Desde los fuegos del tiempo: ¿Quién está defendiendo el maíz nativo?

Éste es un pacto o alianza de los grandes desarrolladores comerciales de semillas que pretende marginar (o incluso criminalizar) todas las semillas o material vegetativo que no se haya canalizado a través de sus exclusas, ámbitos, registros y certificaciones, y que al mismo tiempo busca privatizar todas el material de cultivo, toda la biodiversidad, que caiga en sus manos.

El Convenio o Convención UPOV ha ido creciendo en fuerza conforme los tratados de libre comercio exigen que los gobiernos firmantes accedan a adherirse a ese pacto, a todas luces contrario a quienes en la vida diaria son la gente depositaria de legados milenarios y que hoy sigue produciendo alimentos para ella misma y para más del 60 por ciento de la humanidad (ver datos del Grupo ETC www.etcgroup.org y de GRAIN www.grain.org).

Pero algunos abogados insisten en que si no se aprueba tal cual en sus términos la Ley de Fomento y Protección del Maíz, quedaremos desprotegidos ante la propuesta de Ley Federal de Variedades Vegetales, porque la Ley de Fomento y Protección es una ley de “derechos humanos” que se antepondría a una “ley comercial” como la de Variedades Vegetales.

Yo con esto, me pierdo.

Cuáles son los argumentos reales para pensar en esa salida. Desconozco. No se entienden bien.

Cargan a la ley de Fomento y Protección del Maíz con ventajas que no tiene. Y por desgracia no reconocen las graves carencias que entraña. A quienes les hemos señalado nuestros puntos de vista, nos acusan de “disparar fuego amigo”.

Como desde que arribó al poder este nuevo gobierno, vivimos en un acrecentado mundo de rumores, se dice que le hacemos el juego a Consejo Nacional Agropecuario, pero sus críticas nada tienen que ver con los señalamientos que hemos hecho y que compartimos con un amplio colectivo de comunidades y personas rurales y urbanas que se reconoce como Red en Defensa del Maíz (RDM), con casi 20 años de existencia defendiendo no el maíz en abstracto, sino a las colectividades, comunidades, pueblos que mantienen una crianza mutua con la milpa, y atesoran y custodian semillas nativas de manera ancestral.

El Consejo nacional Agropecuario (órgano empresarial) centra sus señalamientos en decir que se prohíben los híbridos, tan sólo por hablar de que se busca garantizar que “todas las personas tengan acceso efectivo al consumo informado de Maíz Nativo y Diversificación Constante, así como de sus productos derivados, en condiciones libres de OGM y de otras técnicas de mejoramiento genético como la mutagénesis”. Como leen y de “otras técnicas de mejoramiento genético”, de inmediato suponen que se refiere a los híbridos. Pero las frases tienen que leerse completas.

Además, son infundadas sus preocupaciones porque como dijo la propia senadora Ana Lilia Rivera, “Esta ley no prohíbe nada”.

Justo para la RDM ése es el punto de partida del problema.

La mencionada Ley de Fomento y Protección del Maíz nos deja desprotegidos ante UPOV y ante la Ley Federal de Variedades Vegetales por tres razones fundamentales, aunque hay más:

1. No prohíbe las siembras experimentales ni piloto, ni el comercio o el trasiego de maíz genéticamente modificado. Ni el híbrido. Simplemente insiste en que debe protegerse “el acceso efectivo al consumo informado de Maíz Nativo, así como de sus productos derivados, en condiciones libres de OGMs y de otras técnicas de mejoramiento genético como la mutagénesis o cualquier otra desarrollada por la ciencia sobre la cual no exista in absoluto grado de certeza científica respecto a su usencia de riesgos para la salud humana”.

Cito en amplitud porque ésta es en realidad a lo que llega en fortaleza la nombrada ley: a “garantizar y fomentar” que la gente pueda consumir un maíz libre de OGM. Eso cuando mucho equivale a que se promoverá que haya opciones para alimentarnos, que no deje de haber maíz nativo, que pueda ser accesible. Que nos digan qué comemos. Pero en ningún momento hay la precaución de frenar, ya no digamos prohibir, la entrada de OGM al país. Es como si le apostaran a la convivencia, tan útil a la gran industria que ha invadido de maíz transgénico la fabricación de alimentos procesados.

Esta no-prohibición tiene un efecto inmediato sobre la Ley Federal de Variedades Vegetales. Porque como los transgénicos son semillas industriales, en realidad termina promoviendo una puerta abierta para promover todo el sistema comercial, industrial, de semillas (registradas, certificadas, y por supuesto, privatizadas, con derechos de obtentor y patentes).

Qué bueno que siquiera abran un huequito para que a nivel de consumo se fomente el maíz nativo. Ojalá y fuera suficiente. No lo es.

2. El segundo problema, ligado con el anterior, es que el mismo maíz nativo que dicen proteger, lo caracterizan como proveniente de una Semilla Básica, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas del 2007, una ley que ya emula y promueve las restricciones de UPOV 91, y que a la letra dice que una semilla de Categoría Básica es “la que conserva un muy alto grado de identidad genética y pureza varietal, proviene de una semilla Original o de la misma básica y es producida —y reproducida o multiplicada— cumpliendo con las reglas a las que se refiere esta ley”. Esto llanamente la hace propensa a ser registrada, certificada y finalmente privatizada por existir en el universo de las semillas privatizables según UPOV.

El maíz nativo debería estar caracterizado como variedad de uso común, pero aun aquí en la redacción de “variedad de uso común”, asoman las contradicciones que aprovechan UPOV, la Ley Federal de Variedades Vegetales y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas para privatizar semillas nativas. Esto da cuenta también de lo poco que la ley de Fomento y Protección cuida el maíz nativo.

Dice la caracterización de las Variedades de Uso Común: “variedades vegetales inscritas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales cuyo plazo de protección al derecho de obtentor conforme a la Ley Federal de Variedades Vegetales haya transcurrido, así como las utilizadas por comunidades rurales cuyo origen es resultado de sus prácticas, usos y costumbres”.

¿Qué enredo, verdad? Esto llanamente significa que la privatización propuesta por UPOV (y sus leyes afines) busca ir avanzando sobre las variedades básicas, pero incluso sobre las variedades de uso común a las que ya les caducó la protección, o sobre las de las comunidades rurales que no sean conocidas y que, “al no poder demostrar su procedencia (en los términos establecidos por sus propias regulaciones), pueden ser calificadas de ‘piratas’ y como tal sancionar a quien las utilice, aunque sean los verdaderos cultivadores ancestrales de tales semillas”, como lo declaró la RDM en su posicionamiento del 29 de noviembre de 2019.

Entonces, ¿cuál protección nos ofrece la Ley de Fomento y Protección?

3. Por último, la ley en cuestión ha insistido en promover regiones de resguardo, digámosles así, “áreas geográficas” determinadas “mediante acuerdos” conjuntamente entre la Secretaría de Desarrollo, la Semarnat y la Secretaria de Cultura en las que se practiquen sistemas tradicionales de producción de maíz nativo”. Esto llanamente establecerá lo que desde años buscan establecer: focos donde supuestamente son los centros de origen del maíz y como tal sigue cultivándose “con sus sistemas tradicionales de producción” y todo un ignoto interregno donde aunque no se diga, se puede sembrar cualquier cosa.

Sin decirlo, parece que la ley le apostara a la convivencia de semillas libres, nativas, naturales con los OGM o cualquier cantidad de híbridos plagados de agrotóxicos (aunque el Consejo Nacional Agropecuario vocifere que no es así o diga que no importa).

Hace algunos años, cuando se presentó por primera vez esta discusión, gente de la Red en Defensa del Maíz respondió diciendo:

Fuente: Desinformémonos