“El modelo basado en agroquímicos le quita el derecho a la alimentación a los sectores más pobres”

Hilal Elver es relatora especial sobre el derecho a la alimentación por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y recorrió la Argentina profunda: observó cómo en una porción mínima de tierra, en los alrededores de la ciudad de La Plata productores agroecológicos consiguen el milagro de cosechar frutas y verduras sin agrotóxicos, dialogó con funcionarios del Gobierno para explicarles que la crisis no es argumento para negar el derecho a la alimentación, pasó tiempo con pueblos originarios en Chaco y descubrió que muchos de ellos sólo alcanzan a comer una vez al día, preguntó a la población dónde y cómo consigue los alimentos, observó cómo se cocina y vio cómo en una escuela un nene le pidió a la maestra por favor si le podía dejar llevarse un poco del almuerzo escolar a la casa, porque en la casa no tienen comida.

Y después de eso sacó conclusiones que presentó a la prensa el viernes 21 de septiembre en el Hotel Castana, en Buenos Aires. Entre otras cosas dijo que en un contexto de crisis lo primero que no debiera hacerse es despedir a quienes trabajan con la agricultura familiar porque es el único modo de producción que nos puede asegurar el derecho a la alimentación. También criticó la falta de políticas públicas para evitar que la Argentina siga siendo el país con mayor consumo per cápita de alimentos ultraprocesados de toda la región, y la ausencia de un plan para frenar la deforestación que origina el cambio climático y provoca las sequías. Además denunció el fuerte aumento en el uso de agroquímicos, especialmente el glifosato, y cuestionó que un país que dice producir alimentos para 450 millones de personas en el mundo, no pueda darle seguridad alimentaria a 4 millones de sus ciudadanos. Eso concluyó la relatora, que según dijo encontró buena predisposición del Gobierno a escucharla y dialogar.

Por ejemplo en cuanto a la cuestión de los pesticidas le dijeron que estaban implementado prácticas para reducirlos y para controlarlos. Lo que no le dijeron fue cuáles son esas prácticas. Por ejemplo cuanto a la ley de semillas consultó sobre la soberanía sobre las semillas para los pueblos originarios y la agricultura familiar: le contestaron que hay varios proyectos y decidirá el Congreso. Por ejemplo en cuanto a los despidos en agricultura familiar, le dijeron que fueron parte de una reforma pero que siguen trabajando. Por ejemplo en cuanto a las grandes extensiones de tierra en propiedad de terratenientes, el Gobierno le dijo que no las hay. Diálogo y “predisposición” sobran; cinismo también.

LAS CONCLUSIONES

Estas son las principales definiciones que la relatora de la ONU por el derecho a la alimentación presentó en el informe preliminar de su visita a la Argentina:

• Defender el derecho a la alimentación cuando hay crisis económica es una obligación legal del Gobierno y una cuestión de Derechos Humanos. Las medidas de austeridad están impactando sobre la accesibilidad a los alimentos de los/las más pobres.
• Desmantelar el apoyo al sector de la agricultura familiar con quinientos despidos de trabajadores/as y expertos/as es una acción destinada a promover aún más la agricultura industrial orientada a la exportación de soja y de maíz. La agricultura familiar emplea a 2.000.000 de personas (aproximadamente el 5 por ciento de la población total del país) y produce alrededor del 40 por ciento de las hortalizas para el mercado interno. Pero no tiene acceso a créditos por las altas tasas de interés y no puede invertir en el sector agrícola. Durante las entrevistas con funcionarios/as de la Secretaría de Agroindustria observé una tendencia a apoyar el modelo agroindustrial y a realizar serios recortes en el apoyo, el personal y el presupuesto del sector de la Agricultura Familiar. Insto fuertemente a que se fortalezcan los programas para apoyar y proteger este sector de crucial importancia. La agricultura familiar es fundamental para lograr el objetivo de una alimentación adecuada y saludable para todos los argentinos. Debería ser una prioridad.
• Los comedores escolares son fundamentales para los niños/as y, especialmente en tiempos de crisis, deberían ser fortalecidos aún más para asegurar que los niños/as tengan acceso a una alimentación y nutrición adecuadas.
• La agroecología es una alternativa importante para la agricultura industrial del monocultivo. Debería ser seriamente considerada por el gobierno para lograr la diversificación y sostenibilidad, y la protección de los recursos naturales. Además podría dar insumos para el programa de comedores escolares.
• Es preocupante que muchos de los beneficios sociales excluyan a ciertos grupos marginados y desfavorecidos, como a los migrantes y a sus hijos.
• El consumo de productos alimenticios altamente procesados y ricos en grasa, azúcares, sal y aditivos contribuye a una nutrición deficiente, en especial entre niños y adolescentes. La Argentina es el país de la región que consume la mayor cantidad de productos ultraprocesados per cápita por año (194,1 kg), y lidera el consumo de gaseosas, con 131 litros per cápita, por año. Como resultado de ello, la Argentina es uno de los países de la región con los índices más elevados de obesidad entre niños/as y adultos. En la actualidad, un 40% de los/as niños/as y adolescentes y un 60% de los adultos tienen sobrepeso, y un 7,3% de los/as niños/as menores de cinco años son obesos, el índice más elevado de obesidad infantil en América Latina.
• No hay normas específicas en relación con las publicidades de alimentos y bebidas dirigidas a los/as niños/as, ni tampoco restricciones en relación con los criterios nutricionales. Los/as niños/as menores de 12 años se encuentran expuestos a más de 60 anuncios de productos con bajo valor nutricional.
• Las reglamentaciones argentinas sobre etiquetado de alimentos e información nutricional y de salud no cumplen con las recomendaciones internacionales: no se exige que se declare el contenido de azúcares, por lo que a los consumidores les resulta difícil elegir opciones más saludables.
• El glifosato que, en 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró como una sustancia probablemente carcinógena, se aplica indiscriminadamente en la Argentina, sin tener en cuenta la existencia de escuelas o pueblos en las cercanías. El uso de plaguicidas está mínimamente regulado y frecuentemente se ignoran las normas internacionales de la FAO.
• La mayoría de la población consume frutas y hortalizas que han sido fumigadas con agrotóxicos. La exposición a plaguicidas puede tener efectos muy peligrosos para la salud de los seres humanos, en especial para niños/as y mujeres embarazadas que son más vulnerables. Un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) comprobó que hasta la leche materna está contaminada por plaguicidas.
• La Argentina no ha implementado una ley o un programa para reducir el uso de plaguicidas en la producción agrícola, ni para reparar el daño sufrido por las poblaciones expuestas a la contaminación. Un equipo interministerial presentó una iniciativa de buenas prácticas relacionada con el uso de plaguicidas, pero no parece incluir mecanismos adecuados para rendir cuentas al respecto. La falta de monitoreo eficaz es una violación a los Derechos Humanos.
• El 56 por ciento del área cultivada en la Argentina se dedica a la soja por lo que el agotamiento del suelo y la degradación de las tierras constituyen una creciente preocupación. El desmonte para expandir el área cultivable para la soja limitó severamente la disponibilidad y el acceso a las plantas, así como a los animales de caza y la pesca.
• La Argentina dice producir alimento suficiente para 450 millones de personas pero cuatro millones de sus ciudadanos enfrentan una seria inseguridad alimentaria.
• Recomiendo al Estado la creación de bancos de plantas a fin de mantener una diversidad genética de semillas, y proteger los intercambios de semillas tradicionales entre productores a fin de promover la soberanía alimentaria.
• El modelo agrícola del país con los transgénicos como los principales productos, no es beneficioso para el derecho a la alimentación. La producción de los agricultores agroecológicos debiera tener mucho más peso en el diseño de la política agrícola argentina. Debería calcularse el verdadero costo a largo plazo del modelo: principalmente el impacto social y económico en las personas, como así también su efecto adverso sobre los recursos ambientales. Solo se está considerando la rentabilidad y el crecimiento económico a corto plazo.
• La Argentina necesita de una ley marco integral relativa al derecho a una alimentación adecuada, con pautas para promover e implementar este derecho que incluye la soberanía alimentaria para todos y todas.

LAS PREGUNTAS

A la conferencia de prensa sobre el derecho a la alimentación, sobre un Derecho Humano que se está violando en Argentina no asistieron periodistas de Clarín ni de La Nación ni mucho menos de la agencia paralela y trucha de Télam que empezó a “funcionar” el día anterior. Otra vez acá faltó Télam.

Quienes no faltaron fueron los medios de comunicación autogestivos: la mayoría de las preguntas fueron formuladas por periodistas de La Vaca, Huerquen Comunicación en Colectivo y Revista Cítrica, y hasta estuvo presente una despedida de Agricultura Familiar. Sí estuvieron presentes Infobae y Ámbito Financiero.

Desde Revista Mu le consultaron a la relatora acerca de si los “alimentos” ultraprocesados no debieran dejar de ser considerados alimentos. La especialista turca respondió: “La realidad es que es comida barata y trasladable. Son productos que deben permanecer mucho tiempo en las góndolas por lo tanto tienen muchos conservantes y se les da sabor con azúcar y sal. Son muy peligrosos porque son los grandes generadores de enfermedades no transmisibles. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya lo advirtió. En países como Estados Unidos el gran problema son las salchichas y las carnes ultraprocesadas, aquí las galletitas son lo que más se ingiere. Lo mejor que podemos hacer es ajustar la ingesta de esos productos. Es muy difícil luchar contra eso. La industria azucarera es como la tabacalera: va en contra de lo que necesitamos: genera diabetes e hipertensión. Me llamó mucho la atención que el consumo de ultraprocesados y azúcar es más alto en Argentina que en Brasil”.

Por su parte desde Huerquen Comunicación preguntaron acerca de la reforma a la ley de semillas que se debate en el Congreso y sus conclusiones preliminares sobre el uso de agrotóxicos que inclusive ya han sido prohibidos en otros países. En cuanto a la primera pregunta Hilal Elver especificó que consultó sobre el tema al gobierno y que le contestaron que hay varios proyectos presentados y que se está debatiendo la “mejor ley” con todos los sectores y que el Congreso tomará una decisión. Ella les aclaró que la futura ley debiera considerar excepciones para los pequeños productores y que los pueblos originarios deben mantener su soberanía sobre las semillas. En cuanto a los agrotóxicos la relatora fue muy crítica: “El gobierno dijo que está generando técnicas para que se usen menos pesticidas. Pero no vimos esas técnicas. Insisten con las buenas prácticas pero la realidad es que es un problema sistémico: hay cientos de chicos muertos, miles de enfermos, recién nacidos con deformaciones, no es algo que dependa de las buenas prácticas. Inclusive hace unas semanas falleció un activista que luchaba contra los agrotóxicos a causa de una enfermedad que contrajo por el glifosato.

Los plaguicidas y herbicidas tienen químicos muy peligrosos, inclusive algunos que están prohibidos igualmente se usan. El caso más emblemático es el glifosato, el round-up de Monsanto. La gente se muere, es un tema muy serio. En otros países el glifosato está prohibido, sin embargo esos otros países reciben glifosato porque los productos que reciben de la Argentina fueron tratados con glifosato. Recomiendo el cese del uso de estos agroquímicos, porque el suelo ya está contaminado y es necesario mantenerlo sano para poder producir fruta y verdura”.

Revista Cítrica: ¿Para poder realizar una producción agroecológica que se sostenga en el tiempo las familias agricultoras no necesitarían acceso a la tierra? Más aún en un contexto donde por los ajustes económicos, deben pagar todos los meses no sólo el alquiler sino también la luz y otros servicios de sus terrenos a precios cada vez más altos y por tanto no pueden proyectar a largo plazo como lo necesita la producción agroecológica….

Hilal Elver: Es un tema estructural y por los desarrollos históricos es muy difícil. La reforma territorial no va a pasar. Sí se puede ayudar a quienes no tienen tierra. El Gobierno dice que no hay grandes extensiones de tierra en manos de terratenientes, sino que están bien divididas debido a la ley de herencias. Lo que no sabemos es a qué considera grande y a qué pequeño. Puede ser que considere 1000 hectáreas como un pedazo de tierra pequeño.

-La soberanía alimentaria significa garantizar alimentación cultural y nutricionalmente adecuada apropiada y suficiente para toda la población y el derecho a la alimentación implica que la sociedad pueda tener acceso a alimentos frescos y de calidad, ¿pero cómo puede darse esto cuando la mayoría de los alimentos viajan miles de kilómetros y la secretaría de Agroindustria está dirigida por los sectores que se dedican a la exportación y no se interesan en la soberanía alimentaria?

-Indudablemente no hay un acceso correcto a los alimentos porque los precios aumentan a causa del transporte. Si el acceso es difícil, el Gobierno debiera invertir en infraestructura para la producción y distribución de los alimentos nutritivos. Sin embargo en Agroindustria creen que el motor del desarrollo económico son las cosechas de trigo, maíz y especialmente soja que se exportan. No suponen al mercado interno como un problema.

- El 8 de octubre se inician en Buenos Aires los Juegos Olímpicos de la Juventud que están auspiciados por Coca-Cola. ¿No debiera prohibirse que una bebida que hace daño a la salud y va en contra de todo espíritu deportivo se promocione como algo saludable vinculado a la vida sana?

-No tenemos el poder de luchar contra Coca-Cola, ellos son auspiciantes desde siempre. Es un mal mensaje, es un oximorón. No tenemos el poder de frenarlo.

La relatora de la ONU también fue consultada acerca de si la Argentina, tal como proponen los sindicatos, debería declarar la emergencia alimentaria: “Supimos de las manifestaciones y de las ollas populares, inclusive vimos cómo los niños les piden las sobras a las maestras para llevarlas a sus casas. Pero la emergencia alimentaria lo que propone es presupuesto para la protección social: no resuelve el problema estructural. No podemos pedir que las ollas populares y comederos sean la solución. El fomento a la agricultura familiar y la producción agroecológica sería algo más eficiente. Hubo sequías e inundaciones a los que se califica como desastres meteorológicos, no podemos decir que fueron desastres y no se puede hacer nada, el Gobierno debe acatar a la FAO en lo que respecta al cambio climático: los gases del efecto invernadero tienen que ver con el tipo de ganadería actual y los agroquímicos que se utilizan para la agricultura industrial. Se debe pensar la producción alimentaria hacia el futuro”.

En los supermercados hay productos de tres o cuatro empresas multinacionales que dominan el mercado y desde Agroindustria y desde el Gobierno lo permiten”

Hilal Elver no se llevó reacciones positivas en cuanto a la futura disminución o prohibición de agrotóxicos ni sobre el fomento a la producción de alimentos de la agricultura familiar: “Sobre los despidos me han dicho que se han hecho en muchas áreas; que echaron personal pero que siguen trabajando en la eliminación de intermediarios aunque es algo difícil de lograr porque el país es muy grande”. Cómo podrán lograrlo dejando provincias sin trabajadores/as es una verdadero misterio.

Por último la especialista en derecho a la alimentación no consideró una medida efectiva el control de precios de algunos productos acordados con el Gobierno en el relanzamiento de Precios Cuidados: “No analicé si sirve para cumplir con la canasta alimentaria que pide la FAO. Pero diría que es una forma sofisticada de asegurar la inseguridad alimentaria, creo que habría que incluir más a la sociedad civil y hacerlo más participativo”.

LA FOTO

La conferencia de prensa terminó. Es hora de las fotos. Hilal dice que no es una estrella de cine, que no le saquen tantas, y se rompe el hielo para generar un diálogo fuera de protocolo. Le comentamos que en los nuevos Precios Cuidados apenas figuran una fruta, la manzana, y una verdura, la papa. “It’s terrible”, nos dice Hilal a nosotros y a la traductora que la acompaña en su estadía. “Es que en los supermercados hay productos de tres o cuatro empresas multinacionales que dominan el mercado y por supuesto desde Agroindustria y desde el Gobierno lo permiten”, completa.

Ya en confianza hablamos sobre Ismael, el chico qom asesinado en Chaco, la provincia que ella eligió para analizar el derecho a la alimentación en la Argentina. Justamente a Ismael lo mataron después de que la comunidad qom se manifestara en un supermercado porque les retenían las tarjetas alimentarias para remarcarles el precio de lo que ya habían comprado. Una violación al derecho alimentario, una violación a los derechos humanos. “Tendríamos que haber incluido esto en el informe”, le dice Hilal a su compañera. La historia de Ismael es la foto de la alimentación en la Argentina: cuenta el desmonte, el negocio de las commodities, el modelo que beneficia a quienes producen los “alimentos” que enferman, el desprecio a la agroecología, a los pueblos originarios y a la agricultura familiar, la falta de accesibilidad a los alimentos, el racismo alimentario, el aval estatal a los agrotóxicos y el destrozo de los recursos naturales. La historia de Ismael cuenta cómo y por qué en la Argentina no hay derecho a la alimentación.

Fuente: Revista Crítica