En la extrema cotidianidad mexicana

Hace unos días, Alfredo Zepeda repetía esta frase a manera de mantra para resumir, sistematizando un poco, el abigarrado recuento de lo que ocurre en nuestro país mientras literalmente le cantan loas al maíz en su día (29 de septiembre, que no se nos olvide).

En este México en vías de fragmentación y desorganización para individualizar el trato, porque así “todo es más directo y nadie se roba lo que le toca a la gente”, la paradoja es que en todos lados hay reuniones, asambleas, grupos de diagnóstico para entender la confusión que se cierne sobre las acciones más inmediatas.

En la relación de hechos que se vuelca en esos espacios, aflora el perfil de un gobierno que sufre entre presumir que goza de una gran legitimidad con votos ganados y “grandes triunfos morales”, pero que todos los días busca afanoso ser legitimado en cada acción que ejerce.

Lo real es que la confrontación con las comunidades crece, y el desencuentro se instala pese a los apoyos directos. El programa de reeducación indígena que denominan Sembrando Vida aliena a la gente de su núcleo comunitario y sus modos ancestrales de labor, impulsa una deforestación que nadie cree, salvo quienes la ven ocurrir en sus regiones.

En Quintana Roo, una de las entidades más deforestadas (en 45 años, según la organización Reforestemos México, perdió el equivalente a 1 millón 725 mil 600 hectáreas arboladas), la gente desmonta para ser aceptada como beneficiaria de Sembrando Vida, como en el ejido Juan Sarabia, en la comunidad de Xul Ha, según reporta Javier Ortiz para SIPSE.

Según el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), Quintana Roo es la entidad menos parcelada del país. “La gran reivindicación comunitaria que contradice los esfuerzos del programa de privatización e individualización que fue Procede es que las comunidades y ejidos mantuvieron (aun tras la certificación) 70% de sus áreas de uso común (las realmente inembargables, inalienables, intransferibles)”. Pero el programa empuja para que, bajo dominio pleno si se puede, cada campesino (les dicen jornaleros) ponga 2.5 hectáreas en sembrar una milpa acotada, frutales y maderables. Como no todos tienen 2.5 hectáreas, se promueve la aparcería: que los campesinos le entren ofreciendo la mitad de sus frutos a quien les rente la tierra suficiente (aquí entendimos lo de jornaleros). Esto apunta a un proceso de parcelación e individualización, desmonte y erradicación de modos tradicionales de labor agrícola y la fractura de las asambleas.

De Quintana Roo también, llegan noticias alarmantes, como la de una asamblea que intentaron celebrar el 11 de septiembre en el Ejido El Paraíso, en Bacalar, adelantándose 10 días a la convocatoria planteada para el 21 de septiembre (es por ley que se avise con tiempo a los ejidatarios). El grueso de los ejidatarios se inconformaron con esta asamblea “espuria”, donde lo más grave es que se pretendía imponer el punto 8 de la supuesta asamblea, que busca “anuencia de la asamblea para que faculte al comisariado ejidal electo para actos de administración, suscribir títulos y operaciones de crédito y facultades amplias para pleitos, cobranzas y actos de dominio”.

Facultades que exceden el mandato de lo que debería ser la labor de quien represente y respete a la asamblea. De aceptar la  asamblea este punto 8 estaría firmando su propia acta de defunción, pues además de que las supuestas facultades son ilegales (como eso de “actos de dominio”, que es entronizarse como quien hace y deshace en el ejido sin pedir permiso), el comisariado estaría muy expuesto de lo que gente ajena al ejido pueda pactar con él o ella. La asamblea es el amarre del cuidado comunitario.

En Paraíso, los menonitas han llegado a acaparar, comprando no sólo tierras sino también títulos ejidales, con lo que de algún modo tienen ya casi la mitad de los derechos ejidales. Lo grave es que desde que están ahí han deforestado casi la misma cantidad de tierra que detentan (las sanciones de Profepa al respecto están muy documentadas).

“Antes”, dice un ejidatario, “todo lo teníamos conservado, y ahora, de las 5 mil 600 hectáreas del ejido están deforestadas 2 mil 556 hectáreas. Nuestro ejido está muy fracturado. Con la complicidad de la Procuraduría Agraria (PA) apenas dieron cinco días para celebrar esta asamblea y nombrar nueva comisariada y su directiva. Es muy preocupante que hayan querido otorgarle un poder absoluto a la comisariada. Emprendimos ya acciones legales contra esta asamblea pues consideramos que se llevó a cabo de mala fe, y hubo violaciones al procedimiento establecido en la Ley Agraria y al Reglamento Interno del ejido”.

En consecuencia, se interpuso un “recurso de desistimiento” de dicha asamblea, y se inconformaron con la PA porque permitió el nombramiento de un Consejo de Vigilancia con antecedentes penales, porque llegó después del plazo límite para declarar nula la asamblea, porque no permitía que la gente registrara lo que ocurría, y porque ni siquiera tenía autorización de la asamblea para participar en ella.

Qué significa esta movida. ¿Es un modo de profundizar la parcelación y el acaparamiento de tierras en la zona de Quintana Roo?, ¿buscan marginar a las asambleas a un mero adorno en comunidades y ejidos que hoy por hoy son quienes siguen defendiendo el carácter colectivo de la mitad del territorio nacional? Se decía que antes del 92 con su contrarreforma agraria, el campo se hallaba en “incertidumbre jurídica”, pero hoy la gente siente la “incertidumbre jurídica que se cierne sobre ejidos y comunidades, por los arrebatos y las violaciones que crecen en diferentes partes del país”. Muchos investigadores repiten que hay que volver a documentar cómo está la estructura agraria mexicana, en los hechos.

En oposición al otorgamiento de plenas facultades a un comisariado (tras la cual hay personas ajenas al ejido), el proceso de deterioro de la figura de la autoridad indígena comienza a notarse en regiones como la Tarahumara o en la Sierra de Puebla, porque desde las instancias gubernamentales se socava su papel. Adquieren peso los “despenseros”, quienes llenan solicitudes, los funcionales a la correa de transmisión y los operadores que trabajan el nivel más íntimo de la comunidad.

Los grupos delincuenciales recrudecen la extorsión y los derechos de piso donde tienen presencia, y la gente dice que “la extorsión es un síntoma de que el mercado de la droga se desploma o se cierra. El otro síntoma es el tumbadero de pinos por todas partes”. Como dicen en Sinaloa y Sonora, “la corrupción goza de cabal salud, pero se encareció”. Hay los casos extremos, cada vez más frecuentes, donde el derecho de piso ya no es en efectivo, sino en muchachitas jóvenes “que son hoy más valiosas que el dinero”, como cuentan de Morelos.

En Guerrero Montaña, Costa y Sierra, se filtra región a región el control que la guardia nacional pretende ejercer, exigiendo que las autoridades le reporten lo que ocurra. En los hechos somete al poder civil a sus decisiones y normaliza su presencia y mando militar. En la zona de La Parota, aunque se liberó a los presos que defendían la región, los sicarios siguen acosando a las comunidades. Para eso no está la guardia nacional.

En Chiapas, el resurgimiento de las milicias armadas paramilitares que ejercen presión por el control caciquil y la siembra de palma africana (que ya comienza en la Península) teje un panorama desolador recrudecido por la permeabilidad de la frontera en ciertos puntos (por donde entran migrantes con enorme precariedad) y por el control feroz y destructivo de la dignidad humana en los centros de detención donde hierve la avalancha.

Las lluvias llegaron muy tarde y se están perdiendo cosechas en muchas regiones, como en la Sierra Norte de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca.

Se hace visible la pugna entre agroempresas y campesinado mestizo o indígena, entre siembras de riego y siembras de temporal, pues las agroindustrias usan con más frecuencia e intensidad cañones que bombardean las nubes con balas de químicos para disolverlas, por resguardar sus siembras de aguacate, bayas o “berries”, como ahora les dicen, pepino, brócoli o jitomate de riego, sin importar nada la suerte de las comunidades que padecen sequías “inexplicables”. Esto ocurre en todo el Bajío y Michoacán pero también en Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

En la Meseta Purhépecha crece la pugna con las agroempresas, que de plano casi que se roban a los jóvenes, el acaparamiento de tierras y la quema del bosque, lo que resulta en flujos muy altos de migración a asentamientos irregulares en Guadalajara, a ranchitos de lata, cartón y madera. Ahí, los cárteles promueven el tráfico al menudeo y la adicción como dominio y dependencia para que la gente sobreviva sojuzgando a otras personas.

En Oaxaca hay mucha reflexión sobre los programas para gente mayor y jóvenes, y cómo activan o se engarzan con uno de los mayores “auges” en México y Centroamérica: despachos digitales con tecnología financiera que regentean los 30 mil millones de dólares en remesas, promoviendo esquemas para ganarle a bancos y a Western Union el manejo del dinero migrante, atajando burocracia, papeleo y leyes, hasta incorporar a criminales callejeros y vendedores de banqueta a su sistema contable, siendo fuente y recepción de lavados de dinero de todo tipo.

Pese a todo lo que alardea la guardia nacional, nadie hace nada contra los cacicazgos de la Costa y el Istmo de Oaxaca mientras en las cárceles de la entidad hay más de 8 mil 500 presos, de los que 3 mil 500 son mujeres.

Para Álvaro Salgado del Cenami, “es muy difícil la situación que viven las comunidades porque estamos ante una resistencia difícil de coptar, pero que está muy agredida”. Los sistemas electrónicos se tienden sobre las regiones para referenciarlo todo: manantiales, mantos de crudo y gas, minerales metálicos y no metálicos. Les importa mucho separar la gestión del agua de manos comunitarias y ya juegan con “hacer pública la gestión” (y hay quienes decimos, para privatizarla con más facilidad).

Además, “la edad promedio de ejidatarios y comuneros es de 65 años, y la nueva generación no está segura de querer seguir sembrando. Todo la afecta y todo la desconcierta, porque eso están buscando que ocurra”.

Salgado reporta una reconversión urbana en el agro mexicano, que va cediendo campo a invernaderos, corredores industriales, silos, centros experimentales de agroempresas, maquiladoras, eólicas, fotovoltaicas, granjas industriales, inmobiliarias, ciudades científicas, émulos de Silicon Valley, desarrollo de villas de descanso, gigantescos corredores de giros negros y tráfico de personas. Y turismo. El vivo retrato de la Península de Yucatán, denominada por investigadores de su problemática (como Juan Sandoval) como una ZIEC (Zona Intensa de Explotación Capitalista), mote que le cuadra a ese espacio, es que Mérida reciba el tercer mayor flujo de inversión de “fondos semilla” en el país, mientras se mueve como sombra un Tren Maya para el que no parece haber proyecto todavía, pero que invisible avanza en provocar ciudades en por lo menos 18 polos de desarrollo en el espacio geopolítico peninsular.

Y en tal escenario abigarrado y terrible, cómo ponderar algo tan insubsistente como pretender defender al maíz nativo, apenas dando garantías a las personas de que cuando coman sus productos procesados estarán libres de transgénicos y OGMs y todo lo que pueda resultar de innovaciones posteriores. Pero sin prohibir ni la siembra ni la importación ni el trasiego de organismos genéticamente modificados por territorio nacional. Eso sólo en México. Dijo Verónica Villa, investigadora del Grupo ETC, en su comentario radiofónico del primero de octubre en Radio Huayacocotla, La voz campesina:

Como ya hemos dicho desde las organizaciones de la Red en Defensa del Maíz, éste no es una cosa, y no debemos nunca dejar de insistir en que para cuidarlo hay que cuidar a los pueblos que lo cultivan. Nuestra compañera Evangelina Robles hizo un análisis de la Ley para la protección del maíz, y la ley no prohíbe, ni explícita ni implícitamente, la siembra y venta de maíz transgénico, sino que insta a que se “proteja” al maíz nativo. Y para eso se van a señalar centros de protección del maíz. ¿Cuáles serán esos centros? ¿Qué comunidades, ejidos, o colectivos urbanos serán los afortunados a los que la ley protegerá su maíz?

Proteger el maíz en regiones también se parece a hacer el “museo del maíz”. O el banco de la genética del maíz. Es decir, lo consideran una cosa, aunque sea una cosa muy valiosa, pero cosa al fin, separada de lo humano. Aparte de los pueblos.

El maíz en muchas lenguas originarias no es una cosa, es el equivalente a hermana, madre, hija. Es pariente. Es uno de nosotros. No es un recurso ni mucho menos una mercancía o “una riqueza”. Es la vida misma de la comunidad, como la tierra, el agua, el sol, los otros seres vivos. ¿Se imaginan una ley para la protección del sol, o de las hormigas? Aunque tal vez lleguemos a ese momento absurdo de hacer leyes para proteger por separado cada cosa de la vida, es bueno darnos cuenta ahora de la debilidad de la ley mientras no nos parezca normal que se proteja al maíz por separado de sus comunidades.

Para proteger al maíz habría que proteger los ejidos y comunidades contra los proyectos de saqueo, la construcción de ciudades, la violencia del crimen, la corrupción de las autoridades, la falta de oportunidades que obligan a la emigración. Y entonces juntos, maíz y pueblos vivirían fuertes.

[...] Los grandes comercializadores de granos no están contentos con el maíz para que coma la gente, lo quieren para hacer combustibles, harinas, endulzantes, texturizantes, alcoholes, textiles, pinturas, medicamentos. Las empresas más poderosas de la agricultura privada se enfocan principalmente en descubrir y perfeccionar nuevos usos industriales del maíz. No hay otro cultivo en el planeta que reciba más interés de la investigación agrícola industrial. Y si el maíz sirve para que coma la gente, ¿dónde queda el negocio?

Pero resulta que en México y en toda Mesoamérica, el maíz es inseparable de los pueblos. Cultivarlo y comerlo ha dado a los pueblos mesoamericanos la posibilidad real de existir al margen de los trabajos que sólo dependen del dinero. El sueño de las empresas es que nadie defienda el maíz y que se cultive con fines meramente comerciales, de ganancia, para procesarlo en mil productos empacados. Productos que se compren con dinero. Los comerciantes mundiales de granos quisieran romper el ciclo de la siembra y la cosecha que mantiene vivas las autonomías de los pueblos, aunque a veces sean autonomías pequeñas.

La crisis de la economía capitalista se extiende cada vez sobre más espacios rurales y urbanos de todos los países del mundo, ricos y pobres, del norte y del sur. Y ante esa situación mucha gente se está refugiando en el campo, o está aprendiendo a sembrar en la ciudad, a ser un nuevo tipo de campesinos. Cómo se va a proteger el maíz de los campesinos urbanos en México. O el maíz de comunidades mayas que casi pierden la semilla pero la están recuperando de otras latitudes de México. ¿Cuántos paisanos en Estados Unidos siembran maíz que se llevaron cuando tuvieron que irse? El maíz no está quieto, llega a lugares lejanos, se reacomoda, se resiste a desaparecer, tal como quienes lo siembran. Por eso es preocupante que se le vea como una cosa para proteger en sí misma, con “su” día, en regiones especiales.

Fuente: Suplemento Ojarasca, La Jornada