Uruguay: soja y forestación, agronegocios duramente cuestionados
Paysandú es uno de los departamentos uruguayos con mayor área de monocultivos forestales y sojeros. La puja de intereses entre las corporaciones transnacionales que se instalan en esa zona y la agricultura familiar son un símbolo de cómo se está delineando el país productivo por el que apuesta Uruguay
Sylvia Guerra y Roberto Ceriani formaron su familia y viven desde hace más de 20 años en Parada Esperanza, a 16 kilómetros de la ciudad de Paysandú, capital departamental. Allí tienen un campo de 150 hectáreas donde instalaron un tambo que trabaja con unas 100 vacas y que produce 1000 litros de leche por día.
Ambos son ingenieros agrónomos, ocupan cargos en el gobierno departamental y comparten su preocupación por los impactos de los monocultivos forestales y de soja. En diálogo con Radio Mundo Real, Guerra explicó que la familia comenzó con la producción lechera en 1991, con el propósito de generar un sistema de producción sustentable, amigable con el ambiente y con la pastura como recurso fundamental para la alimentación de los animales.
Esa propuesta productiva se está viendo amenazada por la “nueva situación” que atraviesa el país, donde avanzan con “rapidez” otros usos de la tierra, cuyo valor ha aumentado en forma notable, según Guerra. En la misma línea, Ceriani apuntó que el “recambio generacional” en el campo se está viendo “interrumpido”, porque los más jóvenes emigran a la ciudad detrás de supuestas “mejoras en las condiciones de vida”, algo que muchas muchas veces no encuentran.
“Si lo evaluamos en términos económicos la sociedad moderna está actuando casi como clavándose un cuchillo”, evaluó el ingeniero, que piensa que la producción familiar “en sí misma está en interrogante”.
Sucede que los territorios se ordenan “por la vía de los hechos”, y a través de lo que imponen la forestación, la agricultura intensiva, el monocultivo de soja y el ingreso sin control de capitales extranjeros, según Ceriani.
Por ejemplo, los empresarios sojeros ofrecen pagar entre 4000 y 5000 dólares por hectárea -en algunos casos hasta 7000-, lo que hace inviable la producción familiar. Ceriani argumentó que estas compañías llegan con su capital pero “no traen gurises para que ocupen las escuelas”, por lo que paulatinamente el medio rural “va perdiendo razón de ser”.
Y también promueven un esquema perverso: el agronegocio opera con su “mecanismo publicitario” que supuestamente “soluciona todos los problemas”, pero que induce al productor a usar determinados glifosatos, semillas, abonos y técnicas. El agronegocio se nutre del pequeño productor “que tenía maquinaria”, y que por algún motivo tuvo que venderla y abandonar.
“Es un sistema que le asegura (a la trasnacional) que quien le va a trabajar la tierra era un productor con saberes, que pasa a ser prestador de servicios”, remató Ceriani, que piensa que peligrosamente se le está otorgando a las multinacionales el manejo de los alimentos, con el riesgo que implica.
“No comprometerse con el mantenimiento de nuestra soberanía alimentaria, para asegurar que cada habitante de este país y del mundo tenga su alimento, es tirar a un precipicio a la población”, sentenció.
En esa misma línea, la ingeniera Guerra dijo que no se trata de contar con alimentos baratos sino que lo importante es que “sean seguros”, y eso se consigue “definiendo líneas claras de acción” con respecto a la agricultura familiar”. La profesional alertó que la concentración de la tierra significará para Uruguay “mucha más marginalidad, pérdida de estima, cultura”, y relató que diariamente ellos ven productores que abandonan sus tierras “con lágrimas en los ojos”.
Ambos productores coinciden en que la soberanía alimentaria es posible solamente a través de la producción familiar y no con el esquema que proponen las multinacionales. “El 70 por ciento de la producción lechera del país está en manos de productores familiares, pequeños y medianos productores, y genera en toda su cadena en el entorno de 150 000 puestos de trabajo”, ejemplificó Ceriani.
El asesor municipal evaluó que esa es una cadena productiva que se desarrolla “genuinamente” y que genera un producto para el consumo interno y la exportación. Para garantizar este tipo de cadenas es imprescindible el apoyo estatal, pero en la actualidad para los productores acceder a un crédito en el estatal Banco República “es muy engorroso”.
“En cambio, una empresa de agronegocios te trae el crédito a la puerta de tu casa. El productor ve solucionadas un montón de situaciones que desde el Estado no se solucionan”, denunció Ceriani, que apeló a las autoridades a modificar esta situación para que “los dueños del agronegocio no nos manejen el sistema productivo”.
Por su parte, Guerra considera que la lucha contra estas transnacionales “es durísima”, pero existen “medidas cautelares” que se pueden tomar y que tienen que ver, por ejemplo, con el ordenamiento territorial. “No sabemos si nos dan los tiempos. El capital es muy fuerte, además se conjuga el poder del capital con la angustia del productor que no encuentra salida”, marcó.
Finalmente, Ceriani planteó el dilema que enfrenta Uruguay y el resto de América Latina. Su pregunta y respuesta fue la siguiente: “¿Nos subimos a este modelo de los agronegocios porque macroeconómicamente se mueven un montón de números que dan la sensación de que el país está marchando?, ¿o realmente apostamos a un país estable, con políticas propias de un mundo que funciona con determinado orden, pero diseñando internamente? Creo que esto último es lo que deberíamos hacer”.