguridad alimentaria

La pobreza se encuentra estrechamente vinculada con la inseguridad alimentaria. Según el Banco Mundial, la Argentina fue el país de la región con mejor desempeño en la reducción de la pobreza entre 2004 y 2008. Los ingresos del 40% de la parte inferior de la escala crecieron a una tasa anualizada del 11,8%, en comparación con un aumento promedio en los ingresos del 7,6%. Esta tendencia continuó, pero se desaceleró con posterioridad al 2008.

Las últimas estadísticas oficiales disponibles indicaron un índice de pobreza del 25,7% y de extrema pobreza del 4,8% en la segunda mitad de 2017. La inequidad sigue siendo elevada, con un coeficiente de Gini de alrededor de 0,42. Importantes segmentos de la sociedad siguen excluidos del desarrollo económico del país, y más de 1,5 millones de personas viven aún en situación de pobreza, y casi 700.000 habitantes se encuentran en la extrema pobreza (un poco menos del 10% de la población). El noreste es la región más pobre del país, siendo la Provincia del Chaco, que tuve la posibilidad de visitar, la más pobre, y donde la pobreza llegó a casi el 40%. La mayor cantidad de pobres vive en el Gran Buenos Aires, la región más poblada del país.

Desde fines del año pasado, y en paralelo con la crisis económica, los índices de pobreza comenzaron a aumentar a un nivel alarmante, lo que afecta principalmente a los/as niños/as. Se prevé un incremento de la pobreza en 2018 en comparación con 2017, debido principalmente a la crisis económica y a la caída del peso.

Protección Social

La Argentina tiene importantes programas de protección social y una parte significativa del presupuesto nacional está orientado hacia dicho sector. El gasto público en transferencias sociales creció en forma constante durante las últimas décadas. El componente principal fue la expansión del fondo de jubilaciones, pero también se ha incrementado el gasto en políticas contra la pobreza. Aunque estos programas se examinaron en detalle recientemente, considero que los programas de protección social ayudan al segmento más vulnerable de la sociedad a sobrevivir en tiempos de emergencia.

Pueblos Indígenas

A través de los años, y como consecuencia de la expansión de las actividades agrícolas, incluida la soja, y como resultado de otras políticas discriminatorias, las familias de los pueblos indígenas se vieron forzadas a dejar las zonas en las que vivían y, en algunos casos, tuvieron que migrar hacia las ciudades cercanas en busca de trabajo, sufriendo en muchas ocasiones una discriminación sistemática. Además, el desmonte como parte de la expansión de la frontera agrícola, limitó severamente la disponibilidad y el acceso a las plantas, así como a los animales de caza y la pesca.

Durante mi visita al Chaco, realicé el seguimiento de una decisión del año 2007 como resultado de un reclamo que presentó el Defensor del Pueblo de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia, y que involucra el fallecimiento de integrantes de la comunidad originaria Qom en la región conocida como “El impenetrable”. En dicha causa, se denunciaron niveles extremos de malnutrición y abandono por parte del estado nacional y provincial. La Corte Suprema ordenó a los gobiernos nacional y provincial que tomaran una serie de medidas para asegurar que los habitantes de la región recibieran atención de la salud y alimentos adecuados. Este caso ilustra la importancia del papel que juega el Defensor del Pueblo de la Nación, por lo que es clave que se designe alguien para ocupar el cargo lo antes posible, para que pueda plantear los casos de violación de los derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación y a la justicia, a fin de proteger dichos derechos.

1.  Calidad de la alimentación

Baja talla y emaciación

Conforme el Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe de 2017, la prevalencia de la desnutrición en la población argentina en el período 2014-2017 era del 3,6% (1.6 millones), con un incremento de 0,1 millones de desnutridos por año. No hay cifras disponibles sobre baja talla o emaciación y, tal como se mencionó más arriba, la última encuesta sobre hábitos alimentarios y nutricionales se efectuó en 2004-2005, y en la actualidad se está realizando una nueva encuesta. Esta falta de estadísticas no permite efectuar un análisis adecuado de los niveles de desnutrición en el país.

Sobrepeso, obesidad y malnutrición

La dieta argentina tiende a mostrar una monotonía de alimentos, con un consumo concentrado en un pequeño número de grupos de alimentos y tres alimentos básicos principales: carne, leche y pan. La Argentina es uno de los principales consumidores mundiales de carne, en tanto el consumo de frutas y hortalizas es bajo, con solo un 6% de la población que consume la cantidad de frutas y verduras recomendada por la Guía Alimentaria de la OMS.

El consumo de productos alimenticios altamente procesados y ricos en grasa, azúcares, sal y aditivos también ha contribuido a una nutrición deficiente, en especial entre niños y adolescentes. La Argentina es el país de la región que consume la mayor cantidad de productos ultraprocesados per cápita por año (194,1 kg), y lidera el consumo de gaseosas, con 131 litros per cápita, por año.

Como resultado de ello, la Argentina es uno de los países de la región con los índices más elevados de obesidad entre niños/as y adultos. En la actualidad, un 40% de los/as niños/as y adolescentes y un 60% de los adultos tienen sobrepeso, y un 7,3% de los/as niños/as menores de cinco años son obesos, el índice más elevado de obesidad infantil en América Latina.

En 2016, el gobierno creo el Programa Nacional de Alimentación Saludable y prevención de la obesidad. En el año 2018 el gobierno nacional a través de la Secretaria de Gobierno de salud comenzó a trabajar en el Plan Interministerial de Prevención del Sobrepeso y la obesidad en niños niñas z adolescentes. Los Ministerios que están participando en la elaboración del plan son Ministerio de salud y desarrollo social, ministerio de producción, secretaria de agroindustria y ministerio de educación y ciencias, tecnología y cultura.

El plan busca lograr una “estrategia de componentes múltiples con los diferentes ministerios, que incluye políticas regulatorias, educación, concientización y marketing social.” Algunas de las políticas específicas incluyen etiquetado frontal, regulación de publicidad, impuestos sobre bebidas azucaradas y otros alimentos con bajo valor nutricional, mejoramiento de la calidad de los programas alimentarios y la capacitación de los provincias a fin de crear programas de alimentación saludables y entornos escolares saludables. Es crucial que las políticas de nutrición sean integrales, aborden todas las formas de malnutrición, incluida la obesidad y la deficiencia de macronutrientes, y cuenten con un apoyo financiero adecuado.

Comercialización y Publicidad

Aunque la Argentina cuenta con reglamentaciones sobre el contenido de la publicidad, no se han aplicado de un modo efectivo como para abordar los problemas de obesidad y nutrición deficiente. No hay normas específicas en relación con las publicidades de alimentos y bebidas dirigidas a los/as niños/as, ni tampoco restricciones en relación con los criterios nutricionales. Los/as niños/as menores de 12 años se encuentran expuestos a más de 60 anuncios de productos con bajo valor nutricional, que se difunden principalmente en los programas o canales dirigidos específicamente a este grupo etario.

Etiquetado frontal

Las reglamentaciones argentinas sobre etiquetado de alimentos e información nutricional y de salud tampoco cumplen con las recomendaciones internacionales. El Código Alimentario argentino establece que los elaboradores de alimentos muestren la información sobre los ingredientes, su origen, y la fecha de vencimiento, así como los valores nutritivos, pero no exige que se declare el contenido de azúcares, por lo que a los consumidores les resulta difícil elegir opciones más saludables. Es importante que se destaque el alto contenido de nutrientes críticos como sal, azucares y grasas, para prevenir enfermedades crónicas no trasmisibles.

Lactancia materna

Según las últimas estadistas disponibles alrededor del 43% de las madres se ciñen exclusivamente a la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida del/la niño/a. Existe una creciente preocupación sobre los impactos en la salud de los sustitutos de la leche materna. La Ley 26.873 de promoción y concientización de la lactancia materna, reglamentada en enero de 2015, establece la prohibición de publicitar los sucedáneos para niños menores de dos años, de conformidad con el Código Internacional de los Sucedáneos de la Lactancia Materna. De todos modos, hay informes que indican que las empresas que producen leche formulada para bebés hacen publicidad engañosa de “fórmulas para el crecimiento”, en contravención con lo establecido en la legislación. Los informes también sostienen que las empresas no cumplen con las guías de la OMS, que extienden la prohibición a la publicidad de alimentos sustitutos hasta la edad de tres años.

Veo con beneplácito la ley que protege la lactancia materna que es clave para asegurar una nutrición adecuada de los bebés, de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, insto a que se realicen mayores esfuerzos para asegurar la aplicación de esta ley, junto con estrategias para promover y favorecer la lactancia materna, en particular durante los primeros seis meses de vida del niño.

1. D. Sostenibilidad:

Organismos genéticamente modificados y protección de semillas

La Argentina es uno de los productores principales de semillas transgénicas y genera el 14% de la producción mundial total de cultivos biotecnológicos. El país tiene más de 22 millones de hectáreas en regiones agrícolas dedicadas al cultivo de la soja (alrededor del 95%), algodón y maíz, con tecnología genéticamente modificada.

La Ley de Semillas de 1973 permite a los productores utilizar semillas generadas en cosechas anteriores para su siembra futura.  Esta postura no se condice con la de Monsanto (Bayer en la actualidad) –el mayor proveedor mundial de semillas transgénicas de soja- lo que llevó a la empresa a no entregar a la Argentina las variedades nuevas de semilla de soja en 2016. Sin embargo, en 2018, los productores argentinos llegaron a un acuerdo con la empresa, mediante el cual los productores ahora pagarán regalías de por vida cuando vuelven a plantar las semillas transgénicas de Monsanto, a cambio de recibir la biotecnología de vanguardia de la empresa.

La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, así como la Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna reglamentan los organismos genéticamente modificados. Recomiendo al Estado la creación de bancos de plantas a fin de mantener una diversidad genética de semillas, y asegurar una distribución equitativa de los beneficios que surgen de la utilización de dichos recursos genéticos. Además, esto es importante para proteger los intercambios de semillas tradicionales entre productores a fin de promover la soberanía alimentaria.

Plaguicidas:

Con el aumento de la producción de organismos genéticamente modificados y la industria agroquímica en la Argentina, se ha incrementado rápidamente el uso de herbicidas, plaguicidas e insecticidas. En los últimos 25 años la aplicación de plaguicidas aumentó diez veces su volumen, de 38 a 370 millones de kilogramos, con un incremento del área cultivada de un 50%, de 20 millones a 30 millones de hectáreas.

El glifosato que, en 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró como una sustancia probablemente carcinógena, se aplica indiscriminadamente en la Argentina, sin tener en cuenta la existencia de escuelas o pueblos en las cercanías. El uso de plaguicidas está mínimamente regulado y frecuentemente se ignoran las normas internacionales de la FAO. Ni las guías de las empresas ni las leyes provinciales advierten a las comunidades vecinas. Como resultado de ello, se me ha informado acerca de un aumento en la cantidad de personas que han perdido la vida o padecen enfermedades que ponen en riesgo su vida.

Un estudio realizado por la Universidad Nacional de La Plata determinó que la mayoría de la población consume frutas y hortalizas que han sido fumigadas con agrotóxicos. La exposición a plaguicidas puede tener efectos muy peligrosos para la salud de los seres humanos, en especial para niños/as y mujeres embarazadas que son más vulnerables.

El uso generalizado de plaguicidas con tanta frecuencia e intensidad ha generado inquietud respecto de la exposición de mujeres en edad reproductiva y de las embarazadas quienes, a su vez, pueden exponer a los/as niños/as a través de la lactancia. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizó un estudio de madres que dieron a luz en hospitales del área metropolitana de Buenos Aires. El estudio determinó que la leche de estas madres contenía niveles de plaguicidas que eran un 15% más elevados que los niveles considerados seguros por la ley.

Lamentablemente es difícil vincular directamente y sobre bases científicas una serie de problemas de salud graves con un plaguicida en particular. Más aún, muchos países, incluida la Argentina, parecen no contar con sistemas de monitoreo eficaces a fin de reglamentar la industria de plaguicidas y controlar su uso en los agronegocios. Esta falta de control y reparación de daños podría indicar una violación de los derechos humanos si no se aborda correctamente.

La Argentina no ha implementado una ley o un programa para reducir el uso de plaguicidas en la producción agrícola, ni para reparar el daño sufrido por las poblaciones expuestas a la contaminación. Hubo solamente dos casos –Loma Senés y Anexo Ituzaingó—donde los productores fueron juzgados y responsabilizados por la contaminación con plaguicidas.

En 2013, en un esfuerzo por proteger la salud de sus ciudadanos, la provincia de Buenos Aires estableció una restricción respecto del uso de plaguicidas cerca de las ciudades. Esta medida prohíbe la fumigación con avionetas en las áreas que los municipios hayan definido a tal efecto, o en un área de dos kilómetros entre las zonas rurales y urbanas.

Me comentaron sobre una iniciativa de buenas prácticas relacionada con el uso de plaguicidas, pero no parece incluir mecanismos adecuados para rendir cuentas al respecto.

Deforestación

La Argentina dedica una mayor cantidad de sus tierras agrícolas a la producción de soja por lo que el agotamiento del suelo y la degradación de las tierras constituyen una creciente preocupación. En la última década, se destruyeron más de tres millones de hectáreas de bosques para dar lugar a la producción de granos y ganado. La Argentina tiene una tasa de deforestación aproximada de 27 millones de hectáreas por año.

La Ley 26.631 de 2007 sobre Protección de Bosques fue un ejemplo extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y hoy en día es una herramienta importante para que el país cumpla con sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.

A pesar de la entrada en vigor de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) clasificó a la Argentina entre los países que habían perdido más bosques entre 2010 y 2015. Advierte que la deforestac

ión continúa en áreas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado una falta de interés considerable en aplicar la ley, lo que se refleja en la falta de fondos necesarios para financiar políticas de conservación.

Conforme las estimaciones del gobierno, solamente un 37% del suelo se ha logrado restaurar después del cultivo de la soja. Con la expansión del cultivo de granos se ha intensificado la producción ganadera, lo que ha producido aún mayores consecuencias para el medio ambiente.

En el marco de la agricultura industrial a gran escala, es esencial que los planes y las políticas de desarrollo tomen en cuenta el verdadero costo de los métodos de producción en relación con el suelo y los recursos hídricos, y el impacto de la degradación ambiental sobre generaciones futuras, en lugar de concentrarse únicamente en la rentabilidad y el crecimiento económico a corto plazo.

Conclusión

Señoras y señores,

Aunque podría comentar mucho más sobre una serie de temas, incluidas mis felicitaciones al gobierno por sus buenos programas y políticas, permítanme finalizar con algunos comentarios y recomendaciones preliminares que se abordarán en mayor detalle en el informe final que presentaré ante el Consejo de Derecho Humanos, en marzo de 2019.

Confío en que el gobierno priorizará el diseño y la implementación de políticas y reformas efectivas, con la participación de todos los segmentos relevantes de la sociedad, a fin de asegurar el derecho a los alimentos adecuados, y que hará todo lo que esté a su alcance para evitar los efectos negativos de la crisis financiera en los grupos más vulnerables de la sociedad.  Es importante poder mantener la paz social y reunir a un grupo de expertos -sin importar su ideología- a fin de encontrar una solución adecuada, sostenible y justa para todos. Se deberían propiciar esfuerzos para reformar el sistema tributario actual, reestructurar las instituciones gubernamentales, y reorganizar soluciones efectivas para la protección social.

También observé que, en diciembre de 2017, la Argentina adoptó un Plan Nacional de Derechos Humanos. Recomiendo su implementación en consulta con un amplio espectro de representantes de la sociedad civil.

Reitero la importancia de la agricultura familiar para lograr el objetivo de una alimentación adecuada y saludable para todos los argentinos. Debería ponerse empeño en promover la agricultura familiar como prioridad. Es la única manera de lograr un equilibrio entre la actual agricultura industrial y el desarrollo de sistemas de producción agroecológicos. El logro de dicho equilibrio sería la única manera de lograr una solución sostenible y justa para el pueblo argentino.

Estoy convencida de que la Argentina podría mejorar su situación actual y dar pasos importantes hacia el logro de una seguridad alimentaria y nutricional para todos/as y lo antes posible, a fin de evitar un mayor sufrimiento, en tanto que al mismo tiempo continuar trabajando para cumplir, a su debido tiempo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

Finalmente, quisiera reiterar mi compromiso para continuar el diálogo iniciado durante mi visita.  Espero poder trabajar con el Gobierno y los representantes de la sociedad civil en un marco de cooperación para perfeccionar e implementar mis recomendaciones.

Fuente: La Vaca